Rolando Zapata, reprobado en derechos humanos

Obligaciones incumplidas

Equipo Indignación A.C.

Acciones de beneficencia en vez del reconocimiento de derechos, en detrimento de la igualdad y del fortalecimiento de la ciudadanía marcan el gobierno de Rolando Zapata Bello, de acuerdo a los parámetros del Equipo Indignación.

Sin perspectiva de derechos humanos y, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales en el diseño de la política pública, el anuncio de regalos que profundizan una relación de desigualdad, junto con la persistencia de la tortura, el desconocimiento de los derechos del pueblo maya, la debilidad para hacer frente a la violencia de género nos llevan a cuestionar severamente al gobierno y el informe con el que pretendió hacer propaganda.

Desde 1993, en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada entre el 14 y el 25 de junio de 1993 en Viena, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció los primeros criterios para desarrollar una política pública desde la perspectiva de los derechos humanos, de manera que hoy puede evaluarse cuándo una política pública tiene impacto en el respeto, promoción y ampliación de los derechos humanos.

Siguiendo los dictados de la política económica capitalista que rige los mercados internacionales, la gestión de los gobiernos en México ha venido convirtiendo la política pública en una imitación del modelo empresarial. Esta pérdida de rumbo ha tratado de mantenerse a pesar de las sucesivas crisis que, aquí y allá, han estallado en el mundo: el efecto tequila en 1995, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa de 1998, el efecto samba de 1999, el efecto tango de 2001 y, de manera patente, la crisis económica global iniciada en Wall Street en diciembre del 2008 y que continúa hasta nuestros días.

Todos entendemos que las acciones del Estado deben estar guiadas por el bienestar público, puesto que se trata de acciones públicas que se realizan con recursos que también son públicos. De ahí se desprende que, tanto los objetivos como los mecanismos o procedimientos a través de los cuáles se concreta la acción gubernamental, deben lograr obtener el mayor bienestar posible de la forma más eficiente. Pero esta eficiencia encuentra en la plataforma de los derechos humanos un punto de referencia que puede reconducir al Estado al cumplimiento de sus objetivos fundamentales.

Más allá de criterios empresariales de productividad y eficacia, es indispensable que la política pública tenga una perspectiva de derechos humanos y cuente con mecanismos de evaluación en su implementación, gestión, resultados e impacto.

Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, ha ofrecido un mensaje con los datos más relevantes del informe que presentó en días pasados ante la Cámara de Diputados local. Dos de los criterios básicos para saber si las acciones de su gobierno responden a una perspectiva de derechos humanos son: que dichas acciones fortalezcan a las personas, concebidas éstas no como beneficiarios de la acción gubernamental, sino como sujetos de derechos con poder de decisión, y también que dichas acciones estén en la línea de lograr los más altos estándares en materia de derechos humanos. Sólo así la política pública de un gobierno estará a la altura de la dignidad de las ciudadanas y ciudadanos a quienes está llamado a servir.

Las acciones enlistadas por el gobernador en su informe no contribuye a ese fortalecimiento. Las acciones plasmadas en el II Informe de Gobierno de Rolando Zapata Bello evidencian el trato de súbditos que el gobierno del estado sigue dando a las y los ciudadanos, como si las acciones de gobierno fueran un beneficio concedido por la magnanimidad del monarca: ningún proyecto para fortalecer al ciudadano/a como sujeto de derechos, a los grupos y comunidades como actores y protagonistas de sus propios proyectos; ningún mecanismo de exigibilidad de derechos que supervise la acción gubernamental. Hoy se decide que, para lograr frenar la deserción escolar, la medida será… ¡la repartición de zapatos! Ningún mecanismo participativo donde la opinión de los gobernados pueda expresarse. Y, en año de elecciones, con el agravio de que las medidas sean interpretadas como clientelismo electoral.

Toda acción gubernamental tiene que estar encaminada a respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, creando las medidas que permitan el acceso al máximo nivel de disfrute de dichos derechos. De nada sirve, por ejemplo, que se construyan “220 espacios educativos” si el derecho a la educación no cumple con los estándares de calidad, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, como lo exige el derecho internacional aceptado y ratificado por el Estado mexicano.

