Gobierno de Yucatán atenta contra derechos humanos

El equipo Indignación deplora el atentado contra la libertad de reunión, expresión y manifestación cometido por el gobierno de Yucatán contra un grupo de taxistas que ayer 6 de noviembre instaló una casa de campaña en la plaza grande de la ciudad de Mérida como medida de protesta en el marco de un conflicto interno de la cooperativa Radiotaxímetros de Yucatán.

Ayer mismo, según reportes periodísticos, policías vestidos de civil apoyados por agentes antimotines desarmaron la casa de campaña y la subieron a una camioneta de la SPV que llegó en ese mismo momento a la plaza grande. En la protesta se encontraban mujeres y niños.

Es obligación de los gobiernos garantizar que todo agente policiaco porte uniforme y/o placa visible que identifique a qué corporación pertenece. La actuación de los agentes debe ceñirse a las normas establecidas en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuyo tercer artículo establece que la fuerza se utilizará únicamente cuando sea absolutamente necesario, en la medida en que lo requiera el desempeño de sus funciones y después de agotar todos los recursos posibles.

Asimismo, este equipo manifiesta su extrañeza por la detención de Rodolfo Macossay Cuevas, asesor legal de un grupo de taxistas, ocurrida el pasado sábado 3 de noviembre en el contexto de los conflictos internos de la cooperativa Radiotaxímetros de Yucatán que se disputan la dirección de la organización.

Rodolfo Macossay participó recientemente en la defensa legal de algunos jóvenes detenidos en la razzia que se realizó en el marco de las manifestaciones contra George Bush así como en la defensa de las personas detenidas en Oxcum el 6 de octubre de 2006.

Las personas detenidas el 3 de noviembre pasado, cuando uno de los grupos intentó tomar posesión del local de la cooperativa, fueron trasladadas al edificio de la SPV desde el mediodía y permanecieron ahí hasta las diez de la noche, hora a la que fueron turnadas al Ministerio Público, en vez de ser puestas de inmediato a disposición de la autoridad competente. Esta práctica, que fue común en el “patronato”, contraviene lo establecido en la Constitución Federal.

El equipo Indignación solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado el día de los hechos, al ser informado de la detención de varios taxistas y de su asesor legal a través de familiares de este último. La mayoría de los detenidos, incluyendo al asesor legal, fue liberada al día siguiente bajo fianza.

Este equipo no desconoce que distintos bandos de la misma cooperativa se acusan mutuamente de responder a intereses de personas aparentemente ajenas a su organización. Nerio Torres Ortiz, priísta y Representante del Frente Único de Trabajadores del Volante; Benito Rossel, panista y subsecretario de Gobierno de la anterior administración, y Mario Tránsito Chan, priísta y Secretario General de la Federación de Trabajadores del estado de Yucatán, son algunas de las personas cuyos nombres son mencionados de parte de uno u otro grupo y son personas que representan a facciones políticas enfrentadas entre sí desde hace varios lustros.

Ante esta situación, el equipo Indignación alerta sobre la ilegalidad que implica el uso de la fuerza pública para revanchas personales en detrimento de la justicia.

Adicionalmente, el anterior representante de la Cooperativa de Radiotaxímetros, Guillermo del Río, enfrenta una acusación por desvío de recursos.

Este equipo tampoco desconoce que distintos taxistas se acusan mutuamente de obtener concesiones de placas entregadas de forma discrecional por distintos gobiernos.

La entrega discrecional de concesiones para operar taxis, el uso faccioso de la fuerza pública así como de las instituciones encargadas de la procuración de justicia son temas que el conflicto de taxistas exhibe y sobre los cuales el gobierno está obligado a informar minuciosamente.

En todas sus actuaciones, incluyendo por supuesto la investigación de posibles ilícitos, el gobierno está obligado a respetar de forma irrestricta los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución. Es también su obligación sancionar cualquier violación a los derechos humanos y cualquier actuación de sus agentes que no esté apegada a las leyes.

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