La Codhey alienta la tortura en Yucatán

Carta pública a Jorge Victoria Maldonado: Renuncie

Indignación Clausura Procuraduría de Justicia | Foto Malena López

Chablekal, Yucatán, en vísperas del 17 de diciembre de 2010
A 4 meses de la detención de Roberth Tzab Ek
(quien falleció en los ‘separos’ de la Procuraduría de Justicia Tekax
horas después de ser detenido)

Lic. Jorge Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Yucatán

Con profunda preocupación hemos visto transcurrir el tiempo desde el fallecimiento de Roberth Tzab Ek en una cárcel de la Procuraduría de Justicia con sede en Tekax, Yucatán, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que sin lugar a dudas exhiben negligencia, sin que las autoridades señalen a algún responsable ni indiquen los avances en la investigación ni hagan públicas determinaciones para evitar que un hecho tan grave como éste ocurra de nuevo.

Con estupor hemos constatado que el caso, contra toda lógica y sentido común, continúa investigándose precisamente en la misma agencia del Ministerio Público en la que están por lo menos algunos de los responsables del fallecimiento de Roberth Tzab, que son quienes lo custodiaban en la sede de la Procuraduría en Tekax, a pesar de que expresamente le hemos solicitado al procurador que centralice la investigación, como correspondería como mínima garantía de imparcialidad.

Hemos constatado también que hay graves omisiones en la integración de la averiguación previa 1049/12ª/2010 abierta con motivo de los hechos pues, al menos hasta hace unas semanas, cuando integrantes de Indignación revisamos el expediente, no se había interrogado ni a los agentes que participaron en la detención de Roberth la madrugada del 17 de agosto, ni a quienes lo trasladaron ni a quienes lo tuvieron bajo su custodia.

Con profunda rabia nos enteramos del caso de Roberth Tzab, pues en los meses recientes hemos conocido también otras situaciones que refieren tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno de esos casos es el de un señor que incluso estuvo hospitalizado en el hospital O’Horán, según supimos como consecuencia de las lesiones, y aún así la Codhey demoró tres días en acudir a ver al agraviado y sólo lo hizo después de una llamada del equipo Indignación cuestionando su ausencia.

En Indignación consideramos que una comisión de derechos humanos puede inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

Las omisiones de la Codhey, junto con sus tardías, vagas e inocuas recomendaciones, constituyen un aliciente para quienes cometen actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los responsables de investigar que, en vez de hacerlo, encubren a torturadores.

Hemos constatado que la Codhey cuenta con información sumamente relevante en el caso de Roberth Tzab y con elementos que podrían resultar determinantes. A pesar de esto, hemos visto transcurrir ya prácticamente cuatro meses desde el fallecimiento de Roberth Tzab. Nos preocupa la trayectoria de encubrimientos de la Codhey y la impericia de gran parte de su personal.

Con estupor le escuchamos en una entrevista radiofónica el sábado 11 de diciembre sostener que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es muy sensible a los derechos humanos y que la Secretaría de Seguridad Pública atiende y cumple sus recomendaciones en un alto porcentaje. En esa misma entrevista, le escuchamos evadir una respuesta cuando le preguntaron si en Yucatán hay tortura.

Indignación considera que en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco ha sido sistemática la utilización de prácticas policíacas incompatibles con los derechos humanos, como lo es la tortura, situación que se exhibe, también, con la reciente detención arbitraria, incomunicación y tortura del activista José Ricardo Maldonado Arroyo, por parte de policías judiciales, situación ante la cual, por cierto, usted tampoco se ha pronunciado enérgicamente. Consideramos que la Codhey ha contribuido a la persistencia de estas prácticas pues, a pesar de que de sus propias recomendaciones se deriva que, un alto porcentaje de las quejas presentadas por la ciudadanía tiene que ver con situaciones de arbitrariedad policíaca, la Codhey no ha realizado ninguna recomendación general ni hecho pública ninguna situación expresando su postura sobre la gravedad de estos hechos.

