El Varejón, feminista y descalzo

El Varejón feminista y descalzo.

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Para abrir boca

Este Varejón, feminista y descalzo, quiere rendir un homenaje a todas las mujeres con las que hemos caminado algún trecho, a todas las mujeres junto a las que hemos luchado, a todas aquellas de cuyas batallas hemos mirado y admirado.

Desde aquellas mujeres de Hunucmá que en aquel lejano 1993 defendieron los derechos humanos de la virgen de Tetiz y denunciaron el fraude electoral, hasta las que en San Antonio Ebulá, en Campeche, rabiaron cuando sus compañeros intentaron decidir solos, sin ellas, frente al desalojo y al despojo de sus tierras.

Desde las que estuvieron en pie de lucha en Valladolid, hasta las que en Kimbilá hicieron guardia durante días y noches en el palacio municipal para que se respete el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades.

La lucha de MAR, cuya fortaleza nos admira cada día a pesar de que la lucha se alarga ante la necedad de jueces y magistrados que se niegan a reconocer el agravio, junto con la lucha de tantas que ahora han dicho basta a la violencia que viven en su propia casa.

La lucha de las mujeres de la tierra que, junto con la Escuela de Agricultura Ecológica de Maní se organizan en cooperativas y la lucha de las compañeras que son autoridades en sus pueblos y las que están defendiendo la tierra para todos y todas.

Todas las luchas. ¡Quién pudiera reunirlas todas!

Este Varejón, que quiere hablar también de feminismos, agradece de manera especial la complicidad de Fabiola, que nos cuenta la reflexión de jóvenes mujeres mayas del sur; de Liliana, que nos comparte cómo surgió la idea de la Escuelita Popular Feminista; de Regina, con su trazo solidario, y de Beto, que acompaña cada Varejón con esa genial columna de música y utopía.

Una de las luchas que recoge este Varejón es precisamente la de las compañeras y compañeros mieleros que han derrotado a Monsanto, lucha por la defensa del territorio y la cultura y contra los transgénicos, en la que sobresale el rostro de compañeras que tanto admiramos y que tantas batallas han dado, como Leydi Pech.

Hablemos, pues, también de feminismo. Qué palabra: feminismo.

Un demonio recorre el mundo, el demonio del feminismo.

Mujer. Mujer. “Mujer. Qué vocablo. ¿Es que no hay límites para la carga que una palabra tiene que soportar? ¿Ha habido alguna vez una palabra de espaldas tan anchas y, al mismo tiempo, tan obscena?” Pregunta Mahmoud en Vergüenza, la novela de Salman Rushdie.

Ahora que las nubes de la violencia y de la guerra amenazan tanto en Europa y en Medio Oriente recuerdo esa novela y recuerdo a Salman Rushdie, escritor inglés de origen hindú, nacido en Bombay.

Mujer: qué palabra de espaldas tan anchas.

Asomémonos, pues. Veamos, siquiera de reojo, qué tanto carga esa palabra que nos nombra. Mujer, mujer.

63mil exigen a SCJN respetar derechos del pueblo maya y detener a Monsanto

¡Más de 62,000 firmas en apoyo a los apicultores mayas para detener la siembra de soya transgénica de Monsanto!

La SCJN tiene la oportunidad histórica de proteger los DDHH del pueblo maya y detener el avance de la soya

  • La Suprema Corte de Justicia decidirá sobre la importancia del principio precautorio, podría generar criterios de protección a los derechos de los pueblos a la consulta, al territorio, el medio ambiente sano y su desarrollo ante megaproyectos. [1]
  • Más de 15 mil familias apícolas, campesinas e indígenas en riesgo si se permite la siembra de soya transgénica en 253 500 ha; se destruiría patrimonio biocultural y habría daños ambientales irreparables

México, D.F., 26 de octubre de 2015. El 28 de octubre de 2015, la ponencia del Ministro Fernando Franco González, la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos y la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora, integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera conjunta, decidirán sobre los Amparos en Revisión presentados por autoridades tradicionales mayas y cooperativas mieleras de Campeche así como asociaciones de apicultores en Yucatán en contra del permiso de siembra comercial de soya transgénica otorgado a Monsanto.

En 2012, las apicultoras, los apicultores y las comunidades mayas consideraron que el permiso para liberar soya transgénica otorgado por SAGARPA vulneraba sus derechos a la consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada; al medio ambiente sano; y hacía caso omiso al principio precautorio; argumentos que les fueron reconocidos por jueces federales mediante sentencias emitidas en 2014.[2]

Las sentencias fueron impugnadas y han llegado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dado la trascendencia y relevancia del caso[3], y la posible afectación o alteración de valores sociales, la convivencia y bienestar para las comunidades apícolas mayas que habitan en la Península de Yucatán. En este sentido, los actos reclamados alteran y destruyen la forma de ser y estar del pueblo maya siendo que su identidad cultural se encuentra tutelada por la Constitución en razón del principio de pluriculturalidad (art. 2º Constitucional y el Convenio 169 de la OIT), bajo el cual el Estado mexicano tiene prohibido tomar cualquier acción que pueda conducir o comprometer la vida y el florecimiento de los pueblos originarios del país.

