Roberth Tzab: Por tortura o por negligencia, el gobierno es responsable

Roberth Tzab, fallecido en la cárcel preventiva de la Procuraduría con sede en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura exhibe que la impunidad y el silencio son la respuesta ante acciones u omisiones de servidores públicos que privaron de la vida a una persona.

Roberth Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010, cuando se encontraba detenido en la cárcel preventiva que la Procuraduría tiene en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura.

El gobierno de Yucatán es responsable directo del fallecimiento de Roberth Tzab puesto que lo tenía bajo su custodia. La Procuraduría, por su parte, ha negado una respuesta a las comunicaciones que Indignación le ha dirigido y el Ministerio Público ha obstaculizado el acceso al expediente a representantes de la coadyuvancia desde hace cuatro meses.

Antes de eso, Indignación pudo constatar que el Ministerio Público de Tekax mostraba omisiones graves y dilación en la integración de la averiguación previa: Mes y medio después de los hechos, ni siquiera habían sido citados a declarar quienes detuvieron a Roberth y quienes lo tuvieron bajo su custodia, situación que se le cuestionó al Ministerio Público.

Desde entonces, y una vez que al hijo se le reconoció su calidad de coadyuvante, se ha negado reiteradamente el acceso al expediente a integrantes del equipo Indignación, representantes de la coadyuvancia, con el argumento de que “lo acabamos de enviar a Mérida”.

La Comisión de Derechos Humanos ha guardado absoluto e ignominioso silencio en este caso y, a pesar de que han pasado seis meses ya, no ha emitido la recomendación respectiva con lo cual, en la práctica, está encubriendo al gobierno de Yucatán.

Indignación ha solicitado al Procurador que atraiga la investigación puesto que compromete la independencia de la investigación el que sea la propia agencia del Ministerio Público en la que falleció el detenido la que investigue su muerte. Sin embargo la titular de la agencia de Tekax confirmó apenas ayer que ella sigue a cargo de la investigación.

El caso de Roberth Tzab puso de nuevo en evidencia las deplorables condiciones en las que se encuentran las cárceles de Yucatán.

El fallecimiento de Roberth Tzab ocurrió en un contexto de gran preocupación puesto que al menos 13 personas han fallecido en los centros de detención estatales o municipales en Yucatán de 2006 a la fecha.

El día de hoy estamos ante las sedes de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos humanos en Tekax para decirles: Ustedes son los responsables de privar de la vida a Roberth Tzab, sea por negligencia, por tortura o por el encubrimiento que deja impune el crimen.

Estos casos comprueban que la tortura continúa siendo una práctica en Yucatán. El silencio y el encubrimiento exhiben a un gobierno que elude sus responsabilidades, incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y desprecia la vida de las personas, su integridad y sus derechos.

Comunicado del equipo Indignación
26 de febrero de 2011

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Basilia, mujer maya injustamente sentenciada

Cancún, Quintana Roo, a 9 de febrero de 2011

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Dossier Basilia web

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Comunicado conjunto: Basilia Ucán, mujer maya injustamente sentenciada | Centro ProDH e Indignación exigen su inmediata liberación

§  El gobierno de Quintana Roo mantiene en injusta prisión a la señora Basilia Ucán Nah desde hace casi tres años

§  ¿Cuántas injusticias más hacen falta? Las prácticas del sistema penal mexicano, que afectan a Basilia Ucán Nah, son contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos

§  El Centro Prodh e Indignación exigen su inmediata liberación y acciones concretas para que estos hechos no se repitan

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Indignación) han asumido la defensa de Basilia Ucán Nah, mujer indígena maya detenida injustamente en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, desde hace casi tres años, acusada de delitos que jamás cometió. Se le ha sentenciado a 12 años con tres meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y lenocinio.

La señora Basilia Ucán Nah ha sido sometida, desde el 18 de marzo de 2008, a un procedimiento penal carente de las mínimas garantías procesales. Las irregularidades, violatorias de sus derechos humanos, evidencian cómo los sistema de procuración y administración de justicia, ante su ineficiencia, aprovechan la situación de vulnerabilidad que afecta a las mujeres indígenas para fabricar culpables y cumplir con su cuota de trabajo o con la expectativa social de que las autoridades actúen frente a la delincuencia.

Basilia Ucán es originaria de Yoactún, localidad próxima a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Es habitante de una zona predominantemente indígena del estado de Quintana Roo: casi el 70 por ciento de la población pertenece al pueblo maya peninsular. En marzo de 2007, a raíz de una llamada anónima que denunciaba hechos de “corrupción de menores” en perjuicio de dos adolescentes del sexo femenino, se inició una averiguación previa en la que, en principio, uno de los probables responsables señaló la participación de funcionarios y policías de Felipe Carrillo Puerto en la comisión de dichos ilícitos. No obstante durante las investigaciones el ministerio público, presionando a las víctimas y manipulando testimonios, terminó por fabricar una culpable en la persona de Basilia Ucán. El juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto –licenciado Ramón Jesús Aldaz Bencomo- hizo suyas esas probanzas a pesar de su ilegalidad y, sin considerar las pruebas de descargo que acreditaban la ilegalidad de las actuaciones ministeriales, emitió una sentencia condenatoria de 12 años de prisión.

