Se confirma tortura en edificio de la SPV

 a.. La Codhey demoró 17 meses en emitir recomendación y desprotegió al denunciante, quien fue despedido de su trabajo, como represalia

b.. Al menos tres personas habrían sido torturadas el día de los hechos

 17 meses después de que se interpuso una queja por presunta tortura en el edificio de la S.P.V., la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la recomendación 11/2007 dirigida al M.V.Z Javier Medina Torre, quien dejará el cargo dentro de cinco días.

La recomendación, omisa y tardía, es resultado de la queja interpuesta por integrantes de Indignación y por Luis Fernando Peniche Novelo, quien es nombrado por las siglas de su nombre a pesar de que personal de la Codhey lo identificó ante sus superiores durante las primeras diligencias que realizó ese organismo, lo que ocasionó el despido de este servidor público.

El texto de la recomendación da cuenta de las actuaciones de la Codhey, las cuales incluyen la identificación de dos personas que afirman haber sido torturadas el día de los hechos en el edificio de la SPV, una de las cuales señala que otro compañero suyo también fue torturado con toques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo los testículos y lo identifica como el de la voz que recoge la grabación aportada por Luis Peniche.

Sin embargo la Codhey, a pesar de los 17 meses transcurridos -su reglamento establece que, en casos de violaciones graves, las quejas deberán concluirse en cuatro meses-, a pesar del testimonio de dos personas torturadas que describen a sus victimarios, no logró la identificación de quienes directamente infligieron tratos crueles y tortura en contra de al menos tres personas el 30 de enero de 2006 ni la identificación de los cómplices ni señala la responsabilidad del titular de la S.P.V., Javier Medina Torre, a quien únicamente dirige la recomendación.

Más lamentable resulta el hecho cuando el tiempo que señala la ley para que el titular de la SPV acepte la recomendación se cumplirá cuando él ya no esté en funciones, lo que, en la práctica, devendrá en impunidad y podría implicar complicidad de la Codhey con los responsables de actos que podrían constituir tortura.

Esta preocupación del equipo se refuerza con el hecho de que la última actuación de la Codhey con respecto a este caso data de octubre de 2006, según el texto de la propia recomendación. Los 9 meses transcurridos desde entonces no parecen tener justificación y, por lo tanto, parecen indicar la intención de dilatar la emisión de la recomendación, lo que redunda en protección del gobierno que concluirá en unos días.

 Por otra parte, la Codhey desprotegió a quien denunció los hecho y aportó como prueba una grabación que registra la tortura. Luis Peniche Novelo, quien laboraba en la dirección de desarrollo institucional de la oficialía mayor del gobierno del estado, cuyas oficinas están ubicadas en el mismo edificio en el que se encuentra la S.P.V., escuchó gritos, quejas y ruidos “como de toques eléctricos” el 30 de enero de 2006, los grabó e hizo llegar a la Codhey. A partir de entonces fue visible la molestia de sus superiores. Luis Peniche también documentó la represión a Caucel en julio de 2006. En septiembre de ese mismo año, fue despedido de su trabajo.

El caso se denunció ante la Codhey como represalia que constituye violación del derecho de defender los derechos humanos. Sin embargo, la Codhey se declaró incompetente en el caso por considerarlo laboral, a pesar de que la represalia se originó por casos que la misma Codhey ha conocido y, en el caso de la tortura, por impericia de personal de la Codhey, que no supo proteger la identidad del denunciante ante sus superiores, como ella misma ofreció que haría.

En el colmo del cinismo, ante la junta de conciliación y arbitraje, donde también se conoce el caso del despido injustificado, el gobierno ha dicho que Luis Peniche renunció voluntariamente a su trabajo, a pesar de que incluso públicamente el oficial mayor del gobierno del estado, Raúl Arceo Alonzo, había admitido el despido (Diario de Yucatán. 17 de septiembre de 2006).

El equipo Indignación también lamenta que la Codhey omitiera interponer la denuncia penal correspondiente por los hechos de tortura, a pesar de que está entre sus facultades. Fue la S.P.V. quien interpuso la denuncia penal cuyo número de expediente es 245/3ª/2006 hace ya también 17 meses.

La recomendación de la Codhey, con todo y sus graves omisiones, prueba que la tortura continuó siendo una práctica sistemática durante el sexenio que concluirá el 31 de julio próximo. La inacción de las autoridades frente a un hecho de tortura, su tolerancia frente a tratos crueles cometidos por sus propios agentes, permite calificar a este gobierno de torturador.