“Quiero agradecerles a todos por apoyarnos y firmar la petición. Llevamos muchos años defendiendo nuestros derechos contra el permiso para la siembra de soya transgénica otorgado por la SAGARPA a Monsanto y esperamos que la Suprema Corte de Justicia nos apoye. Hace ya 19 meses que los apicultores de Campeche y Yucatán logramos que los jueces federales nos dieran la razón y cancelaran el permiso para la siembra de este cultivo porque nadie nos consultó y vulneraron nuestros derechos como pueblo maya. Desde entonces hemos visto cómo se deforestan nuestros bosques, cómo están secando las aguadas y hemos vuelto a ver a los jaguares cerca de los pueblos porque están huyendo de la quema de los bosques para volverlos plantaciones. Salvemos nuestra selva maya en Campeche, nuestra agricultura, nuestra apicultura, no queremos más deforestación ni contaminación”, exclamó Don Gustavo Huchín, apicultor que inició la petición en Change.org

“¿Qué pensarían si en su patio trasero estuvieran fumigando con avionetas? En mi pueblo casi todos viven de la apicultura y ahora vemos cómo se están muriendo de pronto las abejas y el gobierno no hace nada. Hemos sido testigos del aumento de las plantaciones de soya transgénica de grandes empresarios agrícolas que no son de nuestra región. También vemos cada vez más seguido a los aviones sobre nuestras tierras tirando tóxicos que están poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestras abejas. Nosotros hemos cuidado y protegido nuestros ejidos y recursos naturales. Me preocupa el patrimonio que vamos a dejar a nuestros nietos”, compartió Angélica Ek, quien fuese autoridad tradicional maya y una de las demandantes en representación de su comunidad.

“La autoridad encargada de los temas agrícolas en México expidió permisos de soya transgénica (actos reclamados) que afectan la actividad histórica del pueblo maya consistente en la apicultura y la meliponicultura, a través de la cual expresan el ejercicio de derechos fundamentales como son: identidad cultural, la autonomía, el territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados. Las autoridades también ignoraron el principio precautorio porque la soya transgénica es tolerante al agroquímico glifosato, el cual fue incluido en la lista de posibles cancerígenos de la Organización Mundial de la Salud. Las nefastas consecuencias de las plantaciones de soya transgénica ya se observan en Argentina en donde los médicos han reportado los efectos negativos de las fumigaciones aéreas en la salud de la población local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe reconocer el derecho a la consulta de las comunidades mayas y tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia del principio precautorio en relación con el derecho al medio ambiente sano”, señaló Jorge Fernández, abogado de la organización Indignación Promoción y defensa de los derechos humanos.

“Para proteger al campo mexicano, las abejas y las comunidades mayas de la tiranía de la soya transgénica, se debe declarar a la Península de Yucatán como zona libre de transgénicos -petición a la que se ha negado la SAGARPA- pero representa la medida definitiva para evitar la expansión de la agricultura industrial que vulnera los derechos humanos de los pueblos, la salud de las personas y deteriora el medio ambiente”, concluyó María Colín, representante legal de Greenpeace México.

Finalmente las organizaciones signatarias, las cooperativas y empresas mieleras esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice los derechos humanos del pueblo maya, confirmando las sentencias obtenidas en los Juzgados Federales y, en consecuencia, declare infundados los recursos interpuestos por las autoridades y Monsanto, de manera que se lleve a cabo un control de constitucionalidad de los actos reclamados y resulte la protección más favorable para las comunidades mayas, garantizando el principio de pluriculturalidad.

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Colectivo Apícola Chenero; Colectivo MA OGM (Colectivo sin transgénicos); Comunidad de Pack-Chen y Comunidad de Cancabchen; Educe Cooperativa; Greenpeace México; Indignación, Promoción de Defensa de los Derechos Humanos (Indignación); Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (LITIGA OLE); Muuch-Kambal; Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Yucatán (Unorca), Demanda Colectiva Maíz, Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, Carnaval del Maíz y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).

Sociedades Cooperativas, Sociedades de Solidaridad Social y empresas mieleras:

Apicultores Lol Jabin de Tekal de Venegas, Chun Jabin, Flor Xtabentun, Lol Cab de Cholul, Lol Cha-kaa, Lol Dzizilché de Nenelá, Lol Kanchunub de Teabo, Lol K’aax, Lol Jabin de Mayapán, Lol Soolen a’ac de Chuchub, Productores Kaabi Uh Lool Xthobil, Productos de Miel Real el Panal de Suc-Tuc, Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Unión de Apicultores Indígenas Cheneros, Tumben Caab, Tumben Llal Caab, Xjon-ha’ac de Sudzal y Miel Integradora

**En redes sociales puedes seguir los tuits #SALVEMOSLASELVAMAYA

[1]Los jueces federales concedieron el amparo a las comunidades mayas porque consideraron que se había vulnerado el derecho a la consulta libre previa e informada, así como el principio precautorio. Estas decisiones fueron impugnadas por la SAGARPA, la PGR y Monsanto.Los amparos en revisión (AR) que se encuentran en la Segunda Sala son: los AR 241/2015, 270/2015 y 410/2015 derivados del Juicio de Amparo 753/2012, presentado por las comunidades mayas de Pac-Chen y Cancabchen y radicados en la ponencia del Ministro Fernando Franco González; los AR 498/2015, 499/2015 y 500/2015, derivados del juicio de amparo 762/2012 presentado por cinco asociaciones de apicultores mayas del estado de Campeche, radicados en la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora, y el AR 198/2015, derivado del Juicio de Amparo 286/2012 presentado por asociaciones de apicultores mayas del estado de Yucatán y radicado en la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos.

