Organizaciones presentan en Mérida consultorio virtual para personas de la diversidad sexual o con VIH/Sida

Consultorio

  • Un grupo de abogados(as) especialistas en conjunto con un equipo de promotores(as), ofrecen servicios legales en Derechos Humanos a personas con VIH y/o de la diversidad sexual en varias ciudades del país
  • Es un proyecto único en su tipo en América Latina
  • Yucatán es uno de los estados participantes en el proyecto de defensoría de derechos humanos

El Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt” es una plataforma virtual dedicada a ofrecer servicios legales vía internet a personas de la diversidad sexual y/o que viven con VIH en caso de que sean, estigmatizadas, discriminadas o que sus derechos humanos hayan sido violentados en el ámbito laboral, escolar, público o institucional.

La iniciativa surge debido a que diferentes organismos internacionales, entre ellos el Programa Conjunto de VIH/sida de la Organización de las  Naciones Unidas y la Sociedad Internacional del Sida han  identificado que cualquier violación a los Derechos Humanos de las personas con VIH o de la diversidad sexual representa uno de los mayores obstáculos para detener la  pandemia a escala global, y México no es la excepción.

La creación de este tipo de plataformas tiene como finalidad disminuir los índices de discriminación hacia las personas con VIH, pues cifras proporcionadas por la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mostraron que cuatro de cada 10 personas en México declararon no estar dispuestas a convivir con una persona con VIH, lo cual es un reflejo del estigma que pervive sobre el padecimiento.

Un grave problema es que la situación no se refleja en las estadísticas de quejas y denuncias de los organismos de protección de derechos humanos por que no se presentan, lo cual arroja como consecuencia que haya muy poca documentación de violaciones de derechos humanos y de discriminación a personas con VIH.

Sobre el objetivo de trabajo del Consultorio Virtual, Laura Hernández García, coordinadora del proyecto, explicó que “se trata de acercar a las personas a los servicios legales de una manera más accesible mediante el uso de las tecnologías de la información”.

Por el momento, comentó la abogada, se cuenta con nueve promotores de derechos humanos establecidos en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, así como con siete abogados ubicados en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán, quienes trabajan de manera voluntaria  mediante la plataforma virtual para dar seguimiento a los casos y brindar la asesoría jurídica necesaria.

Hernández García mencionó que la participación de Yucatán es prioritaria para el consultorio, por ello las personas que acudan a solicitar los servicios gratuitos del consultorio contaran con el apoyo jurídico de  Jorge Fernández Mendiburu, abogado especializado en derechos humanos e investigación jurídica  y Coordinador del área jurídica de Indignación A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y de Itzé Hernández Ramírez, promotora de derechos humanos en VIH/Sida y derechos de la población LGBTTTI.

Sobre la situación en Yucatán, Jorge Fernández explicó que la entidad sureña se encuentra dentro de los 10 estados con mayor prevalencia de VIH/sida. Además, de acuerdo con el último estudio de la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia,  realizado en mayo del 2013, Yucatán ocupa el sexto lugar de casos de crímenes de odio por homofobia de una muestra de 10 Entidades de la República Mexicana.

La coordinadora del proyecto, explicó  que cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede acceder a los servicios del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt” a través de la página web www.letraese-ddhh.com. El usuario encontrará una sección para describir su caso y posteriormente ser contactado por personal del Consultorio.

“La persona puede escribir un relato de los hechos y éste llega directamente a la administración del Consultorio, la cual se comunica con él y, en su caso, también lo remite, con un promotor, con alguna organización amiga, y si necesita asesoría jurídica, con un abogado”, añadió Hernández García.

Esta herramienta virtual de la organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana es única en su tipo en América Latina, pues brinda asesoría legal en materia laboral, familiar, no discriminación, confidencialidad del diagnóstico y de salud, así como acompañamiento para interponer quejas ante organismos públicos de derechos humanos. Todos estos servicios se otorgan de manera gratuita y confidencial.

En la presentación del Consultorio estuvieron presentes Laura Hernández García, coordinadora del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”; Dulce Cruz Lavadores, Coordinadora Estatal del Programa De VIH/SIDA e ITS de Yucatán; Ligia Vera del Grupo Multisectorial y  Jorge Fernández Mendiburu, de la organización civil Grupo Indignación.

