Encadenada a CNDH, familia yucateca exige justicia

Fiscalía, CODHEY y CNDH vulneran derechos de agraviados

Comunicado del equipo Indignación

Al extremo de encadenarse ante la CNDH ha tenido que llegar una familia yucateca que perdió a su hijo para ser atendidos por esa instancia nacional después de meses de inacción de la Codhey que con su dilación ha protegido la negligente actuación de la fiscalía estatal y del gobierno de Ivonne Ortega.

José Felipe Castillo Tzec fue encontrado sin vida en julio de 2011. Un expediente que exhibe un manejo poco escrupuloso de la fiscalía yucateca en el que no coinciden fechas ni horas y ni siquiera nombres de envío y recepción de la necropsia, por mencionar algunas irregularidades, concluye que José Felipe Castillo Tzec se suicidó.

A pesar de las evidentes irregularidades que a simple vista indican que se han vulnerado derechos de la víctima y de sus familiares, a pesar de los nueve meses transcurridos, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán no ha emitido la recomendación correspondiente.

La CNDH, por su parte, recibió el caso y la expresa petición de intervenir desde hace tres meses, pero fue hasta el lunes 23 de abril, cuando Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec —papá y mamá de José Felipe— se encadenaron, cuando decidió atraer el expediente.

Marco Antonio y Rosario han comenzado a participar junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Este caso exhibe a la fiscalía yucateca, a la Codhey y a la propia CNDH. El equipo Indignación deplora la persistente negligencia que exhiben estas instancias que desprotegen y agravian a la sociedad y dejan constantemente en la indefensión a quienes ven vulnerados sus derechos. Deploramos que una familia tenga que llegar a extremos como encadenarse para ser atendida.

Un caso tan grave como es el de Roberth Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de Tekax en agosto de 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, se ha enfrentado también a la corrupción y/o actuación negligente de Ministerio Público, Fiscalía, Codhey y CNDH por acciones u omisiones.

En el caso de Roberth Tzab Ek la entonces procuraduría, sin media investigación, descartó la participación de elementos policíacos y únicamente investigó al médico. La Codhey se tomó más de un año en emitir una inocua recomendación que el hijo de Roberth Tzab impugnó ante la CNDH desde hace casi siete meses, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta.

En el caso de José Felipe, al desaseado manejo del expediente, a la vulneración al derecho a la seguridad jurídica y a la justicia, a la negligente actuación de la fiscalía y de la Codhey se suman, de acuerdo con Marco Antonio Castillo y Rosario Tzec, amenazas y hostigamiento contra la familia, lo cual preocupa a este equipo de derechos humanos.

El equipo Indignación se suma a la justa indignación de los padres de José Felipe y exige a la CNDH emitir las medidas cautelares que protejan a la familia y les permitan retornar a un Estado que les ha negado justicia y los ha agraviado.

25 de abril de 2012

Foto tomada de la página de feisbuk de Marco Antonio Castillo Castillo

Homofobia en Yucatán

-       Joven atacado en céntrico hotel y asaltado días después por el mismo agresor

-       Características homofóbicas del ataque

El equipo de derechos humanos Indignación A.C., junto con el Oasis de san Juan de Dios A.C., estamos acompañando el caso de R.C.R., joven agredido el pasado 11 de julio por un individuo que lo atacó debido a la orientación homosexual de la víctima.

R.C.R. fue abordado en la Plaza Grande por un individuo de sobrenombre “El Bebo” que lo invitó a tomar unas cervezas. A los pocos minutos salieron de la cantina para dirigirse a un céntrico hotel, una vez que acordaron sostener un encuentro sexual. Ya en el cuarto del hotel, R.C.R. fue víctima de graves heridas. Durante las agresiones, que le dejaron lesiones que duran más de quince días en sanar, el agresor le gritó: “¿te acuerdas que te dije en la cantina que había estado con otros dos homosexuales antes que tú? Pues a ellos los maté y tú vas a ser el tercero que mate, porque odio a los homosexuales, a maricones y putos”, para terminar estrellándole la cabeza contra el piso y dejando a R.C.R. inconsciente por unos minutos.

Cuando R.C.R. volvió en sí, escuchó al agresor decirle: “odio a los maricones y por eso les hago lo que te hice”. R.C.R. le suplicó que ya no lo golpeara más, a lo que el agresor respondió “no te voy a matar, me caíste bien, por eso no te mato… pero si me denuncias, ya sé tu dirección y te voy a buscar para matarte”.

Cuatro días después, mientras R.C.R. esperaba el autobús cerca de su casa para dirigirse a su trabajo, el agresor lo abordó de nuevo, amenazante, y le arrebató el teléfono celular que cargaba, llevándose también la cartera con sus documentos de identificación. Superando su miedo y una vez que su agresor se había alejado, R.C.R. llamó a una patrulla que circulaba por el entorno, la cual después de un rápido operativo alcanzó al agresor, deteniéndolo. El delincuente fue presentado ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público y posteriormente se consignó el expediente dando inicio a la causa penal 220/2011 radicada ante el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del estado.

El ataque a R.C.R. se une a crímenes cometidos contra personas homosexuales en los últimos meses, que han sido reportados por los medios de comunicación locales. El reciente asesinato de José Remigio Pastelín Cuevas es una muestra más de la recurrencia de este tipo de delitos, tan es así que nuestro estado ocupa el cuarto lugar nacional en crímenes de odio por homofobia. Indignación A.C. y Oasis de san Juan de Dios A.C. deploran que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia no hayan evitado la impunidad en casos anteriores. Los crímenes por homofobia suelen ser silenciados o minimizados al calificárseles de “crímenes pasionales” o “pleitos entre homosexuales”. La falta de una legislación adecuada, que tipifique los crímenes de odio, es un elemento que perpetúa los abusos en contra de las personas de la diversidad sexual. El reporte prejuicioso que los medios de comunicación hacen de este tipo de delitos, contribuye también a mantener y propagar las ideas discriminatorias que subyacen a los ataques.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, señala que “los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y al proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia, y que requiere de su reconocimiento expreso y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país …”

En relación con lo anterior, es urgente que la Fiscalía Especial consigne el expediente derivado de las agresiones por motivos de homofobia que recibió R.C.R., pues aunque el presunto responsable está siendo procesado en el Juzgado Sexto Penal, la causa penal es únicamente por el delito de robo, mas no por el ataque y las amenazas sufridas el día 11 de julio y existe la posibilidad de que pueda salir en libertad, con el consecuente riesgo que para la víctima conlleva esta situación.

Indignación A.C. y Oasis de san Juan de Dios A.C. exigen a la Fiscalía Especial realice una investigación pronta y eficaz de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad internacional y evitando incurrir en los vicios que ha señalado la CNDH. De igual manera resulta urgente que la legislatura local tipifique adecuadamente los crímenes de odio por homofobia y establezca criterios claros para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de discriminación por preferencia u orientación sexual o genérica, como elementos mínimos para erradicar estos delitos que han adquirido carta de naturalización en el estado.