Se exige al Gobierno de Yucatán protección eficaz de los derechos humanos

Hay riesgo de que evadan sanciones funcionarios
que violaron derechos de niños y niñas en Mérida

Ante el horror y la indignación que ha despertado el conocimiento de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que han recibido internos e internas de la Escuela Social de Menores Infractores —situación ahora documentada por la investigación que realizó la CNDH y de la cual se desprendió la recomendación 10/2002—, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. exige, más allá de lamentos y promesas, la implementación de acciones y medidas que garanticen una protección eficaz de los derechos humanos, lo que implica realizar las acciones necesarias para que cesen de inmediato las violaciones a dichos derechos, sancionar a los responsables de las violaciones y reparar el daño físico y moral ocasionado a las víctimas.
Los hechos, consignados en la recomendación, son públicos, por lo que deben iniciarse de inmediato las investigaciones penales y administrativas que correspondan en contra de TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN COMETIERON O PERMITIERON dichos hechos violatorios de los derechos humanos y constitutivos de delitos y/o responsabilidad administrativa.
La gravedad de las violaciones (tortura, privación ilegal de la libertad, abuso sexual, obstrucción de la justicia, etcétera), cometidas precisamente contra un sector de la población especialmente vulnerable como son niños y niñas internos en un centro obliga a apelar a todas las legislaciones aplicables para garantizar que los responsables, por acción u omisión, sean llevados ante los tribunales.
Consideramos que la mejor garantía que puede tener la sociedad de que esto NO VOLVERÁ A OCURRIR consiste en evitar la impunidad de todos y todas las y los responsables de dichas violaciones, sancionándolos y procurando la reparación del daño a las víctimas.
En este sentido, el Equipo Indignación alerta a la Procuraduría del Estado y le hace un llamado a velar porque en este caso sean aplicadas disposiciones internacionales, puesto que las leyes estatales tienen graves limitaciones que impedirían la correcta aplicación de la justicia y que, eventualmente, permitirían a los responsables de las violaciones evadir sanciones que se derivan de los graves actos u omisiones en los que incurrieron.
Especialmente nos referimos a la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos niños y niñas internos en ese Centro Social. La legislación local no contempla la tortura como delito, pero Yucatán es parte de México y EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL es de observancia obligatoria la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes cuyo rango constitucional la coloca por encima de la legislación estatal.
Dado que Yucatán no ha tipificado la tortura como delito, exigimos la aplicación, de manera supletoria, de la Ley Federal contra la Tortura, delito que se persigue de oficio y que, incluso, en su artículo 11 señala que “El Servidor Público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días de multa…”
A este Equipo le alarma el hecho de que funcionarios que tuvieron conocimiento de las graves violaciones a los derechos de los niños y las niñas internos en esa escuela social hayan omitido acciones que permitieron la continuación de dichas conductas y, de hecho, obstruyeron la justicia al no investigar y sancionar esos hechos.
Es el caso del Secretario de Gobierno de la anterior administración, Cleominio Zoreda Novelo, puesto que este Equipo ha sido informado que desde 1999 se hicieron de su conocimiento estas situaciones y dicho funcionario OMITIÓ acciones, con lo que permitió que dichos hechos continuaran sucediendo y su inacción posiblemente configure el delito de obstrucción de la justicia, además de que incurre en el supuesto expresado en el artículo 11 de la Ley Federal contra la Tortura, arriba mencionado.
De igual manera nos ha causado consternación enterarnos de que la actual administración incumplió medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde enero ppddo., no obstante haberlas aceptado y nos alarma el hecho de que en la Escuela Social para Menores Infractores continuaran infligiendo castigos a los niños y las niñas en la presente administración.
Resulta inadmisible que continúen en sus cargos personas que, por acción u omisión, son responsables de violaciones a los derechos humanos, de realizarlas, de permitirlas, de no evitarlas o de no investigarlas. Esta situación, urgente de resolver en la Escuela Social de Menores Infractores, ocurre también en el Centro de Readaptación Social del Estado.
Las violaciones a los derechos de los niños y niñas señaladas en la recomendación 10/2002 son sumamente graves, son múltiples y reiteradas. Se han violado diversas leyes estatales como la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Salud, entre otras, se han cometido delitos contemplados en el Código Penal del Estado. Asimismo se han transgredido artículos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Consideramos que se tiene la posibilidad de sentar un precedente en materia de derechos humanos en el Estado de Yucatán. Las autoridades están obligadas a investigar y sancionar los delitos y las violaciones a derechos humanos documentadas en la recomendación de referencia. La impunidad de un servidor público se constituye en una nueva violación a los derechos humanos.
El Equipo Indignación estará pendiente de la forma como las autoridades reaccionen a la recomendación 10/2002 y espera del Ejecutivo del Estado, dado que esta situación lesiona a la sociedad en su conjunto y es de interés público, que informe las acciones emprendidas para garantizar el cese inmediato de violaciones a los derechos de los niños y niñas internos en la Escuela Social de Menores Infractores así como de las acciones que emprenda para sancionar a los responsables y para reparar el daño a las víctimas.