[2]Los jueces federales: 1) reconocieron que las y los apicultores podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM; 2) atendieron el principio precautorio, aplicando los principios pro persona y de progresividad establecidos en el artículo Primero de la Carta Magna; y 3) reconocieron que se vulneró el derecho del pueblo maya a ser consultado y a decidir sobre los proyectos que se aplican en sus comunidades y su territorio.

[3]De conformidad con los artículos 107 fracción VIII, inciso b) Constitucional y 40 de la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia 1ª./J27/2008 (1ª Sala de la SCJN).

 

LogosVsSoya Entrega de firmas MA OGM CHANGE SCJN - Foto Robin Canul (7) Entrega de firmas MA OGM CHANGE SCJN - Foto Robin Canul (2)

Ex alcalde procesado por torturar a periodista

Justicia a medias y tardía

Comunicado conjunto Article19 y Equipo Indignación

Casi dos años después de torturar al periodista Edwin Canché, corresponsal del Diario de Yucatán, el ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, fue llevado ante la justicia. La tardanza fue, en gran medida, gentileza de la LX legislatura del estado de Yucatán que se negó siquiera a calificar el juicio de procedencia que Article19 e Indignación interpusimos para retirar el fuero al alcalde.

El ex alcalde está siendo procesado en el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial Federal. La justicia a medias fue responsabilidad del Ministerio Público Federal, que consignó como lesiones y abuso de autoridad un caso de tortura.

Trivializado el hecho, el alcalde pudo salir en libertad bajo fianza. Sin embargo, tendrá que responder ante la justicia pues quedó ya sujeto a proceso, lo cual sienta un precedente en el país de la impunidad que tolera la tortura.

El caso salió del ámbito estatal que tanto ha encubierto este crimen y fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR. En el ámbito estatal, lamentablemente, otros casos de tortura han sido reiteradamente encubiertos por la fiscalía estatal. En Yucatán la tortura es sistemática y es tolerada por el gobierno estatal y por la propia Codhey y encubierta por las propias instancias de justicia, tal como informó recientemente Indignación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita in loco a México que realizó en septiembre esa organización internacional.

Por la agresión contra Edwin Canché, ocurrida el primero de enero de 2014, cuando cubría un accidente ocasionado por un familiar del ex alcalde, también han sido detenidos 5 policías, pero han obtenido su libertad bajo fianza

El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.

El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.

Por estos hechos se inició el proceso penal correspondiente, el cual han acompañado ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN. En dicho proceso, que hoy sigue en curso, se determinó la probable responsabilidad de los 5 policías agresores, incluido su director, así como del alcalde. Sin embargo, se había negado la orden de aprehensión en contra del este último, bajo el argumento de que por su cargo, gozaba de fuero constitucional.

El Congreso del Estado SE NEGÓ SIQUIERA A CALIFICAR EL JUICIO DE PROCEDENCIA que interpuso en enero de este año el equipo Indignación junto con Article XIX para que se le retirase el fuero.

El 1 de septiembre pasado Ermilo Dzul Huchim terminó su período de alcalde con varias acusaciones de abusos. Fue detenido el día de antier, 22 de octubre de 2015.

El equipo Indignación y Article19 reconocen el valor del periodista que ha continuado su denuncia, así como de quienes han testificado.

México vive una profunda crisis en materia de derechos humanos y, en medio de esta crisis, alarman los numerosos casos de tortura y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Mérida, Yucatán, 24 de octubre de 2015

celda

Yucatán, la paz violenta: pobreza y tortura

Carta abierta a las

Señoras y señores participantes en la 12a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Bienvenidas, bienvenidos a Yucatán, un estado mayoritariamente maya, en el que se regatea al pueblo originario el reconocimiento de sus derechos y se le despoja de su tierra y territorio a través de procesos abusivos de especulación favorecidos por los propios gobiernos.

Los anfitriones locales de la reunión que les convoca se han apresurado a alardear y publicitar que se eligió Yucatán por sus índices de seguridad y por ser un referente nacional en derechos humanos.

Es inaceptable que el gobierno local alardee cuando permanecen impunes casos de tortura en Yucatán que incluso han llegado a privar de la vida a las víctimas (recomendación 7/2014 Codhey) y cuando se han requerido amparos para obligar a que continúen investigaciones sobre tortura que el gobierno se empeña en cerrar (Caso Roberth Tzab). Cuando la propia Comisión de Derechos Humanos de Yucatán se mostró satisfecha por el simple cambio de zona de policías que golpearon y simularon una violación contra un joven detenido. La propia Comisión de Derechos Humanos está acusada de un grave caso de corrupción al haber falsificado firmas y alterado documentos.

