A CNDH, caso de presunta tortura a Robert Tzab

La CNDH  conocerá el caso de Roberth Tzab EK, fallecido hace más de un año en la cárcel de la entonces procuraduría en Tekax, en condiciones que obligan a presumir tortura.

Familiares de Roberth Tzab Ek impugnaron la tardía y limitada recomendación de la Codhey por considerar que no contiene los estándares mínimos de protección en materia de derechos humanos, de acuerdo a la gravedad del caso.

En el escrito de impugnación se establecen las ausencias y debilidades de la recomendación de la Codhey en un caso que, además de los indicios de tortura, ocurre en un contexto de alarma por el número de fallecidos en cárceles de Yucatán: más de trece de 2006 a la fecha.

La recomendación de la Codhey se centra básicamente en la responsabilidad de los médicos que atendieron a Roberth Tzab después de su detención pero omite señalar críticas responsabilidades, de otros servidores públicos que derivaron en la muerte de Roberth Tzab.

Ausencia de una adecuada catalogación de las violaciones a los derechos humanos; deliberada aunsencia de investigación de presunta tortura, a pesar de contar con indicios sobre este crimen; silencio sobre las graves carencias de la investigación ministerial, que incumplen normas básicas cuando se trata de muertes ocurridas en el contexto de una detención, como lo es el mínimo requisito de que no sea investigada por la agencia responsable son algunas de las debilidades de la recomendación impugnada.

Grave omisión al no establecer medidas verificables como garantías de no repetición de estos hechos, más aún ante el alarmante contexto de muertes en centros de reclusión y denuncias recientes sobre hechos de tortura en el estado; ausencia de criterios de reparación del daño son también señalados como argumentos para impugnar una recomendación que exhibe a la Codhey nuevamente como protectora de autoridades.

La dilación en la conclusión del expediente también es expuesta ante la CNDH como parte de las acciones en las que la Codhey ha incurrido para evitar proteger a la víctima y a sus familiares agraviados, lo cual ha favorecido a las autoridades responsables.

En un hecho que pareciera exhibir mayor protección hacia las autoridades de parte de la Codhey, este organismo emitió la débil recomendación después de presentar su informe anual, con lo que omitió referirse a ella, y ha evitado divulgarla y publicitarla.

Contrario a las necesarias garantías de no repetición que debió exigir la Codhey, la impunidad garantiza la repetición de conductas que lesionan a la sociedad y vulneran derechos como en este caso, con fatales consecuencias.
En el escrito se mencionan indispensables instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que ni siquiera fueron considerados por la Codhey en su investigación y en su conclusión.

La CNDH contempla la posibilidad de conocer recursos de impugnación “… II. En contra de recomendaciones dictadas por organismos locales, cuando a juicio del quejoso éstas no tiendan a reparar debidamente la violación denunciada…”

Un caso extremadamente grave, que privó de la vida a una persona y que podría implicar tortura, obtuvo una recomendación tardía, emitida más de un año después de ocurridos los hechos, que desprotege a la víctima y a sus familiares, quienes también son agraviados en este caso y favorece la impunidad y la persistencia de condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas que se encuentren detenidas en centros de reclusión en el Estado.

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Militares retienen y hostigan a defensores en Tenosique | Comunicado conjunto

Comunicado de Prensa

Tenosique, Tabasco, 18 de septiembre de 2011.

A las autoridades civiles de nuestro país

A la prensa nacional e internacional

A los defensores y defensoras de los derechos humanos

A la opinión pública

El día 17 de septiembre de 2011, varios defensores de derechos humanos sufrimos las vejaciones, abuso de autoridad, intimidación y amenazas por miembros del ejército mexicano, la Policía estatal de Tabasco, la Policía municipal, la dirección de Tránsito del Municipio de Tenosique.

Durante este evento se amenazó nuevamente a Fray Tomás González, presidente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y director de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, quien la semana anterior recibió una amenaza de muerte por vía telefónica y quien el día anterior, en Palenque, participó en el evento de la Caravana Sur del Movimiento por la Paz y denunció públicamente los abusos que cometen diversas autoridades contra migrantes, en particular el Instituto Nacional de Migración.

Relato de los hechos

El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde estábamos estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos. Preguntamos de qué, no supieron contestar, exigimos que viniera Seguridad Pública del Municipio. Poco después llegaron dos patrullas de la Policía Estatal con números 332 y 278, sin decir nada, nos encañonaron y uno de los policías golpeó en el rostro a Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos de migrantes. Esto nos preocupó mucho e hicimos contacto con otros defensores a nivel nacional.