Ya desde el sexenio de Patricio Patrón Laviada alertábamos sobre la existencia de prácticas de brutalidad policíaca que ameritaban medidas contundentes por la parte de la Codhey, como en el caso de las personas detenidas y torturadas por policías municipales y estatales durante el operativo derivado de la visita de George Bush a Mérida.

Al respecto, es preciso recordarle que, una de las primeras medidas para prevenir y erradicar esta práctica, es señalar que existe. Los casos de tortura que ha documentado la Codhey, los ha catalogado como “violaciones al derecho a la integridad personal”, sin hacer alusión a la gravedad del hecho que implica que esa violación a la integridad consista en tortura. Esta situación alienta a que los órganos encargados de investigar los delitos minimicen los hechos, más cuando son sus propios funcionarios los responsables de cometerlos, hecho que resulta incompatible con los estándares básicos que en materia de derechos humanos se han establecido para casos de tortura.

En esa, tesitura, le recordamos que la tortura, según la definición de la Convención Interamericana respectiva, consiste en:

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Que una persona fallezca en un centro de detención en condiciones similares a las que vivió Roberth Tzab hace presumir la comisión de tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en mayo del presente año con motivo de su visita a México en el año 2008.

También existen otros documentos que son indispensables para establecer medidas eficaces para la prevención, investigación y sanción de actos de tortura y que, si los conociera, podrían serle de utilidad para mejor catalogar situaciones de posible tortura. Así por ejemplo, los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen claramente la necesidad de que toda investigación relativa a hechos de tortura sea realizada por autoridades independientes a las involucradas en los hechos:

2. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán tiene la obligación impostergable de:

Primero. Emitir la recomendación respectiva a la brevedad posible, en la cual, basándose en estándares internacionales, establezca con claridad las violaciones a los derechos humanos que derivaron en la muerte, en los separos de la Policía Judicial en Tekax, Yucatán, del C. Robert Tzab. De contar con indicios de tortura, la Codhey tendría que, a través de acto propio o de la recomendación, garantizar que la averiguación previa se integre precisamente por ese delito. La recomendación, por su parte, tiene que salvaguardar la identidad de aquellas personas que podrían correr algún riesgo, de acuerdo con lo establecido en la propia normatividad de la Codhey.

Segundo. Como parte de las recomendaciones, exigir al Procurador General de Justicia del estado que ordene la remisión de la averiguación previa 1049/12ª/2010 a una agencia investigadora distinta a la que era responsable de la custodia del C. Robert Tzab al momento de su fallecimiento, y que cuente con las capacidades técnicas necesarias para efectuar una investigación por tortura.

Indignación considera que, bajo su conducción, la Codhey no está en condiciones de cumplir con las exigencias señaladas en los puntos anteriores, que son los mínimos que desde la perspectiva del derecho internacional y los Principios de París tendría que exigir una comisión pública de derechos humanos, por lo que le exigimos que, en un acto de responsabilidad, renuncie al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pues este caso se suma a otros en los cuales su silencio, su impericia, su sometimiento y sus limitaciones técnicas y/o políticas han tenido como consecuencia reforzar los patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos y la impunidad que prevalece en casos que nos agravian a todas y todos, en particular a hombres y mujeres que han sido víctimas de graves violaciones a esos derechos humanos.

Atentamente,
Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos

Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos

Comunicado conjunto

El día de hoy, martes 14 de diciembre de 2010 se presentó al público, en el Foro Amaro, la publicación “Todos/as diversos/as, iguales en derechos. Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos”, fruto de la colaboración de trece organizaciones de la sociedad civil yucateca que trabajan diversos temas de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La idea de elaborar el presente material surge por las condiciones de discriminación que, sobre las personas con una preferencia u orientación no heterosexual, imperan en el estado Yucatán. Algunos datos que ilustran esta situación son: el cuarto lugar que esta entidad tiene a nivel nacional en crímenes de odio por homofobia[1], una de las más dolorosas consecuencias de la discriminación por preferencia u orientación sexual. En Yucatán también se ha elevado la exclusión de personas homosexuales a rango constitucional, pues en julio de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley fundamental del estado que cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder a figuras que les brindarían certeza jurídica en sus relaciones afectivas, como son el matrimonio y el concubinato, reforma que va en sentido contrario a los avances que en otras entidades se han dado, y que contó con la complicidad, también, del Ombudsman estatal, quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad respectiva a pesar de existir una exclusión manifiesta.

