En grave riesgo mujeres de Yucatán por negligencia de Ejecutivo y Judicial

Un caso de violencia extrema contra mujeres exhibe incapacidad, impericia, insensibilidad y negligencia de diversas instancias y autoridades de Yucatán.

MAR, de actualmente de 26 años de edad, comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro a la edad de 8 años. A la edad de 9 años fue violada sexualmente por primera vez y a los 11 quedó embarazada de él. Su madre GRS era obligada a prostituirse en diversas casas de citas de los municipios de Peto, Tinum y Tekax, entre otros, en el estado de Yucatán. A la edad de 15 años MAR corrió la misma suerte y fue obligada por su padrastro a ejercer el comercio sexual. Según su testimonio, en muchas ocasiones el padrastro la llevaba a la zona militar, donde sostenía relaciones sexuales hasta con 15 militares en una noche. Además de la violencia sexual el padrastro las golpeaba sistemáticamente y las amenazaba con matarlas. A GRS incluso le abrió en una ocasión la cabeza con la cacha de su pistola, y en otra le cortó el brazo con un plato roto.

En noviembre de 2009, la mamá de MAR, animada por su compañero, acudió a Indignación. La mamá había logrado ya escaparse y abandonar al agresor, sin embargo por la gravedad, la complejidad y las implicaciones del caso, Indignación les recomendó ir al IEGY, previa llamada a la directora de esa Institución, Maestra Georgina Rosado. Ahí un abogado de la institución les dijo que “no podían hacer nada” que en su caso “había pasado todo hacía ya demasiado tiempo”, que los delitos ya había prescrito. La mamá de MAR venía ya con una mala experiencia pues diez años atrás intentó denunciar pero el agresor logró que la denuncia no procediera.

Después de años de ser víctima de violación sistemática y obligada a ejercer el comercio sexual, MAR decidió, en diciembre de 2009, escapar en compañía de su hija, de actualmente 15 años de edad. Se trasladaron a la ciudad de Mérida y tomaron la determinación, después de superar el miedo, de denunciar al padrastro.

Ante esto, y con acompañamiento de Indignación, el día 27 de febrero de 2010, se presentó la denuncia penal ante la Agencia especializada en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán, por los delitos de  corrupción de menores e incapaces, Lenocinio y Trata de Personas, Delitos contra el estado civil, violencia intrafamiliar, amenazas, privación ilegal de la libertad y otras garantías, violación y el o los que resulten. En la denuncia presentada por escrito se solicitó que se realizara la prueba de ADN al padrastro, a MAR y a su hija, para acreditar que efectivamente la niña era resultado de la violación y que ésta había nacido cuando MARS tenía 11 años. Con ello se acreditaba la comisión del delito. Ante esta petición, la Agencia especializada respondió que “la Procuraduría no contaba con el equipo necesario para ello” que sólo podía hacerse en un laboratorio particular, pero que era muy cara. También se negó a emitir las medidas cautelares solicitadas con base en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia del estado de Yucatán”, aduciendo que “todavía no entraba en vigor”. Dicha Ley está vigente en la entidad desde el año de 2008.

A pesar de ello, el padrastro fue detenido cuando intentaba agredir a la familia que daba cobijo a MAR y a su hija, siendo consignado, después de varios trámites, ante el Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán, abriéndose la causa penal 041/2010. El padrastro sólo fue consignado por Lenocinio y Violación.

El 24 de agosto, poco antes de efectuarse las diligencias en las que MAR y GRS se carearían con el indiciado, tanto el Fiscal adscrito al Juzgado en materia Penal del Segundo Departamento Judicial del estado, con sede en Tekax, Yucatán, como la Jueza titular del mismo, le informaron a MAR que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, le había retirado al padrastro, al resolver la apelación contra el auto de formal prisión, los cargos por violación. Incluso, ambos le indicaron que durante los careos “no se refirieran a ningún hecho relativo a la violación” y sólo se centraran en los hechos de lenocinio. Al estar siendo procesado sólo por el delito de lenocinio el padrastro puede obtener su libertad provisional bajo caución, pues en Yucatán, el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, la usura o el robo de ganado son delitos graves, obligar a una mujer a prostituirse no.

