Ricardo Ucán: 2920 días ilegalmente privado de su libertad

Comunicado del equipo Indignación A.C
El día de hoy Ricardo Ucán Seca cumple 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán. El día 05 de junio de 2000, Ucán Seca fue detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos, empezando por el de contar con una defensa adecuada y tener intérprete traductor, atendiendo al hecho que Ricardo Ucán era maya monolingüe. Don Ricardo fue detenido y procesado por haber privado de la vida a Bernardino Ek cuando este, invadiendo sus terrenos, amenazaba con disparar a don Ricardo y a su esposa e hijas, que se encontraban con él. Por tanto fue un acto de legítima defensa.

La secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán iniciaron desde la misma averiguación previa, pues declaró sin la presencia de defensor de oficio, no le fue proporcionado intérprete traductor, durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias. Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja, obligación establecida en el Código procesal penal del estado, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax. En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo.

Las diversas autoridades del estado, en las últimas tres administraciones, han desoído diversos llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, instituciones públicas y diputados federales. Basta recordar las siguientes:

1.- La recomendación 40/2003 emitida en su momento por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, quien entre otras cosas, determinó que existieron claras violaciones a los derechos humanos de don Ricardo, empezando por el de contar con un intérprete-traductor para todas las etapas del proceso.

2.- El 10 de marzo de 2004, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo para solicitar informaciones sobre el cumplimiento de la recomendación 40/2003 emitida a favor de Ricardo Ucán Seca.

3.- El informe sobre México de Amnistía Internacional del año 2007, en donde esa reconocida organización internacional de derechos humanos presentó el caso de Don Ricardo Ucán como un claro ejemplo de la situación de discriminación y violación a sus derechos humanos que tienen que enfrentar los pueblos indígenas cuando se someten a la jurisdicción del Estado, concretamente a los órganos de procuración e impartición de justicia.

4.- La carta del Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, dirigida al entonces gobernador del estado Patricio Patrón y a los diputados que integraban la Cámara de Diputados, expresando su preocupación por la nula atención de las autoridades estatales al caso y recomendando al Congreso del estado de Yucatán que legisle una ley de indulto y una ley para prevenir y sancionar la discriminación que beneficien a aquellas personas que, como Don Ricardo, han sufrido la ausencia de un sistema de justicia apegado a los más altos estándares de derechos humanos.

5.- La carta dirigida por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” mediante la cual se solicitaba a los diputados de la legislatura anterior que legislaran sobre la figura del indulto para que se beneficiara a aquellos indígenas que, como don Ricardo, fueron procesados y sentenciados en franca violación a sus derechos humanos.

De igual forma, las diversas autoridades del estado han recibido múltiples exigencias y muestras de apoyo y solidaridad hacia don Ricardo, provenientes tanto de organizaciones y ciudadanos del estado, como del país e incluso del extranjero. Ninguna de estas peticiones de justicia ha sensibilizado a gobernadores, diputados y jueces.

A pesar de todas las manifestaciones de preocupación y exigencias porque a don Ricardo Ucán le fueran resarcidos sus derechos humanos fundamentales, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde su detención –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.

Por lo anterior, en marzo del año pasado, Indignación, en compañía de la actriz yucateca Ofelia Medina, presentó ante las diversas fracciones parlamentarias del Congreso una propuesta de ley para establecer el indulto en la normatividad penal del estado, de tal manera que una vez legislada se pudiera beneficiar a personas que, como don Ricardo, han sido procesados y sentenciados con base en graves violaciones a sus derechos humanos. Con este acto inició una campaña, encabezada por artistas locales, que reunió en un mes cerca de ochocientas firmas de respaldo a la iniciativa para establecer el indulto en Yucatán.

A pesar de que la propuesta fue retomada por una diputada y presentada al pleno, ni la legislatura anterior ni la actual, han dictaminado ni discutido la propuesta.

La situación de don Ricardo Ucán se ha convertido en un caso emblemático, no sólo a nivel estatal, sino nacional e internacional, pues ha desnudado la discriminación y la falta de acceso a la justicia que sufren los integrantes del pueblo maya cuando son sometidos a la jurisdicción del Estado, así como el nulo interés de los órganos gubernamentales hacia la situación de marginación que vive el pueblo maya, situación especialmente reprochable en un estado con una gran mayoría de población indígena, como lo es Yucatán.

Finalmente, es preciso recordar que, ante la falta de justicia en el ámbito local, el caso de Ricardo Ucán fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien de admitir el caso y emitir un informe al respecto, representaría la primera vez que el Estado mexicano fuese condenado a nivel internacional por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades yucatecas.

Un informe completo sobre el caso de Don Ricardo puede ser consultado en la página de Indignación (www.indignacion.org.mx ), así como diversos videos con el testimonio de don Ricardo Ucán.

