Chablekal: la tierra es del pueblo

Comunicado de la Unión de poblador@s de Chablekal por la tierra, territorio y los recursos naturales

ChablekalAsamblea

El 28 de agosto se cumplió un año de que los pobladores, avecindados y comuneros de este pueblo de Chablekal, tomamos posesión de las tierras que siempre nos fueron negadas por parte del ejido y de las autoridades agrarias. En esta fecha se constituyó la Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal, por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Esta unión la conformamos poco más de 250 personas entre hombres y mujeres; muchos somos hijos e hijas de ejidatarios, otros somos hijos e hijas de ejidatarios que fueron depurados de manera ilegal, también estamos aquellos que hace años llegamos y que nos establecimos, haciéndonos vecinos. Todos aquellos somos vecinos y naturales porque somos hijos e hijas nacidos en este pueblo de Chablekal.

Nuestra Unión de pobladoras y pobladores ha resistido un año de lucha comunitaria, se ha mantenido unido y comunicado. Ha permanecido todos los domingos en las tierras que hemos ocupado, en el polígono denominado Misne-Balam (El gato-Jaguar). Hemos logrado mantenernos informados de todas las acciones que se han realizado, por medio de nuestras asambleas de todos los lunes por las noches, en la explanada de la unidad deportiva.

Algunos compañeros han renunciado a esta lucha; para ser exactos, fueron diez varones que por su propia voluntad, manifestaron no querer seguir en esta causa; hay otros que nunca se acercaron al movimiento, a pesar de que se les visitó muchas veces. Por otra parte, muchos más compañeros y compañeras se han acercado para solicitar información del movimiento, y hasta se han integrado nuevos miembros de esta Unión.

También tenemos que decir que muchos ejidatarios se han acercado al movimiento y nos han dicho que están muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, es decir que muchos ejidatarios han comprendido que la tierra es de todos y todas. Seguramente estas personas ya están entendiendo que vender toda la tierra de nuestro pueblo no es la mejor solución. Nuestra Unión de pobladoras y pobladores está siendo acompañada y asesorada por los abogados/as del equipo de derechos humanos INDIGNACION A.C., que han preparado todos los recursos legales que se han presentado ante las dependencias agrarias, es decir, la Procuraduría y el Tribunal Agrario, así como también ante el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, (Indemaya) y ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

ACCIONES JURIDICAS. A MODO DE RECUENTO

La Unión de pobladores presentó el día 8 de septiembre de 2014 una demanda ante la Procuraduría Agraria del Estado de Yucatán, en la que se solicitaba la intervención de dicha autoridad para que suspendiera toda clase de transacción que se pudiera hacer con las tierras de nuestro pueblo. También se solicitó el reconocimiento de los derechos que todas y todos tenemos a la tenencia de la tierra y el territorio. La Procuraduría Agraria no contestó nuestra petición en el tiempo que manda la ley, por esa razón la Unión solicitó un amparo ante la justicia federal, la cual obligó a la Procuraduría Agraria a contestar nuestra demanda.

El delegado federal de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Pablo José Castro Alcocer, respondió a nuestra demanda diciendo que las cosas que le estamos pidiendo no las podía hacer, ya que eso es facultad únicamente del Tribunal Agrario. Sin embargo, el mismo delegado nos invitó a que formáramos una comitiva de la Unión de pobladores para que nos presentáramos en sus oficinas para conversar sobre la problemática que estamos denunciando. El día 14 de enero del 2015 tres compañeros de la Unión nos presentamos y sostuvimos una plática con el delegado, el cual nos prometió invitar al comisario ejidal de Chablekal, para que entablásemos una mesa de diálogo en la que él mismo fungiría como mediador y defensor, para que ambas partes saliéramos beneficiadas. El delegado, Pablo José Castro Alcocer, nunca más nos volvió a hablar para dicha mesa de diálogo. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES LE MIENTEN AL PUEBLO.