Una herramienta importante para verificar si la perspectiva de los derechos humanos rige la acción gubernamental es el máximo uso de los recursos disponibles. La atención al campo, por ejemplo, tal como es descrita en el discurso gubernamental de Zapata Bello, muestra la adjudicación de créditos y prebendas a los empresarios del campo y no a las familias productoras. A la falacia de un gobierno que “genera” empleos se añade el desdén gubernamental por las acciones que favorezcan una producción inocua y sana, que apunte hacia la soberanía alimentaria.
Si a estos criterios derivados del derecho internacional de los derechos humanos aunamos la perspectiva transversal recomendada a toda acción gubernamental, esto es, el derecho a la igualdad y la no discriminación, la participación pública en la construcción de los políticas gubernamentales, la coordinación (que no competencia) entre los diversos niveles y órdenes de gobierno, el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, todo ello reprueba la acción gubernamental de Rolando Zapata Bello desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos: ninguna acción eficaz dirigida a la superación, por ejemplo, del modelo de discriminación y exclusión que priva hacia el pueblo maya concebido solamente como ocasión para la realización de pomposos festivales, o como mercancía de atracción para el capital turístico.

Puede ser que el Poder Legislativo, a quien le corresponde la tarea de supervisar y vigilar el estado de la gestión pública, quede conforme con las acciones planteadas en el II Informe de Gobierno. Muchos ciudadanos y ciudadanas, no. Exigimos que el gobierno del estado y los gobiernos de todos los municipios elaboren su agenda pública desde los más altos estándares de derechos humanos y con criterios de impacto que sean estructurales, procesuales y verificables. No nos conformamos con menos. La repartición de tinacos, chamarras y zapatos revelan la pobreza de miras del gobierno de Zapata Bello y desmienten la pretensión de que su gobierno sea distinto de los que lo han precedido.
El gobierno de Rolando Zapata está muy lejos de cumplir con los estándares en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Evaluar al gobierno desde estos estándares no es optativo. Es ineludible. Para la administración que encabeza Rolando Zapata Bello, por el contrario, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos son obligaciones incumplidas.

Equipo Indignación
20 de enero de 2015

 

QueCosa

UADY, obligada a garantizar salario digno

Los derechos laborales son derechos humanos

Comunicado del equipo Indignación en solidaridad
con las y los trabajadores de la UADY en huelga

El día viernes 16 de enero del presente año, las y los trabajadores Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, iniciaron una huelga, la primera que se realiza en 40 años en la máxima casa de estudios del estado, exigiendo a las autoridades de la UADY la mejora en las condiciones de salario. En concreto las y los trabajadores exigen el aumento de un 10 por ciento al salario, frente a la propuesta del 3.4 ofrecida por la Rectoría de la Universidad.

En principio, es preciso recordar que los derechos laborales se encuentran regulados por el artículo 123 de la Constitución Política y por diversos tratados y convenios internacionales que obligan al Estado a garantizar que todo empleador provea condiciones de trabajo decorosas para las y los trabajadores.

Entre estos derechos se encuentra el de contar con un salario digno, es decir, que sea suficiente para cubrir las necesidades mínimas de vivienda, salud, educación y esparcimiento del trabajador y su familia; y la huelga como un medio legítimo de defensa de los derecho de las y los trabajadores frente a la empresa o el patrón para presionar con el fin de ejercer su derecho a la contratación colectiva, lograr un reparto justo y equitativo de las ganancias, que permita a las y los trabajadores realizar su trabajo con dignidad y alcanzar un mejor nivel de vida. Es decir, tanto el derecho al salario digno, como el derecho de huelga son derechos humanos constitucional y convencionalmente reconocidos.

