Ebulá exige reparación al gobierno de Campeche

Comunicado del Equipo Indignación

Las y los habitantes desplazados de San Antonio Ebulá presentaron un amparo en contra del Gobierno de Campeche para exigir reparación por sus viviendas destruidas en 2009. La demanda fue admitida ayer 23 de abril por el Poder Judicial de la Federación y será resuelta por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche.

El 13 de agosto de 2009, un grupo de personas entraron violentamente a la comunidad resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa del señor Eduardo Escalante. Setenta y seis familias fueron desplazadas violentamente, al mismo tiempo en que sus pertenencias y propiedades fueron destruidas por el grupo de parapolicías contratados por el empresario Eduardo Escalante. Las viviendas fueron destruidas y quemadas, así como la escuela y la capilla del pueblo.

Las y los habitantes de San Antonio Ebulá han intentado durante más de veinticinco años el reconocimiento de la propiedad de sus tierras a través de las autoridades agrarias, encontrándose con obstáculos procesales que hasta la fecha no han sido resueltos. Debido a la demora excesiva de la justicia agraria y la negación sistemática de la justicia penal para sancionar a los responsables, la población desplazada presentó el 22 de agosto de 2013 una petición en contra del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que se encuentra actualmente en trámite.

Sin embargo, la necesidad de reparar las viviendas destruidas se ha vuelto prioritaria para las y los desplazados internos y es un derecho que se les ha negado, a pesar de que el gobierno de Campeche reconoce el desalojo y a pesar de que el propio gobierno obstaculizó el acceso a la justicia.

Efectivamente, el gobierno de Campeche firmó un acuerdo con las y los pobladores de Ebulá a traves del cual otorgó las tierras para la reubicación en 2009, independientemente de que el litigio agrario siguiese su curso. En ese convenio reconoce el desalojo, el desplazamiento y la destrucción, pero sujeta la reparación del daño al proceso penal; sin embargo la procuraduría, cuyo titular era Renato Sales, obstaculizó el proceso y finalmente cerró el expediente negando la justicia.

Para obtener la reparación, el pasado 6 de octubre de 2014 pobladores de Ebulá presentaron una solicitud escrita ante las autoridades de Campeche para garantizar la reparación en materia de viviendas. Conforme a los estándares internacionales en materia de desplazados internos, corresponde a las autoridades garantizar el derecho a la vivienda por las vías posibles. En respuesta, el Gobierno de Campeche negó los derechos de la población negando la existencia de un desplazamiento interno, a pesar de que ya lo había reconocido previamente en el convenio firmado el 24 de septiembre de 2009.

La negativa del Gobierno de Campeche viola los derechos a la reparación, a la vivienda y a la garantía de audiencia establecidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1 y 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 1, 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 14 de los Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas; los artículos 2, 3, 6, 18 y 21 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; y los artículos I, II, VII, y IX de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

El Equipo Indignación exhorta al Juzgado Primero de Distrito a aplicar los estándares internacionales aplicables a un caso de esta naturaleza con el objetivo de que los derechos a la reparación y a la vivienda sean asumidos como un deber real por las autoridades del Estado de Campeche y restituyan en algo los graves daños ocasionadosEbulaDestruccion al pueblo de San Antonio Ebulá.

 

 

 

 

 

 

 

 

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EbulaImpuneMP

Restitución de tierras, demanda Halachó ante Tribunal Agrario

Empresario invade territorio y criminaliza a campesinos mayas

Equipo Indignación A.C.

A través de una demanda de acción restitutoria, presentada hoy ante el Tribunal Unitario Agrario, campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el señor Herbert Zumárraga.

Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta.

La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y cercado el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.

Más de 40 campesinos han sido criminalizados, puesto que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo (de postes).

Lamentablemente las instancias de procuración y administración de justicia han permitido que prosperen demandas a pesar de la vaguedad, la falta de pruebas y lo absurdo de las acusaciones, además de que la mayor parte de los inculpados tiene más de sesenta años e incluso algunos ya fallecieron.

