Ebulá exige reparación ante la justicia

Por la vía del amparo, San Antonio Ebulá exige al gobierno de Campeche reparación del daño por la destrucción, desalojo y desplazamiento forzado de que fue víctima en agosto de 2009, cuando el señor Eduardo Escalante destruyó sus viviendas y sus propiedades arrogándose la propiedad de esa tierra y protegido por las autoridades. El día de hoy, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Campeche admitió el amparo.

El gobierno de Campeche, mañosamente, en un acuerdo que incumplía obligaciones internacionales en materia de desplazamiento forzado, después de la destrucción del poblado y por las protestas de las familias agraviadas, en septiembre de 2009 ofreció 31 hectáreas para reubicar el poblado pero condicionó la reparación del daño al proceso penal y, al mismo tiempo, se encargó de que la denuncia penal no procediera. Renato Sales, como procurador, avaló la impunidad en el caso de Ebulá, cerró el caso e impidió la reparación de los daños y el resarcimiento en uno de los caso más graves de desplazamiento forzado.

El caso, cuyo litigio agrario continúa, se ha presentado ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se presentó también en una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, cuya sentencia final hace referencia a este grave caso.

El pasado 6 de octubre, pobladores de San Antonio Ebulá exigieron por escrito al Gobierno de Campeche que cumpla sus obligaciones en materia de reparación a víctimas de desplazamiento forzado establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en la materia. El Gobierno de Campeche no dio respuesta y, en su lugar, el Subsecretario “B” de ese gobierno, quien no está facultado para atender ese tipo de solicitudes, respondió de manera evasiva, sin atender a lo exigido. Esta simulación de respuesta es una negativa implícita y una prueba del desinterés de las autoridades de Campeche por atender un caso de esta magnitud.

El 13 de agosto de 2009, un grupo de cerca de cien personas entró violentamente al pueblo, resguardado por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Era el tercer intento de desalojo y en esa ocasión destruyeron todo. Las viviendas fueron destruidas y quemadas por el grupo de parapolicías contratados por el empresario Eduardo Escalante. Setenta y seis familias fueron desplazadas violentamente.

A pesar de las denuncias interpuestas por las personas desplazadas, a pesar de la gravedad del caso, el desalojo se ha mantenido impune y las familias agraviadas no han recibido reparación ni garantías de no repetición. Durante la averiguación previa el Ministerio Público ni siquiera citó a declarar al señor Eduardo Escalante a pesar de ser señalado por los pobladores y por la empresa que realizó la destrucción como la persona que los contrató. El Procurador Renato Sales cerró la averiguación y mantuvo impune el caso.

El gobierno de Campeche incumplió con las obligaciones en materia de desplazamiento forzado. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar medidas inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de las personas que son desplazadas de manera forzada por actos de violencia, sea cual sea su naturaleza, lo cual evidentemente no hizo el gobierno en su momento pero, además, ha mantenido su protección al agresor y regateado a las familias desplazadas y reubicadas el cumplimiento de sus obligaciones.

Garantizar el derecho a la vivienda, derecho humano de por sí indispensable, adquiere mayor urgencia en casos como el de San Antonio Ebulá, que fueron reubicados. Las y los desplazados se han establecido en lo que hoy se conoce como Nuevo San Antonio Ebulá, debiendo concentrar sus esfuerzos económicos en la construcción de nuevas casas, muchas de las cuales aún no han podido ser terminadas. Las personas que han logrado levantar nuevas viviendas no han podido hacerlo en las mismas condiciones que poseían sus casas anteriores, debido al retroceso provocado por el desplazamiento en el patrimonio familiar acumulado a lo largo de los años.

Urgimos al Poder Judicial Federal atender la demanda presentada por las y los pobladores de San Antonio Ebulá bajo los más altos estándares en materia de reparación. Asimismo, exigimos al Gobierno de Campeche asumir su responsabilidad y garantizar la pronta reparación y la justicia en el caso.

 

EbulaAcusa4años

Yucatán niega a mujeres el derecho a una vida libre de violencia

Comunicado del equipo Indignación
25 de noviembre 2014
Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

En Yucatán, el caso de MAR, los feminicidios encubiertos como crímenes pasionales y, en general, la actuación de jueces, fiscalía y gobierno niegan, en la práctica, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia a todas las mujeres.

