Erradicar la tortura, exige Indignación a Gobierno de Yucatán

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PortadaCeldaAmargura

* La celda de la amargura, se titula el informe que documenta este crimen y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

* La tortura en Yucatán, tolerada y encubierta por Gobierno y Codhey

* Policías estatales y municipales torturan sistemáticamente a detenidos

* Tortura contra periodistas y defensores en Yucatán, documenta el informe

Comunicado del equipo Indignación

Hacer efectiva la prohibición de la tortura en todo el estado de Yucatán y sancionar a quienes la cometen o encubren, exigió Indignación al gobernador Rolando Zapata al presentar el informe “La celda de la amargura” , publicación que documenta este ominoso crimen y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La tortura persiste en Yucatán, denunció Indignación y añadió que es una práctica recurrente, sistemática, extendida en el estado de Yucatán, cometida principalmente por agentes de policía estatales y municipales.

El informe incluye casos de tortura documentados por el equipo Indignación, casos que se han obtenido a través de la prensa y testimonios.

“Nos llevaron al monte. A mí me desnudaron y un policía gritó: úntale la mayonesa y simuló una violación, untando su cuerpo contra el mío. Me apretaron los pezones con unas pinzas”.

Este testimonio narra las agresiones cometidas por la policía estatal contra jóvenes detenidos con violencia, sin orden de aprehensión, en febrero de este año, acusados de robar un bulto de cemento.

Este caso es responsabilidad directa del actual director de la policía estatal, Luis Felipe Saidén, responsabilidad que aumenta por el tiempo que lleva al frente de una institución que es señalada, incluso por la complaciente Codhey, de cometer tortura y otros tratos crueles contra detenidos de manera sistemática.

Es una práctica sistemática la humillación de los detenidos y son una constante las vejaciones sexuales. Los casos, de acuerdo con el equipo Indignación, constituyen tortura. Sin embargo, a pesar de haber sido denunciados ante la Codhey desde el momento mismo en el que ocurrieron, esta institución ni siquiera los ha calificado, no aplicó el protocolo de Estambul, ni llevó de inmediato a un médico.

La fiscalía recibe detenidos sin cerciorarse de que no hayan sido torturados. Los exámenes médicos no son rigurosos y, muchas veces, se omiten y simplemente hacen pruebas para detectar sustancias ilegales.

El informe incluye un apartado sobre tortura y otros tratos crueles contra periodistas y defensores de derechos humanos, que documenta la agresión cometida por el alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, contra el corresponsal de megamedia en ese municipio, y la tortura cometida hace tres años contra un integrante de Repavih (Red de Personas Viviendo con VIH).

“La celda de la amargura” es el título del informe, que también actualiza el caso de Roberth Tzab, quien falleció en agosto de 2010 en una cárcel de la fiscalía en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura y en un contexto de alarma por la cantidad de personas fallecidas en cárceles y centros de detención en ese año. El caso continúa impune hasta la fecha. Han sido necesarios dos amparos contra la inacción para que se haga alguna diligencia en ese expediente.

Indignación recordó que Yucatán fue uno de los últimos estados en tipificar el delito de Tortura. Recordó la reticencia y el desconocimiento de diputadas y diputados que ignoraban el concepto mismo de tortura.

La ley estatal contra la tortura se aprobó hace diez años y, hasta la fecha, ningún funcionario, ningún agente ha sido sentenciado por tortura ni por encubrirla, a pesar de que la ley obliga a cualquier servidor público que tenga conocimiento de esta ominosa práctica a denunciarla de inmediato.

Al exigir al gobernador de Yucatán hacer efectiva en todo el estado la prohibición de la tortura y sancionar a quienes la cometen o encubren, Indignación también exigió hacer explícita esa prohibición y exhortar a cualquier servidor público que haya tenido conocimiento de un acto de tortura o de cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante cometido por un servidor público a denunciarlo de inmediato.

Indignación lamentó la actuación poco profesional, complaciente y tolerante de la Comisión estatal de Derechos Humanos y exigió al gobernador ser intolerante frente a la tortura, crimen ignominioso e inaceptable que degrada a la sociedad.

Mérida, Yucatán; 24 de marzo de 2014.

