Renato Sales procuró impunidad en caso Ebulá, Campeche

EbulaDesplazado

El equipo Indignación deplora el nombramiento de Renato Sales en un cargo de la PGR que requiere a alguien capaz de combatir la impunidad para resolver casos tan graves como el de la guardería ABC.

Renato Sales dejó la Procuraduría de Campeche, cargo desde el cual mantuvo impune uno de los casos más graves de desalojo, ataque y desplazamiento de una población: San Antonio Ebulá, poblado destruido en agosto de 2009 por órdenes del empresario constructor Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras y a quien ni siquiera se citó a declarar en la indagatoria abierta por el caso.

San Antonio Ebulá lucha por ser pueblo y precisamente hoy, en vísperas del 13 de junio, se prepara para celebrar al santo patrono. Hace casi cuatro años, otro día 13 pero de agosto, el empresario constructor Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, ordenó la destrucción del poblado y generó el desplazamiento de las y los pobladores que vivían ahí desde hacía más de 40 años. Era el tercer desalojo. Los dos desalojos anteriores permanecieron impunes. Era el tercer desalojo pero éste fue de una violencia extrema. No dejó casa levantada. Destruyó todo: casas, árboles, animales, la Iglesia, la Escuela. Todo.

Escalante, sin contar con orden de desalojo y sin ser, por supuesto, autoridad para ejecutarla, destruyó el poblado y atacó a los pobladores. La policía acudió al lugar, pero no intervino. Las familias vivieron mes y medio, en condición de desplazadas, en la terraza del Palacio de Gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de Campeche consideró que no era asunto de derechos humanos debido a que las autoridades no intervinieron (¡!) y que eso dejó el asunto como un problema entre particulares.

Gilberto Farfán Talango, alias “El Potoco”, dueño de una empresa de seguridad, declaró en la indagatoria abierta a raíz de la denuncia que interpusieron los pobladores, que fue el empresario Eduardo Escalante quien lo contrató para destruir las casas de San Antonio Ebulá. Sin embargo, Escalante ni siquiera fue citado a declarar en la indagatoria. Y el caso lo cerró el Ministerio Público sin encontrar delito qué perseguir. La insistencia de los pobladores logró que se reabriera… sólo para cerrarla nuevamente, meses después, por el mismo motivo y mediando un amparo para que destrabar la inacción del Ministerio Público.

El procurador era Renato Sales Heredia, quien tomó el cargo un mes después del desalojo, lo mantuvo impune y permitió que el aparato de procuración de justicia se usara para entretener y burlar a un pueblo desplazado que exigía justicia.

Aun hoy no concluye el litigio agrario. Las y los pobladores, mes y medio después del desalojo, recibieron unas tierras y el compromiso del gobierno de dotarles de todos los servicios que se requieren para ser pueblo, compromiso cuyo cumplimiento el gobierno de Campeche ha dilatado permanentemente.

Un hijo de Eduardo Escalante tiene un cargo estratégico en el gobierno de Campeche y una hija suya fue diputada en el período anterior y actualmente es Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.

El equipo Indignación deplora la actuación de Renato Sales en este caso y su nuevo nombramiento en un cargo en la PGR en el que se espera a una persona capaz de combatir la impunidad.

Juzgado federal revisará omisa indagatoria por tortura

Comunicado del equipo Indignación

El juzgado cuarto de distrito admitió una demanda de amparo ante la negligencia y la ausencia de investigación en una indagatoria abierta precisamente por tortura atribuible a servidores públicos, para esclarecer la muerte de Roberth Tzab Ek, quien falleció en una cárcel de Tekax en agosto de 2010.

Esta indagatoria es la segunda que se abre por el fallecimiento de Roberth Tzab Ek; sin embargo, al igual que la anterior, enfrenta omisiones y obstáculos a pesar de haberse remitido desde agosto de 2012 a la agencia del Ministerio Público de Ticul.

Robert Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010 mientras se encontraba en los separos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del estado) de Tekax, detenido por agredir a su esposa. La investigación y sanción de probables hechos en donde la muerte de una persona se da bajo la custodia del propio Estado, implica la sospecha de que antes o durante la detención, pudieron haberse cometido actos de tortura que causaron la muerte y genera una serie de responsabilidades inmediatas para el Estado mexicano y los órganos que la componen.

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que:

“Los Estados velarán porque se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”
La anterior indagatoria, iniciada en Tekax (en el lugar en donde falleció Roberth Tzab Ek, lo que ponía en entredicho la imparcialidad en la investigación), omitió investigar tortura e intentó fallidamente inculpar únicamente a un médico externo a la Agencia que revisó al detenido, exculpando a cualquier funcionario adscrito a dicha agencia. El juez negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público al considerar que no había elementos suficientes para proceder contra el médico, resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.

Ante la fallida estrategia de inculpar al médico y exculpar a los servidores públicos, en julio de 2012, a instancias de la familia, quien presentó nueva denuncia acompañada por el equipo Indignación, se abrió una nueva indagatoria, la cual se remitió a la Agencia del Ministerio Público con sede en Ticul toda vez que en esta indagatoria se inculpa a servidores públicos adscritos a la agencia del Ministerio Público de Tekax y a la policía judicial, pero han continuado los obstáculos y las omisiones por parte de las autoridades encargadas de investigar, como es el hecho de no desahogar ninguna diligencia ni responder a las solicitudes de ofrecimiento de pruebas de la familia.

Ante las omisiones persistentes y la negligencia, familiares de Roberth Tzab, acompañados por el equipo Indignación presentaron una demanda de amparo por denegación de justicia. El día de hoy, 3 de junio, el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Mérida notificó que fue admitida la demanda.

Cabe recordar que, el caso de Roberth Tzab ha sido motivo ya de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos humanos del estado de Yucatán, institución que, a pesar de la gravedad del caso se negó a catalogar la violación a derechos humanos como tortura, razón por la cual fue impugnada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ni la recomendación de la Codhey ha sido cumplida ni la CNDH ha resuelto la impugnación.

El caso de Roberth Tzab fue citado en un informe sobre la tortura en México que presentó en junio de 2012 la Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura en Francia (ACAT) en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

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