Por INDIGNACIÓN
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C.

 

Soc. Ma. Cristina Muñoz Menéndez

2002: Tibio desempeño en derechos humanos

Un momento de perplejidad, incertidumbre, oportunidades y aprendizajes

2002: Tibio desempeño en derechos humanos

El contexto que nos desafía

Después del paso de Isidoro, en los últimos cuatro meses, Yucatán ha podido mirarse al espejo. Los días de Isidoro fueron días de solidaridad y de esfuerzo compartido. El huracán mostró desnuda una realidad que muchos se empeñaban en no querer ver. La dolorosa miseria se mostró como una realidad irrefutable, especialmente reveló el fracaso de los proyectos y planes de gobierno que durante muchos años alentaron esa pobreza con sus políticas y se sostuvieron en el poder gracias a ella.

Un gobierno es auténticamente democrático solamente cuando el ejercicio cabal de los derechos humanos de los ciudadanos se convierte en el elemento definitorio de sus decisiones. No es lo definitivo en la democracia quién sea el que ocupe el lugar de mayor responsabilidad. La democracia no es problema de perfiles personales, sino de fortalecimiento de instituciones democráticas. En el caso de Yucatán, contiendas personales y/o de grupo han hecho casi imposibles los canales de expresión de la ciudadanía y el ejercicio de la participación popular en la toma de decisiones.

Los derechos económicos, sociales y culturales son soslayados por la promoción de la filantropía y la caridad, como si el pueblo mismo fuera el responsable total de las condiciones de precariedad en las que viven. Mientras seguimos esperanzados en la acción benéfica del Estado, quedamos sin comprender que en las verdaderas democracias tienen que generarse las condiciones legales, presupuestales y punitivas para que todos y todas podamos tener acceso a una vida digna. Sólo así puede hablarse de autoridades democráticas y legítimas.

El actual titular del Poder Ejecutivo llegó al poder con un capital de confianza pública, especialmente en lo que toca a vigilancia y custodia de los bienes públicos. Sin embargo, a falta de un trabajo institucional, a una política de Estado, ha continuado el sentimiento de dependencia y podría repetirse la historia del caudillismo mesiánico, largamente combatido por muchas organizaciones de la sociedad civil, que impide la madurez ciudadana, derecho legítimo de los pueblos.

Por eso nos parece importante resaltar la indefinición de las autoridades ante los deseos de participación ciudadana que se manifestaron después del Huracán. No queremos que se pierda del todo la oportunidad de replantear democráticamente los problemas de la vivienda, el empleo, la salud, la rendición de cuentas, la información, y la lucha contra la impunidad. Sería perder uno de los pocos saldos positivos que nos dejó Isidoro.

El pleno respeto a los derechos humanos no se ha mostrado como prioridad gubernamental en este año. Aparece cada vez con mayor frecuencia en el discurso del gobierno, pero sin un diagnóstico preciso, sin metas y programas eficientes, sin un sistema de evaluación severo.

La inclusión de los derechos humanos en el discurso gubernamental no encuentra correspondencia en las acciones de la mayoría de las autoridades locales (comisarios, presidentes municipales, diputados, jefes de secretarías, jueces, etc). Muchas de estas autoridades siguen repitiendo argumentos del pasado para justificar violaciones a los derechos humanos. Otros más usan el término en sus mítines pero sin convencimiento ninguno. Cuando se llega al terreno de plasmar en realidades el discurso de los derechos humanos, las autoridades llegan siempre con una actitud defensiva. Nos resulta incomprensible que haya temor a perder capital político cuando se trata de reconocer y castigar un delito. Quien se hace cómplice de violaciones a los derechos humanos no sabe que pierde más con su silencio. Desgraciadamente, a más de dos años de esta gestión gubernamental, nos parece que esto ya no es cuestión de tiempo, sino de falta de perspectiva.

