Preocupación por posible tortura contra jóvenes detenidos violenta y arbitrariamente

Equipo Indignación

Ante hechos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra jóvenes detenidos, de acuerdo con la información que hemos recibido, arbitrariamente y con violencia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán el pasado 20 de febrero, en el marco del festejo del carnaval, el equipo Indignación expresa su más profunda preocupación y exige a las autoridades una investigación pronta, expedita e imparcial de los hechos denunciados que deslinde responsabilidades y, en su caso, sancione a los responsables y se ofrezca una disculpa pública con garantía de no repetición de estos hechos.

Adjuntamos la carta dirigida por Indignación al Secretario de Seguridad Pública, a la Gobernadora del estado, al Procurador de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

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Chablekal, Yucatán, 23 de febrero 2009

Lic. Luis Felipe Saidén Ojeda
Secretario de Seguridad Pública de Yucatán

Lic. José Alonso Guzmán Pacheco
Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán

Lic. Jorge Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán

C. Ivonne Ortega Pacheco
Gobernadora del estado de Yucatán

El equipo de derechos humanos Indignación A.C. manifiesta su profunda preocupación por hechos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra de cuatro jóvenes detenidos arbitrariamente y con violencia el pasado 20 de febrero.
Este equipo recibió información del joven Adrián Gorocica, quien fue detenido por más de 20 elementos de la policía estatal alrededor de las once de la noche, por interceder ante un policía a favor de otro joven que había lanzado una botella de plástico vacía al aire, durante el festejo de carnaval en el Paseo de Montejo.
Según el relato del propio Adrián Gorocica, inicialmente se resistió pacíficamente al arresto sentándose con las piernas cruzadas, sujetándose de la malla ciclónica y preguntando a los policías el motivo de su detención, momento a partir del cual comenzó a ser golpeado en diversas partes del cuerpo, pateado e insultado por más de una decena de policías, quienes también le tomaban del pelo presionando su cara contra la malla. Posteriormente llegaron más policías, quienes lograron esposarlo, lo levantaron tomándolo de las esposas, lo que le lesionó las muñecas, y lo arrastraron hasta un puesto de la policía cercano al lugar de los hechos, donde el comandante preguntó porqué lo detenían a lo que los agentes respondieron “operativo carnaval” y entonces el comandante ordenó que se los llevaran atrás a la camioneta para continuar “la verguiza”.
Neyif Cruz, Marlon Amaya y Eder Poot, tres amigos de Adrián que preguntaron a los uniformados el motivo de la detención, se quejaron por los golpes que continuaba recibiendo su compañero y protegían a la novia de Adrián que era empujada por los policías con la amenaza de detenerla, también fueron detenidos y arrojados a la cama de una camioneta antimotines, cayendo éstos últimos sobre Adrían, quien previamente había sido lanzado hacia la cama de la camioneta.
En el trayecto hacia el edificio conocido como “separos” Adrián, relata a este equipo de derechos humanos, continuó recibiendo golpes, incluso era tomado del pelo y aporreado contra el suelo de la camioneta y, una vez en el edificio, además de ser pateado en los testículos “para que se parase bien” y amenazado con que lo iban a acusar de estar intoxicado con marihuana o cocaína, Adrián fue separado de sus compañeros y llevado a un pasillo detrás de las celdas donde lo obligaron a quitarse los pantalones y sus “boxers” y fue también obligado a agacharse dos veces en cuclillas. Ahí escuchó a un policía que pasaba decir “tengo ganas de patear a alguien” y, cuando le señalaron a Adrián, dijo “no, a ese no”. Posteriormente fue golpeado fuertemente en el pecho tres veces mientras los policías continuaban insultándolo.
Antes de ser llevado a la celda todavía escuchó a un policía decir, mientras movía el dedo índice de un lado a otro “a este le falta otra calentadita”, pero fue llevado a una celda en la que llegaron a haber más de veinte personas.
Ni a Adrián ni a los otros jóvenes les permitieron hacer una llamada aduciendo que “a esta hora no tenemos línea disponible” y posteriormente supieron que no dejaron entrar a nadie a visitarlos, lo que implica incomunicación. Fue hasta después de las 9 de la mañana cuando recibieron visita de sus familiares, previa gestión de un visitador de la Codhey, quien también los entrevistó.
Fueron dejados en libertad alrededor de la una de la tarde, sin pagar fianza y sin ser informados del motivo de su detención.
El equipo Indignación no puede soslayar el hecho de que Adrián, quien cursa el cuarto semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Mérida, ha participado activamente en el movimiento estudiantil contra el alza de transporte y en diversos actos públicos junto con integrantes de la CND local.
A esto se suma el hecho de que la novia de Adrián observó que los agentes se refirieron a él con el sobrenombre de “el pinche”.
El equipo Indignación ha tomado nota de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien entrevistó a los detenidos el sábado 21 por la mañana antes de que fuesen liberados y acudió el domingo 22 a sus domicilios para que ratificasen su queja, no contó con un médico para revisar a los detenidos, al menos hasta ese momento.
Los hechos narrados, además de abuso de autoridad y brutalidad policíaca, implicarían detención arbitraria e ilegal así como tratos crueles, inhumanos y degradantes y podrían constituir tortura.
El equipo Indignación manifiesta su más profunda condena por la actuación de la policía y exige:

Al Secretario de Seguridad Pública

•    Iniciar inmediatamente una investigación imparcial y expedita que deslinde las responsabilidades en las que incurrieron elementos de la Secretaría a su cargo y, en su caso, sancione a los responsables de acuerdo a la gravedad de los hechos.
•    De confirmarse los hechos mediante una investigación pronta, imparcial y expedita, ofrecer una disculpa pública a los jóvenes agraviados, que incluya la certeza de no repetición.
•    Garantizar que todos los elementos de la Secretaría a su cargo estén debidamente capacitados para actuar con apego irrestricto a las leyes y con absoluto respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.

Al Procurador de Justicia del Estado

•    Garantizar que la investigación que se derive de la denuncia que interpusieron los cuatro jóvenes ante la agencia 5ª del Ministerio Público sea imparcial y expedita y cuente con los elementos necesarios para determinar si hubo tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

•    Garantizar que los cuatro jóvenes sean revisados por personal médico y sicológico facultado para aplicar el Protocolo de Estambul relativo a Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
•    Agilizar la investigación derivada de la queja interpuesta y ratificada por los jóvenes detenidos el pasado 20 de marzo.
•    Considerar la conveniencia de solicitar medidas cautelares a favor de los jóvenes ante el riesgo de que puedan sufrir represalias por denunciar a elementos de la policía estatal.

A la Gobernadora del estado de Yucatán

•    Ordenar una investigación de los hechos narrados y ampliarla para descartar o determinar, como supone este equipo de derechos humanos, que esta práctica no es aislada sino que puede estar constituyendo un patrón de actuación de la policía estatal desde administraciones anteriores.
•    Garantizar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actúen con apego irrestricto a las leyes y reglamentos y con respeto absoluto a los derechos humanos y las garantías individuales.
•    De confirmarse los hechos mediante una investigación pronta, imparcial y expedita, ofrecer una disculpa pública que incluya la certeza de no repetición de estos hechos.

El equipo Indignación lamenta profundamente que hechos como éste, cometidos durante la administración anterior y documentados fehacientemente en el contexto de la razzia contra jóvenes que se manifestaron contra George Bush el 13 de marzo de 2007, hayan quedado impunes.
En ese lamentable caso participaron agentes estatales y municipales. Ninguno fue sancionado y el jefe de la policía municipal incluso fue ratificado por la actual administración.
La tardía, incompleta e inocua recomendación de la Codhey sobre esos hechos propició la impunidad y se desaprovechó en ese entonces la oportunidad para enviar un mensaje claro y contundente de condena a cualquier violación a los derechos humanos así como garantías de no repetición de los hechos.
Es obligación del gobierno del estado garantizar a toda la población el absoluto respeto a los derechos humanos, lo que incluye sancionar a quienes los violen y resarcir el daño causado a los agraviados.
Atentamente,

Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos

12 ONGs demandan juicio político contra ombudsman yucateco

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Comunicado conjunto

12 organismos civiles del estado de Yucatán presentamos el día de hoy, ante el Congreso local, formal demanda de juicio político en contra del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado.
La demanda se presenta por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.
Las graves acciones y omisiones atribuibles al presidente de la Codhey “han redundado y redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, supuesto señalado en el artículos seis y especificado en el siete de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Yucatán como causal de Juicio Político.
La demanda de juicio político se presenta después de haber señalado reiteradamente al presidente de la Codhey las graves violaciones en las que ha incurrido y después de haber constatado la negativa de su presidente a corregir esas graves conductas.
Es también la última instancia a la que recurrimos ante la indolencia de las y los diputados por iniciar un proceso transparente y participativo que permita evaluar el desempeño de la principal institución de derechos humanos en la entidad.

En reciente comparecencia ante el Congreso, el Ombudsman, a juicio de los promoventes de este recurso, exhibió su incompetencia y su falta de pericia en materia de defensa y protección de los derechos humanos, mientras que los diputados mostraron su desconocimiento y desinterés en la materia. El juicio político los obliga a investigar las conductas que hemos documentado y a evaluar el desempeño del presidente de la Codhey.

