La CNDH y el Gobierno del Estado de Yucatán en riesgo de avalar violaciones a los derechos humanos

30 de noviembre de 2001

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la posibilidad de que la Dra. Rocío Marthell López, cuya gestión en la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán está siendo investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los menores infractores, se haga cargo de la clínica de Conkal, Yucatán, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponía castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

No obstante, y a pesar de que desde julio pasado, el Equipo de derechos humanos Indignación alertó a la CNDH sobre la grave situación que imperaba en la Escuela de Menores y aportó los testimonios de personas cercanas a la Escuela que denunciaron hechos que, de comprobarse, implicarían graves violaciones a los derechos de los niños y niñas internos en dicha escuela social, hasta la fecha dicha institución gubernamental de derechos humanos no ha emitido su postura al respecto, a pesar de que desde un principio abrió el expediente 2001/19/26.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que vivían los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la administración que encabeza Patricio Patrón Laviada, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuraduría de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el título de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitiría a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

La dilación de la CNDH en este caso tiene serias consecuencias. Por una parte, si la doctora es responsable de las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen, la CNDH está contribuyendo, con su inacción o tardanza, a la impunidad de la que goza actualmente la ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores. Por otra parte, si la investigación concluyera que la doctora Marthell no tiene responsabilidad en las violaciones que se le atribuyen, la tardanza de la CNDH está permitiendo que se lesione el prestigio de una persona.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un atento llamado a la CNDH, para que se atienda el caso con la urgencia que amerita, concluya la investigación iniciada y, de encontrar violaciones a los derechos humanos, emita la recomendación correspondiente.

Del mismo modo, hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Finalmente instamos a los directivos del Seguro Social a revisar la decisión de nombrar como responsable de la clínica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores.

Para mayor información, favor de comunicarse a Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, en Mérida, Yuc, al teléfono (01 999) 9-25-27-59 con Cristina Muñoz o Martha Capetillo.

Balance del Equipo Indignación sobre las elecciones en comisarías

13 de noviembre de 2001

Balance del Equipo Indignación sobre las elecciones en comisarías

El domingo 11 de noviembre se realizó en las comisarías del municipio de Mérida una consulta para designar a las autoridades de esas localidades. Frente a ese proceso, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN expresa las siguientes consideraciones:

1.Celebramos el ejercicio de consulta previo a la designación de los comisarios o comisarias.
2.Alertamos, sin embargo, del peligro que entraña la designación misma. La alcaldesa ha ofrecido respetar los resultados de la consulta, ofrecimiento que recuerda que no está obligada a hacerlo; consideramos que este respeto no debe estar sujeto a la buena o mala voluntad de la autoridad en turno, sino que debiera ser una obligación.
3.Consideramos impostergable el reconocimiento, en la constitución del estado de Yucatán, del derecho de los habitantes de las comisarías a elegir a sus autoridades, así como la regulación de dicho proceso en los reglamentos de los municipios. La ausencia de legislación en la materia es fuente de confusión e, incluso, de arbitrariedades o de falta de claridad y certezas para resolver problemas que se vayan presentando.
4.Citamos, como ejemplo de la falta de certeza y claridad en el proceso, la conformación del Consejo Ciudadano que tuvo a su cargo la organización de las elecciones. Si bien reconocemos el esfuerzo que dedicaron a este proceso, no podemos dejar de expresar el riesgo que entraña su arbitraria designación. Algunos regidores incluso han afirmado que el cabildo no conoció ni aprobó dicho nombramiento. Tampoco participaron en la presentación de propuestas o como integrantes del Consejo los habitantes de las comisarías. Desde la perspectiva del Equipo INDIGNACIÓN resulta por lo menos extraño que en el Consejo Ciudadano no estuvieran presentes personas de las mismas comisarías. La imagen de habitantes de la ciudad de Mérida organizándoles las elecciones a los habitantes de las comisarías lesiona, vicia la relación entre los pueblos y las autoridades de la ciudad.
5.Es necesario construir una nueva relación entre el municipio y las autoridades de las comisarías. Los comisarios y comisarias electas son, de hecho, autoridades para quienes los eligieron. Sin embargo la ley y, lamentablemente, también la práctica de varios presidentes municipales y regidores, los han considerado como autoridades auxiliares o como “representantes” de la presidenta municipal, en este caso. Es necesario reconocer en la ley el carácter de autoridad que los habitantes de las comisarías le otorgan a los comisarios.
6.En ese mismo sentido exhortamos a la alcaldesa y a los regidores a revisar y clarificar la función de los consejos comunitarios, pues personas de las comisarías han expresado su preocupación al verlos como instrumentos del Ayuntamiento para restarle autoridad y funciones a los comisarios o comisarias.
7.Exhortamos a los regidores y alcaldes de los municipios de Yucatán y al Congreso a revisar los reglamentos vigentes a la luz de los derechos de los pueblos indios y a consultar a los habitantes de las comisarías para adecuar las leyes y reglamentos a los legítimos reclamos del pueblo maya.
8.Por último, notamos que en algunas comisarías la participación fue elevada y en otras hubo abstención. Consideramos que la participación de los habitantes de las comisarías debe reflexionarse atendiendo a las circunstancias de cada comunidad.

