Un katún y El Cielo Abierto: el calendario de la indignación

” ¿Que 20 años no es nada? Puede que en tango sea un volver, un retorno. Puede ser apenas un inicio, el tiempo de los cimientos. En el calendario maya 20 años conforma un ciclo, un katún…”

Así empieza esta mirada-guión que repartimos anoche, viernes 27 de mayo, en La68, que quiso celebrar este primer Katún de Indignación con El Cielo Abierto, un documental sobre monseñor Romero.

Aprieta abajo para descargar esta mirada-guión:

La cuenta de los días desde el calendario de la indignación y los derechos humanos:

20 años de (documentar la) indignación

 

PrimerKatunElCalendarioDeLaIndignacion

Basilia Ucán, libre

• Centro ProDH e Indignación celebramos su liberación después de más de tres años de injusta reclusión
• Persisten en México situaciones similares a causa de las deficiencias estructurales del sistema de justicia. ¿Cuántas injusticias más hacen falta?

Después de tres años y dos meses de permanecer injustamente en prisión, el día de ayer el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo ordenó la liberación inmediata de Basilia Ucán Nah, indígena maya de Quintana Roo. Su reclusión fue producto de un juicio penal carente de las mínimas garantías procesales, iniciado el 18 de marzo de 2008, tras la falsa acusación de haber cometido los delitos de lenocinio y corrupción de menores.

Durante la conferencia de prensa realizada el día de hoy en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Basilia Ucán Nah expresó su beneplácito por la decisión al mismo tiempo que llamó a evitar la repetición de hechos similares: “Estoy muy contenta porque por fin estoy con mi familia. Se demostró lo que yo siempre había dicho, que mi conciencia está limpia. Espero que mi salida de la cárcel sirva para que otros inocentes salgan libres”.

Basilia se encontraba esperando la resolución del recurso de apelación interpuesto el 12 de octubre de 2010 fecha en la que se dictó la sentencia de primera instancia.  El  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Equipo Indignación, que asumieron su defensa, celebran su liberación.

La sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Quintana Roo, bajo el toca penal 458/2010, en la que se absuelve a Basilia, es un acto de justicia que pone en evidencia que en el presente caso se violaron derechos fundamentales por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Sin duda los argumentos jurídicos esgrimidos por la defensa de Basilia Ucán exhibieron las irregularidades del expediente penal, el uso faccioso del sistema de justicia por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo y la falta de un verdadero control judicial garantista de los derechos fundamentales. Todo esto fue tomado en cuenta para que se ordenara su liberación.

En la misma conferencia de prensa, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el caso de Basilia “evidencia no sólo las fallas estructurales del sistema de justicia penal, sino la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentran ante éste los pueblos indígenas”. Llamó a las autoridades del estado de Quintana Roo, donde hubo recientes cambios en el gobierno, a manifestar con acciones un compromiso decidido a favor de los derechos humanos, “específicamente a garantizar el debido proceso y los derechos del pueblo maya”.

Jorge Fernández, abogado del Equipo Indignación, señaló que “al haber absuelto a Basilia, se evidencia que las violaciones a derechos humanos que habíamos denunciado reiteradamente están plenamente acreditadas”. Y en sentido similar a lo expresado por Jaqueline Sáenz afirmó: “Esperamos que el nuevo gobierno de Quintana Roo aproveche esta oportunidad para establecer políticas públicas que favorezcan el acceso a la justicia de los indígenas mayas, que representan el 30% de la población de Quintana Roo y el 70% en la península”.

El Centro Prodh y el Equipo Indignación consideran, sin embargo, que la excarcelación de Basilia es sólo un componente de la justicia. Ésta debe incluir también la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del injusto encarcelamiento.

Imagen: Centro Prodh/ADF
Imagen: Centro Prodh/ADF

Fotografía de la conferencia. De izquierda a derecha Jorge Fernández, abogado del Equipo Indignación, Jaqueline Sáenz, Abogada del Centro ProdhY Basilia Ucán Nah (Contamos con mayor resolución si las necesitan, agradeceremos agregar el siguiente crédito. Imagen: Centro Prodh/ADF).