El 10 de octubre del 2014 presentamos nuestra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario; en ella exigimos se reconociera nuestro derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. También exigimos que dicho Tribunal dictase las medidas precautorias necesarias para detener la venta de nuestras tierras. Este Tribunal tampoco nos quiso contestar, por lo que, otra vez, tuvimos que solicitar el amparo de la justicia federal para que nos contestara. Recalcamos que este Tribunal Unitario Agrario en dos ocasiones ha rechazado nuestras demandas, señalándonos cosas que creemos que son solamente pretextos para retrasar la admisión de nuestra demanda. El Tribunal nos ha dicho, entre otras cosas, que no ha podido aceptar nuestra demanda porque no sabe dónde notificarle al comisario ejidal; sin embargo, todos hemos visto en muchas ocasiones al visitador del Tribunal en la casa del comisario. LE VOLVIERON A MENTIR AL PUEBLO: PUROS PRETEXTOS.

En el más reciente rechazo a nuestra demanda, el magistrado del Tribunal, Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, señaló el que sería el último requisito que nos faltaría para poder aceptar nuestra demanda. El 3 de agosto de este año, presentamos la última prevención que se nos había solicitado: la ley dice que el magistrado tiene de cinco a diez días para contestarnos y ya se ha pasado su tiempo; seguramente tendremos que volvernos a amparar para que nos conteste. Como diríamos en el pueblo: a esta autoridad, si no las jurgas, no te contesta. EL GOBIERNO EN SUS INSTITUCIONES LE MIENTE AL PUEBLO.

El pasado 23 de abril del año en curso, presentamos una solicitud de mediación ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como también ante el Instituto para el Desarrollo de Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), presididas por sus respectivos directores, C. Jesús Carlos Vidal Peniche y C. José Nicolás Ávila Cervantes. La Unión de pobladores decidió pedir la intervención de estas instancias ya que estas fueron creadas para salvaguardar y defender los derechos de los pueblos. Hasta el día de hoy estas instancias no han contestado a nuestra petición. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES SOLAMENTE LE MIENTE AL PUEBLO.

LOS POBLADORES Y EL COMISARIO EJIDAL

Los pobladores y pobladoras hemos sostenido dos encuentros informales con el señor Leoncio Coot Kantún. El domingo 31 de agosto de 2014, alrededor de 150 pobladores y pobladoras sostuvimos una plática informal en los montes de Misne-Balam con el señor Leoncio Coot Kantún, que estaba acompañado de sus colaboradores. En esa ocasión, el comisario nos advirtió que no tomáramos posesión de esas tierras ya que, según él, la asamblea había acordado la prohibición de que fueran ocupadas. También nos dijo que la asamblea nos sancionaría por haber entrado en esos montes. Los pobladores, por nuestra parte, le reclamamos que el ejido siempre nos había negado nuestro derecho y le dejamos en claro que la tierra es de todos, y también le exigimos que convocara a una asamblea, la cual nunca convocó.

El domingo 28 de septiembre mantuvimos un segundo encuentro con el comisario en el monte de Misne-Balam. En esta ocasión, el comisario solamente comentó que seguía viéndonos de cerca y que convocaría una asamblea para que ésta decidiera qué iba a pasar con nosotros. Nunca convocó a la asamblea. En esa misma ocasión, los señores Fidelio Cohuo Chí, Rubén Azueta Cohuo y Tomás Cohuo, junto con el consejo de vigilancia, se acercaron al grupo para exigirnos que abandonáramos ese monte ya que, dijo el señor Fidelio Cohuo, ese polígono era su posesión; además, nos dijo que el comisario ejidal no es autoridad, que la verdadera autoridad es el consejo de vigilancia, y que por esa razón lo había llevado al monte para que viera lo que los pobladores estábamos haciendo. El consejo de vigilancia solamente nos dijo que a ellos no se había acercado ninguna persona de nuestro grupo para manifestarle lo que estábamos haciendo. Al final de la discusión, el señor Fidelio Cohuo terminó aceptando que los pobladores sí tenemos ese derecho, sin embargo nos dijeron que era una lástima que hubiéramos reaccionado tarde ya que las tierras se habían acabado, y que lo que quedaba era para ellos.

En otra fecha un grupo de pobladores nos apersonamos en la casa del comisario para entregarle una copia de la demanda que interpusimos ante la Procuraduría Agraria; sin embargo, él nunca salió a recibir el documento a pesar de que muchos lo vieron dando vueltas adentro de su casa.

¿QUÉ ES LO QUE ESTAMOS EXIGIENDO?