Frente a esta situación, lamentamos que las autoridades universitarias, lejos de reconocer la precaria situación salarial de sus trabajadores e intentar generar un proceso de diálogo y acercamiento para resolver las demandas, hayan tenido, como primera opción, el plantear un “recuento de los trabajadores para saber si están a favor de la huelga”, que, a pesar de haberse generado en condiciones de presión, lo único que hizo fue reforzar el carácter legítimo del movimiento obrero universitario y de sus exigencias.

Al respecto es preciso señalar que, como principal institución educativa del estado, la Universidad Autónoma de Yucatán debería ser la primera interesada en garantizar adecuadas condiciones laborales para sus trabajadores. Lejos de ello, las últimas rectorías han privilegiado una retribución desproporcionada para los directivos o han creado puestos cuya necesidad es cuestionable, en lugar de destinar recursos al fortalecimiento de los trabajadores de base.

El equipo Indignación manifiesta su solidaridad con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán que se encuentran en huelga en demanda de un aumento salarial.

Insistimos en que los derechos laborales son derechos humanos y hacemos un firme llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán a no regatear recursos a los trabajadores que tienen, por supuesto, derecho a un salario digno y adecuado.

Reivindicamos la necesidad, urgente en el país y en el estado de Yucatán, de destinar mayores recursos para la educación, en este caso para la Universidad Autónoma de Yucatán, para garantizar a las y los jóvenes el acceso a la educación superior así como a las y los trabajadores de la Universidad las mejores condiciones laborales.

En este contexto es preciso fortalecer las prácticas democráticas dentro de las instituciones educativas y universitarias. La reciente elección del Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán expuso dudas sobre un proceso que no es un ejemplo de transparencia ni de democracia. Persisten en la Universidad prácticas antidemocráticas que lesionan a la propia universidad pero que, además, tienen un impacto negativo en la sociedad.

Dentro de tantas necesidades, el salario de los trabajadores manuales y administrativos tiene que ser una prioridad, pues es un derecho para los trabajadores y sus familias.

Reducir la brecha salarial al interior de la Universidad tendría que ser también un objetivo que mostrase un compromiso con los valores de la democracia.

 

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Por tortura contra periodista, demandan desaforar al alcalde de Seyé

 

México, D.F. / Mérida, Yucatán; a 13 de enero de 2015.- Las organizaciones de derechos humanos ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS presentaron una solicitud formal ante el Congreso del Estado de Yucatán, para que inicie el procedimiento de declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, por su participación en los hechos de tortura sufridos por el periodista Edwin Canché Pech.
El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.
El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.
Derivado de estos hechos, se inició el proceso penal correspondiente, durante el cual ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN han realizado el acompañamiento integral a Edwin Canché. En dicho proceso que hoy sigue en curso, se determinó la probable responsabilidad de los 5 policías agresores, incluido su director, así como del alcalde. Sin embargo, se negó la orden de aprehensión en contra del este último, bajo el argumento de que por su cargo, goza de fuero constitucional, debiendo iniciar el procedimiento respectivo y con ello pueda procederse en su contra por los hechos cometidos.
Ello significa que existen suficientes elementos en la investigación para procesar a Emilio Dzul Huchim, pero el único impedimento es la inmunidad constitucional que detenta como funcionario.
ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN están convencidos de que el fuero con el que cuentan determinados servidores públicos no debe traducirse en impunidad, por lo que toda conducta que constituya delito debe ser sancionada conforme a la ley. Una de las consecuencias que genera dicha impunidad, además de negar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas, es el incentivo de que sigan cometiéndose actos ilícitos sin que reciban una sanción efectiva por parte del Estado. Ello resulta más preocupante si se trata de violaciones graves a derechos humanos como lo es la tortura.
Es por lo anterior que solicitamos al Congreso de Yucatán que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, determine la declaración de procedencia respecto a Emilio Dzul Huchim, presidente municipal de Seyé, con la finalidad de que se inicie el procedimiento penal en su contra por los hechos delictivos cometidos en contra del periodista Edwin Canché.

Mérida, Yucatán, 13 de enero de 2015
* Artículo 19 | Equipo Indignación A.C.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al + 52 55 1054 6500 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

CristinaCongresoSeye