Negligencia feminicida

Negligencia de Gobierno y Congreso de Yucatán,
obstáculo para perseguir, juzgar y sancionar feminicidios

Equipo Indignación A.C.

BASTA

Una atenta seguidora del Servicio Informativo de Indignación nos hace notar que el feminicidio NO SE ENCUENTRA LISTADO ENTRE LOS DELITOS GRAVES DEL CÓDIGO PENAL DE YUCATÁN.
Olvido del Legislativo.
Negligencia del Legislativo y también del Ejecutivo. Del Gobernador y de la Fiscalía.

En agosto de 2012 el pleno del Congreso de Yucatán aprobó modificaciones al Código Penal para incluir la figura del feminicidio. En esa ocasión también se eliminó el concepto de honor como atenuante en homicidio entre cónyuges o concubin@s.
El 11 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial del estado de Yucatán el decreto 558 que “… deroga la fracción I del artículo 386 y se adiciona un capítulo X denominado “Feminicidio”, al Título Vigésimo, conteniendo el artículo 394 Quintus … del Código Penal del Estado de Yucatán.”
Dichas reformas entraron en vigor al día siguiente.
Pero alguien olvidó incluir el feminicidio entre los delitos graves enlistados en el artículo 13 del Código Penal del estado de Yucatán para evitar que los presuntos responsables puedan obtener libertad bajo caución.

¿Quién fue el responsable?
Van ya 7 meses desde entonces.
No, no es impericia, como señalamos. O no sólo.
Es negligencia del Legislativo y del Ejecutivo que exhibe el escaso interés de ambos poderes para erradicar la violencia de género, erradicación que requiere, entre otras cosas, perseguir y sancionar los feminicidios precisamente como feminicidios.

Agradecemos a la atenta lectora, cómplice en muchas batallas.
Deploramos la negligencia del Ejecutivo y del Legislativo de Yucatán.
Urgimos a ambos poderes a corregir DE INMEDIATO el ¿error? de consecuencias tan graves.

Equipo Indignación A.C.

p.d. El mismo artículo establece, en su último párrafo, que “Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Perseguir Feminicidios y erradicar violencia de género, exige Indignación

Desconocimiento e impericia de la Fiscalía favorecerían a los agresores

Garantizar que sean juzgados precisamente como feminicidios los recientes asesinatos cometidos contra mujeres por sus cónyuges o concubinos e implementar las medidas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género en Yucatán exigió Indignación a la Fiscal General, al Gobernador y a la Directora del Instituto para la equidad de Género, mediante cartas enviadas a dichas instancias.

Los recientes feminicidios y otras agresiones basadas en el género alertan sobre el grave riesgo para mujeres en la entidad y ponen en evidencia la impunidad, la desprotección y la ausencia de programas y políticas para erradicar la violencia de género.

Indignación expresó a las autoridades la preocupación de que los recientes crímenes no sean tipificados adecuadamente.

El desconocimiento y la impericia comprometen la adecuada integración de los expedientes e impiden contar con un modelo de atención adecuado. Con preocupación leímos en medios locales declaraciones de la Fiscal en las que sostiene recientemente que el problema de la violencia en las parejas no constituye violencia de género y que el feminicidio no está tipificado en Yucatán[1].

El 11 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial del estado el decreto 558 que modifica el código penal para incluir la figura del feminicidio y que elimina el honor como atenuante en homicidios entre cónyuges o concubinos.

La violencia contra la mujer continúa en aumento y, lamentablemente, han aumentado también los feminicidios. El equipo Indignación deplora enérgicamente las omisiones del gobierno de Yucatán que están desprotegiendo a las mujeres que viven violencia y señala también la responsabilidad de los Jueces y Magistrados.

En distintos informes hemos señalado la dificultad de las mujeres que enfrentan violencia para acceder a la justicia. Desde administraciones anteriores, la Fiscalía dilata la integración de los expedientes, desestima denuncias, justifica al agresor, pone en duda el testimonio de la mujer y no otorga órdenes de protección.

Por su parte los jueces y magistrados suelen desestimar las denuncias de violencia sexual y liberan a los agresores sin garantizar protección para la mujer. El caso de MAR es emblemático: El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán retiró al agresor el delito de violación que cometió reiteradamente durante más de 15 años contra su hijastra “porque no se comprobó la violencia”.

Indignación también ha constatado en otros casos la mínima sanción impuesta a un marido que durante más de 30 años agredió física, verbal, económica y sexualmente a su esposa. En ese caso un juez federal eliminó el delito de violación y el agresor, condenado únicamente por violencia intrafamiliar en un proceso que llevó más de tres años, salió libre.