Durante los careos, a los que se impidió el acceso a las integrantes del Equipo Indignación que acompañaban a MAR  y a GRS, a pesar de la solicitud de las víctimas, de que las audiencias son públicas y que ninguna de ellas sabe leer ni escribir, MAR y GRS fueron amenazadas por el procesado, ante la pasividad de los funcionarios del Juzgado que se negaron a asentar los hechos en el acta de la diligencia. El día 25 de agosto, durante el careo efectuado entre una de las testigos y el procesado, diligencia a la que nuevamente se  impidió acceder a integrantes de Indignación, el padrastro advirtió a la testigo que “cuando saliera de la cárcel se iba a encargar de ellas, una por una, empezando por MAR”. Nuevamente los funcionarios judiciales omitieron asentar dichas amenazas en la diligencia, ni mucho menos dieron vista al Ministerio Público correspondiente para que iniciara la respectiva averiguación previa. En ambas diligencias, integrantes de Indignación solicitaron a la Juez Fabiola Rodríguez Zurita que les permitiera la entrada a las audiencias e hiciera efectivos los derechos de la víctima, pero ésta de manera prepotente y olvidando que es servidora pública, se negó, aduciendo, entre otras cosas, que el juzgado no era un lugar “para los chismes”.

Ante esta situación, este Equipo de Derechos Humanos responsabiliza de manera directa, tanto al Ejecutivo del estado por la negligente actuación de IEGY y de la Procuraduría General de Justicia, como al Poder Judicial, concretamente a la Juez de la Causa, y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado que absolvió al procesado del delito de violación, de cualquier situación o hecho que ponga en riesgo la integridad física, sexual o psicológica, tanto de las víctimas, como de aquellas otras mujeres que han rendido su testimonio durante todo el procedimiento penal. La liberación de un agresor sexual y lenón pone en serio riesgo la integridad física y psicológica, e incluso la vida, de GRS, de MAR, de su hija y de las testigos.

Yucatán, a pesar de estar en los primeros lugares de violencia contra la mujer, carece de instituciones para hacer eficaz el derecho que tiene la mujer a vivir libre de violencia. El presente caso exhibe que los funcionarios, ministerios públicos y jueces carecen, no sólo de capacidades y sensibilidad ante los casos de violencia contra la mujer, sino también de la necesaria perspectiva de género para lograr la prevención, la investigación, la sanción y una adecuada reparación en casos de violencia contra la mujer, situación que hace responsables internacionalmente a las autoridades del estado de Yucatán.

Amparo por inacción del Congreso en juicio político contra el Ombudsman

**Indignación solicita protección de la justicia federal año y medio después de denunciar al titular de la Codhey**

Año y medio después de interponer una demanda de juicio político contra el Ombudsman de Yucatán, y ante la inacción del Congreso, el equipo de derechos humanos Indignación solicitó el amparo y protección de la justicia federal.

El 5 de febrero de 2009 doce organizaciones presentamos ante el Congreso del Estado de Yucatán la solicitud formal de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY). Hasta hoy el Congreso ha omitido dictaminar si procede o no el recurso.

En la demanda, las organizaciones solicitantes documentamos las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la CODHEY, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.

En la demanda las organizaciones documentamos la insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad, todas ellas conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.

Las acciones y omisiones documentadas en la demanda del juicio político no impidieron que el Congreso de Estado ratificara al presidente de la CODHEY para un período más. El equipo Indignación ha seguido documentando reiteradas omisiones de la CODHEY en la defensa de los derechos humanos.

En fechas recientes Indignación tuvo conocimiento de una persona que tuvo que ser hospitalizada en Mérida durante varios días después de ser detenida por elementos de la policía estatal. Los familiares acudieron a las oficinas de Mérida de la CODHEY y, tres días después, ni el médico ni alguna persona de ese organismo se había presentado al hospital.

