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Yucatán sin transparencia

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

21 de enero de 2011

Las instituciones ciudadanas que cumplen funciones esenciales en un estado democrático y que en México y en Yucatán constituyeron todo un logro en su momento, continúan siendo desmanteladas en lo que se exhibe como una apuesta por el retorno al autoritarismo de un gobierno que por supuesto cuenta con el sometimiento del poder legislativo.

El sorpresivo nombramiento como Consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán de un hombre vinculado al ámbito empresarial, sin trayectoria alguna en la sociedad civil, sin conocimiento en materia de transparencia, cuya trayectoria más que independencia muestra complacencia con los gobiernos constituye un ataque más a los organismos ciudadanizados.

No es el único. La ratificación del presidente de la Codhey en junio pasado a pesar de su probada impericia ha ocasionado un profundo deterioro en materia de derechos humanos en el estado. Sus tardías e inocuas recomendaciones o la ausencia de éstas en casos de tortura ha otorgado a elementos policíacos tal impunidad que ahora nos enfrentamos a un caso tan grave como el de Roberth Tzab, quien falleció en los separos de la Procuraduría de Justicia con sede en Tekax, una muerte por la que no se ha sancionado a nadie y que nos obliga a sospechar tortura.

De la ratificación del presidente de la Codhey fue responsable la anterior legislatura con el voto prácticamente de todos los legisladores del PRI y del PAN. Quienes se abstuvieron u opusieron no lograron contrarrestar el acuerdo para validar a un Ombudsman que fue cómplice de los gobiernos de ambos partidos.

En el caso del Instituto de Acceso a la Información la legislación le otorga al poder ejecutivo una participación en un proceso del que debiera estar excluido y que ha ocasionado el nombramiento de personas sin trayectoria desde la ciudadanía.

La pésima ley en la materia ocasiona una perversa simulación que pretende ampararse en el ordenamiento legal para actuar de manera arbitraria, opaca y autoritaria, saboteando la participación ciudadana.

Esto es particularmente grave en el contexto actual, en el que el gobierno de Yucatán enfrenta serios cuestionamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, particularmente en el manejo de los recursos públicos.

Garantizar el acceso a la información pública es esencial para vigilar el ejercicio del poder y constituye un derecho de la ciudadanía que debe protegerse con firmeza.

Indignación deplora el nombramiento del señor Álvaro Traconis y le hace un firme llamado a renunciar de inmediato a un cargo para el que no cuenta ni con la pericia ni con los conocimientos ni con la trayectoria que se requiere y que, en cambio, despierta todas las sospechas como propuesta de un gobierno que pretende obstaculizar la rendición de cuentas e incumplir sus obligaciones en materia de transparencia.

Ebulá juzgará procuración de justicia en Campeche

El caso del violento e ilegal desalojo que en agosto de 2009 desplazó a más de noventa familias de San Antonio Ebulá será la vara para medir la procuración de justicia en Campeche y el compromiso con los derechos humanos, sostiene Indignación ante la decisión de la Procuraduría de continuar la investigación y revocar el no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público.

El caso, uno de los más graves en materia de violación a los derechos humanos que se conocieron en la península de Yucatán, fue seguido por diversas organizaciones nacionales e Internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, e incluso mencionado en el informe de la Relatora de Naciones Unidas para la Vivienda.

El ataque se perpetró el 13 de agosto de 2009. El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

Un año y tres meses después del crimen, el Ministerio Público determinó que no había delito qué perseguir, ante lo cual las y los pobladores presentaron un recurso de revisión. Indignación acompañó la presentación de dicho recurso el pasado 10 de noviembre.

La Procuraduría determinó revocar la decisión del Ministerio Público desde el 19 de noviembre pasado, sin embargo se informó a las y los agraviados apenas la semana pasada.

La dilación es una de las formas de obstaculizar y denegar justicia y, casi año y medio después, no se ha integrado adecuadamente la averiguación previa, a pesar de existir numerosas probanzas que exhiben el delito cometido, pues el ilegal desalojo y la destrucción de las viviendas fue un hecho público y notorio que fue documentado, entre otros, por diversos medios de prensa.

La persona señalada como responsable de ordenar el desalojo, y quien se ostenta como propietario de la tierra en la que se encontraba el pueblo de San Antonio Ebulá, el señor Eduardo Escalante, es un poderoso empresario de Campeche con fuertes vínculos en la política del estado y del país.

Su hija fue esposa del extinto Juan Camilo Mouriño y actualmente su hijo está a cargo de una especie de supersecretaría con amplios poderes en el gobierno de Campeche. Otra de sus hijas es diputada en el Congreso local.

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche ya cerró el expediente determinando que no hay materia y la CNDH, en aberrante complicidad, avaló dicha decisión.

A las familias desplazadas y cuyo patrimonio fue destruido no se les ha indemnizado ni se les repararon los daños ni se ha hecho justicia en este grave caso. Sería deplorable que el gobierno de Campeche encubriera y garantizara impunidad al responsable de cometer un crimen tan grave por su poder económico y político.