San Antonio Ebulá recupera las primeras 31 hectáreas de su territorio

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Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegió a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la comisión pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

Graves violaciones a derechos humanos de ebuleños: Misión Civil de Paz

Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos
de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones

Comunicado de la Misión Civil de Paz, que presenta informe de observación

PortadaInformeMisionPaz

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El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conformaron la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.

El pueblo de Ebulá envía un claro mensaje de paz

Comunicado de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche

El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno
de Campeche y solidaridad en la sociedad civil

El acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá, que incluyó una emotiva oración en el borde de una entrada alternativa al destruido poblado, se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno del estado de Campeche a favor del empresario Eduardo Escalante, que se arroga la propiedad de las tierras.
Con ese acto, los pobladores de San Antonio Ebulá enviaron un claro mensaje acerca de su determinación de continuar la defensa de sus derechos por vías pacíficas y a través de acciones no violentas.
Al mismo tiempo evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de los acompañantes de la misión y garantizaron la seguridad que el gobierno no ofreció.
La Misión Civil de Paz, conformada por más de quince organizaciones de derechos humanos de distintos estados de México y por organizaciones solidarias de Campeche, desde el día anterior encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de las y los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto.
El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz, de manera verbal, las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno. Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de Derecho.
Esta Misión Civil de Paz se muestra alarmada de la reacción del Secretario de Gobierno que, cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad.
Adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, la amenaza que implicaron los desplegados del gobierno y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo.
Un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos.
El gobierno del estado de Campeche se mostró insensible ante la posibilidad de que nuevamente fuesen agredidos por grupos parapolicíacos contratados por el empresario.
Con esa información, la Misión Civil de Paz determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno del Estado de Campeche ofrecía cierta seguridad.
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos alternativos que se ofrecen además del ofrecimiento del gobierno que por ese camino se contaba con seguridad.
La solicitud de seguridad pública que solicitó la misión civil de paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores que acudieron en un acto pacífico, que ostensiblemente mostró la intención de proteger la propiedad privada.
El secretario de gobierno, al igual que la representante del empresario Escalante, insistieron en todo momento que únicamente podría entrar una comisión de cinco personas.
Los pobladores, al encontrar el impedimento de que todas las familias entraran a conocer los terrenos y la propuesta, que en una nueva muestra de buena voluntad los ebuleños accedían a escuchar, decidieron retornar al Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno.
La Misión Civil de Paz, alarmada y preocupada por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho, ha determinado elaborar un informe sobre todo lo observado para hacerlo llegar a todas las instancias competentes.
En una evaluación posterior al acto, las familias desplazadas de Ebulá y las organizaciones que conformamos la misión civil de paz, identificaron como importantes logros la acción pacífica, evitar confrontaciones y el encuentro que crea puentes entre las organizaciones participantes y hace crecer la lucha.
Las y los participantes en la Misión Civil de Paz se comprometieron a difundir en sus distintos estados el caso de San Antonio Ebulá, así como las persistentes e impunes violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA”* ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS *INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá

Comunicado conjunto*

MisionPazEbulaConvocatoria

La agresión y violenta expulsión de los habitantes del pueblo maya de San Antonio Ebulá, en Campeche, cuyo pueblo fue completamente destruido el pasado 13 de agosto por civiles protegidos por la policía y contratados por un empresario de ese estado que se arroga la posesión del terreno, son hechos que nos llenan de alarma y preocupación.

El gobierno de Campeche, con sus omisiones, ha expuesto gravemente la vida y la integridad física de mujeres, hombres, niños y ancianos que se encuentran actualmente en situación de desplazados internos por violencia. Es por eso que se conformó la Misión civil de Paz para una solución justa en San Antonio Ebulá.

Esta Misión, conformada por personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, ha decidido acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en su exigencia de retorno, restitución, certeza legal, justicia y paz.

Los pobladores de San Antonio Ebulá han decidido retornar a sus tierras el día ocho de septiembre, en una acción que pretende denunciar los incumplimientos y del gobierno.