Derecho de seropositivos/as a formar una familia

Presentación de iniciativa de reforma legislativa

Comunicado conjunto Oasis San Juan de Dios / Equipo Indignación A.C.

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El día de hoy, 3 de junio de 2008, representantes del Oasis de San Juan de Dios A.C. y del equipo de derechos humanos Indignación A.C., presentaron, ante los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, de Justicia y de Salud del Congreso del Estado de Yucatán, una propuesta legislativa para reformar diversos artículos del Código Civil y del Código del Registro Civil del estado de Yucatán, para garantizar que aquellas personas afectadas por el VIH/Sida puedan ver reconocidos en la ley una serie de derechos que hasta ahora en la práctica les han sido negados.

La iniciativa en mención contiene básicamente 3 puntos:

1.- Propuesta para reformar los artículos que establecen limitaciones para que una persona afectada por el VIH/Sida u otras enfermedades de transmisión sexual pueda contraer matrimonio. La redacción actual de los artículos les niega ese derecho inalienable (así ha sido interpretado por el Registro civil y el gobierno del estado), por lo cual se propone que el único impedimento para que una persona que padezca VIH/Sida u otra enfermedad de transmisión sexual que sea incurable pueda contraer matrimonio, sea la ausencia de consentimiento informado de la otra parte, es decir del cónyuge no afectado/a por la enfermedad. Así se conjuga el derecho que toda persona tiene a casarse y formar una familia, con el control epidemiológico y la protección de los ciudadanos y ciudadanas a que está obligado el Estado.

2.- Derogar el impedimento para que una persona que padezca una enfermedad pueda ser tutor, atendiendo al hecho de que tener VIH/Sida o cualquier padecimiento similar, no es causa ni motivo alguno para que una persona esté impedida para desempeñar esta función.

3.- Garantizar que en las actas de defunción de aquellas personas que fallezcan como consecuencia del VIH/Sida se establezca la causa inmediata del fallecimiento y no la remota, en el entendido de que las actas de defunción, al ser documentos públicos de fácil acceso a cualquier ciudadano, pueden generar situaciones de estigmatización y discriminación hacia los familiares del fallecido. Esta medida es indispensable en un estado en el que, como Yucatán, todavía se dan muestras de intolerancia y discriminación hacia personas que padecen VIH/Sida y/o sus familiares.

La propuesta que hoy se presenta parte de la necesidad que existe en Yucatán de homologar las leyes locales con los más altos estándares de protección en materia antidiscriminatoria que establecen tanto la Constitución Federal en su artículo primero, la Constitución local, en su artículo segundo, y diversos Tratados y Convenios Internacionales, beneficiando a un sector especialmente vulnerable y discriminado como es el de las personas que padecen VIH/Sida. La estigmatización, producto de la ausencia de información adecuada y de políticas públicas incluyentes y de la falta de actualización de las normas secundarias que rigen la vida cotidiana, han significado en la práctica que aquellas personas que padecen VIH/Sida vean acotados sus derechos de manera sistemática, siendo considerados ciudadanos de segunda clase, hecho que sugiere la imperiosa necesidad de adecuar las normas que rigen la vida y las relaciones cotidianas, para garantizar que el mandato constitucional de prohibición de la discriminación se aplique de manera real en la vida de aquellas personas que la han sufrido y la siguen sufriendo.

Yucatán es de los pocos estados de la república mexicana que todavía mantienen en su legislación civil artículos que limitan el ejercicio del derecho al matrimonio por parte de personas afectadas por el VIH, a pesar de que, tal como se expresa en la exposición de motivos de la propuesta presentada, “el tiempo de sobrevida para las personas afectadas por el VIH ha crecido de cinco a treinta y cinco años debido a los nuevos esquemas de tratamiento, con una tendencia a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de las personas portadoras y la aparición de nuevos esquemas de medicación que los avances de la ciencia han puesto al alcance de la mano y que reducen la cantidad de virus de manera que se puede lograr una actividad viral casi en cero, dejando a la persona indetectable. En este mismo sentido, no se pueden soslayar los avances que en materia de prevención del VIH y de otras enfermedades infecciosas y transmisibles se han dado en los últimos años y que han significado que las parejas pueden llevar a plenitud su matrimonio sin ningún tipo de limitación ni impedimento y prácticamente con cero posibilidades de contagio”.

En tal virtud, es preciso eliminar estos impedimentos pues no responden a esta nueva realidad y, en la práctica, generan actos de discriminación que impiden a las personas afectadas por el VIH, o que padecen alguna enfermedad con características similares, integrarse plenamente y en igualdad de derechos a la sociedad. Como ejemplo de lo anterior, se pueden señalar aquellos casos en los que el Registro civil del estado se ha negado a casar a personas que padecen VIH, aduciendo justamente los impedimentos establecidos en el Código Civil del estado.

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