Ebulá demanda al Estado mexicano ante la CIDH

A escrutinio internacional, un desalojo forzoso en Campeche

Equipo Indignación A.C.

San Antonio Ebulá demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desalojo forzoso de que fue objeto en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos.

Los desalojos forzosos son particularmente graves y representan una violación “prima facie” a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo la vigencia de otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.

Para el equipo Indignación es indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los pueblos y de las familias.

El responsable de desalojos forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el Estado, en este caso por haber permitido que un particular, el empresario Eduardo Escalante, lo llevara al cabo. Las autoridades de Campeche protegieron al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar. El equipo Indignación considera que es alto el riesgo de que hechos como estos se repitan mientras persista la impunidad.

La procuraduría de Campeche, a cargo de Renato Sales, avaló el cierre de la averiguación previa sin siquiera citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Por el contrario, violentó el derecho de las y los agraviados a la justicia y a la reparación del daño, a pesar de que las y los pobladores presentaron la denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que demostraban que Ebulá estaba reconocido como Pueblo por diversas instancias estatales y federales.

La Secretaría de la Reforma Agraria, por su parte, no ha resuelto aún el litigio que las y los habitantes de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras.

El anterior gobierno de Campeche protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá. Además, omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada que vivió durante mes y medio en la terraza del Palacio de Gobierno.

El actual gobierno, por su parte, ante la presión internacional, llegó a un acuerdo con la población desplazada en septiembre de 2009 otorgando 31 hectáreas para la inmediata ocupación de las familias desplazadas pero ha incumplido con garantizar los servicios necesarios para la vida de un pueblo.  Además, el actual gobierno es el responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al agresor y de impedir así el acceso a la justicia a las y los agraviados.

Por estos hechos, y por la denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el equipo Indignación, demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ahora será el Estado mexicano quien tenga que responder ante un organismo internacional por graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras persista la impunidad, es alto el riesgo de que hechos como el desalojo que agravió a más de 70 familias en Ebulá se repitan, más aún en una zona que no ha reconocido el derecho al territorio del pueblo maya, en una región en la que la tierra se encuentra sujeta a la especulación y a la presión generada por inversionistas y proyectos de “desarrollo”, en una entidad en la que el gobierno se muestra tan sometido al poder económico.

Resulta elocuente que un hijo del agresor mantenga un importante cargo en el gobierno del estado de Campeche y que una de sus hijas haya sido diputada estatal y actualmente sea Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.

Esta es la primera demanda que se presenta ante el Sistema Interamericano contra el Estado mexicano por hechos ocurridos en Campeche.

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Campeche, 22 de agosto de 2013

Equipo Indignación A.C.

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Carta abierta a Ebulá: 4 años después, la impunidad persiste

Carta abierta a las compañeras y compañeros de San Antonio Ebulá

El Estado falló en Ebulá: 4 años de impunidad

 Equipo Indignación

 13 de agosto de 2013

Compañeras, compañeros:

Hace cuatro años nos encontramos en la tierra de ustedes, mirándolos mirar lo que quedaba de sus casas. Humeaba todavía entre los escombros de madera y láminas.

Llegamos a San Antonio Ebulá cuando jóvenes con camisetas anaranjadas se subían a unas camionetas tipo pick up y huían. Los vimos irse, riendo. Detrás iba también maquinaria de construcción usada para destruir.

Alrededor todo era destrucción y caos. Árboles tirados, láminas en el suelo, humo… y el azoro de ustedes. Y la rabia asomando. Y la confusión y las narraciones atropelladas y el estado de choque en el que se encontraban algunos, algunas. La escena nos remitía, irremediablemente, a Guatemala y la política de tierra arrasada en los tiempos de la guerra. Nos resultaba increíble ver esto en Campeche, en 2009. Unas semanas antes habíamos visitado el poblado.

Este era el tercer ataque contra San Antonio Ebulá y la destrucción era total. Todas, todos sabían quién era el agresor: Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Eso significa que contaba con toda la protección federal. Y contó con la complicidad estatal también. “El dueño de Campeche”, llegó a decir alguien.

El “Potoco”, Gilberto Farfán Talango, lo confesó en la averiguación previa en el Ministerio Público, cuando ustedes lograron que se reabriera la investigación, pues la habían cerrado “por no encontrar delito qué perseguir”. El “Potoco” confesó que Eduardo Escalante lo contrató para limpiar un terreno. Confesó que no, no le mostró orden de desalojo, pero sí una resolución de un juicio civil. Le ordenó destruir las “casuchas” que se encontraban en San Antonio Ebulá.