Minutos después llegó un hombre a bordo de una camioneta Ford – Lobo, con placas RB – 94 – 861, de Nuevo León. Venía vestido de manera informal con playera y pantalones cortos de color verde (como los que usa el Ejército). Se dirigió a los miembros del Ejército y les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente. Fr. Tomás González le tomó fotos y el hombre lo empezó a insultar verbalmente diciéndole: “Hijo de tu puta madre, te voy a romper todo lo que tienes de madre, pinche indio pendejo taimado no vales nada, hasta borracho estás cabrón” y amenazó con golpearlo. A lo que el fraile respondió que cuidara mucho sus palabras, que lo estaba amenazando y que había testigos (más de 20 policías estatales y más de 15 soldados). El hombre dijo nuevamente con insultos: “aquí nadie es testigo de nada, nadie vio ni escuchó nada”. Efectivamente ninguno de los presentes se movió para frenar la agresión. En ese momento entró al celular de fray Tomás una llamada de personal de la Quinta Visitaduría de la CNDH y, al ser informados de la situación, pidió que le comunicara a este personaje. Él con insultos expresó que no tenía nada que hablar con nadie, que los derechos humanos no valían para nada. Nuevamente Fr. Tomás fue amenazado por este hombre en presencia de la Policía y el Ejército. Cuando llegó al lugar el Presidente Municipal de Tenosique y señaló que ya había hablado con el Capitán Rodríguez, éste se acercó, se arrogó la responsabilidad del operativo pero no quiso dar su nombre completo. Al indicarle Fr. Tomás el incidente que había ocurrido y las amenazas del hombre de la camioneta lobo el “Capitán Rodríguez” dijo “aquí no ha pasado nada”.

Momentos más tarde elementos de Tránsito Municipal, tres patrullas de la Policía municipal, así como una tanqueta más del Ejército mexicano con alrededor de 20 soldados fuertemente armados y con pasamontañas se sumaron a la intimidación y retención, en repetidas ocasiones hicieron el intento de bajarnos del vehículo a lo cual nos oponíamos porque nuestras vidas corrían peligro.

Los que estábamos a bordo de la camioneta nos sentimos bastante intimidados y decidimos no bajar más del carro hasta que llegara la CNDH. La retención ilegal, el hostigamiento y la intimidación duraron cerca de cuatro horas. Alrededor de las nueve de la noche se retiraron las camionetas del ejército y de la policía y nos mantuvimos aún en el lugar por más de dos horas esperando al personal de la CNDH.

Frente a todo esto

declaramos:

 

Comprobamos que los cuerpos de seguridad ejercen de manera represiva e intimidatoria un brutal uso de su investidura.

Estos hechos ocurren en el contexto de frecuentes denuncias y acciones que defensores de derechos humanos hemos hecho; leemos estos acontecimientos como actos de intimidación que pretenden impedir nuestro trabajo y perpetuar abusos e impunidad, en este caso y de manera especial contra personas migrantes.

Ocurre también este hostigamiento en una jornada en la que ocurrieron diversos incidentes que afectaron de una u otra forma a la Caravana Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o a quienes participan en ella, lo cual deploramos enérgicamente.

Exigimos:

 

Garantizar la seguridad de quienes colaboran en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes y en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, ambos en Tenosique y garantizar que puedan desarrollar tanto la labor humanitaria como la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Investigar a los cuerpos de seguridad: Ejército; Policía Estatal, Policía Municipal y dirección de Tránsito que participaron en las agresiones hacia los defensores, amenazados e intimidados en Tenosique el día 17 de Septiembre de 2011.

Ante el aumento de agresiones y la participación en este incidente de la Policía estatal de Tabasco, cuerpo que está a cargo de la vigilancia del albergue como parte de las medidas precautorias solicitadas por la CNDH debido a anteriores amenazas, se hace indispensable que este organismo nacional dicte medidas de protección efectivas y acordes con la gravedad y el aumento de los incidentes y exija garantías de cumplimiento de dichas medidas.

Atentamente,

 

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta A.C.