El expediente exhibe también la incompetencia de la propia Codhey, favorecedora de impunidad, que concluye con tres vagas e inocuoas recomendaciones y pasa por alto situaciones descritas en el propio cuerpo de la recomendación y que debieran preocuparle.

Un ejemplo de lo anterior es el testimonio recogido a partir de entrevistas a agentes de la SPV que señalan una celda de la cárcel preventiva de esa corporación que es “para personas detenidas que padecen VIH/Sida” Más allá de la tan absurda como arbitraria segregación que este hecho implica, es obligado preguntarse cómo llegan a saber los agentes de la SPV que un detenido es seropositivo.

Por otra parte, este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de que la Codhey señale que no fue posible localizar a una de las personas torturadas el día señalado, precisamente la persona cuya voz aparece en la grabación que se aportó como prueba según el testimonio de otro torturado.

La Codhey únicamente indica que “por más gestiones que realizó este organismo para su localización no fue posible”, sin explicitar si esto es motivo de inquietud o no lo es. Únicamente lo señala para establecer que “en nada afecta para que esta Comisión llegue a la conclusión de las violaciones que a derechos humanos incurrieron los elementos policíacos”.

Este equipo considera que la Codhey debe especificar si tiene motivos para preocuparse por la situación actual de esta persona o no y actuar en consecuencia, además de vigilar que les sean resarcidos los daños a los agraviados.

Indignación hará llegar la documentación de este caso al relator de las Naciones Unidas contra la tortura y a la representante especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

La Hacienda Restaurada: Derechos Humanos durante el Patronato

Yucatán 2001-2007

 

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La Hacienda Restaurada es la imagen que utiliza el equipo Indignación para calificar un período de gobierno en el que se restauraron, no sólo los antiguos “cascos” de las haciendas para convertirlos en hoteles de lujo, sino un tipo de relaciones que genera dependencia y discriminación, expresó este organismo de derechos humanos al presentar el informe sobre derechos humanos en la administración 2001-2007, a la que llamó “el Patronato”.

“Evaluar a un gobierno desde sus obligaciones en materia de derechos humanos obliga a situarse en el lugar de quienes han sido dejados fuera, de quienes ven violados sus derechos más elementales, del pueblo maya, de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales, de los jóvenes, de los agredidos por una policía impune, de las y los torturados, de quienes han sido despojados de sus tierras” indica Indignación en la introducción del informe.

El documento, comentado por Isela Rodríguez Alonzo* y por Juan Carlos Mijangos Noh**, evalúa las obligaciones del gobierno en materia de derechos económicos, sociales y culturales; derecho del pueblo maya, derecho a la justicia y derecho a la igualdad, entre otros, para concluir que, en Yucatán, los distintos ámbitos de gobierno han incumplido sus obligaciones en detrimento de los derechos de la población.

El informe recuerda el caso de la escuela social de menores infractores, el caso de don Ricardo Ucán Seca, se refiere a casos de tortura dados a conocer a través de la prensa y/o documentados por el equipo Indignación, destaca las represalias contra defensores de los derechos humanos y evalúa también el incumplimiento de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

“La Hacienda Restaurada” incluye también un capítulo sobre participación ciudadana y condiciones democráticas, en el que evalúa el desmantelamiento de los organismos ciudadanizados como la Codhey, el Instituto de Acceso a la Información y el Instituto Electoral del Estado. Se incluye también una evaluación sobre la labor de la LVII legislatura.

En el capítulo sobre derechos del pueblo maya el informe enfatiza el despojo de tierras y territorios mayas promovidos desde el Ejecutivo del Estado para concluir que “el gobierno de Patricio Patrón Laviada utilizó las instituciones del estado para privilegiar el desarrollo de proyectos de empresarios estatales y nacionales con nula repercusión en el bienestar común (…) ejemplo de lo anterior es el establecimiento de “megaproyectos” en comisarías y regiones campesinas mayas”.

La persistencia de la pobreza y la desigualdad, junto con la impunidad que prodigó la administración 2001-2007 a responsables de violar derechos humanos, constatan que la alternancia partidista en Yucatán y en México garantizó la continuación de un modelo económico que mantiene a la mayoría de la población empobrecida y al servicio de la minoría es otra de las conclusiones del informe que presenta el equipo Indigación.

El informe presenta un capítulo sobre “medidas urgentes y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos” que incluyen responsabilidades para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El documento íntegro puede consultarse en www.indignacion.org, portal en el que también se encuentran disponibles todas las cartas y comunicados que este equipo emitió durante la administración 2001-2007.

