Se vulnera derecho del pueblo maya ante indiferencia de Congreso e IPEPAC

Indignación les solicita ejercer sus facultades

La persistencia de prácticas que vulneran el derecho de comunidades mayas a elegir libremente a sus autoridades representa una forma de discriminación, a la cual se suma el desinterés de instancias que omiten ejercer facultades para proteger este derecho como el Congreso y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC).

Una semana después de iniciar la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” cuyo objetivo es difundir el derecho de los habitantes de comisarías a elegir a su autoridad más cercana, Indignación ha observado que algunos alcaldes han desconocido a los comisarios que se encuentran en funciones y se han emitido convocatorias en las que se establecen veinticuatro horas para que los candidatos presenten su documentación.

En comisarías de Tixkokob Indignación también ha documentado la suspensión de elecciones por haber un solo candidato sin siquiera someter a consulta la aprobación de éste y también hemos tenido conocimiento de la inconformidad en otros lugares, como Halachó, por no haberse respetado la forma tradicional en la que los pueblos eligen a su autoridad.

La información acerca de la campaña se recibió con interés en algunas comisarías de Izamal, en las que hace tres años no se realizaron elecciones. De hecho la campaña inició precisamente en una comisaría de este municipio, Kimbilá, como un homenaje al pueblo que defendió hace tres años su derecho ante la intención del alcalde de imponer a su candidato.

En la Comisaría de Coahuila, municipio de Maxcanú, se vivió una situación extraña durante tres años pues ante la imposición del comisario por parte del entonces presidente municipal, el pueblo decidió elegir a su propia autoridad, siendo administrado el pueblo por dos comisarios, el impuesto por el Presidente municipal y el elegido por el voto de los habitantes.

La persistencia de estas prácticas exhibe la discriminación de que son objeto los pueblos mayas que se encuentran en comisarías, a la cual se suma la inacción de instancias que han omitido ejercer facultades para garantizar el derecho de los habitantes de comisarías a elegir a sus autoridades, particularmente el Congreso del estado y el IPEPAC.

Si bien la organización de las elecciones corresponde a los cabildos, el Congreso del estado bien puede dirigir un exhorto a los Ayuntamientos para que cumplan con el mandato constitucional de realizar en condiciones de equidad, las elecciones en las comisarías. El IPEPAC, por su parte, además de un exhorto en sentido similar, ha omitido difundir información en torno a los derechos civiles, políticos y colectivos del pueblo maya.

Indignación ha dirigido un escrito tanto al Congreso como al IPEPAC solicitándoles ejercer todas las acciones que estén dentro de sus facultades y que ayuden a garantizar el derecho del pueblo maya a elegir a sus autoridades en las mejores condiciones posibles.

En la carta enviada al Congreso Indignación recuerda que las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscriben dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos, además de la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral.

Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

Ebulá no es asunto de derechos humanos, determina ombudsman campechana

Se cierra el expediente “por falta de materia”

Indignación impugna la resolución

La ombudsman de Campeche consideró que el violento e ilegal desalojo forzoso que dejó en situación de desplazamiento a más de setenta familias de San Antonio Ebulá no es materia de derechos humanos y cerró el expediente, casi un año después de los hechos, a pesar de las graves acciones y omisiones en las que incurrió el gobierno de esa entidad.

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche decidió concluir el expediente 219/2009-VG “por haber quedado sin materia los hechos que motivaron la queja, por falta de interés de los presuntos agraviados, y por haberse resuelto durante el trámite del expediente el conflicto medular…” (resaltado en el original).

El equipo de derechos humanos Indignación, quien presentó la queja ante ese organismo el 13 de agosto de 2009, interpuso un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que la inacción de la CDHEC denota una grave negligencia que, en los hechos, permite que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección.

San Antonio Ebulá, fundado hace más de 40 años en Campeche, fue arrasado y completamente destruido el 13 de agosto de 2009 por cerca de cien civiles protegidos por la Policía Estatal de Campeche y contratados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien se arroga la propiedad de las tierras.

Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, sin cargos), todas las viviendas de la población fueron destruidas y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a sus animales.

Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agresores.

