¿Por qué?

Al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Procurador de Campeche

¿Por qué no está en la cárcel el señor Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de todas las viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, en Campeche, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?

¿Por qué la policía, que llegó al lugar de los hechos el 13 de agosto, en vez de proteger la integridad física de los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir al pueblo?

¿Por qué la policía no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de San Antonio Ebulá y destruyeron todas las viviendas, los animales, los árboles y todo el patrimonio de los habitantes de un pueblo que su fundó desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué el gobierno del estado de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, habitadas desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué en todos estos años de realizar todas las gestiones ante las instancias competentes las y los pobladores de San Antonio Ebulá no han podido obtener certeza legal sobre sus tierras?

¿Por qué permanece impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de la Escuela del CONAFE y del templo de la Iglesia católica de la comunidad?

¿Por qué quedó impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del 26 de mayo de 2009, en el que se destruyeron seis casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de que se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos?

¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado impunemente?

¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares?

¿Por qué el subsecretario de gobierno ofrece “apoyos” a la gente en forma de “láminas”, en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de todos los daños que se les han ocasionado?

¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante ofreciendo a las y los pobladores de San Antonio Ebulá una “reubicación” en vez de garantizarles el retorno a su propio pueblo, que fue arrasado por órdenes de un particular?

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?

¿Por qué a pesar de que el pueblo de San Antonio Ebulá es reconocido como población por el IFE, que asienta como domicilio de los pobladores “San Antonio Ebulá”; por el Ejecutivo federal que ahí ha enviado cartas a los pobladores; por la SEP, que ahí mantenía una escuela del CONAFE; por el Congreso, gobierno y municipio de Campeche, que lo señalan en la ley orgánica de municipios, ahora el gobierno de Campeche le niega su carácter de pueblo y se niega a proteger los derechos de los pobladores?

Al Congreso de Campeche

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha citado a las autoridades responsables para que den cuenta de las acciones y omisiones que agravian al pueblo de San Antonio Ebulá?

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá?

A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, a pesar de haber sido informada de los hechos y haberse solicitado su intervención desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto y reiteradamente durante todo el día, no acudió al lugar de los hechos (dice que lo hizo hasta la tarde de ese día) NI HA ACUDIDO A ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS POBLADORES que se mantienen en plantón permanente frente a la sede del poder ejecutivo desde la expulsión?

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?

Al Presidente de la República

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué el Sr. Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, se arroga la posesión de esas tierras?

A la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger los derechos de los habitantes de un pueblo maya golpeados y expulsados de su comunidad y privados de sus medios de subsistencia ya que sus viviendas fueron destruidas, sus pertenencias robadas o destruidas y sus animales asesinados?

¿Por qué, a pesar de que han sufrido diversos intentos de desalojo, la CDI no ha acudido para proteger el derecho del pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho a decidir sobre su territorio y sobre cualquier proyecto que se quiera realizar en él?

¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresamente señala en su artículo 17 que “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” y que además establece en su artículo 18 que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.”

Al titular de la PROFEPA

¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un procedimiento por la destrucción de los recursos forestales que se encontraban en San Antonio Ebulá?

A quien pueda responder

¿Por qué en Campeche un particular puede cometer un crimen de esta gravedad y continuar impune? ¿Por qué las autoridades lo protegen? ¿Por qué las autoridades que lo protegen no son sancionadas?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Agravios contra Ebulá son informados ante organismos internacionales

Comunicado del equipo Indignación

Organismos internacionales de derechos humanos fueron informados de la violenta expulsión de los pobladores de San Antonio Ebulá, de la destrucción de todas sus viviendas, sus pertenencias y sus recursos forestales por parte de cuerpos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, protegidos por el Gobierno de Campeche.
El Relator de pueblos indígenas, la relatora sobre vivienda, así como el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos de Naciones Unidas, recibieron el informe preliminar elaborado por el equipo Indignación –una versión actualizada al 17 de agosto–, que da cuenta de los hechos, de algunos antecedentes, de los derechos violados y de la responsabilidad del gobierno del estado de Campeche.
El equipo Indignación informó lo anterior hoy a las y los pobladores de San Antonio Ebulá, que se mantienen en plantón permanente en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, durante un taller con los agraviados para conocer y comentar el informe elaborado por Indignación. Además se informó que el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acusó recibo inmediatamente del documento enviado y expresó que le estará dando seguimiento.
Amnistía Internacional y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, también han sido informadas del caso de San Antonio Ebulá.
El gobierno del estado de Campeche, en distintas reuniones celebradas con representantes de los agraviados, continúa sin admitir la comisión de delitos contra las y los pobladores e insiste en su incompetencia bajo el argumento de que es un problema entre particulares.
En el taller realizado en la explanada en los bajos de la sede del ejecutivo campechano, las y los pobladores informaron que el gobierno ofrece apoyos en forma de láminas en lugar de reparación y resarcimiento de los daños ocasionados por el particular y por la inacción del gobierno.
El Estado es responsable de violar los derechos humanos por acción y por omisión, ya que tiene obligación de intervenir ante la comisión de ilícitos para proteger la integridad física y la propiedad de las personas y para garantizarles justicia mediante la sanción a los responsables y la reparación del daño.
La inacción del Gobierno en el caso de San Antonio Ebulá es aún más grave puesto que es un pueblo maya que tiene derecho a decidir sobre su territorio y que fue agredido, expulsado, despojado de todas sus pertenencias y, por lo tanto, de sus medios de subsistencia.
109 familias se encuentran actualmente desplazadas, con el riesgo que eso implica para la vida y la salud de los pobladores y, en particular, de los niños y niñas y de las personas mayores. El pueblo se mantiene ocupado y sitiado por los parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de los terrenos en los que se encuentra San Antonio Ebulá, fundado desde hace más de 40 años.
Los pobladores han iniciado, desde entonces, innumerables recursos para obtener certeza legal sobre sus tierras y han enfrentado juicios agrarios, civiles y penales. Es atribuible al Estado mexicano, y no a los pobladores, la responsabilidad de no haber atendido cabalmente los distintos recursos legales presentados.
Ante las muestras que ha dado el gobierno del estado de Campeche de uso parcial de los recursos del Estado para proteger al agresor, el equipo Indignación TEME POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA de los pobladores de Ebulá y de las personas que los acompañan en la exigencia de sus derechos, quienes además están siendo hostigados mediante vigilancia permanente, seguimiento continuo y amenazas.
Indignación considera que el gobierno de Campeche está obligado a garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, iniciar una investigación de los hechos para sancionar tanto a los particulares como a funcionarios de gobierno responsables y a garantizar la reparación de los daños ocasionados.
Las omisiones del gobierno de Campeche sitúan a los pobladores, privados de su hogar, sus pertenencias y sus medios de subsistencia, en condiciones de emergencia que agravan la responsabilidad del gobierno en los hechos.
Este caso implica múltiples y graves delitos, algunos de ellos federales, como la destrucción de recursos forestales, así como la destrucción de una escuela perteneciente a la CONAFE con clave OHKPR0244Y, por lo que también deploramos la inacción del gobierno federal.