Nota sobre los participantes en la presentación

*Isela Rodríguez Alonzo es activista social, economista, defensora de los derechos laborales e integrante del Movimiento de Cultura Popular A.C.

**Juan Carlos Mijangos Noh es antropólogo, doctor en educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de la Habana y promotor de desarrollo comunitario.

Pueden descargar el informe completo desde la sección de publicaciones:

http://indignacion.org.mx/publicaciones/

o diréctamente AQUÍ

 

Presentación del Informe: "2001-2007: La Hacienda Restaurada"

El equipo Indignación invita a la presentación del informe

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El próximo viernes 20 de julio, a las 11 de la mañana, en el café-restaurante Amaro

(Calle 59 #507 entre 60 y 62)

 

Comentarán el informe:

 

Isela Rodríguez Alonzo

Economista, integrante del Movimiento de Cultura Popular A.C. y defensora de los derechos laborales

 

Juan Carlos Mijangos Noh

Antropólogo, doctor en educación y promotor de desarrollo comunitario

 

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“Evaluar a un gobierno desde sus obligaciones en materia de derechos humanos obliga a situarse en el lugar de quienes han sido dejados fuera, de quienes ven violados sus derechos más elementales, de los prescindibles en los proyectos de desarrollo, de las y los excluidos, del pueblo maya, de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales, de los jóvenes, de los agredidos por una policía impune, de las y los torturados, de los detenidos en razzias, de quienes han sido despojados de sus tierras pero, eso sí, por primera vez a precio de mercado.

“La Hacienda Restaurada es la imagen que utiliza el equipo Indignación para calificar un período de gobierno en el que, a costa del pueblo maya, de sus tierras, territorios y condiciones de vida, se restauraron, no sólo los antiguos “cascos” de las haciendas para convertirlos en hoteles de lujo, sino un tipo de relaciones que genera dependencia y discriminación y que privilegió a un exclusivo sector de la población.”

(Fragmentos de la Introducción del informe “2001-2007: La Hacienda Restaurada. Derechos Humanos en el Patronato).

Seis años de impunidad

Comunicado del equipo Indignación

El caso de la Escuela Social de Menores Infractores exhibe la persistencia de la impunidad, el fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos y la indolencia del gobierno, en sus tres ámbitos, frente a los tratos crueles infligidos a menores.

Un dilatado juicio, que ha demorado todo el sexenio de “la alternancia”, ha negado a niñas y niños el derecho a la justicia, ha impedido el resarcimiento del daño y mantiene sin castigo a quienes los agraviaron, incumplimiento de obligaciones que en la práctica ha significado protección para la principal inculpada, Rocío Martell, ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores.

El 31 de julio de 2001, justo un día antes del inicio de la administración de Patricio Patrón Laviada, el equipo Indignación A.C. hizo del conocimiento público la interposición de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes internos en la Escuela Social de Menores Infractores del estado. El 23 de abril de 2002, la CNDH, después de entrevistarse con los menores y de constatar los malos tratos ejercidos contra ellos, emitió la recomendación 10/2002 en la que corroboró las violaciones cometidas contra los niños y niñas internos y mandó determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados para ejercitar contra ellos acción penal y sancionarlos.

Las violaciones denunciadas y posteriormente comprobadas por la CNDH no son de orden menor. Para que no olvidemos de lo que estamos hablando, recogemos aquí algunas de ellas:

“Los menores entrevistados (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) y (18) coincidieron en señalar que la exdirectora María del Rocío Martell López los golpeaba con un zapato en la cabeza y les daba “cachetadas”; los encerraba en un cuarto hasta por tres días sin darles alimentos; los hincaba sobre el piso de una cancha, la cual tenía piedras pequeñas, con un bloque de concreto en cada brazo y otro más amarrado a la nuca con una soga; en ocasiones les introducía una pastilla de jabón de baño en la boca para obligarlos a decir quien había cometido una falta; los llamaba a la dirección de la escuela, y estando ahí les bajaba los pantalones, les apretaba el pene y los testículos para que informaran quien había cometido alguna falta; como castigo, no les daba de comer durante tres días; los obligaba a desyerbar las áreas verdes de la escuela y, además, los amenazaba con enviarlos al Centro de Rehabilitación Social del estado, si tenían mal comportamiento, o con dejarlos internos en la escuela durante un lapso mayor al determinado por el Consejo Tutelar; asimismo, esta servidora pública, permitía que el chofer Martín Espínola los agrediera con un tubo de “poliducto”… Por su parte (19) manifestó que continuaba en la escuela porque no tiene familia que se haga cargo de ella; que la exdirectora Rocío Martell regañaba frecuentemente a todas las niñas, y si las descubría observando a los niños las golpeaba con una manguera; que en reiteradas ocasiones fue llevada a la dirección y ahí la exdirectora la desvestía, diciéndole que lo hacía para ver si tenía “chupetones”, además de que le gustaba apretarle con fuerza sus pezones; también las dejaba hasta dos semanas encerradas en una de las habitaciones de la sección de niñas, sin darles de comer ni permitirles que se bañaran; sin embargo, la coordinadora Lourdes Quijano Sánchez, siempre se preocupó por ellas y les daba algunos alimentos. Agregó (19) que frecuentemente era llamada a la dirección donde la entonces directora la golpeaba, y en una ocasión le “tusó” el cabello” (Recomendación 10/2002, de la CNDH).

