El Ayuntamiento de Mérida despoja de sus derechos al pueblo maya

Con relación a las próximas elecciones para elegir a las autoridades de los pueblos que se encuentran en la jurisdicción municipal del Ayuntamiento de Mérida, señalamos la franca violación a los derechos que tenemos los pueblos mayas y que lejos de ser respetados y garantizados, tal y como lo marcan las leyes y tratados internacionales en materia de los derechos indígenas, somos cada vez despojados y agraviados en nuestros derechos.

La desesperada convocatoria para cumplir un trámite de ley y no caer en desacato demuestra la discriminación y racismo hacia nuestros pueblos.

Tan grave es el despojo de nuestros derechos que otra vez el Ayuntamiento no permitió la participación de nosotros, los vecinos y naturales de estos pueblos, para que formemos parte de esas decisiones.

El hecho de haber nombrado un “consejo”, integrado por empresarios totalmente ajenos a nosotros, para que vigile y avale nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades, demuestra la arrogancia del poder por encima de la dignidad de nuestros pueblos.

Con este modo de actuar de la autoridad municipal se viola un derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas: la autonomía, la base principal que nos permite seguir siendo un pueblo maya.

Ante el hecho claro de la violación de nuestros derechos condenamos, una vez más, el despojo al derecho que tenemos de ser nosotros mismos quienes nos organicemos, de acuerdo a nuestras formas y modos, para elegir a nuestras autoridades.

Cabe señalar que, aun cuando en la ley municipal se degrade la figura de nuestras autoridades a simples auxiliares y representantes del los alcaldes, podemos decir que nuestras resistencias han sido más fuertes ante la mala fe de las leyes que con dolo se han hecho para borrar esa figura representativa que es indispensable para la sana convivencia de nuestros pueblos.

La formación de los famosos consejos comunitarios de participación ciudadana, que fueron creados por los Ayuntamientos panistas de Mérida para contrarrestarle autoridad a nuestros representantes, ha debilitado nuestras instituciones propias y confundido los deberes y obligaciones de nuestras autoridades para la comunidad.

Condenamos el trato desigual y excluyente que se da por parte de la autoridad municipal a nuestras comunidades.

Exigimos el reconocimiento de nuestras autoridades como legítimos representantes de nuestros pueblos y no como representantes del presidente municipal.

Exigimos que nuestra palabra sea escuchada en la toma de decisiones del cabildo, ya que somos los que vivimos en nuestros pueblos los que mejor conocemos cuáles son los servicios básicos que se necesitan en materia de política pública.

Exigimos el derecho a la consulta en cualquier acción encaminada a la alteración del orden establecido en nuestros pueblos.

Exigimos que el Ayuntamiento de Mérida, en cuya jurisdicción se encuentran todavía nuestros pueblos, respete nuestras instituciones jurídicas como lo son los juzgados de paz, así como nuestras asociaciones tradicionales que nos permiten el fortalecimiento de nuestra cultura.

Condenamos la cínica intromisión de los representantes de los partidos políticos, en este caso especifico el PAN y el PRI, que no cuestionaron esta forma discriminatoria y excluyente del Ayuntamiento para realizar las elecciones, pero sí se metieron para acomodar a sus candidatos con el fin de fortalecer sus intereses partidistas.

Condenamos una vez más la manipulación de nuestros derechos por parte del cabildo y exigimos la pronta aplicación del derecho a la libre determinación que tenemos.

Condenamos cualquier acción de parte del Gobierno, así como del Ayuntamiento, que esté encaminada a aplicarse en nuestras comunidades y que se encuentre fuera del marco de las leyes y tratados internacionales en materia de nuestros derechos por ser un pueblo maya.

Los mayas tenemos derechos y exigimos su pleno reconocimiento y respeto.

Atentamente,

Silvia Chalé Euán, Randy Soberanis Dzul y José Anastasio Euán Romero.

Área del pueblo maya del equipo Indignación A.C.

Indignación presenta agenda con urgencias legislativas en materia de derechos humanos

 

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Establecer en la constitución el derecho a la alimentación, tipificar como delito la discriminación y la violencia de género, incluir la figura del indulto en la legislación local, crear un Consejo de la Judicatura y armonizar las leyes locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos son algunas de las urgencias legislativas incluidas en la agenda que presentó hoy el equipo Indignación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Las propuestas se desarrollan a lo largo de cinco capítulos: Derecho a una vida digna, Derecho a la justicia, género y derechos humanos, pueblo maya y organismos ciudadanos. La introducción recuerda a los legisladores que los compromisos contraídos por México ante organismos internacionales implican la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan plenamente vigentes los derechos de la ciudadanía, tal como se expresa en el Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La agenda presentada por el equipo Indignación incluye propuestas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales; bajo el título de “el derecho a una vida digna” exhorta a los legisladores a establecer un seguro de desempleo, a establecer en la constitución el derecho a la alimentación y a crear mecanismos para la participación de la sociedad en la elaboración de los presupuestos de egresos. También se señalan las urgencias relacionadas con la atención a la que tienen derecho las personas con VIH/Sida, como parte de un grupo vulnerable.

Otro capítulo, “el derecho a la justicia” aborda la procuración e impartición de justicia, exhorta a esta legislatura a impulsar los juicios orales y crear un Consejo de la Judicatura ciudadanizado.

El capítulo “Género y Derechos Humanos” aborda los derechos de la mujer subrayando la obligación de la legislatura de atender las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés) así como las recomendaciones que el comité respectivo a dirigido al Estado mexicano. Asimismo, se hace notar que el Congreso ha incurrido en un nuevo desacato a partir del primero de agosto debido a que ya venció el plazo y no ha acatado las disposiciones derivadas de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Indignación llama a crear una ley en la materia, a armonizar las leyes estatales con la CEDAW y a tipificar la violencia de género, entre otras urgencias.

Sobre la diversidad sexual la agenda presentada por Indignación propone tipificar como delito la discriminación e impulsar reformas en el ámbito estatal para equiparar los derechos de hombres y mujeres con orientación homosexual con los de las personas heterosexuales, de tal manera que aquellas tengan la opción de formalizar legalmente sus espacios de convivencia.

El capítulo sobre el pueblo maya hace saber a la actual legislatura que en septiembre de 2005 más de dos mil mayas manifestaron su oposición a legislar en la materia en tanto no se reconocieran en el ámbito federal los Acuerdos de San Andrés y expresa que la reforma que aprobó la legislatura anterior no contó con una consulta previa, generalizada y de acuerdo a los criterios señalados por el Convenio 169 de la OIT. Las propuestas en este capítulo reitera la necesidad de tipificar la discriminación como delito. Indignación presenta el caso de don Ricardo Ucán e insiste en la necesidad de crear una ley de indulto, exhorto que también ha hecho el relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen.

El quinto y último punto se refiere a los organismos ciudadanos y a la necesidad de revisar las leyes de la Codhey, del IPEPAC y del INAIP, con el objeto de realizar las reformas necesarias para garantizar la plena ciudadanización y autonomía política y financiera de dichos organismos.

En el documento entregado a los integrantes de la Comisión se señala que en 2004 el equipo Indignación hizo público un documento con las urgencias legislativas basadas en el Diagnóstico sobre Derechos Humanos en México promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “Lamentablemente —se indica en la introducción del documento— una gran parte de esas demandas permanece y constituye un verdadero rezago en materia de derechos humanos”.

La carpeta entregada a los legisladores incluye también un ejemplar de “La hacienda restaurada. Derechos Humanos en el Patronato”, informe que presentó recientemente el equipo Indignación, así como un informe especial del caso de don Ricardo Ucán Ceca, la carta que el Relator sobre derechos de los pueblos indígenas dirigió a la anterior legislatura exhortándola a establecer la figura del indulto y un ejemplar de la agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.