San Antonio Ebulá, arrasado por parapolicías protegidos por Gobierno de Campeche

Ante el ataque perpetrado ayer 13 de agosto por cuerpos parapolicíacos protegidos por la Policía Preventiva del estado de Campeche contra el pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche, cuyas casas fueron destruidas y sus habitantes agredidos y expulsados de su propia comunidad, el equipo Indignación presenta un informe preliminar de observación de derechos humanos.

En el informe, el equipo Indignación denuncia que el gobierno del estado de Campeche, al proteger a grupos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de las tierras en las que está asentado el pueblo de San Antonio Ebulá, viola gravemente por acción y por omisión los derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda de los integrantes de ese pueblo maya, a quienes también conculca su derecho como pueblo indígena a decidir sobre su territorio.

A un día de los hechos, los pobladores de San Antonio Ebulá se encuentran en situación de desplazados, sin lugar dónde estar y sin poder acceder a la población, que está tomada por los cuerpos parapolicíacos contratados por una empresa de seguridad privada al Servicio del empresario Eduardo Escalante, suegro del fallecido ex secretario de gobernación federal Juan Camilo Muriño.

El gobierno del estado de Campeche está obligado a garantizar y proteger el reingreso de los ebulenses a su pueblo, a quienes deben restituírseles los daños materiales y morales que se les ha ocasionado, concluye Indignación en este informe preliminar de observación.

El gobierno del estado de Campeche también debe ofrecer garantías de no repetición de los hechos, lo que implica sancionar a los particulares que cometieron este ilícito y a los servidores públicos que los protegieron, incluyendo altos mandos de la policía y funcionarios del gobierno estatal.

Seis personas lesionadas, dos detenidas que fueron liberadas el mismo día y la pérdida completa de las viviendas y propiedades de los pobladores, incluyendo a sus animales, son algunos de los agravios cometidos ayer 13 de agosto contra los pobladores de Ebulá por cerca de cien parapolicías custodiados por alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante Samuel Salgado, de acuerdo con testimonios de los pobladores.

El pueblo de San Antonio Ebulá se fundó desde 1968 y desde esa fecha los pobladores han estado realizando todas las gestiones necesarias para regularizar y tener certeza legal sobre sus tierras, sin haber sido atendidos cabalmente por las autoridades estatales y federales, quienes incluso han obstaculizado el proceso y los han amenazado.

Aunque oficialmente aparece como “predio conocido como San Antonio Ebulá”, se trata de un pueblo, con todos los derechos que eso implica.

Tan ha sido reconocido como pueblo por el propio gobierno, que al lugar acude regularmente una promotora de salud, algunos habitantes cuentan con programa de oportunidades, recientemente acudió Sedesol a ofrecerles pisos de cemento a 50 familias y sus habitantes tienen credencial de elector que exhiben como domicilio San Antonio Ebulá al menos desde 1991.

En 2007 se dio un operativo similar, en el que se destruyeron más de 20 casas de la población. Hubo un acuerdo de reubicación, pero los pobladores de Ebulá fueron trasladados a una tierra que no cumplía con lo que les habían ofrecido, lo que también implica discriminación, y decidieron ante la humillación retornar a su pueblo, en el que viven desde hace más de cuarenta años.

A los agravios y las violaciones a sus derechos, se suma la inacción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, que desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto recibió información del operativo y a la que Indignación solicitó su intervención inmediata desde esa hora.

Hasta las dos de la tarde de ese día no se había presentado a la población y los habitantes dijeron que no recibieron visita de ninguna persona de dicho organismo, a pesar de que esa comisión tiene un expediente sobre Ebulá desde mayo pasado, cuando se dio otro operativo en el que se destruyeron seis casas y se detuvo a siete pobladores, cuatro de los cuales fueron liberados al día siguiente y, los demás, bajo fianza unas semanas después.

Los pobladores de San Antonio Ebulá se han adherido a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por lo que este evento está enmarcado también en el patrón de represión contra adherentes de esta iniciativa.