El Congreso de la Unión pide investigar discriminación atribuida al párroco de Conkal

Comunicado conjunto del Equipo Indignación y Oasis de San Juan de Dios

El Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal y estatal a investigar actos de discriminación atribuidos al párroco del municipio de Conkal, Yucatán, quien en mayo pasado, durante una misa, pronunció una homilía incitando al odio hacia personas homosexuales.
La Comisión Permanente de la LX legislatura del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo el pasado 23 de julio, presentado por el Diputado Humberto Zazueta Aguilar, mediante el cual exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a investigar los hechos de discriminación por preferencia sexual y resolver de forma expedita el caso. Asimismo, exhortó al Gobierno del estado de Yucatán a coadyuvar con las investigaciones.
Cabe recordar que el 7 de mayo pasado, mientras se efectuaba una misa en la iglesia del municipio de Conkal, Yucatán, el párroco Jesús Alberto Cevallos Solís se refirió en su homilía a las personas homosexuales expresando, entre otras cosas, que: “…los homosexuales son un peligro para nuestra sociedad, que ofenden, atacan y destruyen la familia… y que son un problema social que hay que atacar.”
En la misa, oficiada en memoria de un compañero seropositivo fallecido recientemente, se encontraban personas transgénero y algunos homosexuales y se encontraban también huéspedes del Albergue Oasis de San Juan de Dios, organización que desde hace varios años realiza trabajos de promoción y defensa de personas con VIH/Sida.
Cabe resaltar que los hechos denunciados ocurrieron, precisamente, durante la celebración de la semana internacional de lucha contra la homofobia y que el mismo Congreso de la Unión había exhortado a las autoridades federales y estatales a realizar acciones en contra de la homofobia.
Como consecuencia de estos hechos, los representantes del Albergue Oasis de San Juan de Dios denunciaron ante diversas instancias que las expresiones del párroco incitan al  odio y a la violencia contra las personas homosexuales, por lo que el párroco incurrió en discriminación, prohibida tanto en la Constitución Federal como en la del estado de Yucatán. Fue denunciado también el vocero de la arquidiócesis, Pbro. Jorge Óscar Herrera Vargas, por haber avalado públicamente la actitud discriminatoria del párroco.
Además de acudir a la CONAPRED, el Albergue Oasis presentó denuncia también por la posible violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, hecho que ameritaba una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado de Yucatán, como autoridad auxiliar, de conformidad con el artículo 25 de la citada Ley.
Sin embargo, el gobierno del Estado ha soslayado sus obligaciones afirmando que no puede actuar puesto que el asunto no es de su competencia (Oficio 275/2008 de la Secretaría General de Gobierno), por lo que resulta relevante y pertinente el punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estimó que: “…Esta Dictaminadora considera que debe existir una investigación pronta y expedita que certifique las declaraciones del párroco antes mencionado y que, de existir violaciones a la ley, se determine y sancione a los responsables (…) porque el Estado mexicano está obligado a respetar y hacer valer las normas que protejan las garantías individuales”.
Cabe resaltar que, ante la emisión de dicho punto de acuerdo, sólo la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha contestado, mediante oficio de fecha 06 de agosto, que ya se encuentra en curso una investigación sobre estos hechos.
Los firmantes de este comunicado lamentamos que el Gobierno del estado no haya manifestado una condena de los hechos ni haya garantizado el cumplimiento de la ley en este caso de discriminación que agravia a la sociedad yucateca en general y a la comunidad lésbico-gay en lo particular y pone en riesgo una convivencia pacífica al incitar al odio contra un sector de la sociedad, más aún cuando Yucatán es uno de los estados con mayor número de crímenes de odio por homofobia.
Reiteramos que es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar que se cumplan los artículos de la Constitución Federal y estatal que establecen la prohibición de discriminación por cuestiones de orientación sexual así como aquellos de la Ley de asociaciones y Culto Público que establecen límites al actuar de los ministros de culto, como una forma de preservar el estado laico.
De igual manera insistimos en que una de las formas para resarcir el daño causado por las agresiones verbales del párroco de Conkal es que éste ofrezca una disculpa pública por estos comentarios que en nada contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y plural.
El punto de acuerdo aprobado puede ser consultado en la página de web de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/07/23/1&documento=58

Por el Equipo Indignación A.C.             Por el Oasis de San Juan de Dios A.C.