Fiscalía yucateca, obligada a responder ante justicia federal por caso de Robert Tzab: se admite un amparo

Indignación Clausura la Procuraduría de Justicia

Nueve meses después de la fatal detención de Robert Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de la Procuraduría General de Justicia de Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura, la ahora Fiscalía General del estado tendrá que responder ante la justicia federal.

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de Yucatán admitió una demanda de amparo presentada precisamente por las graves omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía, que ha incumplido su obligación de garantizar una investigación independiente, efectiva e imparcial. Los representantes legales de los familiares de Robert Tzab presentaron dicho amparo por la violación al derecho de acceso a la justicia.

Robert Tzab fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado. Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab, cuyo aspecto no es de gravedad o debilidad.

Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

La muerte de Roberth Tzab, a pesar de que hoy se cumplen nueve meses de su fatal detención, permanece impune.

El día 21 de agosto de 2010, familiares de Robert Tzab presentaron la formal denuncia contra quien resulte responsable. Dos meses después, el expediente no mostraba avances en la investigación para determinar la participación de quienes, por acción o por omisión, fuesen responsables.

A partir de entonces la representación social ha impedido el acceso al expediente a los familiares y sus representantes legales.

Por su parte, y a pesar de que se le ha solicitado expresamente, el hoy Fiscal General del estado ha omitido atraer la investigación a una agencia del Ministerio Público de la ciudad de Mérida, ante la evidente falta de independencia e imparcialidad que representa el hecho de que esté investigando la misma agencia donde sucedieron los hechos.

Ante la insistencia, tanto del equipo Indignación, como de vecinas y vecinos de Ticul que han exigido justicia por el fallecimiento de Robert, el gobierno del estado ha respondido con el silencio.

Fundamentalmente son dos las violaciones que se reclaman en el amparo:

A)   La dilación en la investigación de los hechos por parte de la agencia décimo segunda con sede en Tekax, Yucatán, pues hasta donde este Equipo de Derechos Humanos pudo verificar antes de la sistemática negativa del Ministerio Público para dar acceso al expediente, la fiscalía había omitido actuaciones indispensables para acreditar los hechos, como la declaración de los agentes que participaron en su detención, traslado o custodia. Los nueve meses que ya han transcurrido implican dilación en la procuración de justicia, dilación particularmente grave cuando se trata de casos en los que, como el de Robert Tzab, pudiesen haberse cometido actos de tortura que le causaron la muerte;

B)   La violación a los principios de imparcialidad e independencia que una investigación por hechos tan graves debe contener. El hecho de que sea la misma agencia del Ministerio Público con sede en Tekax, en cuyos separos murió Robert Tzab, la misma que esté realizando las investigaciones por dicho fallecimiento, contradice las mínimas garantías de acceso a la justicia que establece la Constitución y los Principales Tratados para prevenir, sancionar, investigar y erradicar la tortura.

Cabe resaltar que, entre otras tantas obligaciones y directrices que el Estado debe seguir para la investigación de casos en los que hay indicios de tortura y/o en aquellos fallecimientos ocurridos en cárceles o separos, existe una fundamental: que la investigación la efectúe un órgano independiente e imparcial. Así nos lo recuerda el informe Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, que, en su informe sobre su visita a México, hecho público el 31 de mayo de 2010, entre otras cosas recomendó:

“Los Estados velarán porque se investigue con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”

La falta de imparcialidad en la investigación por parte de la Fiscalía General en un caso tan grave, en el que existe responsabilidad directa de funcionarios públicos adscritos a esa dependencia, ahonda el clima de impunidad que se vive en la entidad en casos similares.

Esta impunidad se refuerza también por la pasividad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, que a 9 meses de sucedidos los hechos, no ha emitido la recomendación correspondiente, a pesar de que su propia ley la obliga a investigar y emitir una resolución en un plazo no mayor de 4 meses cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos.

Sin lugar a duda, Yucatán carece de condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la justicia en casos de presunta tortura, obligación que es todavía mayor cuando los presuntos responsables, por acción u omisión, son quienes en la práctica tendrían la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos.