Juez séptima agravia a la infancia

La leve sentencia dictada contra la responsable de infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a menores internos en la Escuela Social de Menores Infractores constituye, a juicio del equipo Indignación, un agravio contra la infancia, cuestiona seriamente la independencia de la juez séptima y el compromiso del estado mexicano con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El martes 14 de agosto se dio a conocer, a través de medios de comunicación, la sentencia relativa a la causa penal 33/2003 derivada del caso de los abusos cometidos en la Escuela Social de Menores Infractores, atribuibles a los entonces funcionarios de esa institución, encabezados por su ex Directora, Rocío Martel.

El Juzgado Séptimo de Defensa Social que preside la Juez Rubí González Alpuche determinó sentenciar a 3 años de prisión, conmutables por 19 mil pesos a la Dra. Martel, y a 1 mes de prisión, conmutable por 555 pesos a su chofer Martín Antonio Espínola Escalante. Los otros 10 ex funcionarios implicados fueron absueltos.

El caso adquirió relevancia nacional a raíz de la recomendación 10/2002 emitida, el 23 de abril del 2002, por la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH) como consecuencia de la queja presentada ante dicha institución por el Equipo de Derechos Humanos Indignación nueve meses antes.

La queja estaba basada en diversos testimonios de familiares e internos que señalaban los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura sufrida por los menores quienes mencionaron haber sido golpeados, encerrados de manera prolongada, abusados sexualmente, amenazados de diversa maneras (entre ellas la de inyectar internos con una jeringa infectada con VIH) y obligados a tomar orina, por mencionar algunas. Esos abusos fueron corroborados por la CNDH en su recomendación.

Si bien la sentencia condenatoria es un reconocimiento de la responsabilidad de la entonces Directora Rocío Martel en la comisión de delitos en contra de los menores internos, también lo es que, dada la gravedad de los hechos cometidos durante su administración, resulta no sólo limitada, sino incluso representa un agravio para las víctimas de los hechos, puesto que ni la sanción establecida ni la reparación del daño expresan la magnitud de lo sucedido en aquella institución durante la administración de Rocío Martel.

Legislaturas anteriores que se negaron reiteradamente a tipificar la tortura como delito son también responsables de que este ilícito no se haya sancionado. Por otra parte, la procuraduría no fue capaz de integrar una averiguación previa contra otros funcionarios que conocieron estos hechos y protegieron en su momento a la exdirectora, como quien fue secretario de gobierno en la administración encabezada por Víctor Cervera, Cleominio Zoreda.

La juez séptima también omitió proteger los derechos de los menores durante el juicio, puesto que aceptó careos entre ellos y sus agresores, a pesar de que esto contraviene la obligación de velar por el interés superior del niño y de la niña.

La sentencia no incluye la reparación del daño a los menores agraviados, lo que lleva a la jueza a incumplir compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos.

La Procuraduría General de Justicia del estado tiene la obligación inmediata de apelar dicha resolución con el objetivo, no sólo de buscar una mayor sanción para evitar que las graves conductas desplegadas por Rocío Martel queden en la impunidad, sino de exigir que se establezca una adecuada reparación del daño que incluya, entre otras cosas, el pago del daño moral, material y al proyecto de vida, de tal manera que, en la medida de lo posible puedan ser resarcidos los derechos violados a los menores y las secuelas generadas. Es por ello que Indignación está dirigiendo sendos escritos a la Gobernadora y al Procurador, expresándoles la responsabilidad que tienen con la infancia y con el combate a la impunidad.

Este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de que el juzgado séptimo o el ministerio público adscrito a los juzgados esté filtrando a la prensa información que viola los principios que deben regir cuando son menores los involucrados. El día de hoy se publica el nombre de pila de una de las agraviadas que acudió mediante un escrito al juzgado séptimo para apelar la sentencia, a pesar de que era menor cuando sucedieron los hechos y debería mantenerse el criterio de mantener su nombre en el anonimato. Esto es todavía más importante cuando diversos menores manifestaron haber sido objeto de presiones mientras duró el juicio.

Finalmente, es preciso recordar que la juez Séptimo de Defensa Social que emitió la sentencia y condenó al pago de 19 mil pesos a la Dra. Martel, es la misma que, en marzo del presente año, impuso cauciones de hasta 37 mil pesos a jóvenes detenidos en la razia efectuada el martes 13 de marzo, en el contexto de la visita de George Bush, y acusados de romper algunos vidrios del Palacio Municipal de Mérida.

Preocupa sobremanera que, para esta juzgadora, unos cristales rotos ameriten más sanción pecuniaria que la dignidad y la integridad de niños y adolescentes sujetos a tratos crueles inhumanos y degradantes y tortura durante la administración de Martel y cuyas vidas se han visto, en muchos caso, truncadas por las secuelas generadas por estas violaciones a sus derechos fundamentales.

Es una obligación del Tribunal Superior de Justicia del estado analizar de oficio la conducta de dicha juzgadora en el presente caso, y es una obligación del Legislativo establecer en la normatividad estatal un Consejo de la Judicatura que vigile las conductas de jueces y magistrados, y también de iniciar la discusión sobre la necesidad de establecer en el estado un sistema penal de corte acusatorio, con juicios orales y que permita la equidad procesal de las partes, para evitar que la justicia en Yucatán se siga aplicando de manera discriminatoria, protegiendo al poderoso y dejando en la indefensión al vulnerable.

El equipo Indignación, además de que mantendrá un puntual seguimiento del caso en las instancias subsecuentes, hará llegar un informe del caso al Comité de los Derechos de la Niñez y al Relator Especial sobre la Independiencia de Jueces y Abogados, ambos de Naciones Unidas, así como al Relator de las personas privadas de su libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que las actuaciones de las instancias que ya han intervenido y el dilatado juicio comprometen seriamente el deber del estado mexicano en materia de justicia y de derechos de la infancia.

Evaluar al Ombudsman, exige Indignación al Congreso

Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación dirigió una carta a las y los integrantes de la LVIII legislatura por medio de la cual los exhorta a hacer una lectura crítica e informada del documento que se les presentará y a evaluar la gestión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).

Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señala instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

Adicionalmente, Indignación expresa su preocupación por recientes actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.

La Codhey no ha emitido recomendación aún por el caso de detenciones arbitrarias, discriminación y malos tratos que podrían constituir tortura en el caso de las personas detenidas en la razzia realizada el pasado 13 de marzo, en el contexto de la visita de George Bush.

La Codhey emitió una recomendación por tortura que contiene serias limitaciones diecisiete meses después de que se presentó la queja. Además, la Codhey desprotegió al denunciante, que fue despedido de su trabajo, al declararse incompetente por considerar laboral el caso y desestimar la represalia que significó.

En otros casos, como los de Caucel y Oxcum, la recomendación de la Codhey fue, además de tardía, omisa, limitada e insustancial.

El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.

(Se anexa a continuación la carta completa enviada al Congreso)

 

Chablekal, Yucatán, 14 de agosto de 2007

 

 

Diputados y diputadas integrantes de la

LVIII legislatura del estado de Yucatán

 

Los derechos humanos se han convertido, en un mundo cada vez más desigual, en la plataforma desde la cual la ciudadanía puede cuestionar el ejercicio del poder y buscar condiciones de libertad y vida digna para todos y todas. De manera creciente, los estados se ven obligados a suscribir acuerdos y tratados internacionales que van reconociendo y garantizando los derechos de las personas. En este sentido, desde el ámbito internacional se ha reconocido la plena vigencia de los derechos humanos como pilar básico de un Estado democrático de derecho.

 

En este contexto, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos es una obligación de todos los órganos que componen el Estado. En México, las Comisiones Públicas de Derechos Humanos, instituciones creadas a partir de la reforma constitucional de 1992, constituyen un espacio para reclamar cualquier situación, conducta u omisión estatal que implique una violación a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por nuestro país. 

 

La reforma constitucional de 1992 fue producto de una exigencia social de la ciudadanía, pero también, hay que señalarlo, de la necesidad de ajustar el país a los estándares internacionales que demandaban cada vez más el respeto a los derechos humanos como condición para establecer tratados comerciales. Por ello en sus inicios las instituciones públicas tenían funciones acotadas que limitaban su desempeño. Ha sido la constante insistencia de la sociedad civil la que ha impulsado diversas modificaciones que han ido poco a poco consolidando su autonomía y ampliando sus facultades.

 

No obstante, no basta con que las comisiones públicas de derechos humanos tengan amplias facultades para desempeñar su tarea. Es preciso que, quien las encabeza, haga un uso adecuado de ellas, teniendo como principio rector la protección de las y los ciudadanos, principalmente de aquellos que por su situación económica y/o social, son más vulnerables ante las injusticias y el abuso del poder. En pocas palabras, la actuación de quien preside las instituciones públicas de derechos humanos es fundamental para el buen desarrollo de aquellas, pero también para garantizar otra de las cualidades indispensables de una comisión pública de derechos humanos, que es su ciudadanización.

 

En este contexto, el próximo 22 de agosto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentará, ante los diputados del Congreso del Estado, el informe al que lo obliga su ley reglamentaria, que a la letra dice:

 

Título II.- Capítulo V

DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

Articulo 22.- El Presidente de la Comisión deberá de comparecer al Congreso en el mes de agosto de cada año, para efectos de presentarle personalmente un Informe Anual de Actividades de la Comisión.

Artículo 23.- En la fecha en que deba comparecer al Congreso para los efectos previstos en el artículo anterior, el Presidente de la Comisión, en sesión del Pleno del Congreso, expondrá una síntesis del Informe Anual de Actividades que presente.

Artículo 24.- El Informe Anual de Actividades de la Comisión, constará por escrito, y deberá contener un diagnóstico general de la situación de los Derechos Humanos en el Estado y sus municipios, las causas estructurales de su violación, una descripción del número y características de las quejas interpuestas, de las investigaciones realizadas, los resultados de su labor de conciliación, las Recomendaciones, los Acuerdos de No Responsabilidad que se hubiesen formulado y los datos estadísticos correspondientes.

El Informe también deberá contener en su caso, las acciones realizadas en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Comisión en el artículo 15 de la presente Ley, particularmente las señaladas en las fracciones IV, VII a la XV del citado numeral.

Artículo 25.- El Presidente de la Comisión deberá comparecer y proporcionar información a la Comisión Permanente, cuando ésta así se lo solicite.

Artículo 26.- La Comisión, de acuerdo a sus condiciones presupuestales, deberá difundir su Informe Anual de Actividades en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad, a través de las publicaciones que, en su caso, realice y de los medios de comunicación.

El Informe Anual de Actividades de la Comisión, deberá publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, dentro de los diez días siguientes al de su presentación en el Congreso.

 

Consideramos que la comparecencia del Ombudsman ante el poder legislativo es el momento indicado que tienen los diputados para cuestionar cualquier situación que, a su juicio o del de la ciudadanía, amerite aclaraciones. En este tenor, los preceptos de la ley deben ser interpretados de tal manera que la información que proporcione el Ombudsman estatal durante su comparecencia sirva para que los representantes ciudadanos puedan tener conocimiento de la situación de los derechos humanos en el estado y de las autoridades responsables de violarlos, pero también de la gestión anual de la Codhey, que sirva para valorar y, en su caso, cuestionar el trabajo de su presidente.

 

El Congreso del Estado es directamente responsable del nombramiento del presidente de la CODHEY y, como representación de la ciudadanía, tiene también la responsabilidad de vigilar su actuación con base en instrumentos confiables, objetivos y que reflejan estándares asumidos por la comunidad internacional para evaluar la gestión de un organismo público de derechos humanos y que permiten una más acuciosa lectura del informe del Ombudsman.

 

En octubre de 1991 se establecieron los Principios de París, documento internacional que establece recomendaciones para el establecimiento y funcionamiento de los institutos públicos de derechos humanos. Por otra parte, en 2003 se publicó el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, que incluye una evaluación de las comisiones públicas de derechos humanos.