En el documento de impugnación dirigido a la CNDH, Indignación demuestra que la falsedad de los tres argumentos esgrimidos por la CDHEC en el documento en el que cierra el expediente. Argumenta la CDEHC que “quedaron sin materia los hechos que motivaron la queja”, sosteniendo que todo fue un conflicto entre particulares.

En San Antonio Ebulá no solamente se llevó a cabo un desalojo forzoso y se dejó en situación de desplazamiento interno a más de cien familias, sino que en dicho desalojo la policía protegió a los agresores y omitió intervenir para proteger la integridad física y las propiedades de los ebuleños. Posteriormente, incumplió su obligación de proporcionar asistencia humanitaria a la población desplazada.

Argumenta también la CDHEC que hubo “falta de interés de los presuntos agraviados”. Indignación demuestra en su impugnación que la desinteresada fue siempre la CDHEC, que entabló contacto con los agraviados hasta 15 días después de pasado el desalojo, a pesar de que las familias desplazadas estuvieron instaladas en la terraza de la sede del Ejecutivo.

Declara, finalmente, la CDHEC que se resolvió “durante el trámite del expediente, el conflicto medular”, refiriéndose al convenio mediante el cual recuperan los ebuleños recuperan 31 hectáreas de su territorio.

Indignación demuestra que con esta declaración, la CDHEC renuncia a su función primordial: determinar violaciones a los derechos humanos, identificar a los responsables y emitir recomendaciones para detener, revertir y/o resarcir los daños.

El caso no se ha resuelto. Permanece impune el violento desalojo del 13 de agosto de 2009 y permanecen impunes también anteriores ataques que el empresario dirigió contra el poblado San Antonio Ebulá, contra sus habitantes y contra sus pertenencias. Permanecen impunes las acciones y omisiones del gobierno y no se les ha garantizado a los agraviados el resarcimiento de los daños.

El expediente abierto en el Ministerio Público no registra avances, a pesar de que los pobladores ya han acudido a declarar. Con esta inacción la procuraduría de Campeche protege al empresario y al anterior gobierno.

Estas y otras consideraciones, acompañadas de seis documentos probatorios, fueron presentadas por el equipo Indignación ante la CNDH en el recurso de impugnación presentado ayer, 16 de julio.

La inacción de la CDHEC denota una grave negligencia, patente a lo largo de todo el proceso, que ha permitido que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección: no realizó ninguna investigación, ni mucho menos documentó graves violaciones a derechos humanos, justificando una acción que es a todas luces contraria a derechos fundamentales básicos.

En mi pueblo manda el pueblo

Campaña del equipo Indignación sobre el derecho del pueblo maya a elegir autoridades

El área maya del equipo Indignación inicia la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” para promover en todo el estado el derecho del pueblo maya a elegir a sus propias autoridades.

La campaña inicia de manera simbólica en Kimbilá el miércoles 14 de julio, a las ocho de la noche, para conmemorar y reconocer la lucha de este pueblo que con determinación y creatividad logró hace tres años que se respete su derecho a elegir autoridades y derrotó la pretensión autoritaria de un Alcalde.

En septiembre de 2007 el entonces Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, desconoció a la mujer que fue electa Comisaria de Kimbilá e intentó imponer a quien quedó en segundo lugar en las elecciones. Después de una larga batalla, las y los habitantes de Kimbilá lograron que se realicen nuevos comicios coordinados por el IPEPAC.

La constitución de Yucatán establece desde 2005 que las autoridades de las comisarías serán electas mediante voto universal, libre y secreto dentro de los primeros noventa días siguientes a la instalación de los Ayuntamientos (Artículo 77, fracción décimo sexta).

A pesar de esta disposición, tenemos conocimiento de que en algunos municipios los Alcaldes imponen a las autoridades de las comisarías, pasando sobre el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades e incurriendo en discriminación.

Las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscribe dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos.

Otra observación que hacemos a la ley es la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral. Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

Como parte de la campaña Indignación está distribuyendo el díptico “En mi pueblo manda el pueblo”, con información sobre el derecho de las comisarías a elegir a sus propias autoridades como parte de los derechos del pueblo maya.

Asimismo, dirigimos una carta a los cabildos del estado recordándoles la obligación de realizar elecciones y anunciándoles que el equipo Indignación está atento a este proceso.

