Chichimilá: Inaceptables tratos degradantes contra adolescentes

 

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El día de ayer, distintos medios locales reportaron que habrían ocurrido abusos por parte de policías municipales y gendarmería durante un “operativo mochila” en una escuela secundaria en Chichimilá, Yucatán. Según fue difundido, miembros policiales habrían revisado, desnudado, humillado e incluso intimidado a alumnos con tal de revisar si alguno de ellos portada sustancias ilícitas. Externamos nuestra profunda preocupación y exigimos a las autoridades investigar, sancionar y aclarar los hechos, en virtud de las distinta consideraciones en materia de derechos humanos que generaría este caso.

En primer lugar, consideramos que ningún operativo con el objetivo de investigar y sancionar delitos relacionados con drogas pueda ser justificación para violar los derechos a la presunción de inocencia y a la integridad personal. La Constitución Federal reconoce el derecho de toda persona a no ser molestado en su persona y en sus posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que el operativo haya sido realizado por petición, permiso o aquiescencia de los padres no justifica que se viole el derecho de inocencia, realizando una fuerte injerencia no sólo en las posesiones personales de alumnos, sino en sus propios cuerpos.

Se ha reportado que estudiantes fueron obligados a desnudarse, hacer sentadillas y otras acciones invasivas y humillantes. Se informa, además, que miembros de la policía habrían amenazado a los que se negaron a quitarse la ropa bajo la amenaza de “ponerlos con los que tienen drogas”.

Tanto la Constitución Federal como la Convención sobre derechos del niño y otros tratados internacionales, prohíben el trato inhumano y degradante. Estos actos son mucho más graves cuando son infligidos a los menores de edad, debido a la especial protección que deben recibir por parte de la sociedad y las autoridades. De comprobarse los hechos, implicarían un caso de suma gravedad y que pondría en evidencia la indolencia y la naturalización con la que autoridades municipales y estatales ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes a la hora de ejercer sus funciones.

Recientemente hemos advertido la impunidad que prevalece frente a casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes ejercidos por elementos policiacos en Yucatán. El caso en la escuela de Chichimilá sería una muestra más que confirmaría el carácter sistemático de estas prácticas, las cuales no distinguen ni sexo, ni edad, ni ningún otra condición, estando expuestas a sufrirlas cualquier persona que se vea obligada a tratar con las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, hemos ya hemos manifestado nuestra preocupación por algunos puntos que comprenden el Escudo Yucatán y hemos realizado observaciones al respecto. Una de ellas se refiere precisamente a la necesidad de combatir la impunidad en todos los casos y, particularmente, en delitos cometidos por autoridades. Llama la atención que uno de los puntos del Escudo Yucatán sea aumentar penas por delitos sexuales y similares que afecten, sobre todo, a menores de edad. Estas reformas están siendo actualmente discutidas en el Congreso de Yucatán.

Sin embargo, reiteramos que aumentar las penas para este tipo de delitos no tendrá efecto alguno mientras prevalezca la impunidad con las penas actuales y, sobre todo, en casos como el que ahora se ha hecho público que implica a las autoridades que infligieron tratos crueles y humillantes a menores de edad, lo cual agrava el delito y sus consecuencias.

De nada servirá aumentar las penas si se vuelven delitos de papel y no verdaderas obligaciones de investigar y sancionar por parte de las autoridades. No servirá de nada este tipo de reformas si persiste la impunidad. Cada caso que ocurre en la entidad y que no es castigado, representa una grieta más en la institucionalidad y en la seguridad de la entidad. Envía el mensaje de que es posible cometer estos delitos sin recibir consecuencias.

También consideramos preocupante que el combate al crimen organizado en Yucatán reproduzca la lógica del Gobierno Federal, priorizando la persecución al consumo de drogas y su criminalización. No se puede garantizar paz y seguridad si primero no se garantiza un Estado de Derecho, el cual, por definición, debe tener como punto de partida y como límite a su actuación la legalidad en materia de derechos humanos.

Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Yucatán, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que investiguen los hechos ocurridos en la escuela de Chichimilá y, en su caso, garanticen se impongan las sanciones correspondientes a los que resulten responsables.

Asimismo, solicitamos al Gobierno del Estado que replantee las prioridades en el Escudo Yucatán con un enfoque basado en los derechos humanos y dirigido al combate a la impunidad, sobre todo cuando los delitos son cometidos por miembros del estado.