Lo inexplicable

Quienes trabajamos en derechos humanos sabemos que el combate contra la tortura es una batalla estratégica. Dicen que es estratégico todo aquello que ejerce influencia y desata cambios en otros espacios. La lucha contra la tortura es un verdadero eje para la cultura de los derechos humanos. La existencia de la tortura revela la calidad del ejercicio judicial de un Estado. Un gobierno que tolera la tortura refleja, no solamente incapacidad para resolver problemas de investigación y procuración de justicia, sino revela también la persistencia de una cultura autoritaria, que sostiene impunidad y privilegios.

Después de más de diez años de impulsar el derecho a tener un aparato de justicia que garantice el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a juicios justos, el Equipo Indignación A.C. deplora que este año se hayan presentado cuatro casos de tortura ante la opinión pública, más otros casos que el temor hizo imposible ventilar ante los ojos de la ciudadanía. Nos referimos al caso de un joven de Valladolid, presuntamente en septiembre pasado; el caso de un vecino de Kanasín, en cuya muerte participaron agentes de la policía municipal; el caso de dos menores que habrían sido torturados por un comandante de la Policía Judicial asignado a Tekax y el caso de un joven que quedó inválido por los golpes que le habría infligido agentes de la Policía Municipal de Oxkutzcab. A esta dolorosa cuenta hay que añadir el caso del fallecimiento de un policía en las instalaciones de la SPV, en circunstancias aún no esclarecidas.

Los diputados de la actual legislatura no se han dado el tiempo para impulsar una propuesta de ley contra la tortura, trabajarla, hacerla vigente. Hay información en el sentido de que los diputados trabajan ya un proyecto de ley para tipificar y sancionar el delito de tortura. Hasta el día de hoy, año y medio después de haber entrado en funciones, no lo han hecho. Sirva esto para evaluar las urgencias de los legisladores.

El Ejecutivo, sin propuesta, sigue asistiendo indolente a los actos delictivos de subalternos suyos (la policía es su responsabilidad). No se ha apresurado a castigar el hecho ni a poner los medios para evitarlo. Los jueces, mendaces, siguen sin encontrar la audacia necesaria para llenar las lagunas jurídicas. Los tres poderes que hoy nos gobiernan han resultado inoperantes para frenar el ejercicio de la tortura. En esta materia han actuado al unísono: con indolencia.

Esta resistencia a dar importancia al tema de la tortura, postergándolo frente a discusiones de cuentas y centavos, de declaraciones y cinismos, nos hace declarar con pena la tibieza de los tres niveles de gobierno en materia de derechos humanos. Con esta muestra de indiferencia ante la violación de un derecho humano fundamental, Yucatán sigue a destiempo mundial y nacional en lo que toca a cultura de los derechos humanos.

La persistente impunidad

Otro eje revelador ha sido la impunidad. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos formularon algunos aspectos necesarios para restaurar el respeto a los derechos humanos en casos concretos que fueron sometidos a su estudio e investigación. No conocemos las respuestas que el gobierno ha dado a la CNDH. Lo que sí vemos es que sujetos señalados en las recomendaciones como violadores a los derechos humanos, siguen aún en sus puestos. El ejemplo más claro es el del Director del CERESO, Profr. Francisco Brito Y nos resulta inaceptable que se esgrima como razón que no se ha encontrado aún personal adecuado para proceder a la remoción de tales funcionarios.

Fue la terca responsabilidad de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación la que provocó el ejercicio de algunas de las acciones que la CNDH urgía en sus recomendaciones. Si en cualquiera empresa económica la eficacia de los métodos se evalúan a través de la consecución de resultados, ¿por qué no exigir lo mismo de las autoridades?

Una agenda para seguir pensando (y construyendo) el tipo de Estado que queremos.

El equipo Indignación A.C. se propone seguir en el ejercicio vigilante de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Desde nuestra experiencia señalamos ahora algunos elementos que nos parecen urgentes para el año que comienza. Nuestro compromiso es no cansarnos de denunciar y exigir hasta que los derechos de todos y de todas se vean respetados a cabalidad.
El respeto, vigencia, y pleno ejercicio de todos los derechos humanos, individuales y colectivos. Contra la impunidad, esclarecimiento de los casos pendientes. Fin de la tortura.
Nuevas formas de representación y participación social en los procesos de reformas constitucionales relacionadas con los derechos sociales.
Construcción de una nueva institucionalidad democrática basada en la justicia y en la redistribución del poder público que fortalezca los ámbitos locales como espacios para el autogobierno y el ejercicio autonómico de diversas colectividades locales.
Acceso a la información de todas las dependencias públicas.
Reconocimiento de los Derechos Indígenas a través del cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Una relación igualitaria y equitativa de género en todos los procesos y ámbitos de la vida nacional. Fin a la discriminación de todo tipo.