Desde el año 2007 Indignación ha venido señalando la necesidad de que la institución pública de derechos humanos realizara un informe con recomendaciones generales ante el número creciente de casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Este reclamo ha sido desatendido.

El Ombudsman también omitió, en su momento, presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones de ley que aprobó el Congreso en julio de 2009 y que tenían como fin “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…”, elevando así a rango constitucional la exclusión y el rechazo, a pesar de que dicho recurso le fue solicitado por diversas personas y organizaciones.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, señala claramente en su artículo 12 la obligación que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales tiene de dictaminar la procedencia de la demanda del Juicio Político solicitado. Para ello debe solamente corroborar que la conducta atribuida en la demanda esté contemplada en la ley, y el funcionario demandado esté contemplado entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político. Un año y medio después de presentada la demanda de juicio político contra el Ombudsman, dicha Comisión no ha cumplido con lo que la ley le ordena. Siendo que la función intermediaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales solamente verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, sin meterse a juzgar sobre el fondo de la demanda, la inexplicable dilación lo único que hace es negar a los demandantes el acceso a la justicia y constituye un obstáculo a la participación ciudadana que la ley quiere promover.

El Congreso insiste, contumaz, en incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el ombudsman. La anterior legislatura concluyó sin cumplir la obligación de dictaminar el juicio político. La actual tendrá que responder ante la justicia federal.

Un cuerpo acusa a la Policía Judicial del Estado

Comunicado del equipo Indignación

El cuerpo sin vida de Robert Tzab Ek en una celda de la Policía Judicial del Estado con sede en Tekax constituye una denuncia contra esta instancia dependiente de la Procuraduría, contra la actuación de los agentes y del Ministerio Público en turno, exhibe las condiciones de las cárceles e inevitablemente obliga a sospechar tortura.

Robert Tzab Ek fue detenido en la madrugada del pasado 17 de agosto en Oxkutzkab, según la procuraduríaa, después de herir a su esposa y de disparar contra judiciales que participaron en su detención. Según la propia procuraduría, el jueves 19 de agosto fue encontrado sin vida en una celda de la policía judicial de Tekax.

Los elementos de la policía judicial del estado que participaron en su detención y traslado, así como quienes lo tuvieron bajo su custodia, son directamente responsables de su muerte. Falta determinar si lo son únicamente por negligencia o si, como lamentablemente presumimos, se la ocasionaron directamente.

Indignación ha acompañado ya a los familiares a interponer una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables, pero los hechos obligan a presumir tortura además de la grave negligencia que este caso exhibe. A este equipo le preocupan las declaraciones públicas realizadas por el Procurador de Justicia del estado deslindando del fallecimiento, sin haberse realizado investigación alguna, a los Policías que participaron en la detención del C. Tzab Ek.

Sería lamentable, y haría incurrir al Procurador en grave responsabilidad, bloquear u omitir alguna línea de investigación que inculpe a los agentes que participaron en su detención, así como al agente del ministerio público que  lo tuvo bajo su custodia.

Existe sin duda negligencia derivada de la ausencia de condiciones adecuadas para cumplir con un derecho básico para las personas detenidas que es el contar en las instalaciones del Ministerio Público con un médico forense capacitado que permita valorar adecuadamente a quienes se encuentran bajo su resguardo y, en caso de requerirlo, proporcionarle la debida atención médica.

Diversos centros de detención en el interior del estado, estatales o municipales, se encuentran en deplorables condiciones y, lamentablemente, ni siquiera cuentan con personal capacitado y con la vigilancia que se requiere para salvaguardar la vida y la integridad física de las personas detenidas.

Otra grave irregularidad podría configurarse por el tiempo que el hoy occiso estuvo detenido en las instalaciones del Ministerio Público de Tekax sin que se resolviera su situación jurídica. El artículo 241 fracción V del mismo código procesal penal establece que nadie puede ser retenido más de 48 horas por el Ministerio Público.