Sobre el Foro estatal sobre derechos y cultura de los pueblos mayas de Yucatán

Mérida, Yucatán; 11 de octubre de 2001

Sr. Fredy Espadas Sosa
Director del Instituto Nacional Indigenista

Le agradecemos la invitación a participar en el Foro estatal sobre derechos y cultura de los pueblos mayas de Yucatán y su reconocimiento en la constitución del Estado, saludamos ese esfuerzo y le comunicamos, por este medio, que nos será imposible asistir.
Aprovechamos para expresarle que el Equipo Indignación considera que deben reconocerse los Acuerdos de San Andrés, según la iniciativa de la Cocopa, en la Constitución Federal. Sin ese reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución Federal, cualquier reforma a la constitución del estado de Yucatán en ese sentido sería muy vulnerable.
Por lo tanto, aprovechamos también manifestar que esperamos que el Instituto Nacional Indigenista realice todas las acciones que estén en sus manos para lograr que se respeten los Acuerdos de San Andrés según la iniciativa de la Cocopa.

Atentamente,

Baltazar Xool May José Anastasio Euán Romero

Coordinación del área de pueblos indios
Del Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C.

La designación del Ombudsman

Mérida, Yucatán; 2 de octubre de 2001

COMUNICADO DE PRENSA

La designación del Ombudsman

Las numerosas personas y organizaciones que participaron en el Foro de consulta para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos coincidieron en un punto fundamental: para garantizar la autonomía e independencia del Ombudsman, el Ejecutivo debe estar absolutamente al margen del nombramiento.
El asunto cobra especial relevancia en este momento, puesto que desde marzo pasado concluyó el período de quien fuera titular de la Codhey. Desde ese entonces, un presidente provisional, interino o sustituto ocupa la presidencia, al parecer de forma ilegal, dado que quien por ley debe sustituir al presidente es el director de procedimientos y, al menos hasta diciembre de 2000, ese cargo lo ocupaba Armando Durán Coello, según consta en un escrito recibido en esta oficina en la fecha señalada.
Para mayor gravedad, a las múltiples ineficiencias e irregularidades cometidas por el anterior titular de la Codhey –documentadas por el Equipo Indignación en la demanda de juicio político presentada ante la legislatura pasada– se suman las declaraciones discriminatorias en contra de las personas que viven con VIH/SIDA hechas por el Sr. Omar Ancona Capetillo, presidente “provisional” o sustituto del organismo.
Hoy por hoy la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en una situación irregular y, posiblemente, ilegal. ¿Le toca al Gobierno del Estado remover al titular precisamente cuando está en marcha un proceso para revisar la ley que crea la Comisión de Derechos Humanos y que seguramente le retirará al Gobernador la facultad de proponer a quien ocupe la presidencia de dicha comisión?
La situación no es sencilla. Si se nombra a un presidente con la ley actual, el titular de la Codhey carecerá de la legitimidad que le otorgaría un nombramiento hecho por el Congreso, basado en propuestas de organizaciones ciudadanas. Por otra parte, si se espera hasta que el Congreso reforme la actual ley –lo que, según las últimas declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, podría ocurrir hasta enero del 2002– la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán continuará teniendo, como presidente, a quien ocupa ese cargo de forma ilegal y cuyas declaraciones lo muestran incapaz de presidir, precisamente, el organismo público de protección de los derechos humanos.