Nada de lo que hacemos está acabado. Somos profetas de un futuro que no es nuestro…(O. A .Romero)

Solicitud de investigación de abusos policiacos

Mérida, Yucatán; 30 de Enero de 2002

M.V.Z. Javier Medina Torre
Director de la Secretaría
de Protección y Vialidad

El Equipo de Derechos Humanos Indignación manfiesta su preocupación y extrañeza por la actuación de agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad que el pasado jueves 24 de enero participaron en el desalojo de un grupo de artesanos que desde hace once años ofrece sus productos en el Parque Hidalgo de esta Ciudad.
Dichos elementos llegaron al sitio en las camionetas marcadas con los números 1632, 1637,1674 y 1667, portando armas de alto poder y comandados por Daniel Carrillo.
Como consecuencia del desalojo dos personas fueron detenidas y llevadas al Ministerio Público. Por testimonios de los artesanos tenemos conocimiento de que durante el traslado las dos personas detenidas fueron golpeadas por agentes de la S.P.V.
Respetuosamente le solicitamos investigar la actuación de los elementos de la corporación a su cargo y, de encontrar irregularidades, sancionarlos de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los delitos en que hubieren incurrido.
Con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos dé respuesta a este escrito a la brevedad, para lo cual señalamos la dirección de nuestras oficinas: Calle 14 #187 x 23 y 25 Colonia García Ginerés de esta ciudad. Teléfono y Fax: 925 27 59.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Martha Capetillo Pasos

Niegan a artesanos y artesanas el derecho a denuncia

Mérida, Yucatán, 30 de Enero de 2002

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia del Estado de Yucatán

El pasado 24 de enero un grupo de artesanos que desde hace varios años ofrece sus productos en el parque Hidalgo fue desalojado con el uso de la fuerza pública. Dos personas fueron detenidas durante el desalojo y trasladadas al Ministerio Público.
Por testimonios de las artesanas y los artesanos tenemos conocimiento de que algunos de los artesanos intentaron denunciar los hechos en la agencia Agencia Octava a cargo del Lic. Raúl Correa Peniche, pero que se les impidió concretarla pues el secretario de la agencia, Claudio Sandoval Aldana, les negó ejercer el derecho de denuncia.
También tenemos conocimiento que sí pudieron interponer la denuncia después de que usted intervino a su favor.
Sin embargo, como integrantes de un organismo promotor de los derechos humanos nos preocupa la violación a un derecho tan elemental como es el presentar una denuncia. Consideramos que eso es algo que la procuraduría a su cargo no puede tolerar.
Respetuosamente le solicitamos investigar al funcionario que impidió la presentación de la denuncia y, si se comprueba la irregularidad, sancionarlo de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
Con fundamento en el artículo 8º Constitucional apreciaremos se sirva dar respuesta a este escrito, para lo cual señalamos el domicilio de nuestras oficinas: Calle 14 #187 x 23 y 25 Colonia García Ginerés de la ciudad de Mérida. Teléfono y Fax: 925 27 59

Atentamente,

 

Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Martha Capetillo Pasos

A la alcaldesa, preocupación por el desalojo de artesanas y artesanos

Mérida, Yucatán, 30 de Enero de 2002

C.P. Ana Rosa Payán Cervera
Alcaldesa de Mérida

El Equipo de Derechos Humanos Indignación manifiesta su profunda preocupación y extrañeza por el desalojo que sufrieron el pasado 24 de enero artesanas y artesanos que desde hace varios años ofrecen sus productos en el Parque Hidalgo de esta ciudad.
Como ciudadanos y ciudadanas interesadas en el pleno respeto a los derechos humanos, nos preguntamos si en este caso se justificaba el uso de la fuerza pública y apreciaríamos saber qué recursos agotó la autoridad antes de solicitar la intervención de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad.
Tenemos conocimiento de que el grupo de artesanos presentó ante el Ayuntamiento diversos escritos exponiéndole las razones por las cuales consideraba necesario mantenerse en el Parque Hidalgo. Por los artesanos sabemos el Ayuntamiento no respondió por escrito, con lo que violó el derecho de petición consagrado en el Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es facultad del Ayuntamiento regular las actividades que se realicen en parques y lugares públicos, como es el caso que nos ocupa. Sin embargo, todos los actos que realice una autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, deben apegarse a los procedimientos administrativos y deben realizarse respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales de los habitantes de este municipio.
Desconocemos si antes de ordenar el desalojo el Ayuntamiento notificó a los artesanos el Acuerdo mediante el cual se prohibe su instalación en ese lugar, si es que existió tal Acuerdo, y si advirtió a los artesanos cuáles serían las consecuencias de no acatar tal disposición. Es decir, nos preocupa la posibilidad de que el Ayuntamiento a su cargo haya omitido procedimientos que dejaran en estado de indefensión a los artesanos. El día mismo del desalojo los artesanos solicitaron la presentación de algún escrito que justificara la orden de retirarse de ese lugar, pero se les negó.
Respetuosamente le solicitamos iniciar una investigación administrativa y sancionar a los funcionarios del Ayuntamiento que hayan incurrido en omisiones durante este proceso. Aunque al parecer ya se ha llegado a un acuerdo con los artesanos, es importante garantizar a la ciudadanía que su administración no tolerará actos arbitrarios de autoridad y que es aliada en la batalla contra la impunidad.
Respetuosamente le exhortamos a agotar los recursos del diálogo y la negociación antes de solicitar el uso de la fuerza pública.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN A.C.

 

Martha Capetillo Pasos

Sobre el desalojo de artesanos del Parque Hidalgo

Mérida, Yucatán, 30 de enero de 2002

Comunicado de prensa

El pasado 24 de enero un grupo de artesanas y artesanos que desde hace varios años ofrece sus productos en el Parque Hidalgo de esta ciudad fue desalojado por orden de autoridades del Ayuntamiento de Mérida con uso de la fuerza pública.
Aunque al parecer los artesanos ya han llegado a un acuerdo con la autoridad municipal, al Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN le preocupa que se recurra a la fuerza pública antes de agotar la vía del diálogo y la negociación. Asimismo, preocupa la posibilidad de que dicho desalojo se haya llevado al cabo sin cumplir a cabalidad procedimientos administrativos y, particularmente, a este equipo le preocupa el hecho de que las dos personas detenidas en el desalojo afirmen haber sido golpeadas durante el traslado hacia el Ministerio Público y que los artesanos hayan enfrentado obstáculos para ejercer el derecho a denunciar los hechos.
El Equipo Indignación ha solicitado a la Alcaldesa iniciar una investigación y determinar si la actuación de las autoridades del Ayuntamiento durante este proceso estuvo debidamente fundada y motivada y si se cumplió el procedimiento administrativo, si los artesanos fueron debidamente informados del Acuerdo mediante el cual se prohibía su instalación en ese lugar y si, antes de proceder al desalojo, se les notificó que dicho acto se realizaría en caso de no acatar la disposición del Ayuntamiento.
En el mismo escrito exhortamos a la alcaldesa a agotar los recursos del diálogo y la negociación antes de solicitar el uso de la fuerza pública.
De la misma manera este equipo dirigió sendos escritos al titular de la Secretaría de Protección y Vialidad y al Procurador de Justicia del Estado solicitándoles que inicien una investigación para determinar si personal a su cargo violó derechos de los artesanos y, de ser así, se apliquen las sanciones correspondientes.

Sobre el El Foro de Consulta para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán

Mérida, Yucatán; 28 de enero de 2002

Comisión de Derechos Humanos
del H. Congreso del Estado de Yucatán:

Dip. Antrop. Beatriz Zavala Peniche, Presidenta
Dip. Cont. Miguel Ángel Pat Xuluc, Secretario
Dip. Lic. Jorge Vallejo Buenfil, Vocal.
Dip. C.P. Rafael Casellas Fitzmaurice, Vocal.
Dip. Lic. José Gerardo Bolio de Ocampo, Vocal.

