Resarcir agravios a la infancia, exigencia ante magistrados

Campaña ¡No lo aceptamos!

Comunicado Conjunto de Infancia Común A.C., la Red por los Derechos de la Infancia,
Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Establecer una sentencia que implique un compromiso con la infancia, que esté de acuerdo con los más altos estándares en materia de derechos humanos, que implique resarcimiento del daño y combata la impunidad para que garantice que estos hechos no se repetirán es la petición que planteamos cuatro organizaciones, tres de ellas nacionales, ante los Magistrados que revisan el caso de la antigua Escuela Social de Menores Infractores.

Infancia Común, la Red por los Derechos de la Infancia, Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos hemos seguido con atención el caso de los tratos crueles e inhumanos y graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que entre noviembre de 1997 y agosto de 2001, estuvieron bajo la responsabilidad del Estado en la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán.

Como parte de este seguimiento en febrero pasado presentamos un Amicus ante los magistrados locales, para exponer la necesidad de que la sentencia atienda los más altos estándares y criterios internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye la reparación del daño a la infancia agraviada y castigo a las personas responsables de violar derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia revisa actualmente la sentencia de la juez sexta que justificó los abusos y únicamente estableció una sanción de tres años para Rocío Martel, exdirectora y responsable directa, conmutables por diecinueve mil pesos, así como de un mes para su chófer, por encubrimiento.

A ocho meses de haber presentado el Amicus, y cuando se han vencido ya los tiempos para que el Tribunal emita su sentencia, hemos venido a entrevistarnos con los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para reiterarles la exigencia de combatir la impunidad, particularmente en este caso al que somos tan sensibles como sociedad porque agravia a la infancia, por el tipo de violaciones cometidas y por la responsabilidad del Estado en estas violaciones.

Las adecuadas sanciones ante graves violaciones a derechos humanos son una forma de evitar la impunidad e impedir que hechos tan atroces como los sucedidos en la Escuela Social vuelvan a cometerse.

Asimismo, hemos señalado la obligación que tiene el Estado, en este caso los órganos judiciales correspondientes, de garantizar plenamente y de manera integral la reparación del daño causado a las víctimas de estas violaciones, tomando en consideración, para ello, el criterio establecido por el derecho intencional de los derechos humanos que obliga a considerar a las autoridades la reparación material, moral y al proyecto de vida.

Recordamos que Rocío Martell López es responsable de que niños y niñas fueran obligados a comer alimentos para cerdos, golpeados en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; encerrados en celdas por lapsos de hasta 15 días; tocados y lastimados en sus órganos genitales como medio de castigo o amenaza; humillados con disfraces, impedidos para comer hasta por lapsos de 3 días, impedidos para ver a sus familiares; amarrados a árboles, amenazados con ser trasladados al Cereso de la entidad y con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), obligados a consumir psicotrópicos y otros medicamentos sin prescripción médica ni control, y otras graves violaciones a la integridad física y psicológica, todo esto documentado en la recomendación 10/2002 de la CNDH.

Para las organizaciones que ahora estamos aquí, este caso exhibe graves y diversas violaciones a los derechos humanos:

1.- Tortura, vejaciones, tratos crueles, castigos inhumanos y degradantes e, incluso, abuso sexual.

2.- Negación al derecho a la justicia pronta y expedita.

3.- Ausencia de reparación del daño.

Estamos alarmados por el comportamiento de las instancias responsables de la justicia en el Estado, por la facilidad con la que la juez justificó dichas violaciones a partir de argumentar buenas intenciones por parte de la responsable, por el tiempo que ha transcurrido para dar respuesta a los argumentos de las organizaciones civiles que demandamos medidas ejemplares para que nunca más una autoridad pública ejerza violencia y porque se trata de una población particularmente vulnerable por su edad y desventaja ante los adultos.

Ante esta situación hemos decidido vincular con este caso la campaña nacional contra la violencia y la explotación infantil que actualmente realiza Infancia Común A.C. Nuestra presencia en Yucatán obedece a esa campaña y a nuestra decisión de entrevistarnos con los magistrados sobre el caso de la antigua Escuela Social.

Con la campaña queremos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen dignidad y por eso, la ausencia de justicia en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores

¡SIMPLEMENTE NO LA ACEPTAMOS!

Como parte de la campaña el día de hoy divulgaremos en Mérida información y material contra la violencia y la explotación sexual infantil.

Hacemos un llamado a que todos los yucatecos y a todos los mexicanos a sumarse a esta demanda de justicia y a la campaña.

El hogar y las instituciones gubernamentales deben ser un resguardo para la protección de la infancia y no un lugar peligroso, así que a través de la campaña convocamos a las y los adultos a:

1.- Dejar de ver como algo natural los golpes, los gritos, las ofensas, la falta de atención.

2.- A buscar métodos para educar sin violencia física, verbal ni de otro tipo y

3.- A conformar en sus comunidades redes que protejan a los niños de los adultos que abusan de su condición de fuerza y experiencia. Los niños y las niñas no son propiedad privada, ni siquiera de sus padres.

Ejercer violencia física, sexual y psicológica en nuestras casas, en las escuelas, en la calle o en cualquier lugar, atenta contra la dignidad de nuestros hijos e hijas, los afecta toda su vida y favorece otras formas de violencia grave como la explotación sexual comercial infantil. La campaña tiene como objetivo crear conciencia y modificar esta realidad tan dolorosa.

Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2008

Red por los derechos de la Infancia en México, Equipo Indignación A.C., Infancia Común A.C. y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Violaciones a derechos humanos de adolescentes en la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán: Una década de impunidad.

Acción Solidaria

El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ha dejado pasar ya más de un año sin resolver la apelación en el caso de los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra adolescentes internos en la antigua Escuela Social de Menores Infractores.
Les solicitamos su atenta solidaridad para urgir al Tribunal a resolver la apelación de acuerdo a los más altos estándares de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Adjuntamos, para eso, una carta modelo (que sería la que se enviaría al tribunal, poniendo fecha y tu nombre) y un resumen del caso en formato PDF.
Al final de la nota dejamos los datos del Tribunal y de la gobernadora, para enviarle copia.
Carta Modelo

Lugar y Fecha

Abogada Ligia Aurora Cortés Ortega

M. en D. Marcos Alejandro Celis Quintal

Abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia.

Magistrados de la Sala Penal

H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán

Presentes.

Quien suscribe se mantiene atenta (o) al caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra adolescentes internas e internos de la antigua Escuela Social de Menores Infractores y sabemos que el pasado mes de agosto se cumplió un año de haberse presentado las apelaciones correspondientes a la causa penal 33/2003, que han dado lugar al toca penal 1942/2007.

Dicha causa penal, y su consecuente toca penal, son resultado de la recomendación 10/2002 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se documentaron graves violaciones a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes internos en la entonces Escuela social de Menores Infractores del estado de Yucatán, mismas que, de conformidad con ese organismo público de derechos humanos, fueron cometidas por la entonces Directora de la Institución, Dra. Rocío Martell, con la participación y/o aquiescencia de otros funcionarios de la misma[1].

A pesar de la gravedad de las conductas cometidas por los entonces funcionarios públicos, la Juez de la causa, que lo fue la Séptimo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del estado, emitió una sentencia en la que estableció sanciones muy por debajo de lo que ameritaba la gravedad del hecho. No sólo eso, ni siquiera estableció medidas de reparación del daño, con lo cual dicha resolución no restituyó en lo más mínimo los derechos violados a los adolescentes en ese entonces sujetos a la jurisdicción del estado. Lo más grave del hecho es que la juzgadora pretendió justificar las bajas sanciones y la omisión para reparar el daño, con el argumento de que los niños, al provenir de familias disfuncionales y ser agresivos e incorregibles, generaban una situación de estrés a los funcionarios que justificaba los castigos degradantes. Es decir, cargó la responsabilidad por los delitos cometidos a las víctimas, hecho que exhibe, no sólo discriminación hacia adolescentes provenientes en su mayoría de contextos de pobreza y marginación, sino parcialidad, insensibilidad y una manipulación de las normas penales que no pueden pasar desapercibidos para esta Sala Penal.

En virtud de lo anterior, tanto la Procuraduría de Justicia del estado, como una de las víctimas presentaron sendos escritos de apelación, misma que, a más de un año de haberse presentado, no han sido resueltas por la Sala Penal.

La impunidad contribuye a la descomposición de las instituciones del Estado. A este equipo le preocupa que delitos de tan graves efectos para las víctimas y que nos lesionan como sociedad por sus implicaciones contra la dignidad de las personas, como los cometidos contra menores internos en la entonces Escuela Social, queden impunes y profundicen el deterioro de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Nos preocupa la posibilidad de que el Tribunal avale los criterios utilizados por la Juez de Primera instancia para minimizar violaciones a derechos humanos especialmente gravosas por haberse cometido en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como es la infancia. Extremadamente grave resultaría que el Tribunal, en el presente contexto nacional, dejara en la impunidad hechos que, a casi 10 años de haberse cometido, no han sido resueltos conforme a los más altos estándares de protección a los Derechos Humanos a los que están sujetos todos los órganos que integran el Estado mexicano.

Por lo anteriormente señalado, a ustedes CC. Magistrados de la Sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, atentamente solicitamos:

PRIMERO Que en la sentencia que emita la Sala Penal, se tomen en consideración los estándares más altos de protección a los derechos humanos de los niños y niñas.

SEGUNDO. Que la sentencia de segunda instancia se establezcan adecuadas medidas de reparación moral y materia del daño a favor de las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos.

TERCERO. Que en la sentencia que emitan se establezcan penas adecuadas con la gravedad del hecho para evitar que en lo futuro este tipo de conductas vuelvan a cometerse.


Sin otro particular, le reitero la más alta y urgente exigencia de justicia.

Atentamente,

Firma

C.c.p. C. Ivonne Ortega Pacheco. Gobernadora constitucional del estado de Yucatán.


[1] Algunas de las violaciones a derechos humanos más graves detectadas por la CNDH imputables directamente a la entonces Directora de la Escuela Social fueron: obligaban a los niños a comer alimentos para cerdos, los golpeaban en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; los encerraba en celdas por lapsos de hasta 15 días; le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestía a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al Cereso de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control, sólo por mencionar algunas de las graves violaciones a la integridad física y psicológica en perjuicio de menores.

Carta Modelo para descargar en formato .doc

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