El Consultorio lleva el nombre de Arturo Díaz Betancourt, activista y defensor de los derechos humanos de las personas con VIH/Sida y de la diversidad sexual, quien falleció en marzo de 2011, y es un proyecto financiado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA).

El contacto para atención del Consultorio Virtual es Laura Hernández García, coordinadora del proyecto, quien puede ser contactada a los teléfonos (55)55322751, (55)24543469  044(55)26993697, al correo electrónico consultoriodh.letras@gmail.com  o al twitter @DDHH_LetraS.

 

CONTRA TRANSGÉNICOS, ALIANZA NACIONAL

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Alianza Nacional

“De Mérida a Ensenada, transgénicos para nada.”

 Comunicado Conjunto

  • Se unifican los colectivos que han enfrentado con la justicia la complicidad entre el Gobierno de México y los monstruos corporativos de las semillas representados por Monsanto.
  • Insisten en la responsabilidad que tiene el Poder judicial de la Federación para hacer efectivos derechos que han sido violados con la política pro-transgénicos.
  • Realizarán a lo largo del año acciones conjuntas en diversos ámbitos.

 

El día de hoy anunciamos a la sociedad y a ustedes, los medios de comunicación, que estableceremos una gran Alianza de dos colectivos que han decidido tomar la ley en sus manos, defender sus derechos y pelear por la justicia. Los integrantes de la demanda de Acción Colectiva maíz así como el Colectivo MA OGM, tenemos ya un largo historial en la resistencia frente a la política gubernamental de convertir a México en un país cuya soberanía alimentaria esté en manos de transnacionales sin escrúpulos, ya que además de ser una política que nos conducirá al desastre  alimentario y ambiental, los procesos de otorgamiento de permisos para siembra de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han estado plagados de ilegalidades, por lo cual se han interpuesto diversos instrumentos jurídicos, algunos de ellos se encuentran en etapas de resolución, señalo Federico Berrón.

Añadió Berrón que con las acciones legales interpuestas hemos ejercido el principio de justiciabilidad como una herramienta de lucha con base en los derechos que tenemos, que nos conduce al ámbito del Poder judicial, el cual es sumamente complejo pero tiene múltiples posibilidades que se han demostrado con los logros obtenidos con las dos suspensiones de permisos logradas por dos caminos diferentes; la de la soya revocada.

El Abogado René Sánchez Galindo explicó que el acceso a la agro biodiversidad sin transgénicos es un derecho humano reconocido por la Constitución, la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad, se trata de una herencia milenaria, que a su vez debemos dejar como legado generacional. Esta riqueza ambiental, alimentaria, cultural, salubre y patrimonial beneficia a todas las personas en México y el Mundo, por lo que No tiene comparación con los pírricos beneficios que un puñado de personas obtendría con la mal llamada tecnología transgénica, remató el también abogado de la Asociación Civil, Colectivas."
Por su parte Jorge Fernández, abogado de Indignación y del Colectivo MA OGM, encargado de llevar el caso contra los permisos de soya transgénica en la península, señaló que hasta la fecha se han presentado ante los Juzgados Federales de Yucatán y Campeche, más de 20 pruebas de distinta naturaleza que acreditan no sólo la violación al derecho a la consulta hacia el pueblo maya peninsular, sino también el riesgo inminente de contaminación de la miel por polen transgénico y del medio ambiente por los herbicidas utilizados para su siembra.
Enfatizó que “es preciso insistir en la responsabilidad que tiene el Poder judicial de la Federación para hacer efectivos derechos que han sido violados con la política pro-transgénicos impulsada en la actual administración federal. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio de derechos humanos por parte de la ONU, mismo que esperemos se refleje en el actuar de sus órganos juzgadores. De especial preocupación es la protección de los pueblos originarios afectados, cuya presencia ha sido negada y omitida por parte del ejecutivo federal al momento de promover y otorgar permisos para la siembra de maíz, soya y otros cultivos genéticamente modificados, de tal manera que no avale y sea cómplice de una política racista que afecta la soberanía alimentaria, los derechos culturales y el medioambiente del país. El acceso a la justicia, a la alimentación, el derecho a la consulta y a la igualdad y no discriminación, son derechos fundamentales que deben ser analizados y protegidos por los jueces federales atendiendo al estándart más alto de protección a los derechos humanos.”
La actividad apícola en el sureste de México es muy importante, ya que 20 mil familias de productores de origen maya dependen de ella y, como se ha documentado en diversos estudios, la siembra de soya transgénica es incompatible con la actividad apícola por el riesgo inminente de contaminación de este producto ancestral. Tan es así que la Conabio,  la Conanp, el Ine y el Ecosur, entre otras instituciones, desaconsejan la siembra de soya OGM dados los efectos que para la producción de miel, el medioambiente y la salud podrían producirse, debido no solo al transgénico en sí, sino al herbicida que es altamente nocivo para la salud, para constatarlo basta ver lo que ocurre en la provincia del Chaco en Argentina. De igual manera, los jueces federales ya cuentan con exámenes  de laboratorios internacionales que acreditan que ya existen casos de miel peninsular contaminada por dicha leguminosa, exámenes coincidentes con estudios que han hecho investigadores del El Colegio de la Frontera Sur y que son contundentes en acreditar la imposible coexistencia entre miel y soya OGM.  Además se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, pues la siembra de soya transgénica afecta fundamentalmente el territorio maya dijo Leydy Pech, productora de la miel de la Yucatán.