Como pueblo desplazado por la violencia, los habitantes de San Antonio Ebulá tienen derecho a retornar y a decidir las condiciones de su retorno. El gobierno, a su vez, tiene la obligación de garantizar y ofrecer condiciones de seguridad para el retorno, de acuerdo con los principios sobre desplazados de las Naciones Unidas.

El pasado 13 de agosto el pueblo de san Antonio Ebulá, Campeche, fue arrasado por cerca de cien civiles al servicio del empresario Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, que actuaron como grupo parapolicíaco, fueron resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa.

Estos graves hechos son producto de un patrón de impunidad que se observa en todo el país y que se exhibe en este caso, puesto que el mismo empresario en dos ocasiones anteriores había intentado desalojar a los pobladores, los había agredido y había destruido algunas de sus viviendas, sin que se sancionara su actuación a pesar de que los hechos se denunciaron.

A las más de 70 familias que conforman el pueblo maya de san Antonio Ebulá les fueron violados el derecho a la integridad física y a la seguridad jurídica, el derecho a no ser privado de sus posesiones sin que exista un juicio justo, su derecho a la propiedad y la vivienda.

Además se les ha conculcado su derecho como pueblo maya a la tierra y a decidir sobre su territorio, así como los derechos que tienen como desplazados internos a recibir asistencia humanitaria, al retorno y a la restitución.

Quienes conformamos esta Misión tenemos la certeza de que el despojo, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos constituyen un atentado contra la paz.

Tenemos conocimiento de que, aunque el señor Escalante se arroga la propiedad de las tierras, actualmente se dirime en la justicia federal un juicio de dotación de tierras. De hecho, recientemente un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Campeche obligó a que se revisara nuevamente el procedimiento de dotación de tierras al pueblo de Ebulá.

El ilegal despojo y la destrucción del pueblo realizado por trabajadores del empresario Escalante con la aquiescencia del Gobierno del estado, tiene la intención de hacer aparentar que San Antonio Ebulá nunca ha existido, pues de reconocerse la existencia del pueblo y la posesión que detentan desde hace más de 40 años sus habitantes, las autoridades agrarias estarían obligadas a fallar a favor del pueblo de San Antonio Ebulá.

No sólo es absolutamente ilegal el desalojo o expulsión de un pueblo, sino que éste en ningún caso puede ser ordenado y ejecutado por un particular, como ocurrió en San Antonio Ebulá con la complicidad del gobierno de Campeche.

San Antonio Ebulá ha sido reconocido por el Instituto Federal electoral, que emite credenciales con ese domicilio al menos desde 1991, y por el Gobierno Federal, quien les proporcionó una escuela a cargo del CONAFE, les ha otorgado diversos programas y beneficios sociales como OPORTUNIDADES, Setenta y Más, y les ha otorgado, a través de CONAGUA, la infraestructura para que accedan a ese bien esencial.

El pueblo de San Antonio Ebulá, después de intentar infructuosamente ser atendidos satisfactoriamente por las instancias del gobierno estatal, ha tomado la decisión de retornar a su territorio invadido.

Las organizaciones que conformamos esta Misión Civil de Paz hemos solicitado ya medidas cautelares al gobernador del Estado de Campeche, Lic. Jorge Carlos Hurtado Valdés, al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al representante de la OACNUDH, Dr. Alberto Brunori y a los titulares de la CNDH, Dr. José Luis Soberanos y Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, de la CEDHEC, para que, según la competencia propia de cada institución, realicen las gestiones que les corresponden para garantizar seguridad en el retorno que los habitantes de San Antonio Ebulá, así como para que se tomen todas las medidas de seguridad, pues existe un alto riesgo de que se puedan generar situaciones de agresión por parte de los grupos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante.

Se le ha solicitado también que se garantice a los pobladores de Ebulá las condiciones adecuadas para que puedan reconstruir su pueblo. Para ello es indispensable la garantía de que habiendo retornado no se generará ninguna situación posterior de violencia, agresión o despojo en su contra, así como la certeza de que serán restituidos sus bienes y un expreso compromiso del gobierno de no tolerar la impunidad.

* SERAPAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR * PRODESC