Quienes integramos el área maya del equipo Indignación hemos luchado contra la imposición de autoridades en nuestra propia comisaría, por lo que esta campaña es también un intercambio de experiencias entre los pueblos.

Angélica Araujo avala violaciones a los derechos humanos

Al ratificar en su cargo al jefe de la Policía Municipal de Mérida, la alcaldesa Angélica Araujo avala graves violaciones a los derechos humanos y envía un mensaje de represión e impunidad.
Por segunda ocasión consecutiva es ratificado en su cargo quien estaba al frente de la Policía Municipal de esta ciudad cuando agentes de esta corporación, junto con la policía estatal, detuvieron violenta e ilegalmente, mediante una razzia, a decenas de jóvenes en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en marzo de 2007.
El 13 de marzo de ese año, a raíz de algunos daños ocasionados por un puñado de manifestantes, agentes de la policía municipal y estatal detuvieron a cuarenta y ocho jóvenes basándose en su aspecto e infligieron tratos crueles e inhumanos a la mayor parte de los detenidos.
Instancias estatales y municipales de los ámbitos ejecutivo y judicial participaron en lo que resultó un grotesco proceso de criminalización de la protesta social y de castigo a la diferencia.
Con la ratificación del Señor Calero Reyes, la alcaldesa envía un mensaje de represión e impunidad y parece anunciar la continuación de la utilización de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Entre los testimonios que el equipo Indignación recogió en marzo de 2007, sobresale el de un joven que, después de ser detenido con violencia y golpeado durante el trayecto, fue trasladado al edificio de la policía municipal de Mérida.
De acuerdo con su propio testimonio, ahí fue  tirado al suelo al bajar de la camioneta y “zapateado” por varios policías. En el trayecto a la celda fue golpeado brutalmente por una cantidad indeterminada de agentes. El equipo Indignación pudo observar en éste y otros jóvenes huellas de golpes incluso varios días después de ser detenidos.
Otro de los testimonios recogidos por Indignación señala que a varios de los jóvenes detenidos y trasladados al edificio de la policía municipal de Mérida los metieron debajo de las camas “estibados” unos sobre otros.
Casi todos coinciden en señalar que en el edificio de la policía municipal los recibieron varios agentes con golpes mientras los iban bajando de la camioneta que los trasladó a este lugar, además de la ilegalidad que supone que hayan sido llevados precisamente a ese edificio y retenidos ilegalmente en él por más de ocho horas, incomunicados y sin respetárseles el derecho a realizar una llamada.
Más aún, testimonios recabados entre quienes estuvieron detenidos en la policía municipal, indican que “altos mandos de la policía observaban mientras nos golpeaban”.
El Ayuntamiento encabezado entonces por Manuel Fuentes Alcocer presentó una elevada cantidad como “daños” para impedir que los jóvenes procesados tuvieran derecho a fianza y después condicionó una reducción del monto al desistimiento de los jóvenes de su queja ante la Codhey.
Al igual que lo hizo César Bojórquez, al ratificar como director de la Policía al señor Francisco Calero, la alcaldesa avala la ilegalidad y premia la represión y las violaciones a las garantías individuales.
Quien esté a cargo de la Policía municipal debe tener como principal tarea el garantizar la seguridad pública de todas y todos los ciudadanos de Mérida, pero siempre bajo los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
La Codhey emitió la recomendación 19/2007, aunque ésta fue tardía, omisa y torpe. Se emitió siete meses después de ocurridos los hechos; inicialmente publicó los nombres de los menores y, al ser denunciada por el Equipo Indignación ante el Instituto de Acceso a la Información, puso iniciales en vez del nombre de los agraviados y, en una nueva torpeza ¡dejó únicamente con iniciales el nombre de los agentes señalados como responsables de las violaciones!
Con toda su tardanza y torpeza, incluso la Codhey señaló a agentes de la policía municipal y estatal entre los directamente responsables de infligir a las y los detenidos golpes que no son producto de la resistencia a una detención.
Adicionalmente, en esa administración la policía de Mérida fue frecuentemente denunciada por sus abusos contra jóvenes molestados por su forma de vestir o por su aspecto físico, lo que implica discriminación.
Indignación deplora el nombramiento. Sin pleno respeto a los derechos humanos no se puede garantizar seguridad a la ciudadanía.