Pánfilo Hernández, Presidente del Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala, el cual ha trabajado por más de 15 años en la conservación de semillas nativas y ha impulsado el libre intercambio de las mismas entre campesino. Señala que la introducción de semillas transgénicas en el campo mexicano significaría un golpe mortal a la producción nacional, no sólo a los pequeños productores de maíz a quienes pretenden desaparecer como ha sucedido en Estados Unidos y Argentina, también los grandes productores serían afectados. El afán de control de estas empresas sobre las semillas es parte de la dominación de nuestro sistema alimentario por parte del capital trasnacional. Su insistencia en sembrar sus semillas en México es parte de su estrategia de monopolizar los recursos genéticos y saben de la gran riqueza que  tiene nuestro país.

Como parte de la comunidad científica que vienen apoyando esta lucha, Víctor Toledo, Profesor de la UNAM y destacado ecólogo, señaló que la ciencia ha detectado graves riegos en esta tecnología. Tanto en el ámbito propio de la planta a nivel fisiológico y molecular, como en la salud de quien los consume, en la economía de los productores agrícolas, en biodiversidad, en la cultura.

Finalmente, Adelita San Vicente, Representante de la Colectividad del maíz dio a conocer que estableceremos una Alianza Nacional, con el fin de crear una plataforma común de la que deriven acciones conjuntas orientadas a revertir el avance de los OGM, con esta alianza buscaremos fortalecer la defensa de las y los mexicanos para seguir sembrando sus alimentos, para alimentarse de manera sana y gozar de la biodiversidad que nos pertenece. Hoy acudimos al Poder judicial para demandarle responsabilidad frente a nuestros derechos básico como son el derecho a una alimentación y a un ambiente sanos, le exigimos compromiso con nuestros derechos

 

Ciudad de México D.F. a 24 de enero de 2014

Para mayores informes:

Luis Arturo Carrillo Cel: 045 99 99951480

Federico Berrón Cel: 045 9999 002056

Adelita San Vicente Cel: 044 55 26537700

Contra la pena de muerte

Debido proceso, asistencia consular y pena de muerte

Comunicado del equipo Indignación A.C.

En solidaridad con la familia de Edgar, asesinado por el gobierno de Estados Unidos

“Si me ejecutan, por favor diles a todos mis paisanos, a mi México entero que me disculpen por haberles fallado y llegado encajonado” Edgar Tamayo Arias.[1]

Edgar Tamayo Arias fue sentenciado a pena de muerte por un delito presuntamente cometido cuando oficiales lo detuvieron junto a tres personas que presuntamente habían cometido robo en un centro nocturno la madrugada del 31 de enero de 1994, y al ser trasladado con dos de ellos por el policía Guy Gaddis, supuestamente Edgar sacó una pistola que traía oculta en el pantalón y disparó seis veces contra él, provocando que la patrulla se estrellara contra una casa, hiriendo al otro presunto criminal. El 1 de noviembre de 1994 fue condenado a pena de muerte, pero hasta este 17 de septiembre de 2013 una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha fatídica para su ejecución[2]. El día de hoy, Edgar pasa a ser un ser humano más, víctima de un gobierno autoritario, fallecido a manos de un verdugo sin rostro.