Tenemos conocimiento de que decenas de organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido al titular del Ejecutivo exigiéndole la inmediata remoción del presidente provisional de la Codhey. Copias de esas cartas han llegado a la oficina de este equipo desde julio pasado, cuando trascendieron las declaraciones del Lic. Omar Ancona Capetillo contra quienes viven con VIH/Sida.
La opinión del Equipo Indignación es a favor de que el nuevo titular de la Codhey sea nombrado una vez que se reforme la ley de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para que el Titular del Ejecutivo esté al margen del nombramiento. Además, si el Congreso asume las propuestas hechas por este Equipo, el titular no tendría que ser necesariamente abogado, lo que permitiría que personas con reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos y con conocimientos suficientes en la materia pudieran presidir el organismo.
Sin embargo este equipo es consciente que, de considerarse su opinión, se prolongaría en Yucatán la ausencia de una Comisión de Derechos Humanos que realmente cumpliera con su labor y continuaría al frente de dicha institución alguien que, a todas luces, está incapacitado para presidirla.
Es también propuesta de Indignación que el Ombudsman debe ser aprobado por las tres cuartas partes de los legisladores. Esto obliga a que, para designar al titular, los distintos partidos representados en el Congreso busquen un consenso y seleccionen al candidato idóneo.
Pero esto supone también un trabajo legislativo serio, que sea capaz de superar el interés partidista y busque, no a un cómplice de las autoridades, como sucedió con el anterior titular, si no a la personas cuya trayectoria garantice a la población que sus derechos serán protegidos.
A pesar de que la exigencia de las tres cuartas partes entraña el riesgo de que algunos diputados o diputadas pudieran “secuestrar” o “empantanar” el proceso, el requisito es la forma para evitar que algún partido “mayoritee” la selección para su beneficio.
En todo caso, aun cuando el Gobierno del Estado decidiera no esperar al cambio de ley, el proceso de selección tendrá que ser público y transparente y el gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para que sea así y para escuchar propuestas de la sociedad civil.
El Equipo Indignación hace un atento llamado a los diputados y diputadas de la actual legislatura para que atiendan esta urgencia y se den a la tarea de reformar la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Confiamos en que, si hay interés y voluntad política, muy pronto podría estar lista la reforma y, de esa manera, el nombramiento del nuevo titular contaría con la legitimidad necesaria para ejercer su función.

Reconsiderar nombramiento del director de la escuela de menores

Mérida, Yucatán; 29 de agosto de 2001

Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación por la designación del director de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán.

El Equipo de Derechos Humanos Indignación presentó ante la CNDH una queja basada en testimonios de personas vinculadas a la escuela, en la que relata situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos de los niños y las niñas que ahí viven.

La CNDH admitió la queja e inició una investigación. Celebramos que se haya dispuesto la inmediata remoción de la anterior titular, sin embargo, no podemos dejar de expresar preocupación por la designación del nuevo director.

A juicio de este Equipo, la persona que esté al frente de dicha escuela social debe tener experiencia probada en el trabajo con niños y niñas, mucho más allá del ámbito deportivo, y una trayectoria que garantice a la sociedad que será respetuosa de los derechos de la infancia.