Ante esta realidad, es indispensable dotar a la ciudadanía y a las y los servidores públicos, de una herramienta que establezca cuáles son los estándares internacionales que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se han generado para clarificar las obligaciones que tiene cualquier estado en materia de combate a la discriminación y, concretamente aquella derivada de la preferencia u orientación sexual.

Sin lugar a duda, la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual es una de las más graves en nuestro país y una de las preocupaciones de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ya en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado en 2004, la OACNUDH se refería al tema señalando que:

“Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que… enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos… A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo…”

También la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCED) observaba, ya desde 2001, que:

“Si la discriminación se cultiva frecuentemente sobre la base de prejuicios valorativos que tienden a descalificar aquello que se considera inadmisible desde el punto de vista de los estereotipos convencionales, podrá entenderse entonces que el campo de la sexualidad sea uno de los terrenos privilegiados sobre los que opera la moral discriminatoria”.

El cuaderno está constituido por cinco capítulos que exponen con claridad qué son los derechos humanos, a qué se refiere el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, qué se entiende por diversidad sexual y los derechos sexuales, en qué consiste la discriminación por orientación sexual y cuáles son sus manifestaciones más comunes, terminando con una fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es difundir información sobre los derechos humanos en relación con la diversidad sexual. Para ello se propone destacar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación como factores esenciales de una sociedad democrática, respetuosa de la pluralidad de todos y todas sus integrantes. Con ello busca contribuir a la comprensión del fenómeno de la discriminación, particularmente aquella vinculada a la orientación sexual o la identidad de género.

Las obligaciones establecidas desde el derecho internacional, planteadas en este cuaderno, son complementarias con los recientes precedentes judiciales que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y convalidar la constitucionalidad de los matrimonios de las personas en el mismo sexo en el Distrito Federal. Ambas fuentes obligan a las entidades federativas, Yucatán entre ellas, a hacer efectivo el derecho a la no discriminación por preferencia sexual, cuando menos desde dos perspectivas: a) evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente ha sufrido este colectivo social debido a su condición específica, y b) impulsar todas las reformas para  lograr que las y los homosexuales se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.

La publicación de este cuaderno va acompañada de la exigencia de las organizaciones yucatecas firmantes, para que el Congreso del estado y el poder ejecutivo homologuen a dichos estándares internacionales la normatividad estatal y eliminen de la práctica cotidiana del servicio público cualquier acción que implique una discriminación basada en preferencia u orientación sexual. Pero es, sobre todo, una invitación a la sociedad para hacerse de elementos que le permitan enmarcar el tema de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de ir desmontando los prejuicios que sostienen este tipo de discriminaciones, pues una sociedad justa y democrática es aquella que no excluye, de ningún ámbito de la vida pública y privada, a sus ciudadanos.

Oasis de San Juan de Dios

Familias por la diversidad sexual – Grupo Yucatán

Equipo Indignación A.C.

Mango Malva

Red de Personas Afectadas por VIH A.C. (Repavih)

Ciencia Social Alternativa A.C.

Foro Cultural Amaro A.C.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C. (Ceprodehl)

Buenas Intenciones A.C.