El caso de Edgar es uno de los tantos relacionados con mexicanos ejecutados en Estados Unidos mediante la pena de muerte desde hace varias décadas, en flagrante violación de sus derechos humanos, así como otras obligaciones internacionales contenidas en instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (PIDCP).

En particular, el caso de Edgar se encuentra pendiente de resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que su caso fue admitido con respecto a los alegatos relativos al artículos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la justicia, a la protección contra la detención arbitraria y a un proceso regular consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[3], bajo los alegatos de los peticionarios respecto a que la defensa del señor no investigó ni presentó pruebas atenuantes pertinentes; el Estado no le informó sobre su derecho de notificación consular; y que padece de discapacidad mental.[4]

Hasta la fecha de publicación del informe de admisibilidad, los Estados Unidos no presentaron respuesta alguna a la petición[5].

El 17 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicado de prensa 2/14, instó al gobierno estadounidense a suspender la ejecución de Edgar, programada para el día de hoy, en el estado de Texas, y a revisar su juicio conforme a las garantías del debido proceso y un juicio justo. Recordó las medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal, otorgadas un año antes, en las que solicitó al Estado se abstuviera de ejecutar la pena capital hasta tanto la Comisión tuviera la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto, el cual fue resuelto el 15 de enero pasado, mediante el Informe No. 1/14, en el que concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos antes mencionados al no respetar la obligación de informar al señor Tamayo de su derecho a la notificación y asistencia consulares prevista en el artículo 36.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, privándolo de un proceso penal que satisfaga los estándares mínimos de debido proceso y juicio justo requeridos bajo la Declaración Americana.

A pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe, entre ellas, la de revisar el juicio y la condena del señor de acuerdo con las garantías reconocidas en la Declaración Americana; la solicitud de asegurar que toda persona extranjera privada de su libertad sea informada, sin demora y antes de declarar, de su derecho a la asistencia consular y a solicitar que las autoridades diplomáticas sean inmediatamente notificadas de su arresto o detención; y que Estados Unidos impulse la aprobación del proyecto de ley sobre “Cumplimiento con la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés), el cual está pendiente en el Congreso de Estados Unidos desde 2011; el gobierno estadounidense, sin emitir informe alguno respecto a las mismas, el día de ayer, a las 21:22 horas del día, asesinó a Edgar Tamayo Arias, en una descarada violación a la dignidad humana y a los derechos derivados de la misma, afectando no solo a él, sino a todos aquellos que en vida lo rodearon.

El caso de Edgar nos recuerda a los de José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García, mexicanos que también fueron víctimas del sistema de “justicia” yankee a pesar de contar con la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el apoyo de otras organizaciones dedicadas a la materia. Cabe señalar que tanto Edgar, como Medellín y Leal, son tres de los 51 nacionales mexicanos nombrados en la sentencia del caso Avena de la Corte Internacional de Justicia[6].

La determinaciones de los distintos órganos del sistema interamericano de derechos humanos, así como la presión de la sociedad civil y del gobierno mexicano poco han impactado en la forma de actuar de los Estados Unidos en los casos de extranjeros, en particular mexicanos, privados de libertad, y lo que es peor aún, a quienes se les ha impuesto la pena de muerte, privándolos así del derecho a un debido proceso, reconocido en distintos instrumentos internacionales, y como consecuencia, el derecho a la vida, el bien más preciado de todo ser humano.

Lo anterior es solo un ejemplo más de cómo los Estados Unidos no respetan las obligaciones contraídas, en el ejercicio de su soberanía, al adherirse y ratificar instrumentos internacionales, en especial, aquellos que conciernen a la protección de derechos humanos, dejando indefensos a cientos de personas, quienes se ven enfrentadas a la inconmesurable y arbitraria fuerza de una potencia que, contraria a la lógica que conllevaría el hecho de ser un Estado “líder” en el ámbito internacional, no respeta los derechos fundamentales de las personas bajo su jursidicción, máxime cuando se trata de un grupo vulnerable como lo son los inmigrantes.