Martha Capetillo Pasos                         Carlos Méndez Benavides

Autoridades yucatecas, enjuiciadas por primera vez en instancia internacional

El caso de don Ricardo Ucán Seca ante la CIDH

Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjuicia, por primera vez, al Estado mexicano por violaciones atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya que es el primer caso contra autoridades locales admitido en esa instancia internacional.
En una reunión con legisladores realizada el día de hoy, Indignación les cuestionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de indulto que todavía no ha sido dictaminada.
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los diputados un informe sobre el caso de don Ricardo Ucán Seca.
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, mediante el informe 49/08, que existen elementos para entrar al fondo del asunto en el caso presentado por don Ricardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino Ek.
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
La CIDH consideró que hay elementos derivados de las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticionarios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por acciones y omisiones de autoridades yucatecas.
El primero de ellos establece la obligación de dotar de intérprete traductor a cualquier procesado que así lo requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el tercero la obligación que tiene el Estado de dotar de recursos judiciales efectivos que protejan a las personas de violaciones a derechos humanos.
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pudieron haberse violado por acciones y omisiones de distintas autoridades ministeriales y judiciales del estado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano.
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han basado en la secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación previa, donde careció de defensor de oficio y no le fue proporcionado intérprete traductor.
Durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.
Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja –obligación establecida en el Código procesal penal del estado–, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan posibles violaciones a derechos humanos que habrán de ser determinadas en una próxima fase.
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, luego de ser detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos.
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autoridades yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exigencias para que se le resarzan a don Ricardo los derechos violados de parte de Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la organización alemana Misereor, por mencionar algunos.
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde la detención de don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discriminación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.
Lo anterior también denota la falsedad del discurso oficial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo primero son los argumentos dados por el gobierno federal a la CIDH intentando minimizar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que publicitan la próxima emisión de una legislación en materia indígena, en la práctica siguen siendo responsables de acciones y omisiones que exhiben su franco desinterés por los derechos del pueblo maya.

Ombudsman y legisladores propician impunidad

Comunicado del Equipo Indignación

La actuación del ombudsman local, el derecho al matrimonio entre personas con VIH/Sida y la inacción del Congreso sobre el caso de don Ricardo Ucán recientemente admitido en la CIDH –del que informamos más en comunicado aparte–, fueron temas abordados por el equipo Indignación en una reunión realizada hoy con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII legislatura.
Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación les recordó a los diputados que desde hace un año les dirigió una carta, previa al informe del Ombudsman, en la que aportó elementos para hacer una lectura crítica del documento que les presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Hace un año, después de la presentación del informe, Indignación publicó un Análisis de gestión de la Codhey manifestando irregularidades, impericias e inacciones de ese organismo público que se traducen en impunidad para quienes violan derechos humanos en Yucatán. Ese informe también se hizo llegar a los diputados, al ombudsman y a los consejeros; sin embargo, Indignación no tuvo ninguna respuesta de los legisladores ni del presidente de la Codhey.
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señaló a los diputados, desde hace un año, instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Adicionalmente, Indignación expresó su preocupación por actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.
Durante la reunión también se solicitó información en torno a los avances en la dictaminación de dos propuestas legislativas que ha presentado este Equipo de Derechos Humanos: 1) La relativa a la inclusión del indulto en la legislación penal, para dotar al ejecutivo de la facultad de revisar y otorgar el perdón en casos donde se hayan violado derechos humanos básicos, teniendo como ejemplo el caso de don Ricardo Ucán, recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La propuesta para eliminar restricciones al Código Civil para que personas con VIH puedan contraer matrimonio, presentada de manera conjunta con Oasis de San Juan de Dios.

Admite la CIDH denuncia de indígena maya contra el Estado mexicano

Comunicado del equipo Indignación A.C.

La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) determinó admitir la denuncia presentada por don Ricardo Ucán Seca, indígena maya, en contra del Estado mexicano, por vulnerar sus derechos durante el juicio que se le siguió en el estado de Yucatán.

Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de cárcel por privar de la vida a una persona aunque lo hizo en defensa propia. Durante el juicio don Ricardo Ucán, mayahablante, no contó una defensa adecuada ni tuvo intérprete traductor.