El de MAR es un caso extremo de violencia de género cometido de forma reiterada y continuada durante más de quince años contra una mujer desde que era menor de edad. En el caso de MAR se concentran agresiones físicas y emocionales, violación y explotación sexual cometida por su padrastro, tolerada por el Estado y, ahora, encubierta por el sistema judicial que se niega reiteradamente a garantizarle justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

MAR tuvo una hija producto de la violencia y el abuso de su padrastro, quien además la explotaba sexualmente. Cuando MAR al fin pudo escaparse y denunciar encontró en el entonces Ministerio Público y en el sistema judicial obstáculos y negativas para acceder a la justicia. El Tribunal Superior de Justicia incluso retiró el cargo de violación “porque no se pudo comprobar la violencia” aunque posteriormente, por las comunicaciones dirigidas desde la sociedad civil, le negó el beneficio de la libertad. Ese juicio concluyó con una condena por un delito que no es grave y que se encuentra purgando el agresor.

La Fiscalía no realizó el estudio de ADN que en sí mismo prueba el delito. Ni siquiera contaba con la posibilidad de realizar ese estudio ni se hizo cargo del costo. Sin embargo, en una nueva denuncia, ahora por violación equiparada que es otro delito, precisamente por la agresión que concluyó con un embarazo cuando MAR era menor de edad, se inició un nuevo juicio. La prueba de ADN, aportada por la agraviada, tuvo ser costeada con la solidaridad internacional. El agresor intentó evadir el juicio apelando pero se sostuvo el juicio debido a que éste es otro delito no denunciado en el primer juicio.

A pesar de la evidencia que prueba el delito aportada por MAR, la juez de la causa exculpó al agresor en una sentencia inexplicable que responsabiliza a la fiscalía de omisiones en la acusación. Sin duda se ha logrado, con la denuncia internacional, que haya un laboratorio de genética forense. MAR no ha obtenido justicia ni reparación.

MAR, como agraviada, apeló la sentencia y el caso se encuentra ahora en el Tribunal Superior de Justicia. La Convención de Belem Do Pará establece como obligación de los Estados, en su artículo 7 “…actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; así como adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas y establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para obtener protección, justicia y reparación”.

Casi cinco años, dos juicios y MAR continúa sin obtener justicia en un caso extremo en el que el Estado debió responder protegiendo de inmediato, garantizando con los estándares más altos el derecho a la justicia, a la reparación y a medidas de no repetición.

El caso de MAR es un ejemplo de la impunidad con la que los poderes del estado actúan en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, no es el único caso. La fiscalía en Yucatán continúa encubriendo los feminicidios como crímenes pasionales para la prensa y como homicidios en los juicios. A pesar de todos los esfuerzos realizados desde la sociedad civil para lograr que se tipificara el femincidio y, posteriormente, para lograr que se tipificara como delito grave, la fiscalía continúa evadiendo esa tipificación ante los crímenes de odio por razones de género. Hasta el momento la fiscalía no ha podido consignar ni siquiera un caso por feminicidio, lo que manifiesta su incompetencia e incumple su obligación de actuar con la debida diligencia y de acuerdo a los estándares de mayor protección y garantía.

Destaca el feminicidio cometido en Mérida, en la Colonia El Roble, el 2 de julio de 2014. A pesar de que actualmente se encuentra en proceso un juicio penal en contra del presunto responsable, a pesar de que se configura el feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Yucatán actuó con negligencia y los agentes ministeriales se limitaron a catalogarlo como homicidio en un contexto pasional.

Sea por incompetencia, por omisiones o por decisión, la inadecuada tipificación evita el pleno acceso a la justicia y compromete las medidas de no repetición.

Los casos documentados en dos informes del equipo Indignación acerca del prácticamente imposible acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán; la violencia cometida también desde las instituciones de salud como el fallecimiento ocurrido este mes de una mujer embarazada en un hospital de Valladolid, exhiben que en Yucatán jueces, fiscalía y gobierno continúan encubriendo, tolerando y cometiendo violencia contra las mujeres, a pesar de los discursos oficiales y oficiosos que la condenan.

Detalle de la portada del informe La Casta Susana
Detalle de la portada del informe La Casta Susana