Día internacional del derecho a la verdad con relación a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, declarado por Naciones Unidas en memoria de Monseñor Oscar Romero

Feminicidio, al fin grave en Yucatán

Tardía reparación legislativa

Comunicado del equipo Indignación

ManoBasta

Después de dos años, diversas comunicaciones de la sociedad civil, señalamientos de autoridades nacionales e internacionales, un juicio en su contra y al menos siete crímenes ocurridos en ese lapso, el Congreso del Estado al fin incluyó el feminicidio entre los delitos graves en el Código Penal del estado de Yucatán. Lo hizo al aprobar una iniciativa proveniente del Ejecutivo.

Cuando en septiembre de dos mil doce incluyó este delito en el Código Penal, omitió catalogarlo como un delito grave, generando diversos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia.

Ayer, 19 de marzo, tardíamente, reparó la omisión al aprobar una iniciativa proveniente del Gobierno del Estado, ante quien también se insistió, reiteradamente, en la obligación de subsanar esta omisión y dejar de encubrir crímenes de odio por razones de género bajo el engañoso tipo de “crímenes pasionales” que justifica al agresor e impide establecer medidas de reparación y de no repetición.

Diversas organizaciones, entre ellas el Equipo Indignación, exigieron reiteradamente que se corrigiese la omisión legislativa. Por su parte, el Senado de la República emitió a mediados de dos mil trece un exhorto al Congreso del Estado de Yucatán en el mismo sentido. Asimismo, en el año dos mil trece, Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, solicitó a las autoridades mexicanas tipificar el feminicidio en todo el territorio nacional como el delito agravado.

Ante la resistencia por parte del Poder Legislativo para reformar el Código Penal del Estado de Yucatán, el Equipo Indignación interpuso en noviembre del año pasado una demanda en contra del Congreso del Estado ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán por haber incurrido en una omisión legislativa, toda vez que las obligaciones en materia de derechos humanos contenidas en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos exigían garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia a través de las reformas legislativas que fueran necesarias para ello. Al presentar su contestación a la demanda, el Congreso del Estado de Yucatán únicamente emitió señalamientos formalistas y erróneos, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y limitándose a indicar falsamente que no se violaba la Constitución Política del Estado de Yucatán por dicha omisión.

Requerida en el juicio, la Fiscalía se pronunció en el mismo sentido: admitiendo la omisión y alegando que eso no violaba derechos ni la Constitución.

Fue justo en la etapa final de este juicio constitucional que el Gobierno del Estado de Yucatán presentó un paquete de reformas en materia penal que incluía, entre otras, la tipificación del delito de feminicidio como grave. El día de ayer, el Congreso del Estado de Yucatán, en un tiempo record, aprobó en pleno adoptar esta propuesta, a pesar de que una idéntica ya había sido presentada desde hace más de un año y se habían resistido siquiera a debatirla.

Era urgente y necesaria la tipificación del feminicidio como grave, como una de las condiciones para enfrentar adecuadamente la violencia contra las mujeres y erradicarla. Sin embargo, no podemos celebrar aún. Lejos de considerar esta reparación como una señal de compromiso con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, constituye un motivo de preocupación para este equipo la actuación del Poder Legislativo del estado de Yucatán, sus omisiones, su sometimiento, su indolencia.

En Yucatán, Ejecutivo y Legislativo han exhibido una gran tolerancia frente a la violencia de género, lo que constituye violencia institucional, favorece la revictimización y la impunidad.

Se requiere aún una diligente actuación de la Fiscalía, protección efectiva, estrategias de prevención, implementar y mantener el registro de casos de violencia de género sin lo cual difícilmente pueda diseñar una estrategia adecuada de prevención ni garantizar una justicia pronta y efectiva.

Jueces y magistrados tienen también que erradicar prejuicios de género que constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia.

La reparación legislativa, tardía, es necesaria. Falta la justicia. Nos mantendremos atentas de las acciones que los poderes ejecutivo y judicial implementen para erradicar la violencia contra las mujeres en Yucatán.

Amparan a comunidades mayas de Campeche contra Monsanto

Otorgan amparo a comunidades mayas de Campeche contra siembra de soya transgénica

Declara Juez de Distrito inconstitucional permiso otorgado a MONSANTO

El permiso queda sin efectos en todo el estado de Campeche

Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya

En una resolución histórica, el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche otorgó un amparo a las comunidades mayas de Pac-chen y Cancabchen, pertenecientes al municipio de Holpechén, Campeche en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la siembra de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche.

El día 06 de junio de 2012, la Sagarpa, con el aval de la Semarnat, otorgó un permiso para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada (evento MON-04-032-6) tolerante al herbicida glifosato a favor de la empresa Monsanto Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable, por tiempo indefinido, para la siembra de 253, 000 hectáreas en siete estados de la república, incluyendo los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada en el estado de Campeche.