Al Congreso del Estado, solicitamos discutir y plantear las reformas que verdaderamente garanticen el combate a la impunidad, como es garantizar la independencia orgánica de la Fiscalía del Estado de Yucatán del Poder Ejecutivo.

Equipo Indignación

Mérida, Yucatán, 23 de abril de 2016

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Escudo Yucatán: impunidad y tortura

Consideraciones del equipo Indignación

Ante el anuncio de un conjunto de medidas de seguridad presentadas por el Gobierno del Estado de Yucatán bajo el nombre de “Escudo Yucatán”, quienes integramos el Equipo Indgnación manifestamos nuestra preocupación por la ausencia de un enfoque basado en el pleno respeto a los derechos humanos, así como por las posibles consecuencias negativas en esta materia. Esta preocupación es mayor en un estado como Yucatán, en el que lamentablemente la tortura es una práctica sistemática y en el que se garantiza impunidad a quienes la perpetran.

De igual manera advertimos contra el riesgo de utilizar una legítima preocupación ciudadana, como lo es la seguridad, sobre todo en el actual contexto de crisis nacional en esta materia, para proponer un programa que resulte más costoso que eficiente, poco transparente, sin mecanismos de control y quizá con una intención más publicitaria que veraz al enfrentar el complejo fenómeno de la delincuencia y la seguridad.

 

Tecnología para investigar y vigilar

El Gobierno del Estado no ha dado detalles sobre el tipo de equipo para monitorear y vigilar que será implementado con la excusa de que hacerlo pondría en riesgo el Escudo. Se habla de procesar, almacenar y analizar información. Sin embargo, preocupa no sólo que no se especifique en qué consistirá esto, sino que, ante ésta falta de certeza, tampoco hay manera de determinar si los mecanismos existentes a nivel local son suficientes, adecuados y efectivos para que las y los ciudadanos puedan protegerse ante intervenciones en sus comunicaciones ilícitas. Recordamos que hace menos de un año una filtración de documentos de la empresa italiana Hacking Team señaló al Gobierno de Yucatán como uno de sus principales clientes en México. Preocupa por supuesto la posibiliad de que se contraten servicios de inteligencia para espiar, monitorear y grabar llamadas, correos electrónicos y otros medios de comunicación de ciudadanos.

Ante la falta de transparencia de este contrato, el temor de que incluya acciones de espionaje y la falta de detalles sobre los servicios y equipo que, además de cámaras, se incluiría en el Escudo Yucatán, nos preocupan las implicaciones que podría tener para las y los habitantes en su derecho a la privacidad. Reconocemos que las medidas de seguridad pueden disponer de cierta información reservada para su funcionamiento, pero esta reserva debe ser proporcional, estar sujeto a mecanismos de control para derogarla en caso de así ser necesario y otorgar, al menos, pautas generales para que la población sepa en qué se utiliza el dinero público y, en su caso, poder combatir por vía judicial las medidas que considere le afectan en su privacidad.

 

Atención a víctimas

Se incluye una iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual ya había sido ordenada por el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en sentencia emitida este año. Sin embargo, no se dan detalles sobre su contenido. Nos preocupa que la ley planteada sea una réplica de la Ley General de Víctimas a nivel federal, la cual ha sido cuestionada y criticada ampliamente. En informe presentado este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el diseño de la Ley General de Víctimas “choca” con leyes ya existentes, haciendo del acceso a la reparación un verdadero laberinto burocrático, donde no queda claro qué institución hace qué.

Actualmente, existen 13 leyes en Yucatán que hacen referencia en distintos grados a las víctimas y su reparación. Agregar sin mayor cuidado una ley de reparaciones a violaciones a derechos humanos a partir del esquema trazado por la Ley General de Victimas generaría un efecto “laberinto”, el cual aumentaría la burocracia y la re-victimización en contravención de los objetivos para los cuales piensa crearse.

De esas 13 leyes, 7 de ellas crean un Comité Técnico Interinstitucional o un Consejo encargado de su implementación y cumplimiento. No sólo preocupa que muchos de esos Comités y Consejos son establecidos de manera casi idéntica en algunas de esas leyes, distinguiéndose únicamente por menciones sin sustancia a la temática de cada ley, sino que son conformados por distintas autoridades de alto rango de los tres poderes del estado. No son idóneos para garantizar la reparación a víctimas en casos concretos. Muchas de las leyes enlistadas no poseen mayor mecanismo de implementación que la articulación de esos Comités o Consejos, resultando en herramientas blandas para leyes que presumen un contenido generoso.

