El Estado se procuró una Codhey cómplice

Análisis de Gestión de la Codhey

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Legislatura tras legislatura, el Congreso de Yucatán se ha empeñado en nulificar la Comisión Pública de derechos humanos, pervertirla y elegir a personas sin pericia, sin capacidad y, sobre todo, sin independencia frente a las autoridades para garantizar una Codhey a modo, cómplice del poder y cómoda particularmente para el Ejecutivo estatal.

En un extenso anexo, Indignación documenta la negligencia, la dilación, la omisión de ejercer facultades, la tolerancia frente a la tortura, la falta de publicidad de las recomendaciones, el encubrimiento de las autoridades de la actual gestión de la Codhey, cuyo presidente fue ratificado a pesar de que el Congreso contó con toda la información acerca de su impericia e incapacidad.

El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder, lo cual pervierte la naturaleza de la institución pública de Derechos Humanos, la corrompe y deja vulnerable a una ciudadanía ante los abusos de las autoridades.

El Congreso del Estado desestimó denuncias, llamamientos e incluso demandas de juicio político presentadas ante las graves omisiones de la Codhey. Como una medida extrema, incluso 3 consejeros renunciaron simultáneamente en 2009. Ni las demandas de juicio político ni la renuncia de los tres consejeros impidieron que el Congreso del Estado ratificara a quien ha pervertido la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

La administración de la Codhey que culmina su período este 2015, fue complaciente para tres administraciones del ejecutivo estatal: Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. En los tres casos, la labor de la Codhey ha sido más de complicidad que de protección real a los derechos humanos. La Codhey ha actuado más como una instancia de control de daños para amortiguar el efecto ante violaciones a los derechos humanos y garantiza impunidad a los perpetradores.

El documento anexo analiza las casi 80 recomendaciones emitidas por la Codhey en los últimos tres años, a través de las cuales queda en evidencia su impericia y complicidad. A estos casos habría que añadir aquellos que ni siquiera llegan a conocerse porque no se emite recomendación. Uno de ellos, cerrado a pesar de ser un caso de grave violación a los derechos humanos, sirve de muestra para suponer cuántos casos que no deben ser conciliados lo son y cómo continúa presionando a los agraviados para aceptar los abusos.

A la impericia del actual ombudsman se suma a su abulia y su cercanía con el poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que evita, evade a cualquier costo cualquier sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo público defensor de derechos humanos.

La negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

Su negativa a ejercer facultades para proteger derechos de las mujeres y de las personas homosexuales o su silencio ante la represión del cuatro de julio palidecen cuando una se asoma a sus actuaciones en casos de tortura, incluso en casos en los que son agraviados menores de edad.

Esos casos tendría que publicitarlos la propia comisión, señalando a los responsables, dando a conocer sus recomendaciones, sus exigencias, las garantías de no repetición, manteniendo un seguimiento de la sanción a los responsables.

El informe especial sobre las condiciones de las cárceles municipales, que son efectivamente graves, en realidad pareciera intentar desviar la mirada de las cárceles preventivas de la fiscalía y de los separos policíacos estatales pues extraña su silencio cuando se trata de responsabilidades del ejecutivo estatal.

No deben extrañar hoy la ausencia de propuestas. Los aspirantes a dirigir la Codhey no cuentan con una trayectoria o experiencia en el ámbito de los derechos humanos ni pericia probada en su defensa ni una trayectoria de autonomía que garantice independencia frente a autoridades.

Los Principios de París y las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales sobre las comisiones públicas de derechos humanos sobre el perfil de quienes presidan o formen parte del Consejo de la Codhey, incluidas en el documento anexo, parecen inútiles ante la deliberada estrategia del Estado de hacer inoperantes e inútiles las comisiones públicas de derechos humanos.

 

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CristinaCongresoCodhey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CodheyCongresoOlga

Detener criminalización de ejidatarios de Halachó, exige Indignación

DomingoCauichHalacho

El uso del aparato de procuración de justicia como represalia y medio de coacción contra ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras fue denunciado por Indignación ante el Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, en un escrito en el que, además, se le hace notar que, al permitir denuncias sin fundamento, la propia fiscalía estaría criminalizando a los campesinos, casi todos mayores de sesenta años, y cediendo ante los propósitos del empresario que pretende hostigarlos.

Ejidatarios de Halachó enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del señor Herbert Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta.