El Foro de Consulta para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán que se celebró el 24 de septiembre pasado fue un evento que permitió constatar el interés que entre varias personas y organizaciones despierta el tema: más de 45 intervenciones se registraron ese día.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que organizó dicho foro, pareció marcar con esto una diferencia sustancial con respecto a la anterior legislatura, que actuó de forma autoritaria y despreció reiteradamente las propuestas de la sociedad civil. El Foro pareció enviar señales de diálogo y de disposición a respetar e incluso promover la participación ciudadana.
Incluso dos días antes del foro “La diputada (Beatriz) Zavala Peniche informó que se dará una respuesta a cada una de las organizaciones que enviaron sus trabajos, para explicarles de qué manera se incorporarán sus propuestas en el anteproyecto de ley.” (Diario de Yucatán. 22/sept/01).
En días pasados nos enteramos por la prensa local que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ya concluyó el anteproyecto de Ley y que los diputados trabajarán este mes en ese documento que podría presentarse al pleno en marzo próximo.
El Equipo Indignación considera que el Congreso debería poner a disposición de la ciudadanía ese documento colocándolo en un sitio de acceso público como la página electrónica del Congreso, difundiéndolo a través de medios masivos o informando dónde se puede obtener el documento. Sin duda quienes participaron en el Foro tendrán interés en conocer si sus propuestas quedaron incorporadas y en expresar su opinión, que seguramente apreciarán los legisladores.
Tal vez los diputados del PRI de la anterior legislatura consideraban un signo de debilidad el entrar en diálogo con la ciudadanía y atender sus propuestas. Confiamos en que los diputados y diputadas que integran la legislatura actual reconozcan que la participación ciudadana fortalece el trabajo legislativo y que, atender las solicitudes fundamentadas es parte del compromiso que asumieron.
Con respecto a las reformas a la Ley que Crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el proceso de diálogo con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil iniciado en el foro del 24 de septiembre pasado no estará completo si no se pone a disposición de éstas el anteproyecto citado para escuchar las opiniones que, sin duda, enriquecerán el trabajo y nos permitirán tener una Comisión de Derechos Humanos que cumpla con las expectativas ciudadanas.
Con fundamente en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apreciaremos se sirvan dar respuesta a esta solicitud y la hagan llegar al local del Equipo Indignación, que se encuentra en la Calle 14 #187 x 23 y 25 de la Colonia García Ginerés de esta ciudad o al Fax: 925 27 59.

Atentamente,
Por INDIGNACIÓN A.C.

 

Martha Capetillo Pasos

Incumplimientos en materia de derechos humanos en Yucatán

Evaluación a propósito del 53º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En Yucatán persiste un grave rezago en materia de derechos humanos, que se advierte en la ausencia de ordenamientos legales y en la persistencia de leyes que vulneran derechos fundamentales, por una parte y, por otra, en la falta de acciones que corresponden al Ejecutivo, como el combate a la impunidad. La celebración del 53º. Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ocasión propicia para señalar este rezago e insistir en la responsabilidad que tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para atenderlos.
El incumplimiento en esta materia o la dilación para atenderla acentúa el rezago, afecta a la población y retarda la posibilidad de vivir en un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos.
De acuerdo con las áreas en las que el Equipo Indignación trabaja, las urgencias son:

I. EN EL COMBATE AL AUTORITARISMO

a) Los derechos políticos
El reciente cambio en la administración estatal genera la percepción de que la batalla por garantizar el derecho a elegir autoridades comienza a rendir frutos en Yucatán. Sin embargo, este derecho fundamental aún requiere fortalecerse. En nuestro Estado continúa pendiente la reforma electoral. El reciente proceso mostró debilidades en la legislación, que impidieron la participación en condiciones de equidad, e incongruencias entre los ámbitos federal y estatal en materia electoral que requieren revisarse.

b) La batalla contra la impunidad
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, que queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante el período del desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras estos hechos no sean investigados y, en su caso, sancionados, el desacato será un capítulo abierto en Yucatán que invitará permanentemente a reincidir.
Incluso en un caso tan delicado por incluir presuntos delitos cometidos contra menores infractores, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado han omitido iniciar averiguaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
La omisión del Ejecutivo en la batalla contra la impunidad se ve agravada por la permanencia de algunas personas en cargos de responsabilidad, así como por cuestionables nombramientos, como el del actual titular de la Subprocuraduría de Prevención del Delito, que se le otorgó a una persona contra la cual hay una denuncia penal reciente, aún no resuelta.

c) Sobre la ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán.
El derecho a elegir autoridades se ve continuamente amenazado para los habitantes de las comisarías y subcomisarías del Estado de Yucatán, quienes se encuentran en condiciones de indefensión jurídica frente a los y las presidentes municipales que intentan usurpar este derecho a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. La Constitución del Estado debe amparar este elemental derecho y reglamentarlo de acuerdo con las expectativas de los propios habitantes de las comisarías.

d) La re creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La actual legislatura se ha demorado frente a la impostergable demanda ciudadana de reformar la comisión de derechos humanos. La dilación de esta legislatura afecta profundamente la situación de los derechos humanos en el Estado y cuestiona sus prioridades.
Continúa a cargo de la Comisión un presidente interino o sustituto, que lleva ya 9 meses en esta irregular situación. No podemos menos que deplorar la tardanza del Congreso en este delicado y urgente campo.
Aún no se ha iniciado una investigación sobre la gestión de Rafael Cebada como Presidente de la Codhey. En 1999 el Equipo Indignación presentó ante el Congreso una demanda de Juicio Político. Si bien esta demanda no prosperó bajo la figura del juicio político, hay hechos que debieran ser investigados y sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exigiendo la rendición de cuentas de su ex titular.

