Codhey recomienda impunidad

Viola derechos de la infancia

Más de siete meses después de la razzia que derivó en detenciones violentas y arbitrarias así como tratos crueles que podrían constituir tortura contra 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió una recomendación que propicia impunidad y en la que incurre en violaciones a los derechos de esos mismos jóvenes.

A pesar de concluir, a partir de los dictámenes médicos oficiales, que “las lesiones antes apuntadas de ninguna manera pueden ser consideradas como el resultado de un sometimiento”, la Codhey no cataloga como tortura las lesiones infligidas, sólo recomienda iniciar un procedimiento administrativo y omite recomendar una investigación penal.

Estas y otras graves faltas cometidas por la Codhey las documenta el equipo Indignación en un análisis realizado sobre la recomendación 19/2007. Asimismo, este equipo ha dirigido una carta al presidente de la Codhey exigiéndole interponer la denuncia penal por tortura, la cual tenía obligación de presentar al momento de tener conocimiento de hechos que podían constituir este ominoso delito.

Los dictámenes médicos realizados a las y los jóvenes detenidos en la razzia del 13 de marzo y citados por la Codhey en su propia recomendación señalan que varios de ellos presentaron edemas, equimosis, laceraciones, heridas puntiformes, cefalohematoma e incluso un caso de fractura en costilla

La propia Codhey incurrió en violaciones a derechos de la infancia y, en general, de los jóvenes detenidos al hacer públicos sus nombres y otros datos que tiene obligación de proteger en el cuerpo de la recomendación, la cual publicó en su página de internet el 30 de octubre pasado, aunque está fechada el 23 de octubre.

Al respecto, el equipo Indignación acudió ante el Instituto de Acceso a la información Pública del estado de Yucatán para solicitar su intervención inmediata a fin de proteger los nombres de los menores y determinar las responsabilidades en las que incurrió el titular de la Codhey. Los nombres de los menores y otros datos personales ya han sido eliminados de la versión que la Codhey publica en su portal electrónico, versión que también ha modificado la fecha de emisión de la recomendación datándola el 16 de octubre.

A criterio de este equipo de derechos humanos, la Recomendación 19/2007:

1.- No cataloga las violaciones cometidas por los policías aprehensores como tortura. A pesar de existir elementos suficientes para determinar la existencia de esta violación a derechos humanos, la Codhey sólo establece que los policías cometieron “uso excesivo de la fuerza”. Este hecho resulta preocupante ya que existen casos graves como el de una persona que, con motivo de la agresión policial, resultó con dos costillas rotas. Caso que la propia Codhey resalta, admitiendo que esas lesiones no fueron producto de la detención (sino de actos posteriores). A pesar de ello la Codhey minimiza la gravedad de la agresión y omite calificar adecuadamente la violación a derechos humanos.

2.- Sus recomendaciones fomentan la impunidad. La Codhey sólo le pide a la SPV y a la Policía Municipal que inicie un procedimiento administrativo en contra de los policías agresores. No obstante el plazo establecido por la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado establece que las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos prescriben a los tres meses a partir de la fecha en que se cometió la falta. Por tanto existe el temor fundado de que las autoridades se nieguen a investigar y sancionar administrativamente a los policías responsables bajo este argumento. A esto se aúna el hecho de que la Codhey omite recomendar, entre otras cosas, una investigación penal de las violaciones a derechos humanos cometidas, así como medidas integrales de reparación del daño para los agraviados.

3.- Sólo documenta los actos cometidos por elementos por la SPV y la Policía municipal, pero no hace referencia alguna a las violaciones a derechos humanos que sufrieron los detenidos ante el Ministerio Público y ante la titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social del estado. Es preciso recordar que cuando se remitió a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del estado, se les mantuvo incomunicados y se les impidió el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, violando con ello su derecho a un debido proceso. Por su parte la Juez Séptimo incurrió en actos que ponen en entredicho la imparcialidad e independencia del poder judicial, y trató de manera discriminatoria a los detenidos, tomando sus determinaciones con criterios alejados a la legalidad. La Codhey omite hacer referencia o pronunciamiento alguno sobre estas violaciones.

4.- No hace referencia a las violaciones cometidas en contra de los menores de edad detenidos, a quienes se les violó el derecho a ser puestos a disposición del sistema especial de justicia para adolescentes al que obliga el artículo 18 constitucional.

Resulta preocupante que, a más de un mes de que este equipo de derechos humanos hizo llegar a la Codhey un análisis con observaciones en torno a la ausencia de estándares de protección en las recomendaciones que dicha institución ha emitido, la institución pública de derechos humanos continúe emitiendo recomendaciones superfluas y alejadas de los mas altos estándares de protección a los derechos humanos, que en nada contribuyen a consolidar los derechos humanos en la entidad.