Las y los pobladores de Chablekal le exigimos al ejido que paren las ventas de las tierras de nuestro pueblo. LA TIERRA ES DE TODOS Y TODAS

Que reconozcan el derecho que tienen todos los pobladores, avecindados, comuneros y posesionarios, sobre las tierras y seamos incluidos en la toma de decisiones. ¡El ejido tiene facultad para reconocernos! ¿POR QUÉ SE NIEGA? El ejido al negarnos este derecho viola todos nuestros derechos humanos y nuestras garantías colectivas e individuales. Eso es un DELITO.

Exigimos a la Procuraduría Agraria que deje de solapar todas esas ventas que se han hecho de manera ilegal y tramposa. Le exigimos que sea una autoridad que garantice el derecho de todas y todos. Su trabajo es PROCURAR EL DERECHO DEL PUEBLO.

Le exigimos al Tribunal Unitario Agrario que admita nuestra demanda y deje de poner pretextos para su aceptación. Le recordamos al Tribunal Agrario que ya un Tribunal Federal ha reconocido la validez de nuestra organización. QUE DEJE DE DEFENDER A LOS EMPRESARIOS Y QUE DEFIENDA AL PUEBLO. ESE ES SU TRABAJO.

¿QUÉ ES LO QUE DEMANDAMOS HOY LAS Y LOS POBLADORES DE CHABLEKAL?

Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones y comunidades indígenas que vivimos en el territorio nacional, en Chablekal hemos resuelto manifestar nuestra palabra.

Damos a conocer que actualmente muchos de nuestros pueblos mayas de Yucatán somos víctimas de despojos violentos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los grandes empresarios de Mérida, junto con el capital extranjero, están acaparando todo nuestro territorio. Y peor aún es lo que pasa en otros estados de la república, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas. Y lo mismo que pasa en nuestro país, pasa en todo el continente. Los malos gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación. ¡EL GOBIERNO ES CÓMPLICE DE TODO ESTO!

ESTAMOS EN CONTRA de las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus diputados de todos los partidos políticos; ellos han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas.

La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de los programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios, a través de mentiras, corrupción, engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, INDEMAYA, FANAR, CULTUR, y Tribunal Unitario Agrario: ¡ÉSTOS SON LOS QUE CHINGAN AL PUEBLO!

Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos convencen, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismos y pleitos que han permitido a los malos gobiernos facilitar muchas veces la represión, el asesinato y la cárcel. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE. Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las y los pobladores de Chablekal, aprobados en su asamblea general del 28 de agosto del año 2014.

(Foto de @mentecata)

Tortura e impunidad en Yucatán a 5 años del caso de Robert Tzab

  • Se cumplen 5 años del fallecimiento de Roberth Tzab, en condiciones que obligan a sospechar tortura
  • Se presenta amparo contra nueva resolución de la Fiscalía, que deja impune el homicidio de Robert Tzab
  • Es tercera ocasión que la fiscalía intenta cerrar el caso

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

A 5 años de la muerte de Robert Tzab Ek, ocurrida en los separos en Tekax de la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán, hoy Fiscalía General, se ha presentado un nuevo amparo en contra de la resolución, por tercera ocasión, de no ejercicio de la acción penal, ésta determinada por el Fiscal General Ariel Aldecua quien consideró que no existen elementos para consignar a los responsables de su fallecimiento.

Robert Tzab Ek fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (Hoy Fiscalía General). Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab y en la que no se advierten lesiones. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la entonces Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, dado que las condiciones en las que falleció Robert hacían presumir la posibilidad de que dicha grave violación a derechos humanos fuera la causa real de la muerte de Robert.

A pesar de lo anterior, la Procuraduría determinó consignar a un médico de la Unidad del ISSSTEY en Tekax, quien había atendido a Robert con posterioridad a su detención ante la ausencia de médicos legistas en el ministerio público de Tekax, intentando exculpar a cualquier funcionario de la Procuraduría. Dicho proceso resultó fallido, pues tanto el Juzgado Penal de Tekax como la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinaron que no había elementos para acreditar la responsabilidad del citado galeno.

Ante estos hechos, la familia de Robert Tzab, acompañada por Indignación, solicitó a la Fiscalía, mediante nueva denuncia penal presentada el 2 de julio de 2012, que iniciara la averiguación previa por el delito de tortura. A pesar de que la averiguación se inició en la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, transcurrió más de un año sin que dicho órgano ministerial realizara acción alguna, razón por la cual se presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito. El 1 de enero de 2014, dicho juzgado federal determinó conceder el amparo, ordenando al Ministerio Público que en el plazo de dos meses realizara las investigaciones necesarias, y emitiera una determinación, teniendo como línea de acción la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de tortura.

