Agresión contra ejidatarios de Halachó

Ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras y que han promovido la Acción Restitutoria por el despojo que enfrentan vivieron nueva agresión por parte de un trabajador del señor Herbert Zumárraga Rejón ayer, lunes 18 de julio.

Esta agresión también estuvo dirigida contra el equipo Indignación, puesto que el daño fue precisamente a la camioneta de este centro de derechos humanos, particularmente a las llantas delanteras de la camioneta, que fueron dañadas con un objeto punzocortante y quedaron inutilizables.

La agresión ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde, durante un recorrido por los terrenos de los ejidatarios para mostrar y explicar la situación a un asesor del ejido y del equipo Indignación. Un empleado del señor Zumárraga tomaba fotos de las personas que se encontraban haciendo ese recorrido.

De hecho el evento ocurrió durante el recorrido por una de las parcelas que está en posesión de uno de los ejidatarios, aunque colinda con la entrada al rancho, por lo que el empleado del señor Zumárraga tuvo que entrar indebidamente a este terreno para dañar la camioneta.

Cuando los ejidatarios regresaron al lugar en el que habían dejado la camioneta, después del recorrido que se hizo con un asesor del ejido y del equipo Indignación, encontraron ahí, parado junto a la camioneta, a un señor de nombre Raymundo Moo Yah, empleado de Zumárraga, y encontraron las dos llantas delanteras dañadas. El trabajador del señor Zumárraga no negó que él hubiese cometido el daño y amenazó a los compañeros ejidatarios y al asesor agrario.

Por el daño a las llantas la camioneta estaba prácticamente inutilizable, pero aún así los compañeros decidieron retirarse de ahí ante las amenazas y para evitar enfrentamientos. En el taller donde se repararon las llantas el mecánico dijo que el objeto punzocortante atravesó todas las capas, de ambas llantas.

Por estos hechos y después de insistir puesto que el Ministerio Público se negaba a aceptar la denuncia, se abrió la carpeta de investigación 516/2016 ante la agencia décimo sexta con sede en Maxcanú, Yucatán.

A través de una demanda de acción restitutoria, presentada en abril de 2015 ante el Tribunal Unitario Agrario, campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el señor Herbert Zumárraga Rejón.

Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta.

La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y pretendido cercar el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.

Más de 40 campesinos han sido criminalizados, puesto que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo (de postes) y utilizando el aparato de procuración y administración de justicia para hostigarlos.

La diligencia del Ministerio Público para atender las denuncias del señor Zumárraga cuando ha intentado criminalizar a los ejidatarios contrasta con la reticencia del mismo Ministerio Público para aceptar la denuncia por el daño a las llantas de la camioneta y por el permanente hostigamiento de personas empleadas del señor Zumárraga contra los ejidatarios, al amenazarlos continuamente, mover o dañar sus alambrados, cerrar caminos y hostigarlos de distintas formas.

DomingoCauichHalacho

Tortura exhibe crisis de derechos humanos en Yucatán

Equipo Indignación

 

El video que muestra a los policías municipales de Tekax torturando a una persona pone en evidencia un crimen que es sistemáticamente negado y encubierto y, por lo tanto, perpetuado. El de Tekax no es un caso aislado.

En el caso de Temax la evidencia es mucho más dolorosa: la muerte de William Roberto. Y, sin embargo, se ha intentado encubrir.

La persistencia de la tortura, perpetrada por agentes policiales de distintas corporaciones prácticamente en toda detención, exhibe una crisis de derechos humanos en Yucatán, profundizada por la negación y por el encubrimiento de las autoridades.

El video de Tekax, junto con el lamentable asesinato de William Roberto, obligan a establecer una serie de medidas para investigar TODOS los casos de tortura de acuerdo a los más altos estándares y a establecer garantías de no repetición, así como reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.

Lamentablemente el Gobierno de Yucatán no muestra respeto ni conocimiento ni interés en materia de derechos humanos. La fiscalía no investiga y perpetúa la actuación criminal de la policía, contumaz en los maltratos, abusos, torturas.