La tortura en Yucatán es sistémica, naturalizada, encubierta. Lamentablemente es también trivializada y encubierta por la propia Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Yucatán es uno de los estados con mayor desnutrición infantil, con mayor desigualdad, con los peores salarios del país, con condiciones laborales de explotación, uno de los estados con mayor índice violencia contra las mujeres al interior del hogar, un estado que ni siquiera se atreve a reconocer los feminicidios como tales y uno de los estados con mayor número de crímenes de odio por homofobia.

En este marco, la “declaración de Mérida” que emitan tendrá como testigo a un pueblo que vive en la práctica una situación de ocupación al no tener plenamente reconocidos sus derechos y al verse despojado de su tierra y ver amenazadas incluso sus semillas; al no tener acceso al disfrute de sus propios recursos naturales y mirar cómo el gobierno, sin consultarle, permite a empresas como Monsanto poner en riesgo la vida.

* Precisamente en las próximas semanas la Corte conocerá los amparos impulsados por los propios pueblos en contra del permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica.

Mérida T’Jo Yucatán, 9 de octubre de 2015

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Chablekal: la tierra es del pueblo

Comunicado de la Unión de poblador@s de Chablekal por la tierra, territorio y los recursos naturales

ChablekalAsamblea

El 28 de agosto se cumplió un año de que los pobladores, avecindados y comuneros de este pueblo de Chablekal, tomamos posesión de las tierras que siempre nos fueron negadas por parte del ejido y de las autoridades agrarias. En esta fecha se constituyó la Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal, por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Esta unión la conformamos poco más de 250 personas entre hombres y mujeres; muchos somos hijos e hijas de ejidatarios, otros somos hijos e hijas de ejidatarios que fueron depurados de manera ilegal, también estamos aquellos que hace años llegamos y que nos establecimos, haciéndonos vecinos. Todos aquellos somos vecinos y naturales porque somos hijos e hijas nacidos en este pueblo de Chablekal.

Nuestra Unión de pobladoras y pobladores ha resistido un año de lucha comunitaria, se ha mantenido unido y comunicado. Ha permanecido todos los domingos en las tierras que hemos ocupado, en el polígono denominado Misne-Balam (El gato-Jaguar). Hemos logrado mantenernos informados de todas las acciones que se han realizado, por medio de nuestras asambleas de todos los lunes por las noches, en la explanada de la unidad deportiva.

Algunos compañeros han renunciado a esta lucha; para ser exactos, fueron diez varones que por su propia voluntad, manifestaron no querer seguir en esta causa; hay otros que nunca se acercaron al movimiento, a pesar de que se les visitó muchas veces. Por otra parte, muchos más compañeros y compañeras se han acercado para solicitar información del movimiento, y hasta se han integrado nuevos miembros de esta Unión.

También tenemos que decir que muchos ejidatarios se han acercado al movimiento y nos han dicho que están muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, es decir que muchos ejidatarios han comprendido que la tierra es de todos y todas. Seguramente estas personas ya están entendiendo que vender toda la tierra de nuestro pueblo no es la mejor solución. Nuestra Unión de pobladoras y pobladores está siendo acompañada y asesorada por los abogados/as del equipo de derechos humanos INDIGNACION A.C., que han preparado todos los recursos legales que se han presentado ante las dependencias agrarias, es decir, la Procuraduría y el Tribunal Agrario, así como también ante el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, (Indemaya) y ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

ACCIONES JURIDICAS. A MODO DE RECUENTO

La Unión de pobladores presentó el día 8 de septiembre de 2014 una demanda ante la Procuraduría Agraria del Estado de Yucatán, en la que se solicitaba la intervención de dicha autoridad para que suspendiera toda clase de transacción que se pudiera hacer con las tierras de nuestro pueblo. También se solicitó el reconocimiento de los derechos que todas y todos tenemos a la tenencia de la tierra y el territorio. La Procuraduría Agraria no contestó nuestra petición en el tiempo que manda la ley, por esa razón la Unión solicitó un amparo ante la justicia federal, la cual obligó a la Procuraduría Agraria a contestar nuestra demanda.

El delegado federal de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Pablo José Castro Alcocer, respondió a nuestra demanda diciendo que las cosas que le estamos pidiendo no las podía hacer, ya que eso es facultad únicamente del Tribunal Agrario. Sin embargo, el mismo delegado nos invitó a que formáramos una comitiva de la Unión de pobladores para que nos presentáramos en sus oficinas para conversar sobre la problemática que estamos denunciando. El día 14 de enero del 2015 tres compañeros de la Unión nos presentamos y sostuvimos una plática con el delegado, el cual nos prometió invitar al comisario ejidal de Chablekal, para que entablásemos una mesa de diálogo en la que él mismo fungiría como mediador y defensor, para que ambas partes saliéramos beneficiadas. El delegado, Pablo José Castro Alcocer, nunca más nos volvió a hablar para dicha mesa de diálogo. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES LE MIENTEN AL PUEBLO.