A pesar de ello, el 10 de abril de 2014, el Director de Averiguaciones previas de la Fiscalía del Estado, determinó no ejercer la acción penal, es decir, cerrar la investigación bajo el argumento de que no existían elementos para acreditar que se había configuraba el delito de tortura y homicidio en perjuicio de Robert Tzab. Dicha resolución fue confirmada por el Fiscal General, razón por la cual nuevamente se presentó otro amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito quien de nuevo ordenó reabrir la investigación.

El 24 de julio del presente año, la Fiscalía, a través de su titular Ariel Aldecua, determinó, por tercera ocasión, cerrar la investigación del caso. Ante estos hechos la familia de Robert presentó un tercer amparo, mismo que nuevamente conocerá el Juzgado Cuarto de Distrito.

Resulta grave que, a 5 años de la muerte de Robert Tzab en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, no haya ningún responsable de estos hechos, a pesar de que dicho deceso ocurrió cuando Robert estaba bajo custodia y responsabilidad del Estado. El hecho de que a lo largo de todo este tiempo se haya desahogado un proceso penal, exista una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado y se hayan presentado tres amparos, exhibe que a la Fiscalía no le interesa investigar y promover las sanciones y medidas de reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos, sino encubrir a funcionarios públicos, incluyendo policías, probablemente responsables de dichas violaciones.

Al respecto, es preciso recordar que la propia Comisión de Derechos Humanos del estado, al emitir su recomendación relativa 18/2011, tomó testimonios de dos personas que aseguraron haber escuchado agresiones a Robert Tzab cuando se encontraba en su celda, elementos que aumentan la sospecha de que Robert fue víctima de tortura en los separos de la hoy Fiscalía.

Por otra parte, no hay que olvidar que esta determinación se da a pocos meses de que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema, con motivo del informe derivado de su visita a nuestro país, siendo una de ellas

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, …; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura

Recomendaciones que no parecieran ser del interés del gobierno del estado encabezado por Rolando Zapata, como en su momento tampoco lo fueron de la administración de Ivonne Ortega, pues a 5 años de la muerte de Robert Tzab, no existe ni una persona detenida, ni procesada por el caso de tortura y los que resulten, violándose con ello también el derecho que tendría la familia de Robert a adecuadas medidas de reparación del daño y profundizando la impunidad que persiste en casos de tortura.

En Yucatán la impunidad, así como mantener en sus cargos a quienes cometen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, evitar investigaciones que conduzcan a la verdad y a la reparación, ocasiona que la tortura sea una práctica cotidiana, tolerada, naturalizada y, en los hechos, encubierta y permitida por el propio gobierno.

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Grave corrupción en la Codhey

Alteración de documentos, falsificación de firmas, cierre de expedientes sin informar a personas agraviadas

Se presume intento de proteger al Gobierno

Oasis e Indignación interpusimos denuncia penal ante fiscalía del Estado y dirigimos extrañamiento a consejeras y consejeros de la Codhey

 

Comunicado conjunto Oasis de San Juan de Dios A.C. / Equipo Indignación A.C.

 

Dos casos que llevan conjuntamente Oasis de San Juan de Dios e Indignación han exhibido grave corrupción en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), al grado de alterar documentos, falsificar firmas, incluso de una persona fallecida con el fin de concluir expedientes sin que los agraviados tengan conocimiento.

La alteración de documentos y falsificación de firmas habría tenido lugar durante la presidencia del anterior omubdsman, Jorge Victoria Maldonado, aunque el nuevo Ombudsman, José Enrique Goff, entonces Secretario Ejecutivo, tenía un cargo de responsabilidad directa sobre las recomendaciones y la conclusión de expedientes. El responsable directo, a reserva de lo que arroje la investigación, sería el visitador Edwin Arcila Cordero, así como el entonces Visitador General Miguel Óscar Sabido Santana, quien actualmente es Secretario Ejecutivo. Los casos concluidos mediante corrupción son casos graves que afectan a un gran número de población vulnerable.