Esos Comités o Consejos presentan dos obstáculos importantes. Por un lado, la incapacidad operativa para que autoridades de alto rango, además de dedicar tiempo y recursos a las múltiples actividades que de por sí ya poseen, puedan dedicarse personalmente a atender materias especializadas, de suma importancia y cuyo contenido es tan variado que no puede ser abordado de manera superficial.

Por otro lado, la sobre-representación de distintas autoridades de los tres poderes del Estado le resta independencia, sobre todo cuando los victimarios de las violaciones a derechos humanos sean algunas de las autoridades conformantes del Comité o Consejo encargado de reparar a la víctima o garantizarle algún derecho relacionado con la reparación.

¿Quién va a reparar qué? ¿En qué se diferenciará de la Ley de atención y protección a las víctimas del delito para el Estado de Yucatán? ¿Cómo definirá que alguien es una víctima de derechos humanos y cómo se diferenciará de la víctima del delito? Si bien coincidimos en la importancia de contar con esa ley, nos preocupa la laxitud con la que se presenta una propuesta sin atender a la armonización que necesita con las leyes ya existentes y respondiendo esas dudas necesarias para no reproducir los errores de la Ley General de Víctimas.

 

Escudo Yucatán: en contradicción con la reforma penal del 2008

El nuevo sistema de justicia penal, acorde con una tendencia mundial, tiene entre sus novedades evitar que cualquier delito llegue a juicio, privilegiando la conciliación entre las partes en delitos que no son graves y priorizando la persecución judicial de los delitos que, por su gravedad, no pueden estar sujetos a un arreglo (homicidio, feminicidio, violación, pornografía infantil, entre otros).

Sin embargo, entre las reformas presentadas se pretende calificar como grave el delito el “robo a casa habitación”, según fue destacado en distintos medios. Esto implicaría que cualquier persona que robe sin violencia alguna y sin importar el monto, pasaría todo el juicio sin derecho a libertad bajo caución. Esta medida va en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que limitan la prisión preventiva únicamente a los casos en los que haya peligro de que el sospechoso pueda causarle daño a alguien o haya peligro de que escape de la justicia.

Además, hay que recordar que, por definición, tener derecho a llevar un juicio fuera de una celda implica pagar un monto que, en su caso, pueda reparar el daño. Es decir, no es proporcional la medida, no previene la comisión de delitos, ni otorga más facilidades a las víctimas para acceder a la reparación. Sí, en cambio, podría criminaliza la pobreza, entra en contradicción con el nuevo sistema penal tan celebrado por el mismo Gobierno del Estado y fomenta la idea de que el derecho penal sirve para administrar la venganza.

Se busca, además, aumentar las penas de los delitos de abuso sexual contra menores y la falsedad de declaraciones ante una autoridad. El endurecimiento de penas en sí mismo no es suficiente para prevenir delitos. En cambio sí tiene gran relevancia la impunidad y, lamentablemente, sobre ese doloroso tema no hay propuestas para enfrentarla y reducirla.

Resulta poco creíble que el Gobierno afirme estar dispuesto a hacer todo para garantizar la justicia y seguridad en el estado, cuando sigue impune el homicidio de Roberth Tzab Ek, cometido en los separos de Tekax en circunstancia que hacen presumir tortura policial. Hemos acompañado casos de violencia sexual contra menores de edad que permanecen impunes y cuyo camino por las fiscalías y juzgados penales en busca de justicia resulta un verdadero calvario.

Hace falta una mejor administración dentro del Poder Judicial, no sólo en el ámbito penal, debido al gran rezago y desorganización que ha caracterizado su actuación en los últimos años. Hace falta dotar de plena independencia a la Fiscalía para que los casos en los que se vean implicados oficiales puedan ser investigados imparcialmente. Hace falta otorgar más recursos para descentralizar la justicia en el estado, dando funcionarios de municipios fuera de Mérida mejor capacitados y con mejores herramientas técnicas para investigar con los más altos estándares.

 

Transparencia en el proceso y en el presupuesto

El Escudo Yucatán pretende contratar la mayor deuda en la historia de Yucatán. No hay transparencia, ni claridad sobre el destino de los 1,500 millones de pesos que se destinarían para implementar las distintas estrategias. Las políticas públicas cuestan y no se debe escatimar en derechos y seguridad. Sin embargo, debe haber transparencia y claridad en los montos que pretenden destinarse para que la población pueda constatar que resulta justificable la inversión. Hasta ahora, ha habido reticencia al informar el destino de la deuda que se quiere asumir.