El Equipo Indignación deplora la pena de muerte bajo cualquier circunstancia, pues más que una pena es un delito, cometido en el anonimato, bajo pretexto de una falsa “impartición de justicia”, y orquestado por un Estado autoritario, que pretende la paz social a través del homicidio público. Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de Edgar Tamayo en especial, y en general, con aquellos paisanos y sus familiares que hoy en día, en pleno siglo XXI, se ven obligados a enfrentar largos juicios carentes de todo respeto a sus derechos fundamentales, para luego contar las horas ante una inminente muerte y ningún perdón.



[1] Carta, fechada el pasado 7 de enero y dirigida a Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubs de Morelenses de Estados Unidos y Canadá. http://noticias.univision.com/article/1823342/2014-01-20/estados-unidos/noticias/difunden-una-carta-de-despedida-escrita-por-edgar-tamayo

[2] http://mx.noticias.yahoo.com/el-caso-edgar-tamayo–el-tercer-mexicano-en-recibir-la-pena-de-muerte-en-eu-181938677.html

[3] CIDH. Informe No. 73/12. Admisibilidad. Petición 15-12. Edgar Tamayo Arias. Estados Unidos, 17 de julio de 2012, párr. 3

[4] Ídem, párr. 2

[5] Ídem, párr. 32

[6] Caso Avena y otros Nacionales Mexicanos (México c. Estados Unidos), 2004, CIJ 12 (Sentencia del 31 de marzo de 2004).

Demanda de amparo contra reforma energética

 * Acción conjunta, desde Yucatán: ciudadanía e Indignación presentan

sendos juicios de amparo contra el procedimiento

 * Aducen violaciones de la Cámara de Diputados

* Se violaron principios de representación y de soberanía popular, sostienen

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Comunicado del equipo Indignación

Por considerar que se violaron principios de representación y de soberanía popular, ciudadanía yucateca y una organización de derechos humanos presentaron sendas demandas de amparo en contra del procedimiento de aprobación de la reforma energética.

En una acción conjunta, treinta ciudadanas y ciudadanos radicados en Yucatán y el equipo Indignación se ampararon en contra del procedimiento mediante el cual se aprobó la reforma constitucional en materia energética que culminó con la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El argumento principal de dichos amparos, es que al aprobar la Cámara de Diputados la reforma en materia energética, se violó el procedimiento parlamentario establecido en el artículo 72 de la Constitución Política, así como en diversos numerales de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, pues el dictamen fue aprobado en el pleno sin que se turnara a las comisiones legislativas respectivas. Al violarse dicho procedimiento de origen constitucional, en consecuencia se afectaron los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución que establecen el derecho de las y los ciudadanos a ejercer la soberanía a través de sus representantes populares.

La característica del régimen representativo y democrático otorga a las y los ciudadanos, la posibilidad de elegir a sus representantes, entre éstos a legisladoras y legisladores, como un medio de hacer efectivo el ejercicio de la soberanía popular. En consecuencia, las y los legisladores, para cumplir con su mandato de elección y representación, deben ceñirse a los procedimientos que la propia Constitución y las normas establecen, es decir, este ejercicio de representatividad NO significa que puedan actuar arbitrariamente, sino que su actuar está sometido a una serie de normas y reglas que, en aras de preservar esa facultad de representación popular deben cumplirse. Cuando estas normas se violan, se está afectando el ejercicio de representación popular, dado que ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias.

El trabajo en comisiones legislativas es un elemento esencial de todo proceso de reforma legislativa, mucho más cuando estamos frente a una reforma constitucional cuyos efectos impactan en los derechos económicos y sociales de la población. La labor de las comisiones legislativas, cuyo resultado final es el dictamen respectivo, no es una simple formalidad, sino la expresión del trabajo legislativo que debe reflejar, no sólo la pluralidad de las posiciones, sino también argumentar de manera técnica el porqué una propuesta legislativa debe ser aprobada o no. No estamos, en consecuencia, ante un simple formalismo, sino ante la expresión pura de la labor legislativa, de la construcción argumentativa que da sustento a cualquier normatividad. En consecuencia, resulta violatorio del procedimiento legislativo, y por ende del ejercicio democrático expresado en el parlamento que se haya omitido una parte nodal, sustancial del proceso legislativo que es la omisión de enviar a comisiones respectivas el dictamen.