Agotados los recursos locales, don Ricardo Ucán acudió a la CIDH desde el 2004. El Estado mexicano, por su parte, solicitó a la CIDH no admitir el caso. Sin embargo, el pasado 24 de julio la CIDH determinó admitir el caso y el día de ayer hizo público el informe 49/08 en el que da a conocer su resolución.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Comisión interamericana decide “Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8.2 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ricardo Ucán Seca”.

Los derechos señalados por la CIDH son los relacionados con Garantías Judiciales y Protección Judicial, denunciados por don Ricardo, aunque la propia CIDH determinó que también presume violación a su derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley.

La resolución de la CIDH puede consultarse directamente en el sitio electrónico de este organismo en http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm

En el sitio de Indignación, organización que ha acompañado la denuncia de don Ricardo ante la CIDH, puede consultarse un informe completo sobre el caso y comunicados anteriores. En la sección de videos puede ver y escuchar al propio don Ricardo narrar el caso y las violaciones cometidas en su contra.

El petróleo, la consulta y el derecho a la participación

La privatización de PEMEX profundizaría la desigualdad social
Comunicado del equipo Indignación

Ante la próxima consulta que se realizará en Yucatán sobre la iniciativa de reforma petrolera presentada por Felipe Calderón al Congreso de la Unión, este equipo de derechos humanos manifiesta lo siguiente:

1. La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos es un derecho fundamental que debiera estar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales. En países con democracias consolidadas la opinión ciudadana en temas que atañen a todo el país son un ejercicio recurrente, normado y realizado bajo estándares de imparcialidad, y con efectos vinculantes. Es urgente crear en el ámbito federal la figura del plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana y revocación del mandato. Precisamente la decisión en un tema trascendente, como el petróleo, tendría que tomarse obedeciendo un mandato ciudadano.

2. La consulta sobre el petróleo –que en Yucatán se realizará el próximo 10 de agosto– está siendo organizada por iniciativa de algunos partidos políticos integrados en el Frente Amplio Progresista y por el Frente Nacional por la Defensa del Petróleo, quienes han solicitado la participación de algunas personas y organizaciones en la observación del proceso, y de la sociedad en la implementación de la consulta. Aunque el equipo Indignación ha decidido no ser convocante ni participar en la organización, este equipo quiere destacar que la consulta es un derecho tanto de quienes lo organizan como de quienes decidan participar y dar su opinión en ella y es obligación de las autoridades otorgar todas las garantías para el ejercicio de este derecho, así como abstenerse de cualquier acción que pudiese obstaculizarlo o inhibirlo.

3. El equipo Indignación se manifiesta en contra de la propuesta de privatizar ciertas áreas de Petróleos Mexicanos; en contra de permitir la participación de capital privado en determinadas tareas de PEMEX. Como organización de derechos humanos enmarcamos esta propuesta privatizadora en el contexto de un país profundamente desigual que ha sido incapaz de garantizar a la población sus derechos más elementales y que, por otra parte, favorece el enriquecimiento de una minoría. Sin alimentación suficiente (Yucatán es uno de los estados con mayores índices de desnutrición), sin acceso a servicios de salud de calidad, sin acceso a la educación media y superior, sin tierra, sin vivienda adecuada, sin trabajo digno, sin reconocimiento pleno de sus derechos laborales, las y los mexicanos padecemos graves carencias. El petróleo es un recurso estratégico, ciertamente, pero también las ganancias de PEMEX son requeridas como un recurso fundamental para que el Estado cumpla la obligación de garantizar a todas y todos alimentación, salud, vivienda y educación.

4.- En México existen antecedentes de sobra que exhiben que las privatizaciones han sido un fracaso, fuente de corrupción y tráfico de influencias y han tenido un alto costo para la sociedad mexicana. Basta recordar la privatización de la Banca, que tuvo como efecto fraudes monumentales de los empresarios y entes privados que las adquirieron, cuyo costo estamos y seguiremos pagando los mexicanos, a través del FOBAPROA y posteriormente del IPAB. Además, y siendo que los principales bancos establecidos en México son extranjeros, las utilidades generadas, producto de altas tasas de interés que no son reguladas por las autoridades, no se quedan en México, sino que paran en las arcas de los países de origen. No hay beneficio para los mexicanos y sí excesivas ganancias para los empresarios, que profundizan la desigualdad.