El IEGY persiste en su negativa a implementar programas efectivos de protección y prevención, además de incumplir con la obligación de ofrecer información actualizada al respecto y monitorear medios de comunicación para evitar que se promueva la violencia en la información y/o la publicidad.

Tanto el gobernador de Yucatán como la titular del IEGY han trivializado la violencia feminicida y exhibido su manifiesta incapacidad de atenderla de acuerdo con un modelo integral de prevención y erradicación al proponer clases de karate y deportes para combatir la violencia de género.

La misma fiscalía incurre en la mala práctica de reportar feminicidios como “crímenes pasionales” y los medios de comunicación reproducen esa y otras frases que encubren la violencia de género.

La información dada por la propia Fiscalía en torno a estos casos indudablemente tiene un impacto en cómo los medios retoman y difunden la noticia, creando un ambiente que pareciera minimizar e incluso justificar la violencia y hacen nugatoria tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como la convención de Belem Do Pará, suscrita por el Estado Mexicano. Prueba de ello, es que la semana pasada un periódico acusó de “ninfómana” a la mujer que fue asesinada por su cónyuge y otro periódico tituló la noticia con la disculpa justificadora del agresor: “Fue por amor”. El entorno agresivo y misógino que se enfrenta en Yucatán está favorecido por distintas instancias, instituciones y actores, y entre ellos están también los medios de comunicación.

El equipo Indignación exige a todas las instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia contra las mujeres, entre los que está la Fiscalía, el IEGY, la Secretaría de Gobierno y la Codhey,  que determinen y den a conocer las medidas emergentes ante los recientes casos que indican una profundización y aumento de la violencia de género y den a conocer el programa estatal en la materia.

De igual manera, y en el caso concreto de la Fiscalía, nuevamente exigimos que se hagan efectivas todas aquellas medidas preventivas establecidas en la Ley de Acceso, como las medidas de protección. Asimismo exigimos la catalogación adecuada de los recientes feminicidios precisamente con esa figura jurídica que determina la violencia basada en el género.

De manera especial, nos manifestamos porque la Fiscalía se aleje de aquellos criterios públicos que justifiquen cualquier tipo de violencia feminicida, conduciéndose con el estándar más alto de protección en la materia.

CruzHipil


[1] http://yucatanahora.com.mx/noticias/atraso-juridico-feminicidio-esta-tipificado-como-delito-yucatan-29380/

Tratos crueles y exhibición de personas detenidas en Yucatán

Golpes, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometida por distintos cuerpos policíacos de Yucatán, municipales y estatal, así como la frecuente práctica de exhibir a personas detenidas exhiben un deterioro de los derechos humanos en Yucatán y son permanente preocupación del equipo Indignación.

A los reportes que nos han llegado recientemente de Ticul, Tekax e Izamal, entre otros, se suma la información obtenida por distintos medios, como la nota que divulga hoy golpes y tratos crueles contra menores de edad cometidos por la Policía Municipal de Progreso. Habrían incluso obligado a desnudarse a una menor de edad, lo que constituye un trato degradante inaceptable y hace incurrir al policía o los policías responsables en un delito.

En Ticul, la semana pasada una familia denunció golpes y abuso de autoridad de la Policía Municipal al detener a un menor de edad.

En los casos de los que Indignación ha tenido conocimiento directo se han interpuesto quejas en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Los alcaldes suelen contribuir a la impunidad negando los hechos u omitiendo investigaciones que debieran iniciar de inmediato y sancionar a los responsables.

La Fiscalía, los ministerios públicos que se encuentran en los municipios, encubren a su vez o dilatan de tal manera la investigación que no se llega a juzgar a los responsables.

La tolerancia hacia quienes incurren en tratos degradantes, golpes o incluso tortura; el encubrimiento, la impunidad, perpetúan esta aberrante práctica.

El caso de Roberth Tzab, quien falleció en agosto de 2010 en Tekax en condiciones que nos obligan a sospechar tortura, continúa impune.

Lamentablemente el Ombudsman local carece de interés y compromiso con la vigencia de los derechos humanos y se preocupa únicamente de hacer declaraciones inocuas que le eviten roces con cualquier autoridad o institución.

Su función, que es precisamente enfrentar los abusos del Estado, sus instituciones, sus agentes, se encuentra pervertida y en Yucatán se deteriora cada día la vigencia de los derechos humanos.

Su inacción ha contribuido a la invisibilizacion de la exigencia de respeto a derechos humanos. La frívola e ineficaz “formacion a policias”, la distante y burocrocratica relación con las víctimas y la cercanía con personajes del poder es evidente, tanto como su alejamiento de las causas y las agendas ciudadanas.

Sus recomendaciones son inocuas y no las publicita. No se divulga la reflexión desde los derechos humanos que sustente las recomendaciones y haga intolerables las violaciones.