Asimismo, no se han difundido los documentos de las iniciativas presentadas. Ni el Gobierno del Yucatán, ni el Congreso del Estado, los han hecho públicos para que la población pueda conocer a detalles qué se está discutiendo realmente y qué implicaciones tendrá el Escudo Yucatán.

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De manera general, externamos nuestra preocupación por las posibles repercusiones en materia de derechos humanos que podrían tener éstas y otras medidas. Hacemos un llamado a combatir la inseguridad a través de la justicia social, el acceso equitativo a la justicia en cada punto del Estado, la disminución de la brecha de desigualdad, el combate a la impunidad y fortaleciendo la independencia de los tres poderes en el estado.

Aunque se ha mencionado como parte de Escudo Yucatán una política social, eso se ha hecho de manera tangencial. Lamentamos el privilegio en el anuncio de medidas espectaculares sobre una estrategia basada en los más altos estándares en derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.

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Por tercera ocasión, se ordena a Fiscalía reabrir caso de tortura

  • Escudo de impunidad en Yucatán encubre a Policías
  • Justicia Federal ampara nuevamente a Roberth Tzab

En medio de denuncias por tortura atribuidas a policías municipales, estatales e incluso federales en el Estado; en medio del anuncio del programa “Escudo Yucatán”, de nueva cuenta un amparo ha ordenado a la Fiscalía continuar con la investigación de Roberth Tzab Ek, quien murió en una cárcel de Tekax en agosto de 2010 en condiciones que obligan a sospechar precisamente tortura.

Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, por las condiciones en las que falleció Roberth Tzab Ek.

Desde que ocurrieron los hechos, la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, se ha empeñado en no investigar, en cerrar el expediente, en desvanecer responsabilidades, en señalar vaga y fallidamente y cerrar nuevamente la investigación, en no encontrar responsables. En tres ocasiones el Ministerio Público ha ordenado cerrar la investigación, cierre que cada vez ha sido avalado por la Fiscalía.

Cierre tras cierre, a través de amparos, impugnaciones y otros recursos, se ha obligado a la Fiscalía a continuar con la investigación, tal como ocurre ahora que, de nueva cuenta, la juez federal 4ª de distrito en el Estado ordenó a la fiscalía continuar la investigación.

En ocasión anterior, en enero de 2014, ya un juez ordenó reabrir la investigación y hacerlo precisamente por tortura.

En esta ocasión, la juez estimó que determinar el no ejercicio de la acción penal, como hizo el Ministerio Público y como avaló la Fiscalía, es inconstitucional, violatoria del artículo 21 de la Carta Magna.

La juez señala que “…la autoridad ministerial ha determinado que la muerte del señor ROBERT TZAB EK (o) ROBERT GILBERTO TZAB EK, fue ocasionada por causas externas, sin haber realizado la investigación que corresponda, a fin de acreditar el cuerpo del delito que se actualiza ni la probable responsabilidad del o los responsables del mismo.”

Cabe señalar que, entre los recursos interpuestos, los hubo también para señalar lo inconveniente que resultaba que el propio Ministerio Público de Tekax estuviera a cargo de la investigación pues precisamente ahí ocurrieron los hechos y se encontraban sin duda responsables de la muerte de Roberth Tzab. Como consecuencia de esa impugnación el caso se pasó al Ministerio Público con sede en Ticul, que ha sido igual de omisa para investigar, igual de insistente en mantener la impunidad en un caso en el que la responsabilidad de quienes tuvieron a Roberth Tzab bajo su custodia es más que evidente.

Esta resolución llega cuando en Yucatán se conocen casos por tortura tanto cometidos por agentes municipales, como el adolescente discapacitado torturado en Chemax en semanas pasadas, como el dado a conocer apenas ayer 6 de abril en Conkal, del adolescente torturado por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

En un informe presentado por Indignación durante la visita de la CIDH a México el año pasado, también se da a conocer el caso de un joven torturado por la policía estatal. En ese caso, también estuvo detenido arbitraria e ilegalmente un menor de edad y el joven torturado, a quien golpearon y contra quien simularon una violación era acusado de robar un bulto de cemento. El caso continúa impune y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán lo cerró junto con los casos que concluyó apresuradamente al finalizar la gestión del anterior ombudsman.

La insistencia de la Fiscalía en no investigar, el empeño en mantener la impunidad pone en duda el enfoque de un programa de seguridad en un Estado en el que la tortura es sistemática, extendida y encubierta.

 

BASTA