La decisión de los diputados de posponer hasta septiembre la creación de una comisión que investigue los casos de tortura exhibe la profundidad y extensión de la crisis de derechos humanos que enfrentamos. Dicha comisión tendría que investigar, no sólo el caso de Tekax, sino todos los casos de tortura así como las múltiples deficiencias en las investigaciones, el encubrimiento y establecer responsabilidades.

La legislatura anterior no se tomó siquiera la molestia de calificar el juicio político contra el alcalde de Seyé, acusado entre otras cosas de torturar a un periodista de ese municipio. El tiempo le quitó el fuero que la negligencia de los diputados le mantuvo y ahora el ex alcalde enfrenta un juicio ante un juzgado federal, pero hasta ahora han omitido procesarlo precisamente por tortura.

El asesinato de William Roberto en Temax se suma a la muerte de Roberth Tzab Ek en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura y a otro caso consignado en la recomendación 7/2014 de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que exhibe otro asesinato producto de la tortura infligida a un persona en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en Mérida. Ni siquiera en esa ocasión el organismo público de derechos humanos concluyó tortura, crimen que suele calificar como “violación al derecho a la integridad personal”.

Es indispensable sancionar a quienes infligen la tortura, a quienes cometen el crimen, pero también a quienes lo han encubierto. Exigimos sanción, reparación y garantías de no repetición.

 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, al presentar el informe sobre su visita a nuestro país en 2014, afirmó que en México la tortura es generalizada y llamó al gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en esta materia.

El relator, en el apartado de Recomendaciones, estableció entre otras cosas:

80. La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento. Para combatirla (…) el Relator Especial recomienda:

a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal;

b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos;

c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.

(…)

82. Respecto a las investigaciones:

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura;

b) Garantizar la suspensión administrativa inmediata de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos;

c) Documentar y sancionar los casos en los que los jueces o fiscales no ordenen investigaciones de torturas de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas;

d) Garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que rigen su aplicación, proporcionar copia de los exámenes una vez concluidos y asegurar que la ausencia de evidencia física en el examen médico no se interprete automáticamente como inexistencia de torturas;

e) Garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad;

f) Asegurar que las pericias forenses practicadas por particulares sean admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que las pericias oficiales.

 

Éstas son sólo algunas de las recomendaciones. El informe completo y todas las recomendaciones pueden consultarse en: http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf

Equipo Indignación A.C.

16 de julio de 2016

CrisisDHTorturaYucatan_16Julio2016

 

Tortura en Yucatán: encubrir a toda costa

Equipo Indignación

Ante la evidencia de tortura cometida por Policías Municipales de Tekax (y probablemente un integrante de la Policía Estatal, al menos con camiseta de esa corporación), el Gobierno de Yucatán admite, sin llamarle por su nombre, “hechos lamentables” y condena esa y “cualquier práctica que atente contra los derechos humanos”.

Sin embargo hace poco más de un mes, en mayo pasado, policías municipales de Temax torturaron a William Roberto Chan Cob con tal brutalidad que le ocasionaron la muerte. El Gobierno de Yucatán, el mismo que ahora deplora los hechos ante la evidencia, hace algunas semanas a través del forense de la Fiscalía, determinó parasitosis en una conclusión absurda que no tiene más objetivo que encubrir la tortura. Los policías responsables no fueron detenidos ni se les investiga. La fiscalía no actúa como tal. Parece esperar una recomendación de un organismo internacional para actuar como le correspondería. Mientras tanto, prefiere omitir cualquier investigación, cualquier acción.

Unos días después de la tortura en Temax, se informó del fallecimiento de un detenido en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Mérida. Se dijo que fue por infarto.