e) La tortura
Yucatán es el único estado de la República Mexicana que no cuenta con una legislación para prevenir y sancionar la tortura, ausencia grave que es ahora responsabilidad de la actual legislatura. Los ciudadanos y ciudadanas de Yucatán estamos jurídicamente indefensos frente a actos de Tortura. Este delito no se puede denunciar como tal y mucho menos exigir la reparación del daño.

II. DERECHOS INDÍGENAS

Yucatán es un estado multiétnico y pluricultural, que se niega a reconocerse como tal. El pueblo maya posee enormes riquezas culturales y conserva, en algunos casos, sus propios sistemas normativos y de elección de autoridades. Sin embargo, sus derechos como pueblo no están reconocidos en la Constitución del Estado.
Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, difícilmente cambiará la relación entre los pueblos mayas y las instituciones del Estado, que ha sido de dependencia, discriminación y violación cotidiana de derechos.
Exigimos una búsqueda legislativa que respete lo pactado en San Andrés, y reconozca los derechos de los pueblos indios de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.
El Congreso del Estado de Yucatán no ha votado dicha ley —lo hemos llamado a rechazarla—, incumpliendo su obligación. La reforma estatal en esta materia está pendiente, pero tendrá poca eficacia sin el amparo que proporciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios en la Carta Magna.

III.- DIVERSIDAD, TOLERANCIA Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Los seropositivos
Con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, los problemas detectados en Yucatán son: la falta de servicios médicos adecuados, especialmente en el área rural; respuestas limitadas ante quejas de violación a los derechos humanos; incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM 010-SSA2-1993), particularmente en lo que toca a la confidencialidad y no obligatoriedad de la prueba de detección del VIH, situación agravada en el sector laboral, sea por negativa a admitir en los centros de trabajo a personas seropositivas, como por despidos injustificados; falta de información pública suficiente y escasa labor de prevención de parte del Estado.
Por eso proponemos:
Garantizar a todos y todas el derecho a una información completa y veraz sobre la prevención de esta enfermedad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, respetando la capacidad del hombre y la mujer para tomar decisiones.
Incorporar al código penal del Estado el delito de discriminación.
Vigilar que las empresas no apliquen la prueba de VIH a quienes solicitan empleo o realizan otros trámites administrativos, en cumplimiento de la Norma Oficial, en su párrafo 6.3 y sancionar a las que lo hagan.
Reglamentar el derecho de las personas infectadas a casarse y formar una familia, salvando el derecho al conocimiento informado de la futura pareja.
Crear programas de cobertura total y permanente de medicamentos al 100% de los infectados de población abierta, garantizando que el presupuesto asegure la atención de este sector vulnerable de la población.

b) Perspectiva de género
La actual legislatura no ha concretado el compromiso de crear la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
Al constatar que en algunos centros de trabajo persisten prácticas violatorias de los derechos humanos, como la aplicación de la prueba de embarazo para solicitar empleo, advertimos que el Gobierno del Estado está incumpliendo la obligación de vigilar que las empresas funcionen con apego a las leyes. El Congreso del Estado debe tomar esto en cuenta a la hora de revisar los informes que el Ejecutivo rinda.
Celebramos las acciones que tanto en el gobierno estatal como en el municipio de Mérida se han emprendido para dar atención integral a las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está en riesgo.
Alertamos, sin embargo, sobre la urgencia de hacer una revisión de los ordenamientos legales con perspectiva de género, para lo cual se requiere de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
En la procuración de justicia el Estado dista mucho de garantizar la atención eficaz y respetuosa de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual debe capacitar a su personal y eliminar las dificultades que pone el Ministerio Público en las denuncias por violación o abuso sexual.