Del análisis de la sentencia emitida el día 12 de octubre de 2010 se derivan diversas violaciones al debido proceso; a continuación algunas de ellas:

·      Las probanzas presentadas por el ministerio público, a través de las cuales sostuvo su acusación, fueron recabadas de manera ilegal. A pesar de ello el juez las convalidó y utilizó como argumento para sustentar la sentencia.

·      Las supuestas agraviadas nunca hicieron un señalamiento directo en contra de Basilia Ucán Nah, se retractaron de sus declaraciones y expresaron haber sido hostigadas y presionadas por las autoridades para firmar declaraciones que ni siquiera conocían.

·      En su declaración ministerial, utilizada a manera de confesión, Basilia no refiere conocer a las menores ni acepta ningún hecho constitutivo de delito. Además esta declaración se realizó sin asistencia de abogado o persona de confianza.

Las organizaciones que han sumido su caso, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, consideran que en el presente caso hay graves violaciones de derechos humanos porque:

A.    Hay una doble discriminación que subsiste en el ámbito de la procuración e impartición de justicia: por ser indígena y por ser mujer, situación especialmente alarmante en una entidad donde la mayoría de la población es indígena maya. Lo anterior demuestra que no existen condiciones mínimas para que las personas pertenecientes al pueblo maya accedan a juicios equitativos y en donde sean consideradas sus diferencias culturales.

B.    A pesar de la existencia de elementos que podrían evidenciar la participación de funcionarios públicos y policías de Felipe Carrillo Puerto en hechos relacionados con la explotación sexual infantil, en ningún momento el ministerio público realizó alguna investigación para verificar este hecho, al contrario, fabricó una culpable en la persona de Basilia para “rendir cuentas a la sociedad”. En consecuencia pareciera que no existen condiciones adecuadas de verdadero acceso a la justicia para posibles víctimas de explotación sexual infantil, pues se procesa a personas inocentes y se omite investigar a los verdaderos responsables de delitos tan graves como el citado.

C.    Confirma que el actual sistema de justicia penal es ineficaz para realizar investigaciones de calidad que permitan, por un lado, disminuir el índice de impunidad que afecta a la sociedad y, por otro, garantizar que a toda persona sometida a un procedimiento de índole penal, se le hagan efectivas las mínimas garantías judiciales establecidas tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales. El proceso seguido a Basilia corrobora que las prácticas del procedimiento penal mexicano que han sido sistemáticamente señaladas por organismos internacionales como contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos siguen siendo la base de la acción persecutoria del delito, con lo cual ni se garantiza la seguridad pública ni la existencia de juicios justos y equitativos.

Basilia ha apelado, con el apoyo jurídico de Indignación y el Centro Prodh, la sentencia condenatoria que fue emitida por el juez de la causa. En esa tesitura esperamos que, al emitir la sentencia de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, tome en consideración las violaciones cometidas en perjuicio de Basilia, reconozca la inexistencia de elementos y dicte su inmediata e incondicional libertad.

Para mayor información sobre el caso consulte el dossier de prensa en el vínculo que se encuentra al iniciar esta entrada

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Pruebas incriminan a Escalante en ataque contra Ebulá

Comunicado del equipo Indignación

Más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo que el 13 de agosto de 2009 dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas.

Fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueba que éste se encontraba aún en litigio,  documentación de la Escuela del CONAFE que funcionaba en el poblado, registro ante programas oficiales como Oportunidades, el propio convenio en el que el Gobierno de Campeche reconoce a las y los pobladores su calidad de desplazados como consecuencia del “desalojo cometido por un particular”, entre otros elementos probatorios, se presentaron formalmente ayer ante el Ministerio Público de Campeche.

También se presentó el informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, compuesta por más 24 organizaciones y que documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidas antes, durante y después del ilegal desalojo; dicho informe, a pesar de que se hizo llegar a la procuraduría desde septiembre de 2009, no se había agregado al expediente.

Las pruebas presentadas también acreditan la existencia de cuando menos dos ataques anteriores a la población, que no fueron investigados ni sancionados por las autoridades campechanas. La impunidad de los ataques previos, sin lugar a dudas, ha sido un factor que alentó la destrucción del poblado en agosto de 2009.

Estas pruebas se suman a decenas de testimonios ofrecidos por las y los pobladores en un expediente que, a pesar de referirse a un caso tan grave y de consecuencias tan devastadoras, que es seguido por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la ONU,  fue cerrado por un Ministerio Público que prácticamente no había realizado ninguna acción para investigar los hechos. El caso fue reabierto en diciembre, después de que los propios pobladores impugnaron su cierre ante la Procuraduría.

Con las pruebas antes señalada, se refuerza la acusación realizada por los pobladores de San Antonio Ebulá, acreditándose, entre otras cosas:

A)   Que el poblado de San Antonio Ebulá ha existido desde, cuando menos, el año de 1968.