Efectivamente, dos acusaciones contra más de cuarenta ejidatarios mayores de edad criminalizan a quienes están siendo despojados de sus tierras e intentan defenderse. Estas acusaciones han derivado en múltiples perjuicios para el ejido y para los campesinos mayas, puesto que han enfrentado detenciones y costos muy altos por cauciones excesivas para poder estar en libertad, a pesar de no cuentan con recursos puesto que son campesinos que se dedican a sembrar principalmente la milpa.

La primera acusación penal contra campesinos de Halachó fue presentada en abril de 2010 por daño en propiedad, supuestamente por haber destruido una cerca de púas, pero lo absurdo es que procediera a pesar de que se acusa a personas que fueron señaladas después de interpuesta la denuncia, sin que haya pruebas o deslinde de la responsabilidad, lo que hace evidente que se acusa falsamente.

La otra demanda, también del 2010, a la acusación de daño en propiedad ajena suma la de robo de postes, ahora contra 40 campesinos. Los acusados niegan absolutamente cualquier participación en esos hechos y, a pesar de que se les ha acusado sin pruebas, han sido detenidos algunos de ellos. A través de amparo y de pago de multas están en libertad en este momento, pero permanentemente amenazados y ahora hay una nueva acusación contra campesinos de Halachó.

Tanto el despojo como la criminalización exhiben incumplimientos del estado mexicano en el reconocimiento, respeto y la protección eficaz de lo derechos del pueblo maya. Permitir que acusaciones sin fundamento contra personas mayores procedan, imponer altas multas exhiben que instancias de procuración e impartición de justicia contribuyen a criminalizar, discriminan y, en la práctica, actúan en contra de integrantes del pueblo maya que defienden su tierra.

A quienes integramos el equipo Indignación nos preocupa que, por acciones u omisiones, complicidades o impericia, el estado mexicano permita despojos a las tierras y territorios del pueblo maya.

Las acciones en defensa del territorio tendrían que ser más firmes y eficaces y conformar una política permanente que evite invasiones, despojos o especulación de tierras.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los Estados están obligados a establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos (Artículo 8).

En el año 2010, campesinos mayas de Halachó observaron que parte de sus tierras ejidales, alrededor de 500 hectáreas que se encuentran en la periferia de una pequeña propiedad de ocho hectáreas, conocida como Quinta San Jerónimo Kuncheilá, en las cuales realizan el trabajo de sus milpas, parcelas de cítricos y agroforestales estaban siendo invadidas y cercadas con alambre de púas.

Según testimonio de los campesinos, esta quinta denominada San Jerónimo Kuncheilá, es una pequeña propiedad no mayor de ocho hectáreas, de acuerdo con documentos muy antiguos. Por esa razón les llamo mucho la atención que ahora el actual propietario haya abarcado y al mismo tiempo se esté adjudicando una superficie mayor a las 500 hectáreas.

La acción restitutoria se suma a una estrategia del pueblo de Halachó para enfrentar estas agresiones. La estrategia incluye también mecanismos para enfrentar la criminalización y el hostigamiento judicial, así como exigir al Estado mexicano revertir el sometimiento que muestra ante intereses económicos que afectan tierras y territorios del pueblo maya.

La semana pasada campesinos mayas de Halachó plantearon a la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosse-Marie Belle Antoine, que estuvo de visita en Yucatán, el despojo y la criminalización que enfrentan, así como las acciones que han emprendido. A la relatora se le hizo llegar información adicional sobre este y otros casos.

23 de abril de 2015

EdgarComisarioCauichHalacho

 

 

 

 

 

 

 

 

DomingoCauichHalacho

 

Kanxoc defiende territorio y autonomía

Equipo Indignación A.C.

Con interés y preocupación Indignación realiza una la labor de observación de derechos humanos en Kanxoc, a petición de algunos ejidatarios de este pueblo maya.

Con preocupación hemos escuchado el origen del problema por el cual solicitaron la presencia de Indignación. Hemos estado presentes en algunas asambleas y hemos acompañado algunas gestiones ante instancias agrarias.

Con preocupación constatamos que las instancias agrarias han intervenido en Kanxoc desde hace varios años con imposiciones que no tomaron en cuenta al pueblo de Kanxoc, que no han respetado las decisiones ni la voluntad de ejidatarios ni habitantes, que podrían vulnerar la autonomía del pueblo maya y poner en riesgo su tierra y territorio.

Hemos constatado que ejidatarias y ejidatarios de Kanxoc se encuentran buscando mecanismos para proteger su territorio y para fortalecer la autonomía del propio pueblo en sus decisiones.

Una de esas imposiciones tuvo como consecuencia la creación de un segundo núcleo ejidal en circunstancias poco transparentes y a través de un mecanismo en el que no participó ni el ejido ni el pueblo de Kanxoc, hace más de 25 años. De esa imposición se han desprendido diversos problemas que persisten hasta el día de hoy.

El equipo Indignación se encuentra en una labor de observación de derechos humanos, documentando el proceso. La asamblea del día de hoy, convocada para el cambio de directiva del ejido conocido como “Kanxoc 1”, es sólo una parte del proceso y la observamos como un gesto de buena voluntad de este ejido. El proceso lo exige la reglamentación agraria que regula al ejido.

La tierra y el territorio de los pueblos mayas se encuentra lamentablemente sujeta a intereses ajenos a los pueblos. Particularmente en esta zona puede haber intereses inmobiliarios o turísticos, mezclados con intereses político-partidistas.

Observamos que la figura del ejido, creado en su origen para proteger la tierra, está sujeto a instancias agrarias y a una reglamentación que puede entrar en contradicción con el derecho de los pueblos originarios a la autonomía y a la tierra y territorio. Además de otros intereses que pudieran entrar en juego, nos preocupa el desconocimiento de las instituciones agrarias acerca de los derechos de los pueblos indígenas y su nula o escasa disposición a respetarlos.

Esos casos tendrán que resolverse con pleno respeto a los derechos del pueblo maya en este caso, apegados a los más altos estándares de derechos humanos y considerando el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos, sobre su tierra y territorio, tal como señala laDeclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Acuerdos de San Andrés, entre otras fuentes de derecho internacional y nacional en esta materia.

En una asamblea celebrada hace cerca de un año, compañeras y compañeros de Kanxoc nos compartieron que:

“Durante las reuniones llevadas a cabo y con la presencia de abuelos, abuelas y demás ejidatarios/as y siempre respetando las costumbres y el buen consejo de los mayores, hemos comprendido que para una sana solución de este problema que ocasionaron personas ajenas a esta población y con intereses ajenos a nuestro sentir, y que ocasionaron una división entre los pobladores, hemos decidido resolver este problema de acuerdo a nuestros deseos de sana convivencia y retomar la figura que siempre ha tenido el Ejido de KANXOC y seguirla considerando como un solo núcleo de población Ejidal y no como si fueran dos Núcleos Ejidales diferentes como las Autoridades Agrarias y demás lo han pretendido hacer por más de 25 años sin el pleno consentimiento y aceptación de los Ejidatarios.

(…)

Advertimos a la autoridades agrarias que los ejidatarios de Kanxoc en ocasiones anteriores ya habíamos intentado formar un solo ejido y las autoridades no lo han permitido quizá por convicción a sus propios intereses, intereses que no son los intereses de nosotros ni como pueblo ni mucho menos como ejido…

(…)

En las reuniones que hemos reflexionado y compartido entre nosotros los ejidatarios que la tierra no se vende, la tierra es para trabajarla porque ella nos da para comer, en ella trabajamos nuestras milpas y no nos interesa ningún proyecto o mega proyectos que ofrecen mentirosamente un desarrollo para nuestra comunidad y que en realidad buscan quedarse y apropiarse con nuestras tierras que hemos trabajado y salvaguardado por tanto tiempo

(Transcripción de Indignación)

El cambio de directiva se da en medio del proceso de resolución que había echado a andar el pueblo de Kanxoc. Es un gesto de buena voluntad y es sólo una parte de un proceso más largo.

La labor de observación del equipo Indignación continúa pero desde ya exigimos a las autoridades agrarias y políticas respetar los derechos del pueblo maya de Kanxoc de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos indígenas.

Kanxoc, Yucatán, 15 de abril de 2015

 

kanxocMujeresEjido