Nos extraña que su gobierno haya nombrado director a una persona de la que únicamente puede decir que ha apoyado el deporte. Nos extraña que su gobierno no haya reconsiderado la decisión, aun cuando diversas voces han cuestionado la trayectoria del recién nombrado director. Algunas de estas voces han hecho referencia a hechos graves que requerirían investigarse, pero que bien pueden llevar a su gobierno a reconsiderar una decisión para nombrar como director o directora a la persona idónea.

Consideramos que el rectificar engrandece a un gobierno y, más aún, está obligado a ello cuando se trata de garantizar condiciones de respeto a los derechos humanos y, en este caso, para que niños y niñas que han sido vulnerados en su dignidad se recuperen y vean respetada su integridad. En nuestro Estado hay personas de reconocida trayectoria y experiencia en este campo.

Confiamos en que encontraremos en usted, y en quienes intervienen en esta decisión, la sensibilidad suficiente para responder con generosidad y garantizar a los niños y niñas que viven en la Escuela Social de Menores Infractores las condiciones idóneas para sanar heridas, recuperar su dignidad y desarrollar sus capacidades.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN

 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

 

Martha Capetillo Pasos

CARTA ABIERTA

Mérida, Yucatán. 16 de agosto de 2001

C.P. Ana Rosa Payán Cervera

Presidenta Municipal de Mérida

CC. Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Mérida

Con preocupación hemos leído declaraciones hechas por la ciudadana alcaldesa con relación a las elecciones en las Comisarías del Municipio de Mérida. Después de considerar la posibilidad de no hacer elecciones, expresó que en algunas comisarías, las pequeñas, podría designar al comisario; en otras, las medianas, podría hacer una consulta antes de nombrar a la autoridad; en unas más, las grandes, sí se llevaría un proceso de elección (Diario de Yucatán, 27 de julio de 2001).

Discordamos, por supuesto, de esta especie de “democracia selectiva”. Consideramos que el derecho de elegir a las propias autoridades debe respetársele a todos y todas los y las habitantes de las comisarías, independientemente de la población de éstas. Lamentaríamos mucho que el Ayuntamiento de Mérida restringiera derechos en vez de pugnar por la ampliación y el reconocimiento pleno de éstos.

El Equipo Indignación le manifiesta al Cabildo las siguientes consideraciones:

1. Deploraremos cualquier nombramiento que usurpe a los habitantes de las comisarías el derecho de elegir a sus propias autoridades.

2. Actualmente la Ley Orgánica de los Municipios desconoce el carácter de autoridad que los habitantes de las comisarías le confieren a los comisarios. Esta limitada ley no debe de servir de pretexto para realizar acciones que vayan en detrimento de derechos básicos de los habitantes.

3. Hacemos un respetuoso llamado a la Presidenta Municipal y a los Regidores para que adecuen sus reglamentos a los legítimos derechos de los pueblos y para que impulsen reformas a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, de modo que el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades no quede al arbitrio de los Presidentes Municipales. El Equipo Indignación estará pendiente de las acciones que realicen en este sentido.
Vale la pena recordar hoy que durante la primera administración de la actual Alcaldesa, las elecciones realizadas en una de las comisarías (Dzununcán) se repitieron porque los varones pretendieron impedir a las mujeres su derecho a elegir. Paradójicamente la autoridad municipal pretende hoy impedir a todo un pueblo su derecho a elegir a sus autoridades. Quién así actúa ¿supone que puede tomar mejores decisiones que los propios habitantes?

El “uso” o la “costumbre” de usurpar el derecho de los pueblos a elegir a sus propias autoridades podría manifestar también una mentalidad racista. Confiamos en que se revisen estas actitudes para evitar actos de menosprecio hacia los habitantes de las comisarías.

Una de las razones para no realizar elecciones en las comisarías podría ser la consideración de que no saldrían electas personas afines al partido del que proviene la Alcaldesa. Alertamos acerca de esto porque resulta peligroso que le apostemos a la democracia únicamente cuando ésta favorece las propias propuestas.