En la carta dirigida al fiscal, Indignación enfatizó que el asunto es de naturaleza agraria por lo que se le exigió detener la criminalización y el hostigamiento judicial, garantizar la integridad de los ejidatarios, determinar el no ejercicio de la acción penal en dos averiguaciones y desistirse de la causa penal que se encuentra ya en el juzgado.

Son más de 40 campesinos están siendo criminalizados, puesto que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo (de postes), en expedientes llenos de irregularidades.

Entre las irregularidades que son evidentes en los expedientes resaltan que las denuncias están interpuestas por el señor Zumárraga, quien no vio los hechos; violan el principio de presunción de inocencia y se integraron sin prueba alguna que señale a algún responsable; los testigos son trabajadores del señor Zumárraga; sus declaraciones son idénticas, lo que por norma obliga a sospechar de la veracidad de las declaraciones; el principal testigo de cargo, que era trabajador del señor Zumárrraga, ya se desistió de sus acusaciones.

Lamentablemente la fiscalía ha permitido que prosperen demandas a pesar de la vaguedad, la falta de pruebas y lo absurdo de las acusaciones, además de que la mayor parte de los inculpados tiene más de sesenta años e incluso algunos ya fallecieron.

Efectivamente, tres acusaciones contra más de cuarenta ejidatarios mayores de edad criminalizan a quienes están siendo despojados de sus tierras e intentan defenderse. Estas acusaciones han derivado en múltiples perjuicios para el ejido y para los campesinos mayas, puesto que han enfrentado detenciones y costos muy altos por cauciones excesivas para poder estar en libertad, a pesar de no cuentan con recursos puesto que son campesinos que se dedican a sembrar principalmente la milpa.

La primera acusación penal contra campesinos de Halachó fue presentada en abril de 2010 por daño en propiedad, supuestamente por haber destruido una cerca de púas, pero lo absurdo es que procediera a pesar de que se acusa a personas que fueron señaladas después de interpuesta la denuncia, sin que haya pruebas o deslinde de la responsabilidad, lo que hace evidente que se acusa falsamente. Después de ésta, se han presentado dos demandas más, contra cuarenta campesinos. Se les ha acusado sin pruebas y han sido detenidos algunos de ellos. A través de amparo y de pago de multas están en libertad en este momento, pero permanentemente amenazados.

En el escrito, Indignación hizo notar al Fiscal que criminalizar a un grupo de ejidatarios que han trabajado en el espacio territorial en pugna de manera ininterrumpida y que están dirimiendo su conflicto por las vías pertinentes, implica, además de la utilización de los órganos de procuración de justicia como instrumento de amenaza e intimidación, situar a los campesinos en una posición de desventaja en la resolución de un conflicto que debería resolverse por las vías agrarias respectivas.

Lo anterior pareciera exhibir que el gobierno del estado, a través de la Fiscalía General, se está posicionando a favor de uno de los actores, en detrimento y perjuicio de un grupo social en histórica situación de discriminación como lo son los campesinos mayas, cuando, consideramos, debería ser lo contrario.

Finalmente insistimos en que el sistema de justicia penal, debe enfocarse en la investigación, persecución y sanción de aquellos delitos que representan un agravio a la sociedad, y no ser herramienta de coacción frente a colectivos que están reclamando sus derechos.

La carta se envió al fiscal con copia al Gobernador, a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México)

 

 

 

 

Amparan a familia homoparental a quien registro civil discriminó

Hijo de Ellas 

Ellas

* Registro Civil vulneró gravemente derechos al negar inscripción al hijo de Karla y Lorena

* Juzgado Quinto de Distrito obliga al registro civil a inscribir a niño con los apellidos de sus dos madres

El Juzgado Quinto de Distrito del estado de Yucatán amparó y resguardó derechos a la identidad y al vínculo afectivo del hijo de Karla y de Lorena, contra quienes el registro civil cometió discriminación al negarse a inscribir a su hijo con los apellidos de ambas. Dicho juzgado les notificó el 8 de junio la resolución derivada del juicio de amparo 136/2015.

Karla y Lorena contrajeron matrimonio en Yucatán el día 4 de enero de 2014 después de haber sido beneficiadas por una sentencia de amparo que reconocía su derecho a fundar una familia. Con posterioridad decidieron tener un hijo. Días después de dar a luz Karla, el día 14 de enero del presente año solicitaron al registro civil la inscripción de recién nacido con los apellidos de las dos, es decir pidiendo que se reconociera la maternidad de ambas.