Y la lista de atrocidades continúa hasta el cansancio.

Durante los nueve meses que pasaron entre la presentación de la queja (julio 2001) y la resolución de la CNDH (abril 2002), la administración de Patrón Laviada no inició ninguna investigación, a pesar de conocer los tratos crueles e inhumanos públicamente denunciados y que, más tarde, con la recomendación de la CNDH, habrían de consternar al país. Esta inacción motivó que las sanciones administrativas recomendadas por la CNDH no pudieran concretarse, debido a que ya había prescrito el tiempo previsto por la ley para su aplicación.

A raíz de la recomendación de la CNDH se inició la averiguación previa, y con ella un proceso judicial que ha durado todo el sexenio. La jueza Rubí González Alpuche permitió, en abierta violación de los derechos de los niños y niñas, el careo de los menores con la persona presuntamente responsable de infligirles tratos crueles e inhumanos.

El pasado 12 de julio, ante la susodicha jueza, se realizó la última audiencia de un juicio que ha sido inusualmente dilatado. Se trata de la misma jueza que, en el caso de las y los jóvenes detenidos el 13 de marzo en el marco de las protestas contra Bush, y basada exclusivamente en los informes de los policías, determinó autos de formal prisión en contra de las y los jóvenes cuyos expedientes se han seguido en el juzgado séptimo y les impuso fianzas exorbitantes. En el caso de los menores infractores, no le ha bastado a la jueza la recomendación de la CNDH, prueba documental pública con valor probatorio pleno, para dictaminar sobre el caso después de tenerlo bajo su cargo durante seis años.

Ante la cercanía del final del proceso judicial, cuando deberá dictarse sentencia, el equipo Indignación A.C. manifiesta:

1. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores es un reflejo del fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos. Seis años de impunidad muestran el lugar que ocupó para el gobierno saliente el bienestar de los niños y las niñas internos en la Escuela.
2. La ex directora de la Escuela, el psicólogo, los maestros y guardias que, por acción u omisión participaron en las violaciones a los derechos de los niños y niñas deben ser castigados. También deberán asumir su responsabilidad en los hechos los responsables de otros organismos involucrados en dichas violaciones: el Consejo Tutelar de Menores, la Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
3. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores se une a numerosas denuncias hechas durante el sexenio en contra de otras autoridades penitenciarias. El gobierno que termina mantuvo en su cargo al director del CERESO de Mérida, a pesar recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a los derechos de internos e internas del CERESO de Mérida cuando él ya era director de dicho centro.
4. En este caso, como en otros, queda demostrado que el gobierno del estado apostó al olvido social en asuntos en los que tenía obligación de intervenir y actuar de manera firme y expedita. A seis años, los hechos de la Escuela Social son una realidad indeleble en quienes los sufrieron y con quienes el Estado tiene una deuda impagable por no haberlos protegido y velado por sus derechos.
5. El poder judicial del estado ha demostrado que no mide con la misma vara ni aplica con igual rigor la ley penal. Por un lado somete a proceso a personas detenidas en franca violación a los derechos humanos, y por el otro dilata en extremo procesos penales en los que están involucrados funcionarios públicos acusados de cometer violaciones graves en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La actuación de la Juez Rubí González, encargada de ambos casos, cuestiona seriamente la imparcialidad e independencia del poder judicial del estado.

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Viernes 20 de julio, 11 de la mañana, en Amaro, presentación del informe:

“2001-2007: La Hacienda Restaurada. Derechos Humanos en ‘el Patronato'”