Medidas cautelares para defensoras/es de Migrantes en Tenosique

Organizaciones de derechos humanos solicitan medidas cautelares para defensoras/es de Migrantes en Tenosique, Tabasco

Comunicado Conjunto

 

 

En el marco de la visita del Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Trabajadores Migrantes, Dr. Felipe González, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado a la CIDH la implementación de medidas cautelares a favor de integrantes de

 

La 72, Casa refugio del Migrante (la 72) y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta

(CDHU), miembros de organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en la zona de Tenosique, Tabasco, una de las puertas principales de acceso de las personas migrantes a México, donde inician su tránsito hacia el norte.

Ambas organizaciones tienen como objetivo brindar ayuda humanitaria a las miles de personas migrantes, provenientes en la mayoría de los casos de Centroamérica, que transitan por la ciudad de Tenosique, rumbo a los Estados Unidos de América. La ayuda humanitaria se ofrece a través de hospedaje, alimentación y un espacio para descansar; asimismo brindan asesoría a las personas migrantes y han denunciado en múltiples ocasiones casos de corrupción de funcionarios gubernamentales municipales, estatales y federales; así como la práctica sistemática del delito de secuestro de las personas migrantes.

 

A raíz de su labor han sufrido distintos tipos de amenazas provenientes tanto de funcionarios municipales y federales, como de grupos que podrían estar ligados a la delincuencia organizada. Ejemplo de ello es la amenaza de secuestro masivo de migrantes del 05 de julio del presente año. En las primeras horas de la mañana del 6 de julio, tres camionetas se estacionaron frente al refugio de donde salieron varias personas que trataron de entrar en el refugio. Ante estos hechos, Amnistía Internacional emitió una acción urgente solicitando se salvaguardara la integridad física de los migrantes y los integrantes de la 72 y del CDHU. En el mismo sentido, tres de los integrantes del CDHU han sufrido de manera reciente distintos tipos de ataques que han puesto en riesgo su integridad física y psicológica.

 

Fredi Flores Mecia fue detenido el 19 de junio de 2011, sin mediar ninguna orden, por policías de seguridad pública municipal de Tenosique. Los policías, a bordo de la patrulla 012 se encontraban encapuchados. Lo bajaron de su camioneta con lujo de violencia y lo trasladaron a las instalaciones de seguridad pública del municipio. Posteriormente lo dejaron esposado en el atrio de esa dependencia dentro de la patrulla.

 

El día 14 de julio de 2011, Minelia Aguilar May, responsable de los derechos de las personas migrantes del CDHU, se percató de que en la puerta de su domicilio estaba estacionado un vehículo color verde bandera con vidrios polarizados en una manera sospechosa; 20 minutos después, al salir de su domicilio notó que el vehículo iniciaba su marcha, pasando a un costado, con la intención de atropellarla. Minelia Aguilar ha denunciado haber observado repetidamente unas furgonetas con los cristales tintados aparcadas ante la entrada de su casa.

 

Ezequiel Serafín Esteban, Director del CDHU, el día 14 de julio de 2011, al estar en la carretera rumbo a Tenosique en su motocicleta se percató que se acercaba una camioneta de color verde oscuro o negra, dándole alcance y obligándolo a orillarse hasta hacerle perder el control de la moto. Ezequiel Serafín Esteban se cayó de la motocicleta y resultó herido a consecuencia de la caída.

 

No obstante, a pesar de los referidos hechos, las y los defensores de los derechos humanos de los migrantes continuarán con su labor y estarán participando además en la Segunda Caravana  paso a paso hacia la paz que inicia el día de hoy en Tenosique, Tabasco y continuarán su trayecto por Oaxaca y Veracruz para encontrararse con el Relator de Migrantes de la CIDH.

Por lo anterior, y ante el clima de riesgo creciente de agresiones y la impunidad que prevalece en los ataques defensoras y defensores de derechos humanos, solicitamos a la CIDH que, a la brevedad posible exija al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para resguardar su vida e integridad personal de los integrantes de ambas organizaciones y se realice una investigación pronta, efectiva e imparcial a fin de esclarecer los hechos derivados de las distintas agresiones sufridas hacia integrantes del CDHU y la 72, en Tenosique, Tabasco.

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

 

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU)

 

Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB)

 

Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH)

 

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

 

La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (la 72)

 

 

Gobierno de Yucatán y Alcaldesa de Mérida atentaron contra derechos de manifestantes

El día de ayer, alertada sobre hechos violentos, Indignación acudió a la recientemente nombrada glorieta de la paz y obtuvo testimonios acerca de la brutal agresión de la que fueron objeto decenas de personas que se manifestaban pacíficamente contra el proyecto conocido como “paso deprimido”.