Y ahora es de nuevo Tekax. Fue precisamente ahí, pero en los separos de la entonces Procuraduría Estatal y en agosto de 2010, donde falleció Roberth Tzab Ek en circunstancias que obligan a sospechar tortura. Sin embargo, desde 2010, la entonces Procuraduría y las Fiscalías no han hecho más que obstaculizar la investigación e intentar cerrarla. Ha sido “a punta” de amparos y otros recursos como se ha impedido cerrar la investigación, porque se niegan a investigar a los policías y a quienes eran responsables del detenido puesto que lo tenían bajo su custodia.

¿Cuántos “suicidios” en las cárceles municipales y estatales no serán en realidad crímenes de tortura encubiertos? ¿Cuántos “infartos” en las cárceles no serán producto de la tortura infligida?

25 años de batallas y es la primera vez que el gobierno de Yucatán actúa e inicia una investigación con la detención de los responsables. Ante la evidencia circulando en las redes sociales, no tuvo tiempo ni margen para manipular y falsear.

No es la primera vez que hay una grabación. L.P., compañero voluntario del equipo Indignación, grabó en 2006 un evento de tortura. Era gobernador Patricio Patrón Laviada. L.P. laboraba en el edificio que antes ocupó la antigua Procuraduría, en la calle 66. Un mal manejo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, a pesar de la petición de proteger la identidad del denunciante, lo identificó ante sus superiores y fue despedido de su trabajo. La propia Comisión se negó a actuar ante el despido por considerarlo un caso laboral ante el cual no puede actuar.

La tortura es generalizada, normalizada, impune. Es una práctica recurrente de los policías al momento de la detención. Sin embargo, no hay ningún sentenciado por tortura en Yucatán.

Las autoridades protegen y encubren a los policías al grado de falsear hechos. ¿Por qué? Como los lamentables casos de abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores de edad, las autoridades se sintieron obligadas con los perpetradores pero no sintieron ninguna obligación con las personas agraviadas, con las víctimas. ¿Por qué?

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, en tiempos de Jorge Victoria, tuvo severas deficiencias ante casos de tortura, se limitó a recomendar cursos a policías en vez de interponer denuncias y, ante fallecimientos de personas en centros de detención, prefirió centrarse en las omisiones de quienes tienen a su cuidado a cualquier detenido y en las condiciones de las cárceles municipales, que ciertamente son deplorables, pero que podrían significar un distractor si se estuviera ante un caso de tortura.

La reelección de Jorge Victoria como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, promovida por agrupaciones que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de su evidente impericia y su incapacidad de confrontar al poder, ha sido uno de los elementos que han permitido que continúe la tortura en Yucatán.

Precisamente uno de los casos que cerró apresuradamente antes de concluir su gestión Jorge Victoria fue un caso de tortura cometido contra un joven acusado de robar un bulto de cemento. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública lo golpearon y le simularon una violación y Jorge Victoria se dio por satisfecho con el cambio de los policías responsables a otra ruta.

El actual presidente de la Codhey tiene el mal ejemplo de Jorge Victoria pero, ciertamente, no está obligado a seguirlo. Muy al contrario, está obligado a cambiar drásticamente la ruta.

El video difundido en redes sociales ha hecho la diferencia en este caso: el gobierno, a través de la fiscalía, detuvo a los policías responsables y los investiga, y deploró los hechos. La Comisión de Derechos Humanos ha dicho que interpuso una denuncia.

La publicidad del crimen ha obligado a actuar y ha evitado la natural tendencia del gobierno a encubrir.

Sin embargo, pocas veces ocurrirá lo que ocurrió hoy: que se filme y difunda la tortura. Es por eso que el gobierno está obligado a actuar en éste y en todos los casos en los que haya indicios de tortura, con investigaciones escrupulosas, apegadas a los criterios internacionales en casos de tortura.

La Comisión de Derechos Humanos está obligada también a realizar un informe especial de todos los casos de los que tiene conocimiento y a elevar las exigencias y recomendaciones de acuerdo con los criterios internacionales en esta materia, incluyendo las medidas necesarias para erradicar y sancionar esta ominosa práctica.

Equipo Indignación

12 de julio de 2016

TorturaTekaxJulio2016