Otro ejemplo son las carreteras, que al dejarse en manos privadas se encarecieron, disminuyendo de tal manera su calidad que muchas tuvieron que ser rescatadas por el Estado, nuevamente con costo para la sociedad. Uno de los casos más graves fue la privatización del Ejido, producto de la reforma al artículo 27 constitucional, impulsada por Carlos Salinas, que generó que unos pocos acapararan grandes extensiones de tierra en detrimento de indígenas y campesinos. Teléfonos de México ha hecho el hombre más rico del mundo a Carlos Slim a costa del dinero de los mexicanos y de un servicio telefónico caro y deficiente.

Las privatizaciones en México no han sido benéficas, entre otras cosas, porque no existe un Estado dispuesto a regular la actividad privada, porque el tráfico de influencias ha permitido que se cometan fraudes y delitos en perjuicio de los mexicanos y porque los últimos gobiernos se han aliado con grandes empresarios para establecer políticas públicas que mantienen en la pobreza y exclusión a miles de mexicanos y enriquecen a unos pocos, empresarios y funcionarios.

5. Consideramos que uno de los problemas principales de PEMEX no es la falta de recursos ni de capital, sino la mala administración que los distintos gobiernos han hecho de los excedentes y ganancias generadas por esa paraestatal. Por años los recursos derivados de PEMEX han servido para paliar las deficiencias fiscales del Estado, para financiar campañas políticas y para tapar los errores financieros y la mala y desigual recaudación de impuestos que han hecho las últimas administraciones.

6.- No puede haber credibilidad en un gobierno que, como el de Felipe Calderón, señala que sus propuestas legislativas son para mejorar Pemex cuando una de sus principales causas, la corrupción y la malversación de fondos, no es ni ha sido combatida. Claro ejemplo de lo anterior es que su actual Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha beneficiado de su carácter de funcionario público para firmar contratos entre PEMEX y las empresas de su familia. La actual administración tendría que atacar todos aquellos actos de corrupción y tráfico de influencias que se han generado, empezando por la destitución e investigación de su Secretario de Gobernación. Pero también el gobierno federal debiera eliminar la impunidad de quienes han sido partícipes del dispendio de los recursos generados por PEMEX a través de actos delictivos, como es el caso del Secretario del Sindicato de la paraestatal, Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido a costa del dinero de los trabajadores de PEMEX y ha destinado grandes cantidades a campañas electorales.

7.- La tendencia de los países árabes y latinoamericanos ha sido a la inversa de lo que pretende la actual administración de Felipe Calderón. Esos países tratan de revertir justamente las consecuencias de haber dado a empresas privadas, cuyo único interés es la ganancia, sin importar el bienestar común de las sociedades en donde se instalan, el manejo de sus más ricos recursos naturales.

8.- Sí es preciso reformar el marco jurídico de PEMEX, pero en un sentido inverso al propuesto por la administración de Felipe Calderón. Para empezar hay que garantizar que la función de Petróleos Mexicanos sea autónoma y no dependa de las administraciones y los vaivenes políticos.

9.- El argumento de que el Estado mexicano carece del dinero y la infraestructura para mejorar las condiciones de Petróleos Mexicanos sólo pretende justificar la privatización paulatina de la paraestatal. No es atendible la tesis de que ante una serie de dificultades en determinada empresa del Estado la única salida sea la privatización. Bajo ese mismo criterio entonces tendría que privatizarse la seguridad pública ante el evidente fracaso de la lucha contra la delincuencia organizada. Existen diversas propuestas y soluciones que han sido manifestadas desde diversos ámbitos, como es el cambio del régimen fiscal de Pemex, que le permita destinar parte de sus recursos a su modernización y creación de infraestructura, así como destinar su producción para consumo interno, para garantizar el abasto nacional y un precio justo en gasolinas y productos derivados. Tampoco es creíble la falta de recursos por parte del Estado para modernizar la industria petrolera, más aún cuando el gobierno federal destina millones de pesos para contratar propaganda televisiva para convencer a la ciudadanía de las bondades de su reforma.

10. Finalmente, resulta preocupante que, en ninguna de las propuestas, se haga referencia a la necesidad de ir estableciendo fuentes alternativas de energía renovable como un medio para hacer frente a la segura extinción de los hidrocarburos. Lo anterior demuestra que la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal no es energética, pues sólo tiene un fin: iniciar un proceso de privatización de la industria petrolera nacional, sin preocuparse por el futuro energético del país.