 

Los gobiernos tienen la triple obligación de respetar, proteger y hacer valer los derechos humanos. Esto implica no hacer nada que impida el disfrute de estos derechos, garantizar el disfrute de tales derechos y tomar medidas legislativas e institucionales para que exista todo lo necesario para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de esos derechos. Como hemos señalado antes ha habido un progresivo reconocimiento internacional de derechos (civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales y nuevos derechos emergentes). Las convenciones y tratados internacionales, firmados y ratificados por una mayoría de países pertenecientes a la ONU, han convertido el discurso de los derechos humanos en el horizonte desde el cual los ciudadanos y ciudadanas pueden exigir controles para el ejercicio del poder y defender la democracia entendida, no como el simple acto de elegir a los gobernantes, sino como el sistema que garantiza condiciones de igualdad y de justicia para todos y todas. Es en este contexto que debe ser evaluada labor de la CODHEY y de sus recomendaciones.

 

A partir de los instrumentos y principios citados, consideramos que una evaluación del trabajo de la Codhey tendría que tomar en cuenta los siguientes elementos:

 

Acerca de las quejas: La presentación del número y tipología de las quejas nos ayuda a detectar cuáles son las violaciones a los derechos humanos más extendidas y frecuentes y cuáles los funcionarios o instituciones que más incurren en ellas. Normalmente, el informe del presidente de la CODHEY debe incluir un desglose de todas las quejas recibidas y trabajadas. Un aspecto importante, y que no suele aparecer en los informes, es el tiempo que dura la tramitación y resolución de una queja. Al respecto, la ley reglamentaria de la CODHEY es muy puntual y hay que revisar si se está cumpliendo. Otro aspecto que no siempre es evidente en el informe es si el quejoso ha quedado satisfecho con la recomendación emitida. Hay que poner atención en la cifra de quejas interrumpidas por “falta de interés del quejoso” y clarificar si la CODHEY conoce los motivos del abandono del proceso por parte del ciudadano que inició la queja. Especial cuidado hay que poner en las quejas que terminan por desistimiento, ya que puede haber casos en que esto se debe a presiones o amenazas de la autoridad responsable hacia el quejoso. Hay que recordar también que hay casos graves, como el de la tortura, en los que, a pesar del desistimiento del quejoso, la Comisión debe continuar el proceso de oficio, por ser una violación particularmente grave y considerada de lesa humanidad. Finalmente, hay que recordar que en cuestión de presentación de quejas, las estadísticas son solamente el punto de partida. Resulta indispensable hacer una evaluación de impacto: ¿con qué frecuencia las recomendaciones han tenido efectos transformadores y no sólo cosméticos? ¿con qué frecuencia y por qué se han ignorado o rechazado recomendaciones por parte de funcionarios o instituciones? ¿el cumplimiento de la recomendación ha significado un cambio cualitativo en la situación de los derechos humanos?

 

Esta misma reflexión tendría que hacerse con los programas de capacitación llevados al cabo por la CODHEY: ¿cuál es su impacto? ¿cuáles sus temáticas principales? ¿a qué públicos está dirigida? ¿en qué han ayudado a transformar la situación?

 

En el diagnóstico de la situación de los derechos humanos que presenta el presidente de la CODHEY como primer punto de su informe, hay que revisar cómo la desigualdad social es producto de un sistema político discriminatorio en nuestro Estado. Para determinar, por ejemplo, si se disfruta del derecho a la educación, hay que establecer la matrícula local y compararla con los índices nacionales, lo mismo con quienes finalizan los períodos escolares completos, quiénes y por qué desertan de las escuelas, etc. Lo mismo debe señalarse en el disfrute de los derechos por parte de grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, los mayas, las personas homosexuales, los enfermos de VIH/SIDA, etc.

 

Además de estas observaciones a nivel general, hay que prestar atención a los casos más representativos que se presentaron en el período sobre el cual se informa. Las detenciones arbitrarias en Oxcum y Caucel, los jóvenes detenidos y golpeados el martes 13 de marzo, la persistencia de denuncias sobre tortura en las oficinas de la SPV, son algunas de las violaciones a derechos humanos con resonancia pública y cuyas recomendaciones han de ser cuidadosamente evaluadas por el Congreso. Mención especial merece el hecho de que haya sido hasta finales de este año cuando la CODHEY comenzó a contar con los servicios de un médico, sin que tengamos la certeza de que esté debidamente capacitado en la legislación internacional sobre casos de tortura.

