En etapa final, juicio de amparo por obra sin consulta en Kimbilá

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Actualmente se encuentra en espera de sentencia el Juicio de Amparo en contra del Presidente Municipal de Izamal y el Comisario de Kimbilá.

Habitantes de esa comisaría interpusieron en noviembre pasado una demanda en contra de estas autoridades por iniciar, sin previo aviso y sin consultar a la gente, la construcción de un mercado sobre el terreno que actualmente ocupa el campo de futbol del pueblo.

A pesar de lo ordenado en la legislación tanto yucateca como mexicana y en distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades demandadas no informaron previamente a las y los kimbileños sobre la obra, ni realizaron una consulta previa para obtener el consentimiento para que la misma se construya sobre el campo de futbol.

Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió el 29 de noviembre de 2013 un oficio ordenando la suspensión de la obra por su colindancia con un monumento histórico, en tanto estudia y determina si la construcción puede autorizarse, sin embargo, el alcalde de Izamal ignoró la orden del INAH y continuó construyendo, en franco desacato a esa autoridad federal.

Las autoridades incumplieron, además, con la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, además de que la obra afecta una obra anterior ya existente, que es la cancha deportiva.

Para defenderse, el Presidente Municipal presentó en el juicio de amparo una supuesta carta con firmas de habitantes de Kimbilá, lo que evidencia el desconocimiento de esta autoridad en materia de derechos de los pueblos indígenas. Una recolección de firmas no puede, en ningún momento, reemplazar una consulta previa e informada. Las y los kimbileños tienen derecho a un proceso transparente en el que se acrediten los resultados de dicha consulta conforme a los mecanismos que ellas y ellos mismos determinen convenientes de acuerdo a sus propias formas de organización.

Además la propia comunidad tiene derecho a decidir cuál es el mejor lugar para una obra que se realiza en su propio  pueblo.

En suma, en la demanda de amparo presentada se argumentó la violación del principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los derechos a la consulta y a recibir información establecidos en los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1.1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como lo establecido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); y los artículo 1 y 5 de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte.

Iniciada la espera de una sentencia en el presente juicio, alertamos públicamente la trascendencia del caso al ser representativo de este tipo de prácticas por parte de las autoridades municipales en Yucatán, que adoptan de manera arbitraria y sin la participación del pueblo decisiones que le corresponden a la propia comunidad.

El proceso no se lleva en contra de la construcción de un mercado, sino en contra del incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, para que las y los kimbileños sean quienes decidan las obras de su propio pueblo y tomen las decisiones colectivas que les competen a ellos conforme a los estándares más altos en la materia.

Este recurso pretende, además evitar que se repitan conductas autoritarias de alcaldes que suplantan al pueblo en la toma de decisiones ya sea en Kimbilá o en cualquier otra población de Yucatán.

La foto es de diciembre de 2013. Clausura simbólica obra Kimbilá
La foto es de diciembre de 2013. Clausura simbólica obra Kimbilá

 

Juez federal ordena a fiscalía resolver caso de tortura

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* A casi cuatro años de los hechos, no se ha consignado el expediente de Roberth Tzab Ek

* La resolución federal cuestiona la legitimidad de la certificación que otorgó la CNDH

a la Fiscalía del estado en materia de derechos humanos

Comunicado del equipo Indignación

La justicia federal protegió a familiares de Robert Tzab Ek y ordenó al Ministerio Público de Ticul integrar debidamente y resolver la averiguación previa abierta, precisamente por presunta tortura, para investigar el fallecimiento ocurrido en separos del Ministerio Público sede en Tekax más de tres años.

El Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán notificó la  sentencia relativa al juicio de amparo 696/2013,  mediante la cual otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a familiares de Robert Tzab, por la omisión de la agencia Décimo Cuarta del Ministerio Público de Ticul, para investigar la tortura y posterior fallecimiento que Robert sufrió mientras se encontraba detenido en las instalaciones de la agencia décimo segunda del Ministerio Público con sede en Tekax.