 

Tan es así, que el propio artículo 84 del propio Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que un dictamen SOLO SERÁ VÁLIDO CUANDO LA COMISIÓN O COMISIONES DISCUTAN UN ASUNTO EN REUNIÓN Y ÉSTE SE APRUEBE, POR MAYORÍA ABSOLUTA.

Al violarse las reglas del procedimiento legislativo, se viola el derecho del pueblo a ejercer su soberanía y decidir sobre su forma de gobierno, toda vez que hay una ruptura en el proceso en el cual se establecían los parámetros para garantizar que el resultado del proceso legislativo sea, verdaderamente, voluntad del pueblo. El incumplimiento de algún requisito procedimental de este tipo convierte el producto legislativo en ilegal e ilegítimo, siendo también un acto de violación a los derechos humanos colectivos y aquellos individuales que se ven directamente afectados. Todo ello configura una violación, también, al deber de garantizar los derechos humanos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Federal y del artículo 1.1 de la Convención Americana.

El Poder Judicial Federal tiene la obligación de conocer el amparo y analizar estas violaciones al debido proceso legislativo, puesto que afectan los derechos de representación y en consecuencia el ejercicio de la soberanía por parte de las y los ciudadanos. En ese sentido, si bien la Ley de Amparo establece en su artículo 61 fracción I que el juicio de amparo es improcedente contra el procedimiento de reformas constitucionales, también lo es que la falta de un recurso efectivo frente a violaciones como las reclamadas, sitúa a las y los ciudadanos en un estado de indefensión que debe de ser subsanado por los Jueces Federales en aplicación del control de constitucionalidad y convencionalidad al que están obligados en aras de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal cual lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes jurisprudenciales.

En consecuencia, las demandas presentadas, no sólo deben ser admitidas, sino que es obligación de los Jueces Federales analizar las violaciones alegadas y en su caso anular el procedimiento llevado en la Cámara de Diputados, así como sus consecuencias, es decir, el resultado de aprobación de la reforma en materia energética. De lo contrario la ciudadanía no sólo quedará indefensa ante violaciones de sus representantes populares si no que se estará avalando un acto de arbitrariedad por parte de los legisladores que significa una clara ruptura del estado democrático y una violación a su obligación de hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Federal.

 

CNDH certifica y encubre a Fiscalía yucateca

CNDH certifica y encubre a Fiscalía de Yucatán

Comunicado del Equipo Indignación

El Equipo Indignación manifiesta su preocupación y rechaza la certificación que ha otorgado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán (FGJE) y deploramos el uso político que pretenden darle confundiendo la asistencia a cursos con las obligaciones en materia de derechos humanos.

La misma CNDH lleva más de dos años sin resolver un recurso interpuesto contra una débil e insuficiente recomendación de la Codhey en el caso de Roberth Tzab, cuya muerte ocurrió en un celda de Tekax en condiciones que obligan a presumir tortura.

De acuerdo con información divulgada por la propia fiscalía, la CNDH ha adoptado la decisión de certificar a la FGEY “en virtud de que su personal ha asistido constantemente a distintos eventos de capacitación en materia de derechos humanos”. Resulta gravísimo que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la Fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales.

Algunos datos que contrastan el criterio utilizado por la CNDH son los siguientes:

1.- Apenas el 11 de septiembre del 2013, la misma CNDH emitió la recomendación 34/2013 por graves irregularidades de la Fiscalía General del estado en la investigación por la muerte del adolescente JFC acaecida en Valladolid. En dicha recomendación, la CNDH determinó:

93.Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/2/2013/203/Q y como quedó asentado en la conciliación de 11 de julio de 2012, se advierten conductas que configuran violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia, en agravio de Q1, Q2, Q3 y Q4 atribuibles a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8 adscritos a la Fiscalía General del estado de Yucatán, con motivo de la indagatoria iniciada respecto de la muerte de V1

2.- En el caso del acceso a la Justicia para mujeres que han sido víctimas de violencia de género,  el 10 de diciembre de 2013, al presentar el informe “La Casta Susana”, el Equipo Indignación denunció la alarmante revictimización a la que son expuestas muchas de las mujeres que acuden a los Ministerios Públicos, especialmente cuando se trata de delitos de índole sexual. Como hemos constatado a través del acompañamiento y documentación de casos, las mujeres son expuestas a personal insensible que carece de preparación para atender debidamente a las víctimas. Durante la integración del expediente, esta circunstancia convierte las diligencias en procesos que agravan el daño a la integridad de las mujeres ocasionado por su victimario original.