El 10 de octubre del 2014 presentamos nuestra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario; en ella exigimos se reconociera nuestro derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. También exigimos que dicho Tribunal dictase las medidas precautorias necesarias para detener la venta de nuestras tierras. Este Tribunal tampoco nos quiso contestar, por lo que, otra vez, tuvimos que solicitar el amparo de la justicia federal para que nos contestara. Recalcamos que este Tribunal Unitario Agrario en dos ocasiones ha rechazado nuestras demandas, señalándonos cosas que creemos que son solamente pretextos para retrasar la admisión de nuestra demanda. El Tribunal nos ha dicho, entre otras cosas, que no ha podido aceptar nuestra demanda porque no sabe dónde notificarle al comisario ejidal; sin embargo, todos hemos visto en muchas ocasiones al visitador del Tribunal en la casa del comisario. LE VOLVIERON A MENTIR AL PUEBLO: PUROS PRETEXTOS.

En el más reciente rechazo a nuestra demanda, el magistrado del Tribunal, Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, señaló el que sería el último requisito que nos faltaría para poder aceptar nuestra demanda. El 3 de agosto de este año, presentamos la última prevención que se nos había solicitado: la ley dice que el magistrado tiene de cinco a diez días para contestarnos y ya se ha pasado su tiempo; seguramente tendremos que volvernos a amparar para que nos conteste. Como diríamos en el pueblo: a esta autoridad, si no las jurgas, no te contesta. EL GOBIERNO EN SUS INSTITUCIONES LE MIENTE AL PUEBLO.

El pasado 23 de abril del año en curso, presentamos una solicitud de mediación ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como también ante el Instituto para el Desarrollo de Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), presididas por sus respectivos directores, C. Jesús Carlos Vidal Peniche y C. José Nicolás Ávila Cervantes. La Unión de pobladores decidió pedir la intervención de estas instancias ya que estas fueron creadas para salvaguardar y defender los derechos de los pueblos. Hasta el día de hoy estas instancias no han contestado a nuestra petición. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES SOLAMENTE LE MIENTE AL PUEBLO.

LOS POBLADORES Y EL COMISARIO EJIDAL

Los pobladores y pobladoras hemos sostenido dos encuentros informales con el señor Leoncio Coot Kantún. El domingo 31 de agosto de 2014, alrededor de 150 pobladores y pobladoras sostuvimos una plática informal en los montes de Misne-Balam con el señor Leoncio Coot Kantún, que estaba acompañado de sus colaboradores. En esa ocasión, el comisario nos advirtió que no tomáramos posesión de esas tierras ya que, según él, la asamblea había acordado la prohibición de que fueran ocupadas. También nos dijo que la asamblea nos sancionaría por haber entrado en esos montes. Los pobladores, por nuestra parte, le reclamamos que el ejido siempre nos había negado nuestro derecho y le dejamos en claro que la tierra es de todos, y también le exigimos que convocara a una asamblea, la cual nunca convocó.

El domingo 28 de septiembre mantuvimos un segundo encuentro con el comisario en el monte de Misne-Balam. En esta ocasión, el comisario solamente comentó que seguía viéndonos de cerca y que convocaría una asamblea para que ésta decidiera qué iba a pasar con nosotros. Nunca convocó a la asamblea. En esa misma ocasión, los señores Fidelio Cohuo Chí, Rubén Azueta Cohuo y Tomás Cohuo, junto con el consejo de vigilancia, se acercaron al grupo para exigirnos que abandonáramos ese monte ya que, dijo el señor Fidelio Cohuo, ese polígono era su posesión; además, nos dijo que el comisario ejidal no es autoridad, que la verdadera autoridad es el consejo de vigilancia, y que por esa razón lo había llevado al monte para que viera lo que los pobladores estábamos haciendo. El consejo de vigilancia solamente nos dijo que a ellos no se había acercado ninguna persona de nuestro grupo para manifestarle lo que estábamos haciendo. Al final de la discusión, el señor Fidelio Cohuo terminó aceptando que los pobladores sí tenemos ese derecho, sin embargo nos dijeron que era una lástima que hubiéramos reaccionado tarde ya que las tierras se habían acabado, y que lo que quedaba era para ellos.

En otra fecha un grupo de pobladores nos apersonamos en la casa del comisario para entregarle una copia de la demanda que interpusimos ante la Procuraduría Agraria; sin embargo, él nunca salió a recibir el documento a pesar de que muchos lo vieron dando vueltas adentro de su casa.

¿QUÉ ES LO QUE ESTAMOS EXIGIENDO?

Las y los pobladores de Chablekal le exigimos al ejido que paren las ventas de las tierras de nuestro pueblo. LA TIERRA ES DE TODOS Y TODAS

Que reconozcan el derecho que tienen todos los pobladores, avecindados, comuneros y posesionarios, sobre las tierras y seamos incluidos en la toma de decisiones. ¡El ejido tiene facultad para reconocernos! ¿POR QUÉ SE NIEGA? El ejido al negarnos este derecho viola todos nuestros derechos humanos y nuestras garantías colectivas e individuales. Eso es un DELITO.