Ante estos hechos, autoridades mayas de Pac-Chen y Cancabchen, así como diversas asociaciones de apicultores del estado de Campeche presentaron sendos amparos en contra de dicho permiso (Juicios 753/2012 y 762/2012, respectivamente). Los argumentos centrales fueron: a) Que la Semarnat y la Sagarpa no efectuaron una consulta libre, previa e informada, a favor del pueblo maya en términos del Convenio 169 de la OIT, b) que la siembra de soya transgénica afectaba una práctica histórica tradicional de dicho pueblo, como lo es la apicultura; c) que existía una violación al derecho a un medioambiente sano, por el uso excesivo de herbicidas y la deforestación que esta práctica implica.

El día 07 de marzo, después de casi dos años de litigio, el Juzgado Segundo de Distrito notificó la resolución favorable del amparo 753/2012. Los argumentos fundamentales del Juez Segundo de Distrito para otorgar el amparo fueron:

1.- Se violó el derecho a la consulta, libre, previa e informada, protegido por el artículo 2 de la Constitución mexicana y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dado que la Sagarpa al otorgar el permiso en cita no dio certeza a las comunidades indígenas durante el proceso para definir sobre su tierra y territorio. La Sagarpa no estableció un mecanismo adecuado, idóneo y acorde con sus costumbres, tradiciones, que considerara procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. En ese sentido, el Juez de Distrito determinó que la protección efectiva de los derechos reconocidos a los indígenas requiere que se garantice el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia”

2.- La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, al momento de dar el aval para dicho permiso, violó el procedimiento establecido en su Reglamento Interior, pues hizo caso omiso de tres dictámenes vinculantes de la CONABIO, la CONANP y el INE, que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada en los polígonos señalados. Es decir, emitió un dictamen favorable sin que existiera justificación ni fundamentación alguna.

A pesar de que la demanda fue presentada sólo por dos comunidades del municipio de Holpechén, el Juez, al delimitar el alcance de la sentencia y en una interpretación avanzada de los artículos 1 y 2 de la Constitución, determinó que los efectos de la misma aplicaban a todos los municipios afectados por el permiso, con lo cual el permiso queda cancelado en todo el estado de Campeche. En consecuencia, la Sagarpa tiene la obligación de garantizar que no se sembrará soya transgénica en el estado.  Si la Sagarpa pretende reactivar dicho permiso en la entidad, tendrá que cumplir con dos requisitos indispensables: a) un nuevo dictamen de impacto ambiental que considere las opiniones de CONABIO, CONANP e INE; b) un proceso de consulta, libre, previa e informada, a todas las comunidades mayas asentadas en los municipios afectados con el permiso, de conformidad con los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos originarios.  

La sentencia en cuestión reivindica el derecho del pueblo maya a ser consultado y a decidir sobre los proyectos que se aplican en sus comunidades y su territorio. Resalta la obligación, omitida por décadas, de considera sus necesidades y evidencia que tanto las autoridades federales como las del propio estado de Campeche, han implementado políticas públicas que benefician a unos cuantos y afectan al grueso de la población, principalmente indígena de la península de Yucatán.

De igual manera, esta resolución también representa una oportunidad en la búsqueda de opciones que sean compatibles con el medioambiente y las prácticas culturales de la región. La política de monocultivos, ha quedado evidenciado, resulta nociva, no sólo para el medioambiente, sino para la economía de la mayoría de las y los habitantes de la península, afectando prácticas tan importantes como la milpa y la apicultura.

Finalmente, es preciso recalcar que esta sentencia sienta un precedente fundamental para otros juicios de amparo que se han presentado contra las políticas públicas pro transgénicos que han sido impulsadas desde la Federación. En fechas próximas el Juzgado Segundo de Distrito resolverá el juicio de amparo 762/2012, presentado por asociaciones de apicultores de Campeche contra el mismo permiso. También Juzgados de Distrito en Chiapas y Yucatán, deberán resolver dos amparos presentados por asociaciones de apicultores y comunidades de esas entidades. Dichos jueces deberán tomar en cuenta los criterios establecidos en esta sentencia.

Colectivo Apícola de los Chenes

Comunidad de Pack-Chen

Comunidad de Cancabchen

Colectivo MA OGM

Educe Cooperativa

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos  AC