En todo caso, el retraso en la consignación ante la autoridad competente es otro indicio que abona a las sospechas acerca de las condiciones en las que se encontraba el Sr. Tzab Ek, ahora fallecido.

Finalmente, es imperativo que la Procuraduría de Justicia investigue si los agentes Judiciales que detuvieron al señor Tzab Ek cometieron actos que podrían constituir en tortura e implicarían homicidio, pues la institución debe ser la primera interesada en garantizar que sus funcionarios y funcionarias actúen con irrestricto apego a los derechos humanos establecidos en la Constitución y los principales tratados internacionales de derechos humanos.

La Procuraduría de Justicia del estado está obligada a garantizar condiciones para que se efectúe una investigación independiente e imparcial sobre las acciones u omisiones en las que incurrieron los funcionarios públicos adscritos a la agencia del Ministerio Público de Tekax que tuvieron como desenlace el fallecimiento del C. Robert Tzab, a saber: los policías judiciales que participaron en la detención y al agente del Ministerio Público en turno, quien era el responsable directo de la situación jurídica y resguardo del detenido. Una primera condición para ello, es evitar que sea la misma agencia del Ministerio Público en donde sucedieron los hechos quien investigue el deceso, pues es evidente la ausencia de imparcialidad en la que incurriría.

Indignación lamenta nuevamente las omisiones, impericia y negligencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, cuya oportuna intervención evitaría la continuación de abusos.

En fechas recientes Indignación tuvo conocimiento de una persona que tuvo que ser hospitalizada en Mérida durante varios días después de ser detenida por elementos de la policía judicial del estado. Los familiares acudieron a las oficinas de Mérida de la Codhey y, tres días después, ni el médico ni alguna persona de ese organismo se había presentado al hospital.

Desde el año 2007 señalábamos la necesidad de que la institución pública de derechos humanos realizara un informe con recomendaciones generales ante el número creciente de casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Familiares del ahora fallecido así como vecinos de Ticul se encuentran exigiendo justicia. La procuraduría tiene la obligación de atender sus peticiones con respeto y diligencia. Indignación se mantendrá atenta ante cualquier intento por intimidar o presionar a vecinos o familiares.

Ningún estado o entidad puede permitir que personas sujetas a su resguardo fallezcan por acciones u omisiones atribuibles a sus servidores públicos. La muerte de una persona en instalaciones públicas constituye una perversión de la Procuración de Justicia, pues no sólo viola el derecho a  la vida y a que el detenido sea procesado con las debidas garantías, sino también el derecho a obtener justicia y una adecuada reparación del daño que tiene la presunta víctima del delito por el que la persona fue detenida.

En Yucatán Congreso, Gobierno y Ombudsman sabotearon la igualdad

Indignación celebra la resolución de la SCJN sobre matrimonios homosexuales

El equipo Indignación celebra la igualdad jurídica para todas las familias reconocida en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

La Suprema Corte también resolvió la validez de dichos matrimonios en toda la República y la posibilidad de adopción, considerando discriminatorio impedir la adopción basándose en la orientación o preferencia sexual de los cónyuges.

Si bien esta igualdad jurídica será disfrutada por quienes celebren su matrimonio en el DF, el reconocimiento de las otras familias y de sus iguales derechos significan para todo el país un referente en la batalla contra la discriminación por orientación sexual.

La resolución de la Suprema Corte exhibe las graves acciones y omisiones y la discriminación en las que incurrieron en Yucatán la anterior legislatura, la gobernadora e incluso el Ombudsman que obstaculizaron el reconocimiento de derechos a personas homosexuales.

El Congreso y la gobernadora de Yucatán elevaron a rango constitucional la exclusión y el rechazo, al aprobar y publicar un decreto con reformas a la Constitución local para proteger única y exclusivamente uniones heterosexuales.

Efectivamente, en julio de 2009 el Congreso de Yucatán aprobó y la gobernadora publicó modificaciones a la constitución que tenían como fin: “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…”

Así se asienta en la exposición de motivos de la iniciativa promovida por el abogado Jorge Carlos Estrada Avilés y por la organización Red Pro Yucatán.

