Por Tortura, nueva indagatoria en caso de Roberth Tzab

Por el delito de Tortura y en una agencia distinta de aquella en la que ocurrieron los hechos, la Fiscalía General del Estado determinó iniciar una nueva averiguación previa en el caso de Roberth Tzab Ek, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en los separos de la entonces Procuraduría de Justicia del estado con sede en Tekax, en agosto de 2010.

Dos años después de los hechos, cuando está por concluir la presente administración, y después de intentar fallidamente presentar el caso como de negligencia médica, la Fiscalía abre nueva investigación, ahora por tortura, imputable a los servidores públicos que tenían la obligación de custodiar al hoy occiso en los separos de la policía judicial de esta ciudad de Tekax.

Robert Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010 mientras se encontraba en la cárcel de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del estado) en Tekax, detenido por agredir a su esposa. El caso es citado en reciente informe internacional sobre tortura en México realizado por la Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT) y otros organismos nacionales.

A pesar de que Roberth Tzab falleció mientras se encontraba detenido, circunstancia que obliga a suponer actos de tortura, la Agencia del Ministerio Público de Tekax consignó la averiguación únicamente por Responsabilidad Médica y Homicidio por culpa en contra de un médico del ISSTEY, por presunta negligencia al atender al detenido (atención que prestó ante la ausencia de condiciones del médico legista de la agencia del ministerio público).

A juicio de este equipo esa fallida estrategia intentó encubrir la responsabilidad que agentes ministeriales, policías judiciales y demás funcionarios de esa agencia del Ministerio Público tuvieron en la muerte de Tzab Ek por el simple hecho de estar sujeto a su custodia, independientemente de la presunción de tortura que estaban obligados a investigar.

En reiteradas ocasiones, durante dos años, este Equipo de Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía generar condiciones adecuadas para que la investigación derivada del fallecimiento de Roberth Tzab se realice en circunstancias de imparcialidad e independencia, pues resulta contrario a los parámetros mínimos de derechos humanos que sea la misma agencia del Ministerio Público en donde sucedieron los hechos quien realizara la indagatoria.

A pesar de estas exigencias, a las que se sumaron centenares de personas de Ticul, así como personas y organizaciones de todo el país, la Fiscalía mantuvo la investigación en la agencia del ministerio público de Tekax, omitió investigar tortura y consignó el expediente en contra del citado médico ante el Juzgado segundo de lo Penal con sede en Tekax por los delitos arriba señalados, que ante la ausencia de evidencias determinó no otorgar la orden de aprehensión contra el médico imputado, resolución que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Indignación considera que esa resolución demostró que el Ministerio Público de Tekax fue omiso y negligente al momento de investigar, intentando exculpar a los funcionarios de esa agencia ministerial y encubrir una grave violación a los derechos humanos.

Ante estos hechos, los familiares de Roberth Tzab, acompañados por el equipo Indignación, solicitaron a la Fiscalía especial reabrir la investigación por el delito de tortura y el o los que resulten. La agencia del Ministerio Público con sede en Tekax determinó improcedente “reabrir” la misma averiguación previa, pero determinó abrir una nueva y la trasladó a la agencia de Ticul.

El equipo Indignación, si bien celebra que se inicie la averiguación por el delito de tortura y en una agencia distinta de aquella en la que ocurrieron los hechos, hace notar que esto ocurre tardíamente y teme también que se obstaculice la averiguación pues la agencia de Tekax se negó a solicitar al juez remitir el original del expediente y determinó cargar al coadyuvante la labor de solicitar las copias que considere necesarias.

La Fiscalía está ahora obligada a establecer una serie de parámetros mínimos para garantizar  una investigación efectiva, independiente e imparcial, de conformidad con los estándares internacionales establecidos para investigar casos de tortura, entre ellos  lo señalado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, que, en su informe sobre su visita a México, hecho público el 31 de mayo de 2010, entre otras cosas recomendó:

“Los Estados velarán porque se investigue con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”

Cabe recordar que, el caso de Roberth Tzab ha sido motivo ya de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos humanos del estado de Yucatán, la cual, a pesar de la gravedad del caso se negó a catalogar la violación a derechos humanos como tortura, razón por la cual fue impugnada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual manera, el caso de Roberth Tzab fue citado en el informe sobre la tortura en México presentado el 25 de junio y en cuya elaboración colaboraron la Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura en Francia (ACAT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

Los Invisibles de la Frontera Olvidada. Informe de la Misión Civil de Observación

Descarga el informe aquí:

Los Invisibles byn_web

Comunicado conjunto:

• A un año del desalojo de Nueva Esperanza, Guatemala, organizaciones presentan informe sobre las violaciones a derechos humanos contra la comunidad.

• Gobiernos de México y Guatemala deben de buscar pronta solución para salvaguardar seguridad e integridad física de las personas desplazadas.

