Codhey: lamentable deterioro de una institución

Ratificado hace poco más de un año por el Congreso del estado, a pesar de existir doce demandas de juicio político en su contra que evidenciaban deficiencias en su labor, encubrimiento de autoridades y violaciones sistemáticas a su normatividad, hoy rinde su segundo informe el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, sin que en los hechos exista avance en materia de defensa y promoción de los derechos humanos en la entidad, ni mucho menos una comisión crítica que se erija como una verdadera defensoría del pueblo.

El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que es nula la sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo público defensor de derechos humanos. También ha desprotegido, y en consecuencia permitido, que persistan las situaciones se segregación y exclusión en cuanto a derechos de grupos sociales discriminados.

En el primer caso, la negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. La demanda de juicio político presentada en febrero de 2009 por doce organizaciones civiles documentaba graves inacciones, inocuas recomendaciones e impericia del ombudsman en varios casos, entre otros el de la razia en la que se detuvo ilegalmente y con violencia a 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán.

El deterioro de la Codhey ha continuado. El caso de Robert Tzab es actualmente uno de los ejemplos más graves de la inacción cómplice del ombudsman. A más de un año de haber perdido la vida en instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura, la Codhey no ha emitido recomendación alguna, a pesar de que su propia ley la obliga a hacerlo en un plazo no mayor de 4 meses cuando de graves violaciones a derechos humanos se trate. La omisión en el caso de Robert ilustra la docilidad de un organismo que debiera ser implacable en casos como el de Tzab Ek, más aún cuando esa misma institución ha documentado más de 13 fallecimientos en cárceles del estado de Yucatán, muchas de ellas en contextos de detenciones por parte de cuerpos policíacos.

El abstenerse de ejercer las facultades con las que cuenta el organismo para proteger derechos, como hizo al negarse a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las dos reformas a la Constitución del estado discriminatorias que fueron aprobadas en julio de 2009 por el Congreso de estado y publicadas por el ejecutivo: la se hizo para prohibir expresamente que parejas del mismo sexo puedan ser protegidas a través de las figuras del matrimonio o concubinato, así como aquella que vulneró derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dan cuenta de la ausencia de criterios de derechos humanos y del sesgo discriminatorio de su administración. La evidencia de ello es que estas negativas por parte de la Codhey se dieron en contraste con el avance que a nivel internacional e incluso nacional se ha generado en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres. Su argumentación para negar ejercer dicha facultad violentó el estado laico y exhibió sumisión a poderes instituidos y fácticos.

Recientemente, su tibia respuesta ante los hechos ocurridos el día 4 de julio, cuando la policía del estado se negó a intervenir durante la agresión que sufrió un grupo de manifestantes que se oponían a la construcción del paso deprimido, exhibió que, lejos de erigirse como un defensor del pueblo, prefiere no confrontarse con el gobierno en turno. La actitud en este caso, contrasta con la acción que otras comisiones públicas de derechos humanos han tenido ante hechos similares. En el caso de la Supervía Poniente, en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad no sólo se ha pronunciado por el derecho de las y los inconformes a la libre manifestación y documentado las represalias de la policía capitalina, sino también ha defendido la imperiosa necesidad de que las obras públicas sean sujetas a consulta de la ciudadanía, transparentadas por cuanto hace a su presupuesto y respetuosas con relación al medioambiente, criterios ausentes en los llamados de la Codhey.

Lamentable es también la actitud del Congreso del estado cuya anterior legislatura no sólo se negó a responder a las demandas de juicio político presentadas por diversas organizaciones, sino que lo ratificó para un período más, a pesar de que incluso antes de la demanda de juicio político 3 de los 4 entonces consejeros ciudadanos de la Codhey renunciaron ante las reiteradas omisiones y violaciones a su reglamente en las que incurría el ombubusman.

Las diputadas y diputados de la presente legislatura también se han negado a analizar las demandas de juicio político presentadas hace más de dos años, contribuyendo con ello a cerrar los espacios de escrutinio al que todo funcionario público tendría que someterse y negando un derecho básico que tiene la ciudadanía para someter a juicio a aquellos servidores públicos que incumplan con las funciones para las cuales fueron electos. En los hechos, el Presidente de la Codhey y diputados locales han establecido un círculo de impunidad mediante el cual el primero encubre al poder, mientras el segundo protege a éste.

Indignación nuevamente exige a las diputadas y diputados de la actual legislatura que admitan las demandas de juicio político presentadas hace dos años y medio, y que ni siquiera han sido admitidas. Es inaceptable que se corrompan y se permita el deterioro de las instituciones que tiene al país en este lamentable estado. Precisamente por eso insistimos en la necesidad de contar con un Ombudsman que sea un verdadero defensor del pueblo, independiente del poder. Reiteramos, después de seis años de gestión del ombudsman, que ante la evidencia de la incapacidad para cuestionar y documentar adecuadamente las violaciones a derechos humanos, el actual presidente de la comisión de derechos humanos debe renunciar.

Equipo Indignación

30 de agosto de 2011

        

Ciberacción: justicia para Ebulá

Dos años después del violento ataque contra el pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche, por órdenes del Empresario Eduardo Escalante, persiste la impunidad en este grave caso que, el 13 agosto de 2009 golpeó, destruyó las propiedades y desplazó a más de 70 familias.

Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

Gobierno de Yucatán, responsable de feminicidio en San José Tzal

La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.

El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.

El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.

a)     La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.

Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.

b)    La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.

Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.

Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.

Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.

La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.

Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.

Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe   “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.

Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.

Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Clausura Simbólica del IEGY
Clausura_IEGY