Denuncia formal por ataque contra defensoras en Kimbilá

Pretendemos hacer intolerable cualquier abuso de autoridad: Equipo Indignación

Indignación denunció hoy formalmente el ataque contra sus integrantes ocurrido en Kimbilá el día de ayer, cuando se encontraban documentando hechos violatorios del derecho a la consulta y el reinicio de obras de un mercado, a pesar de que está vigente una suspensión decretada por el INAH.

Una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y una denuncia ante la PGR señalan al Alcalde de Izamal, Fermín Sosa Lugo; al comisario de Kimbilá, Rogelio Can; a la Policía Municipal de Izamal y a Armando Ruiz Batún, quien por cierto hace un año agredió a personas de Kimbilá y a dos integrantes de Indignación, como responsables de la agresión contra defensores de derechos humanos, de actos de hostigamiento, de obstaculizar la labor de documentación y de abuso de autoridad.

Ante la PGR se denunció ABUSO DE AUTORIDAD y AGRESIONES en contra de defensores a derechos humanos amparados en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

La agresión contra integrantes de Indignación, particularmente contra una de nuestras compañeras a quien intentó embestir Armando Ruiz Batún con una camioneta, constituye un grave acto de intimidación y hostigamiento para obstaculizar la labor de observación, documentación y defensa de los derechos humanos, muestra uno de los rostros del autoritarismo y pone en riesgo a la población, vulnerable ante agresiones provenientes de la autoridad o encubiertos por ella.

Cristina Muñoz Menéndez, integrante fundadora de Indignación, a quien intentó embestir y empujó el señor Ruiz Batún y quien solicitó infructuosamente a la policía intervenir, asentó en su denuncia que

“cuando transitaba en compañía de mis compañeros a bordo del vehículo Chevy de la marca Pointer 1998 color dorado nos empezó a seguir una camioneta de la marca Hillux Toyota de color dorado, identificando al pasajero de la misma como ARMANDO RUIZ BATUN, ante lo cual buscamos resguardarnos de la amenaza en el local denominada “CYBER ARJONA” ubicado en la calle 20. Una vez estacionado el vehículo en el que viajaba, al intentar descender del mismo, el mencionado RUIZ BATUN se dirigió a alta velocidad hacia la suscrita frenando a unos escasos veinte centímetros, poniendo en riesgo mi integridad física, y de manera amenazante me empieza a cuestionar respecto a la razón por la cual me encontraba en el pueblo, de donde venía, por qué tomaba fotografías y que si no sabía que era un delito tomarlas, siendo que este sujeto me empujo en dos ocasiones.

Todo lo anterior en presencia de la patrulla número 1016 de la Policía Municipal de Izamal Yucatán a quien me dirigí para solicitar auxilio. En este momento el sujeto les ordena detenerme por lo que el agente me solicito mi nombre que anoto en una libreta, y al reiterar mi solicitud y temiendo que fueran a cometer una detención arbitraria por órdenes de los sujetos sin identificación oficial y en vehículos particulares, me refugie con mis compañeros en el predio ubicado en la calle 20 x 17 y 19 de Kimbilá, Yucatán.

“Es pertinente señalar que el citado ARMANDO RUIZ BATUN ya ha sido señalado como agresor de Randy Soberanis Dzul y Silvia Chalé Euán el día 21 de junio del 2014 tal y como consta en denuncia que quedo registrada bajo el número de carpeta de investigación es NSJYUCFG04017201434UE9 en la Agencia Investigadora del Fueron Común con sede en Izamal, Yucatán.” Los hechos denunciados en aquella ocasión hasta el día de hoy permanecen impunes y la indagatoria no presenta ningún avance.

En los hechos narrados resulta evidente la omisión de la policía y la falta de la debida diligencia para actuar y proteger a defensores de los derechos humanos.

Con esta denuncia Indignación pretende hacer intolerable cualquier abuso de autoridad que pone en riesgo a toda la población.

En particular nos preocupa la integridad de compañeras y compañeros de Kimbilá que han participado activamente defendiendo su derecho a decidir las obras que se realizan en su propio pueblo.

Nos preocupa la impunidad de la agresión anterior, que permitió este nuevo ataque.

Exigimos respeto pleno a los derechos humanos, al derecho a la libre manifestación, al derecho a defender los derechos humanos y responsabilizamos al alcalde de Izamal de cualquier agresión contra defensores o contra vecinas y vecinos de Kimbilá.

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Agreden a defensorxs en Kimbilá | Amparo por obra no consultada

Agresión contra integrantes de Indignación en Kimbilá

SE PRESENTA AMPARO POR LA REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DEL MERCADO

Nota urgente del equipo Indignación

En Kimbilá una camioneta cerró el paso, embistiendo prácticamente el vehículo en el que se encontraban integrantes de Indignación y frenando intempestivamente a unos centímetros del coche, precisamente cuando una integrante de Indignación descendía del vehículo en el que viajaban.