Exigimos a la Procuraduría Agraria que deje de solapar todas esas ventas que se han hecho de manera ilegal y tramposa. Le exigimos que sea una autoridad que garantice el derecho de todas y todos. Su trabajo es PROCURAR EL DERECHO DEL PUEBLO.

Le exigimos al Tribunal Unitario Agrario que admita nuestra demanda y deje de poner pretextos para su aceptación. Le recordamos al Tribunal Agrario que ya un Tribunal Federal ha reconocido la validez de nuestra organización. QUE DEJE DE DEFENDER A LOS EMPRESARIOS Y QUE DEFIENDA AL PUEBLO. ESE ES SU TRABAJO.

¿QUÉ ES LO QUE DEMANDAMOS HOY LAS Y LOS POBLADORES DE CHABLEKAL?

Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones y comunidades indígenas que vivimos en el territorio nacional, en Chablekal hemos resuelto manifestar nuestra palabra.

Damos a conocer que actualmente muchos de nuestros pueblos mayas de Yucatán somos víctimas de despojos violentos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los grandes empresarios de Mérida, junto con el capital extranjero, están acaparando todo nuestro territorio. Y peor aún es lo que pasa en otros estados de la república, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas. Y lo mismo que pasa en nuestro país, pasa en todo el continente. Los malos gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación. ¡EL GOBIERNO ES CÓMPLICE DE TODO ESTO!

ESTAMOS EN CONTRA de las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus diputados de todos los partidos políticos; ellos han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas.

La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de los programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios, a través de mentiras, corrupción, engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, INDEMAYA, FANAR, CULTUR, y Tribunal Unitario Agrario: ¡ÉSTOS SON LOS QUE CHINGAN AL PUEBLO!

Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos convencen, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismos y pleitos que han permitido a los malos gobiernos facilitar muchas veces la represión, el asesinato y la cárcel. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE. Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las y los pobladores de Chablekal, aprobados en su asamblea general del 28 de agosto del año 2014.

(Foto de @mentecata)

Tortura e impunidad en Yucatán a 5 años del caso de Robert Tzab

  • Se cumplen 5 años del fallecimiento de Roberth Tzab, en condiciones que obligan a sospechar tortura
  • Se presenta amparo contra nueva resolución de la Fiscalía, que deja impune el homicidio de Robert Tzab
  • Es tercera ocasión que la fiscalía intenta cerrar el caso

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

A 5 años de la muerte de Robert Tzab Ek, ocurrida en los separos en Tekax de la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán, hoy Fiscalía General, se ha presentado un nuevo amparo en contra de la resolución, por tercera ocasión, de no ejercicio de la acción penal, ésta determinada por el Fiscal General Ariel Aldecua quien consideró que no existen elementos para consignar a los responsables de su fallecimiento.

Robert Tzab Ek fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (Hoy Fiscalía General). Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab y en la que no se advierten lesiones. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la entonces Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, dado que las condiciones en las que falleció Robert hacían presumir la posibilidad de que dicha grave violación a derechos humanos fuera la causa real de la muerte de Robert.

A pesar de lo anterior, la Procuraduría determinó consignar a un médico de la Unidad del ISSSTEY en Tekax, quien había atendido a Robert con posterioridad a su detención ante la ausencia de médicos legistas en el ministerio público de Tekax, intentando exculpar a cualquier funcionario de la Procuraduría. Dicho proceso resultó fallido, pues tanto el Juzgado Penal de Tekax como la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinaron que no había elementos para acreditar la responsabilidad del citado galeno.

Ante estos hechos, la familia de Robert Tzab, acompañada por Indignación, solicitó a la Fiscalía, mediante nueva denuncia penal presentada el 2 de julio de 2012, que iniciara la averiguación previa por el delito de tortura. A pesar de que la averiguación se inició en la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, transcurrió más de un año sin que dicho órgano ministerial realizara acción alguna, razón por la cual se presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito. El 1 de enero de 2014, dicho juzgado federal determinó conceder el amparo, ordenando al Ministerio Público que en el plazo de dos meses realizara las investigaciones necesarias, y emitiera una determinación, teniendo como línea de acción la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de tortura.

A pesar de ello, el 10 de abril de 2014, el Director de Averiguaciones previas de la Fiscalía del Estado, determinó no ejercer la acción penal, es decir, cerrar la investigación bajo el argumento de que no existían elementos para acreditar que se había configuraba el delito de tortura y homicidio en perjuicio de Robert Tzab. Dicha resolución fue confirmada por el Fiscal General, razón por la cual nuevamente se presentó otro amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito quien de nuevo ordenó reabrir la investigación.

El 24 de julio del presente año, la Fiscalía, a través de su titular Ariel Aldecua, determinó, por tercera ocasión, cerrar la investigación del caso. Ante estos hechos la familia de Robert presentó un tercer amparo, mismo que nuevamente conocerá el Juzgado Cuarto de Distrito.