 

De igual manera es preciso cuestionar el porqué, a pesar de existir conductas reiteradas que implicaron violaciones a derechos humanos por parte de diversas instituciones, la Codhey no ha emitido ninguna recomendación general desde que el actual presidente asumió sus funciones.

 

Otro de los puntos a evaluar es la escasa atención que la Codhey ha puesto en conductas derivadas del poder judicial del estado que implican violaciones a derechos humanos. Si bien es cierto que en materia judicial la competencia de la Codhey está acotada, también lo es que existen cuestiones relativas al poder judicial que sí pueden ser evaluadas por la Codhey: que la justicia se aplique sin discriminación, de manera pronta y expedita, que se provea de intérprete traductor a quien lo requiera, cuestiones cuya observancia es fundamental y en las cuales la Codhey debería tener una postura, más aún si consideramos que  en el estado todavía no existe un Consejo de la Judicatura.

 

Algunas cuestiones administrativas merecen acuciosa revisión: el reglamento de la CODHEY tiene disposiciones precisas para la aceptación de una queja. ¿Por qué la CODHEY ha vuelto costumbre la práctica de declarar las quejas presentadas como “pendientes de calificación” y prolongar así, violando su propio reglamento, el término de declaración de aceptación o no aceptación de la queja? ¿Qué motivación hay detrás de esta práctica? ¿Cuál es el tiempo promedio para la resolución final de una queja? ¿Está de acuerdo con los tiempos establecidos en su legislación?

 

Finalmente, dado que una legislación que proteja los derechos humanos es condición indispensable para contribuir a su respeto, es importante saber cuál ha sido la participación del Ombudsman en este empeño: ¿cuántas reformas de ley ha acompañado o favorecido?

 

Lo anterior son elementos que tendrían que tomarse en cuenta para evaluar al organismo público de protección de los derechos humanos de Yucatán. Les exhortamos a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que el estado cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.

 

Atentamente

 

Por Indignación

 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

  

María Cristina Muñoz Menéndez                                Jorge Fernández Mendiburu

Don Ricardo Ucán, en el llamado mundial de Amnistía Internacional contra la impunidad

Comunicado del equipo Indignación
En la 28 reunión del Consejo Internacional de Amnistía Internacional, celebrada el reciente fin de semana en Yautepec, Morelos, y que contó con la participación de aproximadamente 400 delegados de 70 países, la principal organización no gubernamental a nivel internacional hizo un llamado mundial para que sus miembros exijan al gobierno mexicano que se investiguen diversas violaciones a los derechos humanos generadas desde el ámbito de la justicia penal y la seguridad pública en México.
Uno de los casos señalados por Amnistía Internacional (AI) fue el de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en el Cereso de Tekax, Yucatán desde hace más de siete años, cuando fue procesado y sentenciado en franca violación a sus derechos al debido proceso, principalmente el de contar con una defensa adecuada y con intérprete-traductor. Ricardo Ucán, junto con Germán Mendoza Nube (parapléjico) y Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gregorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad degenerativa que lo tiene en silla de ruedas), Bárbara Italia Méndez (quien fue violada sexualmente por policías) y Pedro Alvarado Delgado, aprehendidos por los hechos en San Salvador Atenco, son ejemplos vivos de la impunidad que persiste en casos de graves violaciones a derechos humanos en México, y de la inexistencia de un sistema de justicia penal independiente e imparcial que investigue y sancione al victimario y no a la víctima.
Desde que se dieron a conocer públicamente las violaciones a derechos humanos cometidas contra don Ricardo Ucán, AI ha dado un puntual seguimiento a su situación; su caso fue incluido en el último informe de AI sobre la justicia en México como un ejemplo claro de las violaciones al debido proceso a las que se tienen que enfrentar quienes pertenecen a alguna comunidad indígena del país.
El equipo Indignación considera que el llamado de AI debiera ser escuchado también por el Congreso del Estado de Yucatán, al cual le reiteramos la urgente necesidad de legislar en torno a la figura del indulto, necesidad que también ha sido señalada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y las Libertades fundamentales de los indígenas cuando en enero del presente año envió una solicitud a los tres poderes del estado de Yucatán para que establecieran medidas para resarcir violaciones a derechos humanos cometidas contra indígenas mayas, como fue el caso de Ricardo Ucán.
(Con información de La Jornada)