Por último, nos hacemos eco de dos preocupaciones que nos han expresado vecinos de las comisarías: Una de ellas se refiere a la necesidad de no posponer la fecha de realización de las elecciones de comisarios. La otra es la solicitud de que el actual Ayuntamiento esclarezca cuál es exactamente la función de los Consejos Comunitarios y solicite a los habitantes de las comisarías la aprobación de dicha función, dado que en ocasiones duplican la función de los comisarios sin tener el reconocimiento de la comunidad.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

Tratos Crueles contra infancia

31 de julio de 2001

El pasado 19 de julio personas vinculadas a la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán acudieron al Equipo Indignación para exponer irregularidades que ocurren al interior de esa Escuela Social y que implicarían graves violaciones a los derechos humanos de los niños y de las niñas.
Las personas que acudieron a la oficina afirmaron que la directora de la Escuela para Menores Infractores impone castigos crueles a los internos y las internas como encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas y degradantes, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les grita y humilla de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer); difama a los padres de los niños y niñas y también se dirige a los padres de familia con gritos y prepotencia.
Los denunciantes afirmaron que algunos trabajadores de la referida Escuela han sido despedidos o amenazados con ser despedidos al ser testigos de dichos actos.
El Equipo Indignación hizo llegar a la CNDH una relación de los diversos hechos descritos por quienes acudieron a esta oficina solicitándole su intervención urgente. Tenemos conocimiento de que la CNDH ya aceptó la queja y le asignó el número de expediente 2001/19/26.
Los hechos descritos todavía tienen que ser investigados y, de resultar ciertos, corresponderá a las autoridades del Estado fincar responsabilidades y sancionar a los responsables. Sin embargo, y dada la gravedad de los hechos expuestos, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. urge a las autoridades a proveer medidas inmediatas para evitar la continuación de conductas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de los niños y niñas de la Escuela Social de Menores Infractores, así como implementar las medidas necesarias para facilitar la investigación que deberá realizarse.
Recordamos que la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por México, establece en su artículo tercero que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niños.
“Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personas, así como en relación con la existencia de una superación adecuada.”
En el artículo 37, la misma declaración establece que “Los Estados Partes velarán porque a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes…, b)…, c) Todo niño privado de su libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que se merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad…”

Confiamos en que el actual gobierno ejerza con firmeza su compromiso de combate a la impunidad.

INDIGNACIÓN A.C.

Urgencias legislativas” en materia de Derechos Humanos

19 de julio de 2001

Ahora que recién inicia sus trabajos la actual legislatura el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. acude a presentar ante los diputados y diputadas algunas preocupaciones en materia de derechos humanos que le corresponde atender al poder legislativo. Algunas se refieren a derechos no reconocidos o bien a omisiones que impiden la plena vigencia de los derechos humanos o dificultan su defensa. Otras, en cambio, se refieren a urgentes reformas en códigos o leyes ya existentes.
Todas las preocupaciones que ahora les expresaremos fueron presentadas a la legislatura pasada. Sin embargo, nos topamos con la indiferencia y la insensibilidad, cuando no con la franca obstaculización. Ninguna de las preocupaciones expresadas fue atendida. Esperamos de la actual legislatura una mayor sensibilidad y un mayor compromiso con la causa de los derechos humanos, cuya vigencia significa vida y respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos.

LEY CONTRA LA TORTURA
Yucatán es el único Estado de la República cuyos códigos y leyes no contemplan la tortura como delito, lo que, además de ser un obstáculo para denunciar este abuso de autoridad y lograr sancionar a quien lo comete, hace que el Estado Mexicano incumpla compromisos contraídos con organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA.
La deleznable práctica de la tortura debe encontrar en la sociedad un absoluto rechazo; en las leyes la posibilidad de combatirla, denunciarla y juzgar a quien la comete y, en las autoridades, la firme voluntad de desterrarla para siempre.