A pesar de esa manifiesta intención de discriminar, el Congreso de Yucatán elevó a rango constitucional la exclusión y el rechazo y además modificó el código civil. Incluso prohibió a personas solteras la posibilidad de adoptar, lo que tuvo que corregirse poco tiempo después.

La gobernadora de Yucatán omitió ejercer facultades para proteger los derechos de toda la población al publicar las reformas mencionadas a pesar de que diversas personas y organizaciones le solicitamos devolverlas al Congreso con observaciones.

El Ombudsman de Yucatán, sobre quien ya pesaba desde febrero de 2009 una demanda de juicio político, omitió presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger derechos de todas las personas.

Hoy vemos, en la resolución de la Suprema Corte, un aval a la denuncia de discriminación contenida en las solicitudes que presentamos para que gobernadora y Ombudsman ejercieran sus facultades para proteger derechos humanos.

En Yucatán las modificaciones a la constitución y las omisiones de la gobernadora y del Ombudsman exhiben lo que en la práctica fue un concierto de distintas instancias y poderes en detrimento de los derechos humanos y a favor de la discriminación. Congreso, gobierno y Ombudsman sabotearon la igualdad.

Particularmente grave nos resulta hoy lo omisión del Ombudsman y cómo se protegieron mutuamente Congreso y Codhey puesto que la anterior legislatura concluyó sus funciones sin atender la demanda de juicio político que presentamos 12 organizaciones contra el Ombudsman e incluso ratificándolo.

La demanda de juicio político documenta las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido su presidente, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades violadoras de los derechos humanos.

Hoy celebramos la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el disfrute de derechos que trae consigo y lo que significa esta resolución en la ardua batalla contra todas las formas de discriminación.

Monumentos: una palabra desde los derechos humanos

Carta que el equipo Indignación entregó hoy 6 de agosto, momentos antes de la sesión de Cabildo, a la Presidenta Municipal y a regidoras y regidores del Ayuntamiento de Mérida

Chablekal, Mérida, Yucatán, a 6 de agosto de 2010

C. Angélica Araujo Lara

Presidenta Municipal de Mérida

CC Regidores y regidoras

del Cabildo de la ciudad de Mérida

El equipo de Derechos Humanos Indignación es una organización que promueve y defiende los Derechos Humanos en la península de Yucatán desde 1991. Nos dirigimos a ustedes para aportar una reflexión, precisamente desde el ámbito de nuestro trabajo, al debate que se ha generado a raíz de la reciente instalación de un monumento a los Montejo en la principal avenida de esta ciudad.

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el establecimiento de monumentos tiene como objetivo recordar y honrar a quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Las sentencias que han emitido Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han ordenado a los Estados señalados como responsables de violar derechos humanos el establecimiento de efigies o parques para recordar a las víctimas.

Las recientes sentencias emitidas por violaciones cometidas por el Estado mexicano relativas a los casos Rosendo Radilla y Campo Algodonero no han sido la excepción, y establecen lineamientos para conmemorar a quienes han sufrido los abusos y omisiones del poder pues, a criterio de la Corte, hay que recordar para prevenir, pero también hay que recordar para detener. Son esos lineamientos los que deberían seguirse y no aquellos que hacen apología del abuso del poder.

Consideramos que las ciudades, su semiótica, sus expresiones, con sentido de responsabilidad histórica, deben contribuir a honrar la memoria de quienes han sufrido actos de barbarie y deben evitar realizar propaganda a favor de actos racistas, discriminatorios o a honrar la memoria de quienes los cometieron.

En los años recientes en ciudades de Alemania se han levantado monumentos a las víctimas del holocausto, mientras que en ciudades de Argentina se han levantado monumentos a las madres de la Plaza de Mayo; en la capital de El Salvador un monumento honra la memoria de las víctimas de la guerra civil. España tiene una ley de memoria histórica y una parte de esa ley regula precisamente los monumentos y símbolos para prohibir que ensalcen el horror.