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH / Sida – Yucatán

Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”

Yucatrans

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, en Yucatán


[1] http://crimenesporhomofobiamexico.org/informe/

Indignación clausura el Gobierno de Yucatán

Indignación, Oasis de San Juan de Dios y ciudadanas clausuraron hoy el gobierno de Yucatán por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías individuales. Se clausuraron las sedes del Ejecutivo, del Legislativo, de la Procuraduría, del Instituto para la Equidad de Género y Ayuntamiento de Mérida. También se declaró clausurada la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

La clausura se realizó hoy, 10 de diciembre, a 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A continuación la

Declaratoria de clausura

Por graves y reiterados ataques contra los derechos humanos y las garantías

Clausura de las sedes del Ejecutivo, Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY y del Ayuntamiento de Mérida


Ante reiteradas, graves e impunes violaciones a los derechos humanos en Yucatán, que incluyen actos de tortura.

Ante la detención arbitraria, tortura y amenazas contra nuestro compañero José Maldonado.

Ante la muerte impune de al menos siete personas en las cárceles de Yucatán  en lo que va de este año 2010 (13 desde el 2006), incluyendo la de Roberth Tzab en una celda de la Procuraduría de Justicia en Tekax, en un caso que nos obliga a sospechar tortura.

Ante la inmediata e irresponsable declaración del Procurador que, al día siguiente del fallecimiento de Roberth, exculpó a los policías sin mediar investigación alguna. Ante su negligencia al omitir atraer el expediente y evitar así que la investigación la realice el personal responsable de la cárcel en la que falleció Roberth. Ante el nulo avance en la integración de la averiguación previa en este caso.

Ante el asesinato de Jorge Antonio Contreras, golpeado salvajemente por policías de Oxkutzcab en noviembre pasado.

Ante los casos de tortura de los que tuvimos conocimiento en mayo pasado, en el contexto del proceso electoral.

Ante la continua negligencia para investigar, señalar y sancionar a los responsables de atentar contra la vida y la integridad física de tantas personas.

Ante la persistente impunidad.

Ante la permanente complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán cuyas tardías, vagas e inocuas recomendaciones constituyen un aliciente para los torturadores y otros violadores de derechos humanos y cuyo titular, a pesar de toda la evidencia proporcionada acerca de su impericia, fue ratificado por la anterior legislatura para premiar su posición contra los derechos de las personas homosexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

Ante la negligencia de la actual legislatura que no ha atendido la demanda de juicio político interpuesta contra el Ombudsman ni ha corregido las leyes que constituyen un acto de discriminación contra personas homosexuales y que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante el horror que exhibe el caso MAR quien desde hace diez años intentó infructuosamente obtener justicia y ahora continúa intentándolo.

Ante las graves omisiones del Instituto para la Equidad de Género, incapaz siquiera de mantener un registro actualizado de datos (a lo cual está obligado por ley) y que desatendió un caso tan grave como el de MAR.

Ante la cantidad de personas que han muerto a las puertas o en urgencias del Hospital O’Horán, del Hospital San Carlos de Tizimín, esperando una atención que no llegó; ante la situación de los hospitales públicos del estado; ante la incapacidad del Estado de garantizar atención médica a la población.

Ante el persistente y escandaloso número de niños y niñas en grave desnutrición en Yucatán,

Indignación declara responsable a la Gobernadora de Yucatán, declara clausurada la sede el Ejecutivo, declara alerta y estado de emergencia en Yucatán.

Indignación también declaró clausuradas las sedes del Legislativo, Procuraduría, IEGY y CODHEY, instancias que han sido incapaces de garantizar los derechos humanos de las y los Yucatecos y que incluso han atentado contra las garantías individuales.

Clausura del Ayuntamiento de Mérida

Ante la negligencia de la actual administración que se ha negado a atender el reclamo popular y la solicitud de varias organizaciones que le exigen retirar un monumento que honra a genocidas y hace apología del racismo y de la discriminación también clausuramos el Ayuntamiento de Mérida.

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2010

A 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(nota: ve más fotos de las sedes clausuradas en http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000 )

Detención arbitraria y tortura contra defensor en Yucatán

Detienen, incomunican, agreden y amenazan a defensor de derechos humanos en Yucatán

Comunicado conjunto*

La noche de este 4 de diciembre, cuatro personas  que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).