A pesar de la obligación que tenía de hacer efectivo el derecho de Karla y Lorena a fundar una familia, el registro civil se negó a inscribir al niño con los apellidos de ambas, argumentando, entre otras cosas, que la filiación consanguínea era la que determinaba la maternidad; es decir, en los hechos sujetó a Lorena y Karla, a requisitos y formalidades que no suelen pedirse cuando se trata de la inscripción de un niño o niña por parte de una familia heteroparental.

Ante esta negativa Lorena y Karla decidieron presentar, el día 07 de febrero del presente año, una demanda de amparo en contra de la negativa del Registro Civil para reconocer a ambas como madres. En lo esencial, argumentaron la violación al derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en el artículo primero constitucional; el derecho a fundar una familia, establecido en el artículo 4º de la misma Ley fundamental, así como el de interés superior de la infancia, pues dicha resolución impedía que su hijo pudiera ser registrado y tener un nombre legal y personalidad jurídica.

Una vez desahogado el proceso, el Juez Quinto de Distrito, Teddy Abraham Torres López, determinó conceder el amparo a Karla y Lorena argumentando, en lo esencial que:

La actuación de la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, al negar la inscripción de un menor de edad como hijo de Karla y Lorena, vulneró el derecho a la identidad del menor, el cual está compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación, y vulnera el derecho humano de protección a la familia, pues interfiere en la familia ya conformada por las quejosas (Karla y Lorena) y su hijo, desfavoreciendo el desarrollo y fortalecimiento de su núcleo familiar..

El Juzgado Quinto de Distrito, también reconoció que con el solo nacimiento del niño, se generó entre éste y sus madres, un vínculo afectivo que implica vida familiar, y que el no reconocimiento por parte del Registro Civil de esta situación, desfavoreció el desarrollo y fortalecimiento de su núcleo familiar, restringiendo, además, diversos derechos al menor derivados de esa filiación, como son los relativos a obtener de sus dos madres los beneficios de seguridad social, la recepción de alimentos y los derechos sucesorios, entre otros.

Al realizar este análisis, el Juez Quinto de Distrito fue claro en evidenciar que no existe en el Código de Familia del estado ningún impedimento para que un hijo/hija de una pareja homoparental pueda ser inscrito con el apellido de ambos padres o madres, pues si bien es cierto que la consanguinidad ha sido el criterio principal para establecer la filiación entre los progenitores y los hijos/hijas, también lo es que dicha filiación puede generarse a partir de otros elementos o situaciones de hecho que el propio código contempla.

El Juez Quinto también reiteró que el derecho a fundar una familia no puede ser restringido ni acotado por condiciones de preferencia sexual

A partir de los argumentos anteriores, el citado órgano jurisdiccional determinó que el amparo se otorgaba para el efecto de que:

…la autoridad responsable deje insubsistente el oficio impugnado de veinte de enero de dos mil quince, y proceda a la inscripción del menor como hijo de KARLA ALPUCHE CÁRDENAS Y LORENA NÚÑEZ MÁRQUEZ, en términos de lo solicitado en su escrito presentado el catorce de enero de dos mil quince expidiendo desde luego el acta de nacimiento correspondiente, sin realizar alguna anotación al margen.  

Esta resolución si bien representa un avance importante en la exigencia por hacer efectivo el derecho real que tienen las parejas del mismo sexo a fundar una familia, también exhibe la urgente necesidad, expresada en múltiples ocasiones por las organizaciones de derechos humanos del estado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la entidad, de subsanar las omisiones legislativas que siguen excluyendo a las personas LGBTTTI de muchos ámbitos de la vida pública y privada, a pesar del creciente e irreversible avance en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual.

Mérida, Yucatán a 10 de junio de 2015

 

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.

 

 

Demanda de amparo contra Tribunal Constitucional que negó matrimonio igualitario en Yucatán

El Tribunal Colegiado en materias civil y administrativa del décimo cuarto circuito con sede en Yucatán admitió el día de ayer una demanda de amparo en contra del Tribunal Constitucional de Yucatán por negarse a reconocer la obligación que tiene el Congreso de Yucatán de permitir el matrimonio y el concubinato entre parejas de personas del mismo sexo.
El 2 de marzo pasado, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió una demanda de acción contra omisión legislativa que fue presentada por organizaciones de derechos humanos, en la cual señalamos que el Congreso del Estado había incurrido en una omisión inconstitucional debido a que sólo permitió a las parejas heterosexuales el acceso a la protección de las figuras de matrimonio y de concubinato, a pesar de que la Constitución Yucateca, la Constitución Federal y distintos tratados internacionales reconocen a las parejas del mismo sexo como familias y, por lo tanto, como sujetos de dicha protección. Consideramos grave el contenido de la sentencia, la cual fue redactada por el Magistrado Jorge Rivero Evia, quien ha hecho distintas publicaciones en materia de derechos humanos, así como participado en foros promoviendo su implementación en la rama judicial.
En primera instancia, la sentencia declara que las opiniones presentadas por cinco organizaciones nacionales y extranjeras no debían ser tomadas en cuenta debido a que no residen en Yucatán y, por lo tanto, la decisión “no les afecta”, transgrediendo así el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación en asuntos públicos y la labor de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Asimismo, el Tribunal Constitucional de Yucatán declaró que el derecho a la no discriminación, al ser un principio, no era exigible por vía judicial, así como se negó a tener en cuenta la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos al no representar, según el Tribunal, ninguna obligación para el Congreso del Estado al ejercer su actividad legislativa.
Por último, el Tribunal Constitucional estableció precedentes que inutilizan el mecanismo de acción contra omisión legislativa, convirtiéndolo en un medio imposible de utilizarse e ilusorio. Esta posición no sólo violó lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los alcances que debe tener este tipo de juicios en Yucatán, sino que dejó a la ciudadanía sin mecanismos para exigir el respeto de la Constitución Yucateca.
Indignación A.C.; la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE A.C.) y Oasis de San Juan de Dios A.C., manifestamos nuestra preocupación por los graves precedentes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual no sólo obstaculizó el reconocimiento de los derechos de la población homosexual, sino que estableció serias barreras en la interpretación de los derechos humanos en el Estado.
Hacemos un llamado al Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del décimo cuarto circuito para que resuelva la demanda de amparo en contra del Tribunal Constitucional para revertir tanto los criterios establecidos como la decisión adoptada en el caso concreto, conforme a los estándares de derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, así como por las exigencias y obligaciones que el Estado de Yucatán tiene frente al Pacto Federal.

 

Un mundo donde quepan todos los mundos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TribunalConstitucionalMatrimonios

Comuna de Izamal, implicada en agresión contra defensoras

La comuna de Izamal estuvo directamente implicada en la agresión cometida hace unos días, el 21 de mayo, contra integrantes del equipo de derechos humanos Indignación, cuyo vehículo fue prácticamente embestido por una camioneta manejada por el secretario de la comuna, Marcos Pech, cuando se encontraban en Kimbilá documentando el desacato del Alcalde a la suspensión de las obras del mercado, decretada por el INAH.

En un principio, a partir del testimonio de vecinos de Kimbilá que observaron los hechos, se afirmó que la camioneta era conducida por Armando Ruiz Batún. Sin embargo, a partir de las fotos y videos aportados por quienes filmaron la agresión, vecinos de Kimbilá identificaron plenamente a Marcos Pech, Secretario de la Comuna, como la persona que conducía el vehículo. Armando Ruiz Batún se encontraba también en la camioneta pero iba en el lado del copiloto. Fue Marcos Pech quien condujo a toda velocidad la camioneta dirigiéndola hacia el vehículo en el que iban integrantes de Indignación, justamente cuando una de las integrantes descendía del coche. La camioneta frenó a escasos centímetros y fue el señor Marcos Pech quien se bajó de la camioneta, gritó y empujó a Cristina Muñoz Menéndez.

Esos hechos se denunciaron ante la PGR, en la fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas y defensores, y se interpuso también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Ante esas instancias se están haciendo llegar testimonios gráficos, como fotos y videos, y se está señalando al responsable, haciéndoles saber que es, no sólo afín al alcalde de Izamal, Fermín Sosa Lugo, sino que es directamente empleado de la comuna al tener el cargo de Secretario del Ayuntamiento.

Eso responsabiliza aún más directamente al alcalde de la agresión contra quienes documentaban el desacato en el que incurre el ayuntamiento de Izamal y el comisario de Kimbilá.

 

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Desprecio, racismo, engaño, compra y frivolidad de candidatos, denuncian mayas del equipo Indignación

Compañeras y compañeros mayas del equipo Indignación nos piden hacerles llegar la siguiente carta-notificación dirigida a las y los candidatos
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Carta a las y los candidatos

02 de junio de 2015, en Chablekal, comisaría de Mérida

Nos dirigimos a ustedes a los y las candidatas de los distintos partidos políticos para notificarles que no han logrado engañar a todas y todos los mayas del estado de Yucatán. Conocemos su desprecio hacia nosotros en su modo de hacer política.

