Contra la pena de muerte

Debido proceso, asistencia consular y pena de muerte

Comunicado del equipo Indignación A.C.

En solidaridad con la familia de Edgar, asesinado por el gobierno de Estados Unidos

“Si me ejecutan, por favor diles a todos mis paisanos, a mi México entero que me disculpen por haberles fallado y llegado encajonado” Edgar Tamayo Arias.[1]

Edgar Tamayo Arias fue sentenciado a pena de muerte por un delito presuntamente cometido cuando oficiales lo detuvieron junto a tres personas que presuntamente habían cometido robo en un centro nocturno la madrugada del 31 de enero de 1994, y al ser trasladado con dos de ellos por el policía Guy Gaddis, supuestamente Edgar sacó una pistola que traía oculta en el pantalón y disparó seis veces contra él, provocando que la patrulla se estrellara contra una casa, hiriendo al otro presunto criminal. El 1 de noviembre de 1994 fue condenado a pena de muerte, pero hasta este 17 de septiembre de 2013 una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha fatídica para su ejecución[2]. El día de hoy, Edgar pasa a ser un ser humano más, víctima de un gobierno autoritario, fallecido a manos de un verdugo sin rostro.

El caso de Edgar es uno de los tantos relacionados con mexicanos ejecutados en Estados Unidos mediante la pena de muerte desde hace varias décadas, en flagrante violación de sus derechos humanos, así como otras obligaciones internacionales contenidas en instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (PIDCP).

En particular, el caso de Edgar se encuentra pendiente de resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que su caso fue admitido con respecto a los alegatos relativos al artículos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la justicia, a la protección contra la detención arbitraria y a un proceso regular consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[3], bajo los alegatos de los peticionarios respecto a que la defensa del señor no investigó ni presentó pruebas atenuantes pertinentes; el Estado no le informó sobre su derecho de notificación consular; y que padece de discapacidad mental.[4]

Hasta la fecha de publicación del informe de admisibilidad, los Estados Unidos no presentaron respuesta alguna a la petición[5].

El 17 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicado de prensa 2/14, instó al gobierno estadounidense a suspender la ejecución de Edgar, programada para el día de hoy, en el estado de Texas, y a revisar su juicio conforme a las garantías del debido proceso y un juicio justo. Recordó las medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal, otorgadas un año antes, en las que solicitó al Estado se abstuviera de ejecutar la pena capital hasta tanto la Comisión tuviera la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto, el cual fue resuelto el 15 de enero pasado, mediante el Informe No. 1/14, en el que concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos antes mencionados al no respetar la obligación de informar al señor Tamayo de su derecho a la notificación y asistencia consulares prevista en el artículo 36.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, privándolo de un proceso penal que satisfaga los estándares mínimos de debido proceso y juicio justo requeridos bajo la Declaración Americana.

A pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe, entre ellas, la de revisar el juicio y la condena del señor de acuerdo con las garantías reconocidas en la Declaración Americana; la solicitud de asegurar que toda persona extranjera privada de su libertad sea informada, sin demora y antes de declarar, de su derecho a la asistencia consular y a solicitar que las autoridades diplomáticas sean inmediatamente notificadas de su arresto o detención; y que Estados Unidos impulse la aprobación del proyecto de ley sobre “Cumplimiento con la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés), el cual está pendiente en el Congreso de Estados Unidos desde 2011; el gobierno estadounidense, sin emitir informe alguno respecto a las mismas, el día de ayer, a las 21:22 horas del día, asesinó a Edgar Tamayo Arias, en una descarada violación a la dignidad humana y a los derechos derivados de la misma, afectando no solo a él, sino a todos aquellos que en vida lo rodearon.

El caso de Edgar nos recuerda a los de José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García, mexicanos que también fueron víctimas del sistema de “justicia” yankee a pesar de contar con la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el apoyo de otras organizaciones dedicadas a la materia. Cabe señalar que tanto Edgar, como Medellín y Leal, son tres de los 51 nacionales mexicanos nombrados en la sentencia del caso Avena de la Corte Internacional de Justicia[6].

La determinaciones de los distintos órganos del sistema interamericano de derechos humanos, así como la presión de la sociedad civil y del gobierno mexicano poco han impactado en la forma de actuar de los Estados Unidos en los casos de extranjeros, en particular mexicanos, privados de libertad, y lo que es peor aún, a quienes se les ha impuesto la pena de muerte, privándolos así del derecho a un debido proceso, reconocido en distintos instrumentos internacionales, y como consecuencia, el derecho a la vida, el bien más preciado de todo ser humano.

Lo anterior es solo un ejemplo más de cómo los Estados Unidos no respetan las obligaciones contraídas, en el ejercicio de su soberanía, al adherirse y ratificar instrumentos internacionales, en especial, aquellos que conciernen a la protección de derechos humanos, dejando indefensos a cientos de personas, quienes se ven enfrentadas a la inconmesurable y arbitraria fuerza de una potencia que, contraria a la lógica que conllevaría el hecho de ser un Estado “líder” en el ámbito internacional, no respeta los derechos fundamentales de las personas bajo su jursidicción, máxime cuando se trata de un grupo vulnerable como lo son los inmigrantes.

El Equipo Indignación deplora la pena de muerte bajo cualquier circunstancia, pues más que una pena es un delito, cometido en el anonimato, bajo pretexto de una falsa “impartición de justicia”, y orquestado por un Estado autoritario, que pretende la paz social a través del homicidio público. Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de Edgar Tamayo en especial, y en general, con aquellos paisanos y sus familiares que hoy en día, en pleno siglo XXI, se ven obligados a enfrentar largos juicios carentes de todo respeto a sus derechos fundamentales, para luego contar las horas ante una inminente muerte y ningún perdón.



[1] Carta, fechada el pasado 7 de enero y dirigida a Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubs de Morelenses de Estados Unidos y Canadá. http://noticias.univision.com/article/1823342/2014-01-20/estados-unidos/noticias/difunden-una-carta-de-despedida-escrita-por-edgar-tamayo

[2] http://mx.noticias.yahoo.com/el-caso-edgar-tamayo–el-tercer-mexicano-en-recibir-la-pena-de-muerte-en-eu-181938677.html

[3] CIDH. Informe No. 73/12. Admisibilidad. Petición 15-12. Edgar Tamayo Arias. Estados Unidos, 17 de julio de 2012, párr. 3

[4] Ídem, párr. 2

[5] Ídem, párr. 32

[6] Caso Avena y otros Nacionales Mexicanos (México c. Estados Unidos), 2004, CIJ 12 (Sentencia del 31 de marzo de 2004).

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