B)   Que San Antonio Ebulá vivía como pueblo, pues sus habitantes contaban con servicios públicos, tales como Luz, agua, una escuela del CONAFE, templo religioso, y que además recibían diversos servicios sociales como “oportunidades”.

C)   Que el poblado de San Antonio Ebulá, así como los terrenos circundantes, utilizados para diversas actividades agrícolas, se encuentra aún en litigio ante las autoridades agrarias, lo que invalida la presunta propiedad que pretende arrogarse el señor Escalante, quien por supuesto como particular no tiene facultades para realizar un desalojo aunque lograra obtener un título de propiedad.

D)   Que el desalojo y destrucción del pueblo fue efectuado por elementos de seguridad privada al servicio de constructora Escalante, hecho que incluso ha sido admitido públicamente por los representantes legales de la empresa, y que implica la comisión de flagrantes delitos establecidos en el Código Penal de la entidad, pues ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a las autoridades encargadas de administrar justicia.

La Procuraduría General de Justicia del estado está obligada a proceder legalmente contra los autores materiales e intelectuales de un hecho que, además de ser ilegal y delictivo, tuvo como consecuencia dejar a más de 70 familias desplazadas y sin pertenencias, hecho que significó que muchos de ellos tuvieran que vivir en condiciones críticas y sin recibir asistencia humanitaria a pesar de que se instalaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Campeche durante más de un mes.

Indignación expresa nuevamente su preocupación por la parcialidad con la que la Procuraduría pudiese actuar en la investigación del presente caso que exhibe la responsabilidad directa de Constructura Escalante, cuyos dueños son familiares del extinto Secretario de Gobernación Federal, Juan Camilo Mouriño y de personas que actualmente tienen un alto cargo en el gobierno de Campeche y también de una diputada local.

La Procuraduría no sólo ha dejado impunes agresiones anteriores, sino que recientemente el Ministerio Público determinó establecer el no ejercicio de la acción penal por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2009, determinación que fue revocada a partir el recurso de revisión interpuesto por los propios Ebuleños.

Indignación exige que la Procuraduría estatal realice una labor apegada a los más altos estándares en materia de derechos humanos, garantizando los derechos de las víctimas, solicitando la sanción para los responsables, así como adecuadas medidas de reparación del daño.

No en nuestro nombre, repetimos

Comunicado del área maya del equipo Indignación

Nos hemos enterado que otra vez, repitiendo la misma actitud de legislaturas pasadas, los actuales diputados y diputadas quieren decidir la vida de miles de mayas. Otra vez les decimos a esos empleados de los partidos políticos: No en nuestro nombre.

Han vuelto a demostrar, como cada 3 años, que no entienden el derecho a la autonomía de nuestro pueblo, reconocida y firmada por el Estado mexicano.

Otra vez, mintiendo obstinadamente, han dicho que la propuesta de ley es para acabar con el desprecio y la discriminación, pero su ley está cargada de un lenguaje racista, es excluyente, manda al olvido nuestros derechos y, como muchas otras leyes, quisiera que desapareciéramos como pueblo.

No en nuestro nombre. Las y los mayas del equipo Indignación traemos a la memoria lo que ustedes parecen haber olvidado: la exigencia, avalada por más de 2500 firmas de mayas, y un buen tanto de no-mayas, y manifestada hace ya cerca de cinco años, de una nueva actitud que respetase nuestros derechos, reconocidos en todo el mundo y que las políticas mexicanas han despreciado.

No en nuestro nombre hagan un nuevo agravio a nuestro pueblo. No en nuestro nombre. Sabemos que algunos estudiosos han manifestado su opinión para que ustedes hagan una ley, aunque no sea la mejor, aunque no se tome en cuenta al pueblo maya. Quizá lo hacen pensando que gradualmente la estupidez se convierta en justicia. No en nuestro nombre.

Muchas veces hemos levantado la voz cuando en reuniones humillantes a las que llaman consulta, ha quedado claro que lo único que quieren es guardar la apariencia del paternalismo tutelar, proponiendo políticas públicas y no el reconocimiento de nuestros derechos.

Ya basta. No en nuestro nombre hagan más solicitudes de presupuesto para pintar escuelas “indigenistas” y mediocres. No en nuestro nombre hagan turismo arqueológico, no en nuestro nombre hagan proyectos para sembrar hortalizas que nosotros les enseñamos a cultivar. No en nuestro nombre sigan viviendo y haciendo negocios y llamando a todo esto Ley de la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.

Los y las mayas que cobran como representantes sepan que no lo hacen en nuestro nombre. Les conocemos y sabemos muy bien que nunca han buscado el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Caminan por los pasillos del poder hablando nuestra lengua, pero buscando servir a los que ustedes tienen por más. Muchos como ustedes han robado la fuerza de nuestro pueblo, no vengan ahora a decir que nos representan. No en nuestro nombre.

Pronto los vientos se reunirán desde todos los rumbos. Los días están dando su fruto. Y cuando amanezca, la tierra será de todos. Y nosotros, los mayas, seremos hombres y mujeres con todos nuestros derechos.