Nosotros somos mayas que habitamos en el estado de Yucatán y defensores de derechos humanos. Con gran alegría vemos que pronto terminarán las campañas electorales en las que nos han usado, tratado de engañar como lo han hecho desde siempre, y nos han buscado porque en sus estudios les dijeron que las comisarías de todos los municipios son territorios mayas.

Muchos y muchas sabemos que no basta un tinaco, ni una despensa que entre los kilos de frijol lleva un billete de 500 pesos, ni playeras ni nada de los viejos métodos para evitar lo que está naciendo sin ustedes, que ni nos sirven ni nos representan.

Ningún medio de comunicación ha publicado ninguna propuesta para hacer respetar los derechos del pueblo maya. Más aún, en la capital de Yucatán vuelven a oírse voces de volver hacer que Mérida sea blanca. Quien dice eso esperemos que no se refiera al origen del nombre que señalaba que Mérida era para los blancos. Sin embargo, no nos extrañaría si en el fondo de esas palabras estuviera guardada la discriminación y el racismo, sabemos que nuestra tierra sigue siendo un territorio ocupado.

Nuestros pueblos, llamados comisarías, han sido tratados con tanto desprecio y autoritarismo. Insisten que somos colonias de las cabeceras, se resisten a aceptar que somos pueblos con derecho a la autodeterminación. ¿Hasta cuándo? ¿Quién de ustedes (candidatos y candidatas) empezará a no dejar impune tantos años de racismo?

Hace una semana el candidato a diputado federal, Pablo Gamboa, sostuvo una reunión en una casa ejidal pidiendo el voto de los ejidatarios y ofreciendo dádivas y promesas para el bienestar del ejido. En esa misma reunión presentó a Carlos Abraham Mafud, quien corrompiendo a las autoridades ejidales, se ha apoderado de cientos de hectáreas del territorio de los pueblos. Se presentaron mutuamente: el candidato pidió a los ejidatarios querer mucho al empresario Abraham, ya que él es el futuro para la vida del pueblo; el empresario pidió a todos los ejidatarios votar por el joven político, ya que estando él en el Congreso de la Unión velaría por los intereses de todos.

Denunciamos esta acción como un acto de burla, sabemos que estos que quieren ser diputados, sean estatales o federales, solamente estarán para hacer reformas a la Constitución y leyes que atentarán y violarán los derechos de nuestros pueblos y legalizarán, entre otras cosas, el despojo de nuestras tierras y nuestros territorios.

Otra vez el discurso de la llegada del progreso, del trabajo, de la salvación. No les creemos ese cuento de las políticas públicas, que son contrarias a los intereses de nuestros pueblos.

Otra vez los políticos con discursos que lastiman al pueblo, diseñados para engañarnos, porque estamos seguros que ni ellos lo creen que podrán resolver, que ese es nuestro derecho, a vivir con dignidad y con todos nuestros derechos respetados.

Por eso también denunciamos la falta total de una agenda pública comprometida con los derechos humanos y particularmente con los derechos del pueblo maya, sí, ese pueblo que solamente es usado cada tres años para legitimar el mal gobierno, que sólo ofrece proyectos de muerte que nos disfrazan como desarrollo y bienestar.

La pobreza es la muestra del fracaso de todas las políticas llevadas a cabo. Nosotros creemos que sólo seremos felices cuando de verdad esté garantizado nuestro derecho a ser pueblo.

Los mayas estamos invisibles en sus campañas, sabemos que cuando hablan de nosotros es solamente en discursos huecos, que tienen que decir para que creamos que somos parte de su preocupación. Ante esto otra vez les decimos que no queremos su tutela, somos un pueblo pensante.

También sabemos que necesitan nuestro voto, ese voto que les hará a ustedes más fuertes, eso ya lo entendimos. Por eso nosotros despreciamos esas políticas de miserias que ustedes aprovechan ante el hambre del pueblo maya. Pero no todo está a su favor, cada día somos más los que estamos pensando diferente a ustedes, por lo tanto les decimos que seguiremos exigiendo y haciendo más fuerte nuestras resistencias, hasta lograr el reconocimiento total de nuestras demandas, demandas que los partidos políticos en mayor o menor proporción traicionaron.

¿Hasta cuándo?

Mayas integrantes del Equipo Indignación

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