Las y los integrantes de Indignación acudieron al lugar en el que se reiniciaron las obras del mercado con el fin de obtener documentación gráfica para incluir en el amparo que se presentó el día de hoy en el juzgado federal y, al retirarse momentáneamente y detenerse en un sitio cercano, ocurrió esta agresión.

Cristina Muñoz Menéndez, Randy Soberanis Dzul, Silvia Chalé y María Fernanda Fitzmaurice acudieron hoy 21 de mayo por la mañana a Kimbilá a reunirse con las vecinas y vecinos que decidieron interponer un amparo por la reanudación de la construcción de un mercado cuya ubicación no se consultó y ha causado inconformidad.

El propio comisario y varias personas más se mostraron hostiles y hostigaron a las y los integrantes de Indignación. Posteriormente, cuando ya se encontraban el vehículo, se les echó encima una camioneta, prácticamente les embistió. Aunque no llegó a golpear, estuvo muy cerca y puso en riesgo la integridad de una de las integrantes de Indignación, a quien posteriormente increpó y empujó. En una foto se ve claramente la huella de los neumáticos contigua al chevy en el que viajaban las y los integrantes de Indignación.

Vecinos de KImbilá identificaron como Armando Ruiz Batún al conductor de la camioneta que se les echó encima, precisamente el mismo que en junio del año pasado agresió a vecinos de Kimbilá y a dos integrantes de Indignación que realizaban labores de observación.

En esa ocasión un grupo numeroso y enviados del propio alcalde de Izamal, Fermín Sosa Lugo, agredieron verbalmente, empujaron y llegaron a golpear a quienes acudieron a identificar el sitio en el que se encuentra un pozo prehispánico, justamente donde se pretende construir el mercado.

Después de la agresión se presentó el amparo por la reanudación de las obras.

Mañana más información

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Apicultores se amparan por omisiones del gobierno ante soya transgénica

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepa para proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche.

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche. La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible contaminación ocurriera, aplicando a los responsables las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).
Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos

 

IndignacionMaOGM

 

Deploramos ataque contra periodista: Equipo Indignación A.C

El equipo Indignación deplora la agresión contra un periodista, Hernán Casares Cámara, del Diario de Yucatán, precisamente mientras realizaba un trabajo de investigación y documentación relacionada con el posible uso de una bodega del periférico de la ciudad de Mérida para reunir y distribuir objetos con fines electorales, presuntamente a favor del PRI.

Expresamos nuestra solidaridad con el reportero y nuestra enérgica condena ante actos que significan un ataque contra la libertad de expresión y ponen en riesgo la integridad de trabajadores de la información. Hemos notado, de acuerdo con lo publicado, que la agresión ocurrió ante la mirada de policías que no intervinieron. Las autoridades están obligadas a investigar los hechos y sancionar, no sólo a quienes perpetraron la agresión obstaculizando una labor periodística, sino a quienes omitieron actuar y permitieron la agresión.

En el ataque contra el reportero, de acuerdo con la información publicada, participaron alrededor de 25 personas, quienes rodearon su coche, le arrebataron llaves y teléfono, borraron la memoria y las imágenes que había tomado, le agredieron verbalmente y le cerraron el paso reteniéndolo ilegalmente.

Cualquier tolerancia ante actos contra la libertad de expresión o ante agresiones contra periodistas vulneran gravemente la democracia y aumentan el riesgo para quienes ejercen el periodismo.

Los ataques contra comunicadores, perpetrados, tolerados o encubiertos por las autoridades, sitúan a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La impunidad que mantienen estos ataques expresa por lo menos encubrimiento de parte de las autoridades.

En Yucatán, el año pasado, Edwin Canché, periodista del Diario de Yucatán, fue agredido y torturado por el propio alcalde de Seyé mientras cubría un accidente automovilístico en el que estaba involucrado un sobrino del alcalde.

Durante este año, hemos tenido conocimiento y hemos expresado nuestra preocupación por actos de hostigamiento contra Eduardo Literas por su labor periodística, actos que han llegado al extremo de amenazas a su integridad, ataques a su portal de internet y la suspensión de su colaboración en Radiofórmula que mantuvo periódicamente por más de diez años.

El ataque al portal de internet ocurrió después de publicar una nota en la que informaba acerca de la denuncia que él mismo había interpuesto por la publicidad adelantada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Yucatán y mantuvo fuera de línea su portal por seis días.

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para investigar y sancionar estos hechos y no permitir, bajo ninguna circunstancia, que ataques contra la libertad de expresión queden impunes.

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Equipo Indignación A.C.

9 de mayo de 2015

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