La reciente renuncia de 3 de los 4 Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Consultivo de la Codhey no hizo más que reiterar la grave crisis que atraviesa dicho organismo y exponer la negativa de su presidente a efectuar cambios que redunden en una eficaz atención y efectiva protección a quienes acuden a esa instancia y la escasa incidencia que la institución tiene en el combate a la impunidad y en la construcción de políticas públicas que impulsen cambios para hacer efectivos los derechos humanos de las y los yucatecos.

Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al Presidente de la Codhey, pues él, como autoridad máxima, es el principal obligado y responsable de garantizar el correcto y eficaz desempeño de la institución de derechos humanos, y son sus decisiones, políticas y omisiones las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
Según el artículo 95 de su Reglamento, la Comisión tiene un plazo para resolver una queja de 4 meses cuando se trate de violaciones graves y de 9 cuando no sean graves. A pesar de ello, existen casos cuya recomendación ha demorado más de 3 años en emitirse. Del análisis de las 41 recomendaciones emitidas entre los años 2007 y 2009, se deriva que sólo en 3 se ha cumplido con los lapsos que su ley y su reglamento le imponen. Lo anterior  implica, en consecuencia, una clara violación a los principios de brevedad, sencillez, inmediatez, concentración y rapidez que deben regir el actuar de la Codhey y que se encuentran  establecidos en la citada normatividad.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
La falta de personal especializado, la ausencia de criterios internacionales, la dependencia excesiva a los informes de la autoridad, la utilización arbitraria de la figura de “pendiente de calificación”, la emisión de recomendaciones que sólo propician la impunidad, la nula exigencia de que se repare el daño y la escasa exigencia por que sus recomendaciones sean cumplidas son sólo algunas de las omisiones que la Codhey comete sistemáticamente cuando conoce un caso. Al no existir investigaciones serias, imparciales, con personal capacitado y que emitan recomendaciones que exijan la restitución plena del derecho violado, las recomendaciones, si es que se emiten, son inocuas e inútiles en el objetivo de exhibir una violación y exigir su restitución.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
Siendo que las recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos no son vinculatorias, la publicidad es una de las principales herramientas que tienen para exhibir a las autoridades que violentan los derechos humanos. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley de la Codhey que señala la obligación de que ésta publique sus recomendaciones en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación estatal. No obstante, la Codhey incumple sistemáticamente dicha obligación, pues ninguna de las 41 recomendaciones ha sido publicada en alguno de esos medios, con lo cual incumple con unos de los principales objetivos que debiera tener que es la difusión y la exhibición de las autoridades violadoras de derechos humanos en la entidad.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales
A pesar de existir en el estado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos municipales y los funcionarios que integran la Procuraduría General de Justicia del estado, la Codhey no ha emitido ninguna recomendación o informe general sobre el tema que denuncie estas prácticas sistemáticas y proponga políticas públicas para erradicarlas, omisión grave atendiendo a que ésta es una de las funciones primordiales que, según los principios de París debe tener un organismo público de derechos humanos. Obligación, además, contenida en el artículo 43 de su Ley y 103 bis de su Reglamento.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios
La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (cuyo porcentaje es alto, de acuerdo a las propias recomendaciones de la Codhey), el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que  redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.

Este es el segundo juicio político que se presenta en Yucatán por omisiones y acciones graves de un Ombudsman estatal desde que dicha figura fue instaurada en las leyes del estado, aunque ahora ya se ha explicitado en la Constitución local que el Presidente de la Codhey se encuentra entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político.
Desde que este organismo fue creado, las distintas legislaturas y los partidos políticos que las han integrado han elegido como cabeza de dicha institución a personas que no cuentan con una trayectoria ciudadana e independiente en la defensa de los derechos humanos y no acreditan el conocimiento en la materia, la pericia y la independencia indispensables para presidir una Comisión Pública de Derechos Humanos.
Las distintas legislaturas han privilegiado los intereses políticos por encima del interés general y han hecho mutis de su obligación de garantizar que Yucatán cuente con una Comisión independiente y eficaz.
La presentación de este juicio político tiene, por tanto, dos objetivos: juzgar a un funcionario que viola sistemáticamente su ley, incumple sus obligaciones y comete actos que causan un perjuicio grave al servicio público que debe prestar, pero también lograr que, finalmente, Yucatán cuente con un Ombudsman que realmente proteja y haga efectivos los derechos humanos de la ciudadanía y una institución pública de defensa y protección de derechos humanos que cumpla con los más altos estándares en la materia.

-Asociación Estatal de Padres de Familia
-Buenas Intenciones
-Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.
-Ciencia Social Alternativa A.C.
-Kolectivo El Rebelde
– Foro Permanente por la Defensa de nuestros Ecosistemas Peninsulares
– Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
– Muuch Tamba Meyaj AC.
-Oasis de San Juan de Dios A.C.
-Red de personas afectadas por VIH
-Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva
-Unidad de Atención Psicológica, Sexológica  y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.