Un juicio político contra el Ombudsman local ha sido desatendido por dos legislaturas. Ni siquiera se han molestado en calificar la procedencia incumpliendo con su elemental obligación.

Exhibición de personas detenidas atenta contra los derechos humanos

La exhibición de personas detenidas y la divulgación de sus datos personales atenta contra los derechos humanos y, lamentablemente, es una práctica común de la Fiscalía del estado de Yucatán y de algunas policías municipales, incluida la de Mérida.

Dicha práctica propicia la condena social de personas que son presuntamente responsables de cometer un delito, que aun no han sido juzgadas y lleva a prejuzgar sobre su culpabilidad. Estos hechos con frecuencia pueden viciar todo el proceso y afectar los juicios y siempre lesionan la reputación de personas cuya culpabilidad aún está por probarse.

Dicha práctica ha ameritado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal —la recomendación 0312— y una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el más reciente período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano fue duramente cuestionado por Rodrigo Escobar Gil, Relator para México de la CIDH, quien señaló que: “La práctica de presentar ante los medios de comunicación a personas bajo responsabilidad del Ministerio Público, es violatoria a los derechos humanos, inadmisible, y “un rezago de políticas absolutistas”

Lamentablemente, la Fiscalía de Yucatán persiste en dicha conducta.

Uno de los hechos que muestran la continuación de dicha práctica fue la detención, realizada por la Policía Municipal de Mérida, de más de 50 personas que se encontraban en una casa del centro de la ciudad.

Independientemente de que se pruebe la presunta venta ilegal de bebidas alcohólicas o el funcionamiento clandestino de un bar, la Fiscalía nuevamente dio a conocer los nombres de todas las personas detenidas y proporcionó detalles de la fiesta que pueden propiciar conductas discriminatorias hacia los detenidos, así como prejuzgarlos y condenarlos.

Esa información fue divulgada por medios de comunicación que explotan situaciones de esa naturaleza y que, dados sus intereses comerciales, no tienen reparos en los daños que se pueda ocasionar a personas que aún no han sido juzgadas.

Otros medios, desde una posición moral, propician condena, discriminación y un linchamiento moral contra las y los detenidos.

Lamentablemente en Yucatán no se cuenta con un ombudsman de medios. Instituciones que tiene entre sus funciones cumplir dicha labor, como el IEGY en materia de información que promueva la violencia de género, no la cumplen.

El equipo Indignación hace un firme llamado a la Fiscalía para terminar con dicha práctica y a la Codhey, para iniciar de oficio la queja correspondiente que conozca dicho caso y establezca las violaciones a los derecho humanos, incluyendo determinar si las detenciones realizadas por la Policía Municipal de Mérida estuvieron justificadas y apegadas a derecho, así como la responsabilidad de las distintas autoridades.

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Fiscalía y IEGY encubren feminicidios en Yucatán y omiten prevenirlos

“Crimen pasional”, “celos”, “relación tormentosa” son calificaciones que encubren el feminicidio que continúa y aumenta en Yucatán, ante la indolencia de las autoridades e instituciones responsables.

El caso de doña Prudencia Poot, asesinada el 12 de abril pasado, se suma a recientes asesinatos de mujeres que vivían violencia cometida por sus parejas o cónyuges hasta llegar al feminicidio y exhibe un aumento de la violencia de género en el estado de Yucatán.

Apenas en febrero pasado se dio a conocer otro caso de violencia feminicida en el que perdió la vida Gemma Guadalupe Castillo y también se divulgó como crimen pasional. Su esposo la mató y después se suicidó.

Doña Prudencia, de acuerdo con información que se ha divulgado, había denunciado anteriormente violencia de parte de quien ahora ha confesado que la asesinó.

La tolerancia que exhiben fiscalía y jueces hacia la violencia de género, la comprensión hacia los agresores, casi la disculpa cuando es motivada por celos, la sutil condena hacia la mujer que lo propició sea por su conducta o porque otorgó el perdón. La ausencia de una política que salvaguarde la integridad de la mujer y trate el caso precisamente como violencia de género, facilitando una atención integral e impidiendo la impunidad.

La negativa a otorgar órdenes de protección, la inacción del Instituto para la Equidad de Genero del estado de Yucatán, el tratamiento de los medios de comunicación con un lenguaje e imágenes que refuerzan estereotipos de género o que constituyen verdadera violencia contra la mujer, la ausencia de un observatorio de medios que detecte y llame a la corrección a dichos medios —función que también está entre las múltiples tareas incumplidas del IEGY— están profundizando la violencia que vivimos las mujeres en Yucatán, poniendo en riesgo la integridad y desalentando la denuncia.

No, no son celos. No es crimen pasional. Es feminicidio. Es violencia de género.

HipilEspalda