La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes

Movimiento Migrante Mesoamericano

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Inocua recomendación en grave caso que ocasionó muerte de Robert Tzab

El Ombudsman yucateco esperó hasta después de su informe anual para emitir una inocua y superficial recomendación más de un año después de los hechos que privaron de la vida a Roberth Tzab Ek en condiciones que obligan a sospechar tortura y en un contexto alarmante por el número de muertos en centros de reclusión en Yucatán.
Roberth falleció el 19 de agosto de 2010 mientras se encontraba en la cárcel de la entonces Procuraduría en Tekax, detenido por agredir a su esposa.
Fechada el 29 de agosto, un día después del informe que rinde ante el Congreso, el día 31 hizo llegar al hijo de Robert Tzab Ek la recomendación 18/2009, dirigida al Fiscal General del Estado y al Secretario de Salud.
Como en casi todos los demás casos, además de la intrascendencia de las recomendaciones, el ombudsman omitió publicitar la recomendación para señalar a los responsables de violentar los derechos de Robert Tzab Ek, al grado de causarle la muerte sea por acción o por omisión.
La actuación del ombudsman en este caso resulta ominosa. El ombudsman tuvo el pasado 28 de agosto la oportunidad de usar la tribuna para señalar no sólo este caso en lo particular, sino aquellos que impliquen tortura así como las deplorables condiciones de las cárceles que han ocasionado la muerte de al menos 13 personas de 2006 a la fecha. Sin embargo, ese día prefirió agradecer a la gobernadora su “compromiso irrestricto” con las garantías individuales, con lo que exhibe la ominosa sumisión que lesiona la figura del ombudsman al referirse así a la gobernadora en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La recomendación resulta un agravio más debido a que en ella, la Codhey:
a) Omitió referirse a tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a pesar de que cuenta con evidencias de que la muerte de Robert Tzab Ek pudo haber sido resultado de los golpes recibidos por los policías judiciales (hoy policía ministerial) que lo tuvieron a su disposición, tal como se exhibe en las propias evidencias de la recomendación de la Codhey.
b) En sus recomendaciones no existe señalamiento alguno sobre el actuar de los cuerpos policíacos, a pesar de que de los hechos y pruebas existen elementos para determinar que los mismos incurrieron en acciones de tortura y/o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes.
c) Insiste en limitar sus recomendaciones a sanciones de carácter administrativo —las cuales ya prescribieron, de acuerdo con la Ley de Responsabildades de los Servidores Públicos—, con lo cual, no sólo minimiza la gravedad de la conducta cometida, la privación de la vida de una persona, sino deja en la impunidad a los servidores públicos que debieran ser investigados penalmente por ese fallecimiento. No señalar la necesidad de sancionar con rigor muertes sucedidas en contextos de detención, permite que éstas se naturalicen, se reduzcan a meras conductas administrativas, cuando en realidad estamos frente a graves hechos que debieran ser sancionados penalmente.
d) Nuevamente omite establecer medidas y garantías de no repetición, así como criterios de reparación del daño. Sus recomendaciones, al reducir la solicitud de investigación y sanción al ámbito administrativo, limitan, por no decir que impiden cualquier posibilidad de reparación de acuerdo a los más altos estándares en la materia.  Obligación que debiera ser fundamental cuando de graves violaciones a derechos humanos se trata.
e) Omite señalar las graves carencias en la investigación ministerial, empezando por el hecho de que fue la misma agencia investigadora responsable del fallecimiento de Tzab Ek, quien realizó las investigaciones, violándose con ello una premisa fundamental en toda indagatoria por violaciones a derechos humanos, que es la imparcialidad del ente que investigue.
f)  Omite pronunciarse sobre la violación al derecho de acceso a la justicia cometida en perjuicio de los familiares de Tzab Ek, a quienes en múltiples ocasiones se les negó el acceso al expediente y la información en torno a los avances de la investigación.
Resulta lamentable que habiendo entrado en vigor hace dos meses la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sea el Ombudsman local el primero que se aparte de los estándares de  protección a los que dicha reforma obliga a todas y todos los servidores públicos. La futilidad de sus recomendaciones, carentes de contenido, sustento y contundencia, es tan evidente que, a pesar de que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la propia Codhey son por violaciones a derechos humanos cometidas en el ámbito de la prevención del delito y la procuración de justicia, éstas siguen dándose con total impunidad.
Nos parece pertinente recordar que legisladores del PAN, PRI y de otros partidos ratificaron el año pasado a Jorge Victoria como presidente de la Codhey, a pesar de que contaban con toda la documentación acerca de su impericia, de su falta de independencia y de su sumisión al gobierno en turno.
Patricia Gamboa Wong, del PAN; Jorge Carlos Berlín, del PRI; Doris Candila, de Todos Somos Yucatán y actualmente con un cargo en el Ayuntamiento de Mérida, entre otr@s, lo ratificaron a pesar de contar con el Análisis de Gestión del Ombudsman elaborado por Indignación (2007), a pesar de la renuncia de 3 de 4 consejer@s de la codhey (2008), a pesar del juicio político presentado contra el presidente de la Codhey por 12 organizaciones (febrero 2009).
El caso de Robert Tzab es particularmente grave, por lo que Indignación promoverá la impugnación de esta recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.