Resulta grave que, a 5 años de la muerte de Robert Tzab en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, no haya ningún responsable de estos hechos, a pesar de que dicho deceso ocurrió cuando Robert estaba bajo custodia y responsabilidad del Estado. El hecho de que a lo largo de todo este tiempo se haya desahogado un proceso penal, exista una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado y se hayan presentado tres amparos, exhibe que a la Fiscalía no le interesa investigar y promover las sanciones y medidas de reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos, sino encubrir a funcionarios públicos, incluyendo policías, probablemente responsables de dichas violaciones.

Al respecto, es preciso recordar que la propia Comisión de Derechos Humanos del estado, al emitir su recomendación relativa 18/2011, tomó testimonios de dos personas que aseguraron haber escuchado agresiones a Robert Tzab cuando se encontraba en su celda, elementos que aumentan la sospecha de que Robert fue víctima de tortura en los separos de la hoy Fiscalía.

Por otra parte, no hay que olvidar que esta determinación se da a pocos meses de que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema, con motivo del informe derivado de su visita a nuestro país, siendo una de ellas

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, …; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura

Recomendaciones que no parecieran ser del interés del gobierno del estado encabezado por Rolando Zapata, como en su momento tampoco lo fueron de la administración de Ivonne Ortega, pues a 5 años de la muerte de Robert Tzab, no existe ni una persona detenida, ni procesada por el caso de tortura y los que resulten, violándose con ello también el derecho que tendría la familia de Robert a adecuadas medidas de reparación del daño y profundizando la impunidad que persiste en casos de tortura.

En Yucatán la impunidad, así como mantener en sus cargos a quienes cometen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, evitar investigaciones que conduzcan a la verdad y a la reparación, ocasiona que la tortura sea una práctica cotidiana, tolerada, naturalizada y, en los hechos, encubierta y permitida por el propio gobierno.

celda

Grave corrupción en la Codhey

Alteración de documentos, falsificación de firmas, cierre de expedientes sin informar a personas agraviadas

Se presume intento de proteger al Gobierno

Oasis e Indignación interpusimos denuncia penal ante fiscalía del Estado y dirigimos extrañamiento a consejeras y consejeros de la Codhey

 

Comunicado conjunto Oasis de San Juan de Dios A.C. / Equipo Indignación A.C.

 

Dos casos que llevan conjuntamente Oasis de San Juan de Dios e Indignación han exhibido grave corrupción en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), al grado de alterar documentos, falsificar firmas, incluso de una persona fallecida con el fin de concluir expedientes sin que los agraviados tengan conocimiento.

La alteración de documentos y falsificación de firmas habría tenido lugar durante la presidencia del anterior omubdsman, Jorge Victoria Maldonado, aunque el nuevo Ombudsman, José Enrique Goff, entonces Secretario Ejecutivo, tenía un cargo de responsabilidad directa sobre las recomendaciones y la conclusión de expedientes. El responsable directo, a reserva de lo que arroje la investigación, sería el visitador Edwin Arcila Cordero, así como el entonces Visitador General Miguel Óscar Sabido Santana, quien actualmente es Secretario Ejecutivo. Los casos concluidos mediante corrupción son casos graves que afectan a un gran número de población vulnerable.

El día 12 de noviembre de 2013, a raíz de una serie de irregularidades en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), se presentó una queja ante la Codhey pues el Estado se había desajenado el compromiso de otorgar los medicamentos complementarios a pacientes con VIH y sólo otorgaba los que cubría el Seguro Popular, violando así lo pactado en recomendaciones y convenios de demandas anteriores así como obligaciones que se firmaron en años previos e incurriendo en una serie de irregularidades como no dar los antiretrovirales como castigo, abandono de pacientes en el CERESO, desabasto, falta de coordinación con los hospitales en contrareferencias del CAPASITS entre otros.

Esta queja se inició como gestión 873/2013 y debido a las pruebas aportadas se convirtió en queja 120/2014

Asi mismo, el día 20 de febrero del 2014 se presentó ante la CODHEY una queja por violación a los Derechos Humanos y discriminación por negación de atención médica a una persona que vive con VIH/SIDA a la cual, con el pretexto de ser MIGRANTE, se le negó la atención en el hospital O’Horan, lo cual retrasó la atención de urgencia que requería lo que derivo en la MUERTE de esa persona.

Estas quejas eran totalmente diferentes: una era la violación fragante de los derechos humanos de migrantes y que busca establecer protocolos estatales para garantizar atención y el derecho a la salud en todas sus formas y de manera integral a todas las personas, incluso a aquellas que no tuvieran razón o conocimiento de sus datos como niños y otras personas en situación de calle que no saben ya de sus familias o con problemas mentales o privados de su libertad mientras que la otra queja pretende establecer el derecho a la salud integral en insumos, personal médico y paramédico e infraestructura así como garantizar todos los medicamentos que tengan clave y registro de salud y todo insumo que exista en México incluyendo prótesis internas o externas, aparatos ortopédicos, etc.