¿Por qué puede Eduardo Escalante ordenar un desalojo? ¿y por qué puede ser obedecido? ¿y por qué pudo ordenar un desalojo y ser obedecido… impunemente?

El 13 de agosto de 2009 la policía estatal de Campeche estuvo presente. Fue testigo de la destrucción de casas y pertenencias ¡y no intervino!

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que no era un asunto de derechos Humanos porque era entre particulares.

Ustedes estuvieron desplazados en condiciones críticas sin ningún tipo de asistencia pero la Comisión de Derechos Humanos de Campeche no encontró ninguna violación a los derechos humanos. La CNDH, con absoluta negligencia, avaló la resolución.

El Ministerio Público cerró nuevamente el expediente y el procurador, Renato Sales, avaló dicha determinación a pesar que desde que tomó posesión del cargo tuvo el informe que elaboró la Misión Civil de Observación sobre el caso de San Antonio Ebulá y a pesar de que nos entrevistamos con él y le detallamos las violaciones a derechos humanos, los delitos, los agravios mantenidos en la impunidad por el gobierno anterior. Ofreció atender con toda responsabilidad el asunto. Admitió que Eduardo Escalante era una persona muy poderosa en Campeche pero ofreció atender con toda responsabilidad el caso.

Ustedes presentaron más de 26 pruebas, decenas de declaraciones… y aun así Renato Sales determinó cerrar el expediente sin consignarlo ante un juez. Nunca citó a declarar a Eduardo Escalante… pero él cerró el expediente.

Hoy, cuatro años después, un hijo de Eduardo Escalante tiene un puesto estratégico en el gobierno estatal y la hija de Eduardo Escalante, Presidenta Municipal de Campeche, trata con desdén la exigencia de ustedes para que Ebulá sea reconocido como pueblo y hace cuatro años formó parte de la legislatura que eliminó del Código Penal de Campeche el delito de “ataque a un poblado”.

Las tierras que obtuvieron, una pequeña parte de las que habitaban, no cuentan con todos los servicios que requiere una comunidad, a pesar de que el gobierno se comprometió a dotarlos de todos ellos en un convenio apresurado que pretendía más eliminar la protesta que resolver y reparar los daños.

Son cuatro años ya. La procuraduría de justicia cerró el expediente y con eso Renato Sales hizo todavía más deplorable la actuación del gobierno de Campeche y se incluyó entre los actores que les han agraviado.

El juicio agrario no ha concluido después de veinte años.

Ustedes, precisamente ustedes, las y los habitantes de San Antonio Ebulá, pueden mostrar cuán difícil resulta para una persona en México acceder a la justicia cuando es violentada por un poderoso. Ustedes pueden mostrar, tienen todas las pruebas, que el gobierno cesa su actuar, su autoridad e incumple su obligación, temeroso del poder económico y político de una persona.

Ustedes pueden mostrar y dar a conocer a otros pueblos todos los mecanismos que echa a andar el poder para desalentar a la gente, para sembrar discordia.

Ustedes pueden mostrar que un litigio por la tierra puede enredarse durante veinte años y perderse en los torcidos caminos de procuradurías, tribunales, secretarías.

Muéstrenle al mundo cómo es en Campeche la justicia. Cuenten, no sólo lo que ocurrió el 13 de agosto de 2009, sino lo que ha ocurrido estos cuatro años. Los engaños, las ficciones, nuevos agravios cometidos por la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, por el gobernador, por el procurador Renato Sales.

Todas las instituciones del estado han fallado y se han aliado para proteger al agresor. Hagan ustedes que esto no sea posible nunca más.

No, no son ustedes los que fallaron, ni su causa la que falló: el estado mexicano exhibe en Ebulá su derrota al mostrarse incapaz de hacer justicia y reparar los daños, al mostrarse tan débil frente al dinero, tan temeroso frente a un empresario.

Ustedes empezaron un pueblo nuevo en la tierra recuperada. Así hay que hacer de nuevo la justicia.

El camino sigue. La rabia en la mirada también marca una ruta.

Continuamos.

Equipo Indignación A.C.

EbulaAcusa4años