27 Agosto 2012. El día de hoy presentamos el informe “Los invisibles de la Frontera Olvidada”, resultado de la Segunda Misión de Observación realizada el pasado 3 de Agosto al Campamento Campesino en Resistencia La Nueva Esperanza, con el objetivo de actualizar el capítulo sobre los desplazados de la comunidad de Nueva Esperanza, Guatemala.
Desplazadas de Guatemala, refugiadas de facto en México y expulsadas nuevamente por autoridades mexicanas en grave y clara violación al derecho internacional humanitario, las familias de Nueva Esperanza se mantienen en la línea fronteriza en un precario campamento denominado “Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza” en condiciones críticas que, a lo largo de un año, se han deteriorado gravemente dejando ya como saldo la muerte de una pequeña niña nacida en México de padres guatemaltecos.
En este segundo informe damos cuenta del contexto del desalojo realizado el 23 de agosto de 2011 en la comunidad Nueva Esperanza, del departamento de La Libertad, zona del Peten, Guatemala, bajo el argumento de que la comunidad estaba asentada en un área natural protegida, denominada la Reserva del Lacandón. El resultado de ese operativo fue la destrucción completa de la comunidad, incluyendo las casas, la escuela, la iglesia y el centro de salud.
La comunidad nunca fue notificada de una intención de desalojo, y las condiciones en que este se realizó no proporcionaron a la comunidad ninguna alternativa de reubicación ni seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
Las exigencias hechas al gobierno mexicano durante el año pasado para asistir humanitariamente a las familias desplazadas ocasionaron que el 9 de enero de 2012, el gobierno de México, realizara una “repatriación voluntaria”, lo que significó una acción violenta donde fueron desalojadas 70 personas (14 hombres, 11 mujeres y 45 niñas y niños), para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente de la infancia. Estos hechos permanecen impunes. Este informe incluye también las condiciones en que se llevó a cabo el operativo de repatriación forzada por parte del gobierno mexicano, vulnerando los derechos de mujeres, hombres, niños y niñas.
Tras la repatriación forzada se ubicaron en la línea fronteriza entre México y Guatemala, del lado de Guatemala. Luego de un año de que las familias han resistido la falta de alimentos, los climas y lluvias de la región, la falta de tierras y las promesas incumplidas de los gobiernos mexicano y guatemalteco se autodenominan Campamento Campesino en resistencia de Nueva Esperanza”. El informe detalla la emergencia en que viven las cerca de 185 personas del campamento, con negaciones de ayuda humanitaria. Cabe destacar que estas condiciones han resultado ya en la muerte prematura de una niña.
El informe recoge las experiencias de niñas y niños de la comunidad, constatando los efectos negativos al haber sido testigos del despojo violento del que han sido víctimas, y el temor de que se repitan acciones violentas contra ellos y sus familias. Destacamos que las acciones llevadas a cabo por parte de los Estados involucrados han incumplido los derechos de la niñez de Nueva Esperanza.
En el informe también se incluye la situación de militarización de la línea fronteriza. Un año después del desalojo no se han comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas intentaron incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo que confirma el temor expresado por la Misión Civil de Observación de que fuese una estrategia para criminalizar a las y los desplazados y justificar el desalojo.
En este año la comunidad se ha enfrentado a promesas incumplidas de dos administraciones guatemaltecas. La Misión expresa su extrema preocupación por la táctica dilatoria con la que el gobierno anterior y el entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, multiplicando reuniones e incumpliendo continuamente acuerdos sobre una posible reubicación, lo que retrasa la solución del conflicto y mantiene a las familias de Nueva Esperanza en condiciones críticas, sin que a la fecha les hayan reubicado conforme a los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU.
Violaciones al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la asistencia humanitaria y agravios a población particularmente vulnerable como la infancia y mujeres embarazadas son documentadas en el informe “Los Invisibles de la Frontera Olvidada”, que concluye con un llamado urgente y exigencias a los gobiernos de México y Guatemala.
El informe concluye con un llamado urgente a los gobiernos de Guatemala y México, instándolos a ambos a atender la emergencia y brindar asistencia humanitaria. Al de Guatemala, además, a resolver de manera permanente la situación y, al de México, a evitar la impunidad en las violaciones cometidas contra esta población desplazada.
Este informe constituye una actualización del informe “La Frontera Olvidada”, que fue resultado de la primera misión de observación realizada en octubre de 2011 para documentar las condiciones y riesgos que enfrentan defensores, migrantes y desplazados en Tenosique.
En la Misión participaron:
• “La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes” ubicada en Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atento al caso y asistiendo humanitariamente en la medida de sus posibilidades a las familias guatemaltecas.
• Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas,
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
• Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada,
• Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab),
• Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an
• Equipo Indignación AC
Este trabajo de seguimiento tuvo también la atención y respaldo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.