El día 12 de noviembre de 2013, a raíz de una serie de irregularidades en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), se presentó una queja ante la Codhey pues el Estado se había desajenado el compromiso de otorgar los medicamentos complementarios a pacientes con VIH y sólo otorgaba los que cubría el Seguro Popular, violando así lo pactado en recomendaciones y convenios de demandas anteriores así como obligaciones que se firmaron en años previos e incurriendo en una serie de irregularidades como no dar los antiretrovirales como castigo, abandono de pacientes en el CERESO, desabasto, falta de coordinación con los hospitales en contrareferencias del CAPASITS entre otros.

Esta queja se inició como gestión 873/2013 y debido a las pruebas aportadas se convirtió en queja 120/2014

Asi mismo, el día 20 de febrero del 2014 se presentó ante la CODHEY una queja por violación a los Derechos Humanos y discriminación por negación de atención médica a una persona que vive con VIH/SIDA a la cual, con el pretexto de ser MIGRANTE, se le negó la atención en el hospital O’Horan, lo cual retrasó la atención de urgencia que requería lo que derivo en la MUERTE de esa persona.

Estas quejas eran totalmente diferentes: una era la violación fragante de los derechos humanos de migrantes y que busca establecer protocolos estatales para garantizar atención y el derecho a la salud en todas sus formas y de manera integral a todas las personas, incluso a aquellas que no tuvieran razón o conocimiento de sus datos como niños y otras personas en situación de calle que no saben ya de sus familias o con problemas mentales o privados de su libertad mientras que la otra queja pretende establecer el derecho a la salud integral en insumos, personal médico y paramédico e infraestructura así como garantizar todos los medicamentos que tengan clave y registro de salud y todo insumo que exista en México incluyendo prótesis internas o externas, aparatos ortopédicos, etc.

Hace más de tres semanas que a integrantes de Oasis de San Juan de Dios y del equipo Indignación, con diversas escusas, nos negaban el acceso al expediente y el jueves 6 nos apersonamos ante la codhey y para sorpresa supimos, sin que nos ubicaran el expediente, que se había concluido pero no sabían dónde estaba; el viernes 7 de agosto se presentó al albergue Oasis de San Juan de Dios el visitador Edwin Arcila Cordero a dar confusas explicaciones acerca de que se conluyó el expediente por una serie de supuestos informes que había enviado el Gobernador del Estado donde cumplía todas las peticiones y pedía que nos olvidáramos de los dos expedientes y volviéramos a abrir otro con algún caso distinto que tuviéramos; por supuesto externamos nuestro desacuerdo en unir los expedientes pues cada uno tiene un objetivo diferente y había dejado en indefensión a más de dos mil personas con VIH/SIDA en Yucatán al no recomendar al Estado cumplir el compromiso de cubrir todos los medicamentos al cien por ciento de las personas que viven con VIH/SIDA además de minimizar la muerte de un migrante.

Al acudir el miércoles 12 de agosto integrantes de Oasis de San Juan de Dios y de Indignación a revisar el expediente descubrimos que La Codhey introdujo en el expediente un acta según la cual el señor Carlos Méndez se desistía de continuar con la queja e incluía una firma del señor Carlos Méndez a todas luces falsa.

En el expediente encontramos además un acta de conclusión “firmada” por Doña Eva Pool, quien fuera voluntaria del Albergue; el acta está fechada el 7 de mayo de 2015 cuando ella falleció el 10 de enero de este año. Falsificaron la firma de una personas fallecida 4 meses antes de la fecha insertada en el acta.

Nos permitimos suponer que estos actos de corrupción pretenden encubrir a la Secretaría de Salud y complacer al Gobierno del estado de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello. Lamentablemente, otras graves irregularidades se dieron a conocer amplia y documentadamente al Congreso del estado en diversas ocasiones pero distintas legislaturas hicieron caso omiso y encubrieron a una Codhey que con tal de complacer al gobierno es capaz de alterar documentos.

Ante estos graves e inaceptables actos de corrupción de la Codhey, el Oasis de San Juan de Dios y el equipo Indignación hemos interpuesto la denuncia penal correspondiente ante la agencia trigésimoquinta del Ministerio Público, a la cual se le asignó el número de Carpeta de Investigación NSJPYUCP3/2053/2015. Asimismo levantamos la queja ante la Codhey exigiendo una investigación inmediata y la sanción de todas y todos los responsables, además de hacer llegar nuestro extrañamiento al actual Presidente de la Codhey, a las y los consejeros de este organismo que ha pervertido su función de organismo defensor del pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OasisIndignacionMin

 

 

 

 

 

 

CarlosCodhey