RECONOCIMIENTO PLENO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS
Los pueblos indígenas se enfrentan hoy a un poder legislativo que escatima el reconocimiento a sus derechos. El Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron una ley que no reconoce plenamente los derechos de los pueblos indios. Una ley que se aparta de lo acordado en San Andrés. 17 legislaturas de igual número de Estados aprobaron también esta reforma a pesar de que a lo largo y ancho de todo el país se manifestaron en contra miles de tzeltales, tzotziles, rarámuris, choles, tojolabales y, por supuesto, también mayas. Actualmente los pueblos indígenas estudian diversos mecanismos para rechazar la contrarreforma indígena. Es de esperarse que inicie un nuevo proceso, uno en el que sí se reconozcan los derechos indígenas de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa y los Acuerdos de San Andrés. Hacemos un respetuoso llamado a quienes integran esta legislatura para interesarse en el tema, rechazar reformas legislativas racistas y promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Yucatán, por cierto, omite referirse al pueblo maya en cualquiera de las disposiciones legales existentes.
Es indispensable que cualquier reforma, federal o estatal, sea congruente con el Convenio 169 de la O.I.T.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Una de las consecuencias de no contar con una reforma indígena que reconozca plenamente los derechos es el absurdo al que nos enfrentamos hoy, cuando Presidentes Municipales pretenden usurpar, amparados en la Ley Orgánica de Municipios, derechos que corresponden a los pueblos. Mientras el proceso de la ley indígena reinicia, urge que el Congreso del Estado reconozca y resguarde en la ley el inalienable derechos de los pueblos a elegir a sus autoridades. Actualmente los comisarios municipales son vistos como “ayudantes” del Presidente Municipal. Esta legislatura tiene el reto de adecuar las leyes al sentir de los pueblos reconociendo a los comisarios como autoridades y obligando, mediante la ley, a que sean electos democráticamente según los procedimientos que cada comunidad determine. Que ningún alcalde pueda encontrar en la ley pretextos para usurpar el derecho de los pueblos.

REFORMAR LA LEY QUE CREÓ LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha sido severamente cuestionada en múltiples ocasiones. Incluso ha sido un obstáculo para la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán. El problema, sin embargo, comienza en la ley que la crea. Sabemos que el Colegio de Abogados ha hecho una propuesta para reformar dicha ley. A la pasada legislatura insistentemente le exigimos estudiarla y reformarla. Las consecuencias de esa omisión están a la vista: el titular de la Codhey que concluyó sus funciones en marzo pasado cometió graves irregularidades. El actual presidente “provisional” de la Codhey muestra absoluta insensibilidad frente a las personas que viven con VIH/Sida.
Esperamos que la actual legislatura reforme esta ley para hacer de la Comisión de Derechos Humanos una instancia autónoma y eficaz en la tarea de promover y defender los derechos humanos.
El gobernador del Estado no debe intervenir en el nombramiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente la ley dice que el Congreso nombrará al titular de la Codhey, a propuesta del Ejecutivo. Exhortamos al Congreso a que, si no es capaz de atender con urgencia el problema y reformar la ley antes de que se nombre al nuevo titular, al menos no sea simplemente una oficina de trámite del gobernador. Les pedimos que asuman plenamente sus funciones y presionen al gobernador a implementar un procedimiento público y transparente de consulta a organizaciones civiles para nombrar al nuevo titular.

Combate a la impunidad
Hacemos, asimismo, un respetuoso exhorto a los integrantes de esta legislatura para evitar la impunidad de los servidores públicos que han abusado de sus funciones, que han violado leyes, afectado derechos ciudadanos o desviado recursos. En la impunidad se sostienen las violaciones a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos. Es urgente combatirla desde todos los frentes y en este combate el poder legislativo tiene una responsabilidad preponderante. Estaremos pendientes de la forma como asumen esta importante tarea.

Estas son algunas de nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos que implican al poder legislativo. Sin embargo, estas preocupaciones no se agotan en los puntos presentados. Son, únicamente, las que ahora vemos como más urgentes. Los desafiamos a homologar toda la constitución del estado de Yucatán a los Convenios Internacionales que resguardan los derechos humanos.