En la carta dirigida al titular de la Codhey Indignación también ha reiterado la necesidad de que la Codhey emita una recomendación de carácter general ante las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por policías preventivos y funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado, e insistido en que, para futuras recomendaciones, la Codhey se apegue a los más altos estándares de protección a los derechos humanos
Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la administración anterior también deben de ser investigadas por la actual administración. El combate a la impunidad debe ser una prioridad de cualquier gobierno para demostrar que la investigación y sanción de funcionarios que violentan la ley alcanzará también a quienes desde la función pública violentan los derechos fundamentales de la población.

Descarga aquí la carta envíada a la CODHEY: Análisis de larecomendación 19-2007

Gobierno de Yucatán atenta contra derechos humanos

El equipo Indignación deplora el atentado contra la libertad de reunión, expresión y manifestación cometido por el gobierno de Yucatán contra un grupo de taxistas que ayer 6 de noviembre instaló una casa de campaña en la plaza grande de la ciudad de Mérida como medida de protesta en el marco de un conflicto interno de la cooperativa Radiotaxímetros de Yucatán.

Ayer mismo, según reportes periodísticos, policías vestidos de civil apoyados por agentes antimotines desarmaron la casa de campaña y la subieron a una camioneta de la SPV que llegó en ese mismo momento a la plaza grande. En la protesta se encontraban mujeres y niños.

Es obligación de los gobiernos garantizar que todo agente policiaco porte uniforme y/o placa visible que identifique a qué corporación pertenece. La actuación de los agentes debe ceñirse a las normas establecidas en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuyo tercer artículo establece que la fuerza se utilizará únicamente cuando sea absolutamente necesario, en la medida en que lo requiera el desempeño de sus funciones y después de agotar todos los recursos posibles.

Asimismo, este equipo manifiesta su extrañeza por la detención de Rodolfo Macossay Cuevas, asesor legal de un grupo de taxistas, ocurrida el pasado sábado 3 de noviembre en el contexto de los conflictos internos de la cooperativa Radiotaxímetros de Yucatán que se disputan la dirección de la organización.

Rodolfo Macossay participó recientemente en la defensa legal de algunos jóvenes detenidos en la razzia que se realizó en el marco de las manifestaciones contra George Bush así como en la defensa de las personas detenidas en Oxcum el 6 de octubre de 2006.

Las personas detenidas el 3 de noviembre pasado, cuando uno de los grupos intentó tomar posesión del local de la cooperativa, fueron trasladadas al edificio de la SPV desde el mediodía y permanecieron ahí hasta las diez de la noche, hora a la que fueron turnadas al Ministerio Público, en vez de ser puestas de inmediato a disposición de la autoridad competente. Esta práctica, que fue común en el “patronato”, contraviene lo establecido en la Constitución Federal.

El equipo Indignación solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado el día de los hechos, al ser informado de la detención de varios taxistas y de su asesor legal a través de familiares de este último. La mayoría de los detenidos, incluyendo al asesor legal, fue liberada al día siguiente bajo fianza.

Este equipo no desconoce que distintos bandos de la misma cooperativa se acusan mutuamente de responder a intereses de personas aparentemente ajenas a su organización. Nerio Torres Ortiz, priísta y Representante del Frente Único de Trabajadores del Volante; Benito Rossel, panista y subsecretario de Gobierno de la anterior administración, y Mario Tránsito Chan, priísta y Secretario General de la Federación de Trabajadores del estado de Yucatán, son algunas de las personas cuyos nombres son mencionados de parte de uno u otro grupo y son personas que representan a facciones políticas enfrentadas entre sí desde hace varios lustros.

Ante esta situación, el equipo Indignación alerta sobre la ilegalidad que implica el uso de la fuerza pública para revanchas personales en detrimento de la justicia.

Adicionalmente, el anterior representante de la Cooperativa de Radiotaxímetros, Guillermo del Río, enfrenta una acusación por desvío de recursos.

Este equipo tampoco desconoce que distintos taxistas se acusan mutuamente de obtener concesiones de placas entregadas de forma discrecional por distintos gobiernos.

La entrega discrecional de concesiones para operar taxis, el uso faccioso de la fuerza pública así como de las instituciones encargadas de la procuración de justicia son temas que el conflicto de taxistas exhibe y sobre los cuales el gobierno está obligado a informar minuciosamente.

En todas sus actuaciones, incluyendo por supuesto la investigación de posibles ilícitos, el gobierno está obligado a respetar de forma irrestricta los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución. Es también su obligación sancionar cualquier violación a los derechos humanos y cualquier actuación de sus agentes que no esté apegada a las leyes.