Hace más de tres semanas que a integrantes de Oasis de San Juan de Dios y del equipo Indignación, con diversas escusas, nos negaban el acceso al expediente y el jueves 6 nos apersonamos ante la codhey y para sorpresa supimos, sin que nos ubicaran el expediente, que se había concluido pero no sabían dónde estaba; el viernes 7 de agosto se presentó al albergue Oasis de San Juan de Dios el visitador Edwin Arcila Cordero a dar confusas explicaciones acerca de que se conluyó el expediente por una serie de supuestos informes que había enviado el Gobernador del Estado donde cumplía todas las peticiones y pedía que nos olvidáramos de los dos expedientes y volviéramos a abrir otro con algún caso distinto que tuviéramos; por supuesto externamos nuestro desacuerdo en unir los expedientes pues cada uno tiene un objetivo diferente y había dejado en indefensión a más de dos mil personas con VIH/SIDA en Yucatán al no recomendar al Estado cumplir el compromiso de cubrir todos los medicamentos al cien por ciento de las personas que viven con VIH/SIDA además de minimizar la muerte de un migrante.

Al acudir el miércoles 12 de agosto integrantes de Oasis de San Juan de Dios y de Indignación a revisar el expediente descubrimos que La Codhey introdujo en el expediente un acta según la cual el señor Carlos Méndez se desistía de continuar con la queja e incluía una firma del señor Carlos Méndez a todas luces falsa.

En el expediente encontramos además un acta de conclusión “firmada” por Doña Eva Pool, quien fuera voluntaria del Albergue; el acta está fechada el 7 de mayo de 2015 cuando ella falleció el 10 de enero de este año. Falsificaron la firma de una personas fallecida 4 meses antes de la fecha insertada en el acta.

Nos permitimos suponer que estos actos de corrupción pretenden encubrir a la Secretaría de Salud y complacer al Gobierno del estado de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello. Lamentablemente, otras graves irregularidades se dieron a conocer amplia y documentadamente al Congreso del estado en diversas ocasiones pero distintas legislaturas hicieron caso omiso y encubrieron a una Codhey que con tal de complacer al gobierno es capaz de alterar documentos.

Ante estos graves e inaceptables actos de corrupción de la Codhey, el Oasis de San Juan de Dios y el equipo Indignación hemos interpuesto la denuncia penal correspondiente ante la agencia trigésimoquinta del Ministerio Público, a la cual se le asignó el número de Carpeta de Investigación NSJPYUCP3/2053/2015. Asimismo levantamos la queja ante la Codhey exigiendo una investigación inmediata y la sanción de todas y todos los responsables, además de hacer llegar nuestro extrañamiento al actual Presidente de la Codhey, a las y los consejeros de este organismo que ha pervertido su función de organismo defensor del pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OasisIndignacionMin

 

 

 

 

 

 

CarlosCodhey

 

Sin perfil, obligado a ser ombudsman

Comunicado del equipo Indignación

OtroOmbudsman

La designación al frente de la Codhey de alguien sin más trayectoria ni experiencia en la defensa de los derechos humanos que su paso por una comisión cuestionada por sus graves omisiones, su actuación negligente y la perversión misma de su función no resulta nada alentador y sí, al contario, despierta algunas alertas.

La primera, con respecto al proceso mismo de selección. Una fuerte denuncia contra el Congreso de Yucatán representó la abstención de diversas organizaciones de presentar candidata o candidato a Ombudsman.

En la reiterada negligencia de las anteriores y de la actual legislatura violentando y restringiendo ellas mismas derechos y convalidando a un ombudsman complaciente con las distintas administraciones del poder Ejecutivo están involucrados todos los partidos representados en el Congreso. Ni siquiera se molestaron en calificar el Juicio Político presentado por 12 organizaciones desde 2010.

Tal como se señaló en el análisis de gestión entregado en días pasados al Congreso: “Construir organismos públicos de derechos humanos que sean realmente un dique frente a los excesos del poder continúa siendo un reto. La apuesta y los esfuerzos de la sociedad civil que empujaron en esa dirección se han enfrentado permanentemente a un Estado que, a través de los gobiernos ejecutivos y legislativos, se han empeñado en hacer inoperantes las Comisiones Públicas, someterlas”.

La designación del Secretario Ejecutivo de un organismo a modo, pareciera anunciar la continuación de una comisión complaciente.

Representa una alerta el anuncio hecho por el recién designado Presidente de la Codhey acerca de priorizar las conciliaciones. ¿Tendremos que recordarle que la conciliación es inaceptable en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura?

Otra alerta es continuar trivializando la tortura, encubriéndola con otros nombres y recomendando cursos inocuos. ¿tendremos que recordarle que la mejor capacitación a policías la representará el ser intolerantes frente a cualquier abuso, sancionar al responsable, indemnizar al agraviado y establecer medidas de no repetición?

El recién designado viene de una Codhey cómoda para el poder. Enfrenta la tentación de continuarla así y esconderse en el asistencialismo y la beneficencia. No es su función.

Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo en detener los abusos de las autoridades, señalarlos, hacerlos inaceptables. Se ha perdido tiempo y se ha evitado publicitar las recomendaciones, convertirlas en herramienta pedagógica, ampliar derechos.

Convertir a la Codhey en una auténtica defensoría del pueblo, que el recién designado sea un defensor del pueblo es todo un reto. No cuenta con el perfil, pero está obligado a serlo.