Las estatuas de los Montejo, instaladas en esta ciudad sorpresivamente, sin información y sin consulta, constituyen un monumento que honra a quienes invadieron estas tierras hace quinientos años y cometieron crímenes que hoy serían catalogados como de lesa humanidad: genocidio y etnocidio contra el pueblo maya peninsular.

El racismo y la discriminación que hoy enfrenta el pueblo maya, que significa también despojo e impide el acceso al disfrute pleno de los derechos, tiene profundas raíces históricas que se remontan a la época de la invasión española y a los posteriores proceso históricos: sometimiento, intentos de exterminio, esclavitud, colonización. Esos hechos históricos no deben ser exaltados ni ocultados.

Esos brutales acontecimientos fueron de tal magnitud que hasta hoy Yucatán, como México y América Latina, continúa enfrentando las consecuencias del despojo, el racismo y la discriminación que generaron y que se reflejan también en los altos índices de marginación, pobreza, inacceso a la justicia y discriminación que vive el pueblo maya en la península.

Ni siquiera importantes procesos sociales como la Independencia y la Revolución, que precisamente se recuerdan en este 2010 por la fuerza simbólica del centenario y el bicentenario, han resuelto la asimétrica relación que desde entonces lesiona los derechos de los pueblos originarios.

De hecho nuestro país se constituyó sin considerar a los pueblos indígenas hasta que en el año 1992 la Carta Magna admitió que la nación mexicana es pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. En 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas; en el año 2001 se traicionaron dichos acuerdos con una contrareforma. Yucatán apenas hace tres años reconoció en su Constitución la existencia del pueblo maya.

Las estatuas a los Montejo no contribuyen a conocer la historia sino a desvirtuarla y ocultan la barbarie al homenajear a los responsables de un doloroso proceso de exterminio y posterior sometimiento de un pueblo cuyas impresionantes manifestaciones culturales, religiosas artísticas y científicas fueron brutalmente atacadas y en gran parte destruidas.

Resulta deplorable que, mientras en diversos lugares de América —y México no es la excepción—, avanza la lucha de los pueblos originarios por la autonomía y por el reconocimiento pleno de sus derechos, la ciudad de Mérida levante un monumento para homenajear a quienes, hace quinientos años, llegaron a estas tierras a despojar, destruir y esclavizar. ¿O es quizá la anacrónica instalación de esa estatua una respuesta a la actual lucha de los pueblos indígenas?

La lucha de los pueblos originarios por su autonomía ha significado una reconceptualización de los Estados mismos, la mayoría de los cuales se constituyó, precisamente como resultado de la invasión y del sometimiento y esclavización de los pueblos indígenas, bajo una mentalidad racista que los excluyó tanto en las leyes como en los hechos y los hizo extranjeros en su propia tierra.

Sabemos que la estatua en comento no fue un acto proveniente de la actual administración municipal, pero ésta está obligada, en el marco de sus atribuciones y competencias, a realizar todas aquellas acciones que hagan efectivo el derecho a no ser discriminado por ningún motivo, así como a fomentar el respeto a los derechos humanos en general.

Mantener la efigie exhibiría nula sensibilidad y desinterés hacia los principios generales de los derechos fundamentales, pero también implicaría perpetuar un agravio, no sólo para los mayas que habitan en la ciudad, en sus comisarías y en el estado, sino también para quienes, siendo mayas o mestizos, consideramos que ningún abuso del poder debe ser motivo de homenaje.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 8° constitucional, solicitamos:

PRIMERO. Acordar y ejecutar el retiro de las estatuas de Francisco de Montejo, padre e hijo, de la principal avenida de esta ciudad de Mérida.

SEGUNDO. Iniciar un proceso de revisión para que se garantice que las calles, colonias, fraccionamientos y monumentos de la ciudad de Mérida no exalten situaciones o personajes que representen cualquier tipo de abuso de poder o violación a los derechos humanos y sí expresen la diversidad cultural que nos constituye.

Varejón 130

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