En dicho informe se denunció que la procuración de justicia en casos de violencia de género en el estado tiene falencias tan graves como la ausencia de equipo y personal técnico para realizar pruebas de ADN y la imposición de la carga de la prueba a las mujeres víctimas de violaciones, quienes tienen que asumir los altos costos de realizar ese tipo de exámenes a través de laboratorios privados.

3.- La Fiscalía General del estado y su titular, también han sido señaladas de reforzar los estereotipos y realizar actuaciones discriminatorias en casos de crímenes de odio por homofobia. Así por ejemplo, en el asesinato de Samuel Woodruf, acaecido en noviembre de 2012, la misma Fiscal ventiló públicamente, en diversos medios de comunicación,  de manera irrespetuosa y discriminatoria, datos relativos a la vida personal del C. Woodruff  al señalar, entre otras cosas que “los exámenes forenses y médicos arrojaron  que la victima dio positivo al VIH” además de afirmar que “la víctima era de tendencias homosexuales”, violando con ello el derecho a la protección de datos personales y reforzando, públicamente, el estigma que precede a los crímenes de odio por homofobia, de los que Yucatán ha ocupado, en los últimos años, los primeros lugares a nivel nacional.

4.- Existen otros casos que acreditan que la Fiscalía Especial está muy lejos de ser un órgano respetuoso y garante de los derechos humanos, y por el contrario se ha constituido como cómplice de graves violaciones, como es el caso de su inactividad frente a la denuncia penal por despojo presentada por el Albergue Oasis de San Juan de Dios por la invasión que sufrió de un aparte de su terreno a manos de particulares, presuntamente empresarios. En ese caso, ni la policía ministerial ni los agentes investigadores, realizaron las acciones tendientes para detener la continuación del delito a pesar de estar sucediendo en flagrancia.

5.- La misma Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), en su último informe de labores (junio de 2013), ubicó a la Fiscalía General del estado como la tercera autoridad que mayores denuncias por violaciones a derechos humanos tiene en la entidad, por detrás de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública. A pesar de la sistemática complicidad entre la Codhey y la FGEY, resulta revelador el dato contenido en dicho informe.

6.- En reiteradas ocasiones, también se ha señalado que en la Fiscalía se cometen sistemáticas violaciones al derecho a la integridad personal, incluyendo casos que podrían ser considerados como tortura. Quizá uno de los casos más emblemáticos es el de Robert Tzab, quien murió en los separos de la Agencia del Ministerio Público de Tekax y en circunstancias que permiten presumir tortura carcelaria. Hasta la fecha, la FGEY no ha integrado el expediente originado por la denuncia interpuesta en agosto de 2010. El Ministerio Público de Ticul, donde actualmente se está llevando a cabo la averiguación previa, ha actuando con impericia, incurriendo en grandes omisiones que vulneran el derecho de los familiares del difunto a acceder a la justicia y al derecho a la verdad, permitiendo la impunidad de una violación tan grave como lo es la tortura. Esta omisión fue denunciada en juicio de amparo ante instancias federales, del cual, actualmente, se encuentra en espera de sentencia. Cabe resaltar que en este caso la CNDH también ha sido cómplice de la impunidad al demorar la resolución de un recurso interpuesto contra inocua y insuficiente recomendación de la Codhey.

Ante estos hechos, el Equipo Indignación insiste en que la única forma de medir fehacientemente el compromiso de cualquier autoridad por el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos, es su actuar cotidiano. No se puede obsequiar una certificación de respeto a los derechos humanos bajo los estándares acuñados por la CNDH, pues significa banalizar el compromiso del Estado en la materia y reducirlo a meras formalidades y protocolos. Con lo anterior lo único que se acredita es que, ni la institución certificada tiene méritos para serlo, ni quien certifica tiene la legitimidad para hacerlo. En consecuencia deploramos que las razones de la CNDH estén sustentadas en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis sobre la actuación de la FGEY bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos.

Indignación Clausura la Procuraduría de Justicia
Indignación Clausura la Procuraduría de Justicia