Con los testimonios, las imágenes, audios y videos que nos fueron proporcionadas y la observación, Indignación documentó la violencia (perpetrada por “civiles”) contra manifestantes, las omisiones y el autoritarismo del actual Ayuntamiento de Mérida. La inacción de la policía y la impericia de gobierno municipal, estatal y de los agentes de las corporaciones policíacas pusieron en riesgo a los manifestantes y ocasionaron que se afectara la integridad física y el derecho a la manifestación.

De acuerdo con la información recabada por este equipo la policía, al llegar tardíamente, permitió que los agresores se fueran del lugar.

Esa misma inacción fortalece la versión de que las personas que llegaron a golpear lo hicieron con algún grado de acuerdo de alguna instancia de gobierno o directamente bajo su encargo.

El recurso de contratar civiles para agredir a manifestantes mientras la policía parece no ver y omite intervenir ha sido una vieja táctica de los gobiernos autoritarios para violentar derechos e intentar evadir su responsabilidad.

Las autoridades tienen ahora la obligación de investigar con prontitud, identificar a los responsables de las agresiones y llevarlos ante la justicia.

El gobierno municipal y el estatal están obligados a rendir un informe pormenorizado de sus actuaciones el día de ayer cuyas omisiones y acciones pusieron en riesgo la integridad física y la vida de decenas de manifestantes.

El ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado tienen que explicar la ausencia de la policía en el momento de la agresión y su tardanza en llegar cuando su presencia fue solicitada a pesar de que se encontraban cerca del área elementos policíacos.

Además el Ayuntamiento de Mérida tiene la obligación de atender las manifestaciones de inconformidad que fueron acalladas con violencia.

El equipo Indignación no tiene una posición acerca del paso deprimido, su conveniencia o inconveniencia, su pertinencia o impertinencia. No obstante constatamos que el proyecto no ha sido sometido a consulta a pesar de la petición que diversos ciudadanos y ciudadanas han hecho en ese sentido. Constatamos una vez más la imposición como mecanismo de un gobierno que incumple así obligaciones democráticas.

Indignación no pudo evitar sorprenderse al ver en la manifestación a autoridades que reprimieron manifestaciones cuando ejercieron el poder. Indignación lamenta la impunidad persistente en la que se arropan.

5 de julio de 2011

Tortura e impunidad cobran otra vida en Yucatán

El asesinato cometido por policías municipales contra una persona, Rafael Pérez García, detenida en el municipio de Tizimín nos enfrenta nuevamente a la brutalidad policíaca, la tortura y las condiciones de las cárceles en el estado que han cobrado más de trece vidas en los últimos cinco años[1]

La impunidad que ha cubierto los anteriores casos y ha protegido a los responsables, la falta de investigación y sanción por parte de la Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía General del estado), el incumplimiento de estándares de organismos internacionales en esta materia que recomiendan investigaciones independientes, la ausencia de medidas concretas que garanticen la no repetición de estos hechos y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos, su imperdonable tolerancia y la dilación ante casos extremadamente graves constituyen un aliciente y ocasionan que en la práctica se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos en contextos de detención, que lamentablemente han cobrado la vida de personas, como en el presente caso.

Inevitablemente, esta nueva pérdida humana nos remite al caso de Roberth Tzab EK el cual, a pesar de su gravedad y a pesar de las evidencias y de la información sensible con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, continúa sin recomendación a casi un año de los hechos en los que perdió la vida Roberth.

En este caso, también es preciso recordar que la Fiscalía General del estado no garantizó condiciones mínimas de independencia e imparcialidad en las investigaciones, pues éstas fueron efectuadas por la misma agencia del Ministerio Público que tenía en su custodia a Roberth y que en consecuencia fue responsable de su fallecimiento. Todo lo anterior ha significado que, a casi un año de los hechos, exista impunidad en torno a su muerte, pues ningún policía ni funcionario público ministerial ha sido sancionado ni inhabilitado por el fallecimiento de Tzab Ek. La impunidad alienta la repetición de graves violaciones a derechos humanos.

En Indignación consideramos que la institución encargada de investigar y perseguir los delitos tiene la obligación, y debiera ser la primera interesada en depurar sus instituciones e investigar y sancionar a los funcionarios públicos que cometen violaciones a derechos humanos.

El encubrimiento y la impunidad pervierten la garantía de acceso a la justicia que debiera ser garantizada por la Fiscalía General.  Pero también insistimos en que una comisión de derechos humanos puede y debe inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

[1] A las persistentes quejas de tortura se suma una alarmante situación en las cárceles de Yucatán: Durante el año de 2010 murieron al menos siete personas en penitenciarías estatales o municipales de Yucatán  y son al menos 13 las fallecidas en centros de detención desde el 2006, casos en los que, a pesar de la evidente responsabilidad del Estado, prevalece la impunidad. La Codhey únicamente ha enunciado el hecho y no se han establecido medidas de no repetición.  Informe de Indignación sobre el casod e Roberth Tzab. Marzo de 2011