IV.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

a)Sobre la procuración de justicia
No existe la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la víctima, incluyendo aspectos como reparación del daño.
En el pasado la dependencia del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo impidió la eficaz procuración de justicia, especialmente en los delitos atribuidos a servidores públicos, por lo que deben buscarse los mecanismos adecuados para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Revisar el código penal y homologar la edad penal a los 18 años, respetando los tratados internacionales firmados por México. La disminución de la edad penal no es un factor de disminución de los índices de inseguridad pública. Es necesario establecer sistemas eficaces de prevención del delito entre los menores, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Urge reestructurar integralmente el sistema penitenciario y las leyes que lo rigen.

b)Impartición de justicia
La persistencia de actitudes negligentes o dilación en el proceso, por el que los plazos dentro de los procedimientos duran más tiempo que el permitido por la ley; la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del Estado; el tráfico de influencias y la negativa al derecho de petición son ejes del diagnóstico de la violación al derecho a juicios justos.
Se requiere un órgano de vigilancia y disciplina para el poder judicial, como puede ser un Consejo Estatal de la Judicatura, análogo al federal. Deberá garantizarse que este órgano actúe con autonomía e independencia.

c)Las cárceles
Aun cuando la actual administración haya heredado cárceles en condiciones inhumanas gestadas desde gobiernos anteriores, todavía desconocemos qué acciones ha emprendido para garantizar los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado.
Tenemos conocimiento de que este gobierno recibió ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desconocemos hasta qué punto la ha cumplido.
Es pertinente señalar que diferentes administraciones priístas recibieron, continuamente, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1993 por las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se encontraban las cárceles del Estado. Esas recomendaciones se mantuvieron durante mucho tiempo como “parcialmente cumplidas.”. Es obligación del Ejecutivo garantizar que se cumplan en su totalidad e investigar a los responsables de las graves irregularidades que se encontraron en esos centros de readaptación.

V.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay indicadores que colocan a Yucatán en el cuarto Estado del país en nivel de pobreza. Están en riesgo para un amplio sector de la población los derechos más elementales que garantizan una vida digna. Sin atender las causas que dan origen a esta situación, difícilmente podremos aspirar a vivir en un estado democrático y difícilmente las autoridades podrán decir que cumplieron con su encomienda.
La actual situación económica pone en riesgo derechos laborales, que deben ser protegidos por el Estado.
Los derechos humanos, su pleno reconocimiento y respeto, será la medida para evaluar el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán.

Indignación A.C.
Promoción y defensa de los derechos humanos

 

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2001

A las autoridades del IMSS

Mérida, Yucatán; 5 de diciembre de 2001

Dr. Santiago Levy Algazi.
Director General del Instituto Mexicano
Del Seguro Social.

Ing. Milton Rubio Madera
Delegado Estatal del IMSS

Dr. José Iván Aguilar Vivas
Director Regional del Seguro Social

Con profunda preocupación, las organizaciones civiles de derechos humanos abajo firmantes, manifestamos nuestro extrañamiento por la posibilidad de que la Dra. Rocío Marthell López sea nombrada Directora de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Conkal, Yucatán, según información publicada en un periódico local.

Nuestra preocupación estriba en el hecho de que, durante la gestión de Dra. Martell como Directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán, se denunciaron una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores infractores recluidos en dicha Escuela, mismas que en la actualidad están siendo investigadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dentro de las principales denuncias señaladas por los familiares de los menores y trabajadores de la Escuela, sobresale el imponer castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH-sida); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

En este sentido, nos preocupa que, una persona cuya actuación al frente de una institución pública está siendo investigada por la CNDH por graves violaciones a los derechos humanos, asuma un puesto de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad, la honestidad y el respeto a los derechos humanos son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantice la seguridad de sus derechohabientes y revise la decisión de nombrar como responsable de la clínica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores, cuando menos hasta que la CNDH determine si efectivamente hubo o no violaciones a los derechos humanos durante la administración de la Dra. Marthell al frente de la Escuela Social de Menores Infractores.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, nos despedimos de usted, no sin antes expresarle nuestra consideración y estima, en espera de su pronta respuesta.

Atentamente.

Por Indignación, Promoción y Defensa Por el Centro de Derechos Humanos
De los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Cristina Muñoz Menéndez. Jorge Fernández Mendiburu.

Extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuraduría del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán; 3 de diciembre de 2001

Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia del Estado de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuraduría del Estado de Yucatán frente a los presuntos hechos delictivos cometidos durante la gestión de la Dra. Rocío Marthell López como directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán en perjuicio de menores internos en esa escuela social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponía castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

El gobierno del Estado seguramente tiene conocimiento de que estos hechos están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha abierto el expediente 2001/1926. Sin embargo, esa investigación no exime al gobierno del Estado de la responsabilidad que tiene frente a la posible comisión de delitos.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que vivían los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la actual administración, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuraduría de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el título de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitiría a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural —según información publicada en el Diario de Yucatán la Dra. Marthell sería directora de la clínica del Seguro Social en Conkal—, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

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