Robert Tzab Ek fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (Hoy Fiscalía General). Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab y en la que no se advierten lesiones. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la entonces Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

El día 21 de agosto de 2010, familiares de Robert Tzab, acompañados por Indignación, presentaron formal denuncia contra quien resulte responsable por los hechos que culminaron con la muerte de Tzab Ek. La denuncia fue abierta ante la misma agencia décimo segunda de Tekax, a pesar de la inconformidad de Indignación y de sus familiares por el hecho de que sería la misma agencia ministerial donde sucedieron los hechos la encargada de investigar la muerte de  Robert Tzab, violando con ello los principios básicos de imparcialidad e independencia. Dicha agencia, sin realizar una investigación desde los parámetros internacionales para combatir la tortura, determinó consignar el expediente exculpando a cualquier funcionario de la agencia y señalando como único responsable a un médico no adscrito a la Fiscalía que atendió a Robert con posterioridad a su detención. La causa penal fue desechada tanto por el Juez Penal de Tekax como por el Tribunal Superior de Justicia del estado.

A partir de ello, Indignación solicitó nuevamente la reapertura de la indagatoria, iniciándose la averiguación previa  757/14a/2012 ante la agencia del ministerio público de Ticul, por el delito de tortura y los que resulten. No obstante, dicha agencia también ha omitido realizar diligencia alguna tendiente a  investigar los hechos, razón por la cual, el 23 de mayo de 2013, familiares de Robert, con el acompañamiento de Indignación, presentaron un juicio de amparo contra la violación al derecho de acceso a la justicia, por dicha omisión en la investigación.

El juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en Xalapa, a quien fue turnado el expediente para su resolución en calidad de juez auxiliar, determinó, al conceder el amparo a los familiares de Robert Tzab, que:

1.- La agencia décimo cuarta del ministerio público de la Fiscalía General de Estado, violó los derechos de seguridad jurídica e impartición de justicia, pues no ha investigado la denuncia de tortura presentada, dejando en total incertidumbre a los familiares de Robert Tzab

2.- Que la citada agencia del Ministerio Público de Ticul ha incurrido en omisiones tan graves como la de haberse demorado más de 10 meses en ordenar diligencias tendientes a la investigación de los hechos que se denunciaron, hecho que demuestra un total desinterés en la investigación.

3.- Al omitir integrar la averiguación previa en un término breve, la Fiscalía violó lo establecido por el artículo 1 de la Constitución que establece la obligación a las autoridades de investigar alegadas violaciones a derechos humanos y reparar el año.

El Juez Auxiliar de Xalapa, apoyándose en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montiel y Cabrera argumentó que se ha señalado que el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece claramente que “cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

De manera fundamental, el Juez Tercero Auxiliar de Xalapa, estableció lineamientos claros que la agencia en cita deberá seguir en la investigación y determinación de las responsabilidades penales, al recordar que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación, pues existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales.

Con base en lo anterior, el Juez de Distrito ordenó a la Agencia Décimo Cuarta del Ministerio Público del Fuero Común de Ticul, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que dentro del plazo de 60 días, realice las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación previa y tome la determinación respectiva. El pasado 11 de febrero el juzgado cuarto de distrito del estado de Yucatán notificó la sentencia.

Esta sentencia de amparo exhibe de manera clara la omisión en que ha incurrido la Fiscalía para investigar casos graves en donde se encuentran involucrados agentes ex agentes de esa institución. La impunidad es un elemento soslayado por dicha institución que impide construir un sistema de procuración de justicia basado en parámetros de derechos humanos. De igual manera exhibe que la reciente certificación otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  está basada no en consideraciones de calidad, excelencia y eficacia en el servicio, sino en argumentos de carácter político ajenos a los derechos humanos, pues es inconcebible que se otorgue un reconocimiento a una institución que, después de casi 4 años, no es capaz de investigar y sancionar violaciones a derechos humanos tan graves como tortura.

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