Indignación demanda al Congreso de Yucatán por no tipificar feminicidio como delito grave

Por no haber legislado el feminicidio como delito grave, el Equipo Indignación demandó hoy al Congreso del Estado ante el Tribunal de Justicia Constitucional de Yucatán. Esta omisión continuada impide juzgar precisamente bajo este tipo penal a quienes incurran en este ominoso delito y favorece la impunidad de los agresores.

Esta es la primera vez en la historia de Yucatán en interponerse una acción por omisión legislativa, la cual tiene como finalidad solicitar al Tribunal Constitucional (el cual está conformado por los mismos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia) que ordene al Congreso del Estado emitir las normas a las que está obligado de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Yucatán. Asimismo, es el único mecanismo legal existente en el Estado que permite a los ciudadanos exigir el cumplimiento de la Constitución Local.

En agosto de 2012, luego de años de inaceptable omisión, fue tipificado en el Código Penal del Estado de Yucatán el delito de feminicidio pero no como un delito grave, lo cual permite que aquellos que lo cometan puedan acceder a libertad bajo caución durante el proceso penal. Actualmente, es considerado como delito grave el robo de ganado mayor y menor y el daño en propiedad ajena por incendio, pero no el feminicidio. Esta situación ha permitido la impunidad en diversos casos.

Aunque la Fiscal General del Estado de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, ha señalado que, para evitar que el agresor pueda salir bajo fianza han aplicado conceptos como homicidios por cuestión de parentesco, al no tipificarlos precisamente como feminicidios se favorece la impunidad, se omiten acciones de prevención y se encubre la forma más grave de violencia de género.

Esta situación se ve agravada frente un contexto en el cual se han ocultado sistemáticamente los feminicidios en Yucatán bajo calificaciones como “crimen pasional”, “celos” y “relación tormentosa”, calificaciones emitidas incluso desde la Fiscalía, demostrando la indolencia y la impericia de las autoridades e instituciones responsables. Al respecto, durante el 2013 manifestamos públicamente nuestra indignación por casos como el de doña Prudencia Poot (asesinada en abril pasado) y Gemma Guadalupe Castillo (asesinada en febrero), por mencionar únicamente dos casos de feminicidio, la forma más extrema de violencia de género, ocurridos este mismo año. No fueron los únicos. Ni siquiera esa violencia extrema ha llevado al Congreso a subsanar la omisión. El ejecutivo del Estado es también responsable de la omisión y cuenta con facultades para iniciar una propuesta que la subsane.

Quienes integramos el Equipo Indignación hemos identificado esta omisión legislativa, continuada y mantenida a pesar de las alertas emitidas por organizaciones civiles del Estado, como uno de los principales obstáculos para garantizar a las mujeres en Yucatán el acceso a una vida libre de violencia.

A través de la demanda presentada, solicitamos atentamente al Tribunal Constitucional de Yucatán se pronuncie y ordene al Congreso del Estado subsanar esta omisión que, en sí misma, constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, debido a que no se ha incorporado al artículo 13 del Código Penal del estado de Yucatán (el cual determina qué delitos son considerados graves) el feminicidio, hecho que es contrario a lo establecido por los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; los artículos 1.1, 2, 4 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; los artículos 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violentar los derechos  a la igualdad ante la ley, no discriminación y acceso a la justicia.

Mérida, Yucatán, 21 de noviembre de 2013

p.d. La caricatura es de TONY, obsequio del artista al Equipo Indignación

DemandaCongresoFeminicidio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DenunciaCongresoCaricaturaTony

Se reconoce concubinato de pareja del mismo sexo en Yucatán

Por primera vez en la historia del estado

Comunicado conjunto

El día de ayer 31 de octubre, el Poder Judicial del estado de Yucatán reconoció, por primera vez en la entidad, la condición de concubinos a una pareja del mismo sexo.

El 15 de agosto del presente año, Carlos y José presentaron, ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del estado, con sede en Motul, unas diligencias de jurisdicción voluntaria para que dicho órgano judicial les reconociera la calidad de concubinos. Como parte del proceso, el día de ayer se efectuó una audiencia, en la sala de juicio oral del citado juzgado, en la que se desahogaron los testimonios ofrecidos por los promoventes con el fin de acreditar la existencia y permanencia de su relación de pareja.

Finalizada la comparecencia de los testigos, la Titular del Juzgado, Sandra Isabel Bermejo Burgos, emitió su resolución mediante la cual determinó reconocer la calidad de concubinos a Carlos y José, con los derechos y obligaciones que ello conlleva. Al fundamentar su resolución, la citada Jueza hizo suyos los argumentos presentados por la representación legal de los solicitantes, y aplicó los estándares nacionales e internacionales que se han derivado del desarrollo del derecho a la no discriminación por preferencia u orientación sexual, principalmente los emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre otras cosas, la juzgadora señaló que, a pesar de que el artículo 201 del Código de Familia del Estado de Yucatán define el concubinato como “la unión de un hombre y una mujer… quienes hacen vida en común de manera notoria, permanente”,  el artículo 1° de la Constitución Federal y el 1 y 2.1 de la Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, establecen que el acceso a los derechos humanos se debe garantizar en condiciones de igualdad y no discriminación, razón por la cual resultaba procedente conceder la solicitud de concubinato, atendiendo, además, al deber que tiene toda autoridad de  promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, derivado del citado artículo 1° constitucional.

Con lo anterior, la Jueza Tercero de Motul aplicó el control de la constitucionalidad y la convencionalidad, haciendo efectivo el principio pro persona a favor de Carlos y José, con lo cual podrán gozar de los derechos derivados del reconocimiento legal de su unión, entre otros el derecho a la salud, sucesiones, herencias, etc.

Esta resolución que reconoce la calidad de concubinos a Carlos y José, se suma a la emitida el día 28 de junio del 2013 por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante la cual se otorgó un amparo a otra pareja del mismo sexo, que alegaba que su derecho a la no discriminación había sido violado al negarle el registro civil la posibilidad de contraer matrimonio. Al resolver el amparo, el citado órgano de Justicia Federal reconoció la inconstitucionalidad del artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, pues establecía una limitación carente de justificación para que parejas del mismo sexo pudieran acceder a la figura del matrimonio.

No obstante que esta noticia significa un paso más en el inevitable proceso de reconocimiento legal de las familias homoparentales en la entidad, la legislación vigente del Estado de Yucatán, tanto el Código de Familia como la Constitución Estatal, sigue excluyendo de las figuras de matrimonio y concubinato a las parejas del mismo sexo.

La existencia de dos resoluciones emitidas, una por el Poder Judicial Federal y la otra por la Justicia estatal, que han establecido con claridad la confrontación de la normatividad estatal en materia familiar con el derecho humano a la igualdad y no discriminación por preferencia sexual, exhibe la omisión en la que ha incurrido el Congreso del estado para armonizar la normatividad estatal con los más altos estándares en materia de derechos humanos. En este sentido, urgimos a las y los legisladores para que cumplan con su obligación de proteger a la familia, y reforme la legislación actual, de tal manera que el matrimonio y el concubinato puedan ser accesibles para todas y todos, con independencia de su orientación sexual.

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH/Sida en Yucatán

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC

Oasis De San Juan de Dios AC.

LogosOasisMultisecIndig