Los hechos sucedieron cuando los presuntos agentes judiciales movilizados en al menos dos vehículos, después de haber acudido a las oficinas de Repavih buscando al director de esta asociación civil,  se apersonaron en una reunión privada realizada en un domicilio de la Colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida para exigirle a Maldonado Arroyo información sobre una persona a la que la Policía buscaba.  Los policías, uno de los cuales se identificó como Israel Pech, portaban chalecos con las siglas de la Procuraduría General de Justicia del estado y requirieron a Maldonado Arroyo que saliera del domicilio en cuestión.

Una vez fuera, y a pesar de no contar con orden judicial que justificara la detención, lo tiraron al suelo, lo esposaron, lo golpearon y, a punta de pistola, lo subieron a un automóvil Mazda negro, al mismo tiempo que golpearon, amenazaron e intentaron detener también a otro miembro de la asociación, Alex I. Mena Contreras. En el vehículo le taparon la cara a José Ricardo Maldonado Arroyo con su propia camisa e iniciaron un recorrido, en el cual lo cambiaron cuando menos en 4 ocasiones de automóvil. Durante todo el trayecto, los policías interrogaron a Maldonado Arroyo sobre el paradero de una persona a la que él no conocía, así como sobre las actividades de Repavih. Ante la imposibilidad de Maldonado Arroyo de responder sobre el paradero de esa persona, los policías lo golpearon en rostro, espalda y estómago y lo amenazaron de distintas maneras, incluyendo intimidación de carácter sexual en clara alusión a la labor que realiza Repavih.

Posteriormente lo trasladaron a lo que parecían unas oficinas, en donde continuaron interrogándolo, amenazándolo y golpeándolo para que señalara el paradero de la citada persona, a pesar de insistir en que no la conocía.

Finalmente y después de más 5 horas de mantenerlo detenido arbitrariamente e incomunicado, lo dejaron frente a su domicilio, alrededor de las 3 de la mañana del día 5 de diciembre, no sin antes amenazarlo de que si denunciaba “iban a proceder en contra de él” “que ya lo tenían ubicado a él y a su familia” Cabe resaltar que los policías en cuestión le retuvieron su credencial para votar, y le sustrajeron dinero.

Los hechos anteriormente narrados fueron denunciados por Maldonado Arroyo la misma madrugada del día 05 de diciembre ante la agencia octava del Ministerio Público. De igual manera, se solicitó, desde el momento en que fue detenido e incomunicado, la intervención de la Comisión de derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), quien ya tiene conocimiento del caso.

La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y psicológico sufrido por Maldonado Arroyo constituye una grave violación a las garantías constitucionales de una persona cuya labor en los últimos años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho.  Además, y en este caso, implican un ataque directo a un defensor de derechos humanos y a la labor que realiza Repavih.

Por todos los hechos anteriormente descritos, hacemos responsables al Gobierno del estado de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del estado de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales del C. José Ricardo Maldonado Arroyo,  de su familia y de los otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH, en razón de que se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que se presentado.

Por lo anteriormente señalado, exigimos al Gobierno del estado de Yucatán, encabezado por la Lic. Ivonne Ortega Pacheco:

PRIMERO. Una investigación seria, imparcial y expedita sobre los hechos, así como la sanción de los presuntos policías judiciales que incurrieron en esas conductas.

SEGUNDO. Se garantice la integridad física y psicológica de José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia, así como de los colaboradores y colaboradoras de la Red de Personas Afectadas por VIH

Buenas Intenciones A.C.

Círculo de la Diversidad Ricardo Zimbrón Levi

Colega O A.C. (Guadalajara, Jal)

Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida

Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos Contra el SIDA A.C. (CHECCOS A.C. Guadalajara, Jal)

Enlazados Frente al Sida (Estado de México)

Grupo GAPES

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Kookay, Ciencia Social Alternativa

Magnitud Rosa

Oasis de San Juan de Dios A.C

Programa Compañeros (Ciudad Juárez, Chih)

Red de Personas Afectadas por VIH A.C.

Salud, Derechos y Justicia (Distrito Federal)

Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.

Yucatrans