Manifestantes acuden a entregarse: Declaración de culpabilidad

Declaración autoinculpatoria que se presentó hoy ante el juzgado séptimo de defensa social por medio de la cual, quienes la suscribimos, acudimos a entregarnos a las 12 horas con 30 minutos y confesamos nuestra participación en la manifestación del martes 13 de marzo pasado y/o en manifestaciones previas.

ASUNTO: DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD

Sara Rubí González Alpuche

Titular del juzgado séptimo de Defensa Social

Quienes suscribimos la presente comunicación venimos por este medio a declararnos CULPABLES de participar en las diversas manifestaciones de repudio ante la presencia de George Bush en México. Por este medio declaramos y ratificamos que participamos en la manifestación que se realizó el martes 13 de marzo pasado en la ciudad de Mérida y/o en manifestaciones previas.

Enteradas(os) de que la principal inculpación contra las y los detenidos el martes 13 es haber participado en las manifestaciones contra Bush y que continúan detenidos(as) aunque no haya más indicios contra ellos que su presencia en dichas protestas o su presencia en la plaza grande y sus inmediaciones, nos sentimos obligadas/os a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre orden de aprehensión contra nosotras/os y seamos juzgadas/os tal como se está haciendo contra las personas detenidas o contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan procesadas.

Ciertamente uno de los indicios que obran contra los detenidos, el ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguras/os de que eso es una minucia que usted sabrá pasar por alto.

Verdad es también que algunos de los suscritos estuvimos en la marcha aunque no llegamos a la plaza grande, pero confiamos en que usted también sabrá pasar por alto ese detalle, toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación ni expresaron su rechazo a la presencia de George Walker Bush a México.

Estamos, asimismo, enteradas/os de que usted les ha formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha, con el motivo de su malestar contra Bush e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Bush es genocida. Esto, a nuestro juicio, revela que se está juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los ilícitos que ese día se cometieron (cristales y una puerta rota en el ayuntamiento).

A mayor abundamiento, una nota de un periódico local de fecha 23 de marzo sostiene que dejaron libres por falta de elementos a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. Bueno, pues QUIENES SUSCRIBIMOS LA PRESENTE SÍ PARTICIPAMOS EN LA MANIFESTACIÓN del martes 13 de marzo, a diferencia de algunas personas que continúan detenidas sin derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio.

Una de las suscritas incluso se declara culpable de ser quien escribió la manta que reza “Bush, genocida”, misma que aportamos como prueba del hecho. Señora Jueza, aprovechamos la ocasión para informarle que prácticamente todo el mundo sabe que Bush es genocida y culpable de perpetrar este y otros crímenes de lesa humanidad. En el ataque contra Irak que él ordenó y durante la ocupación que mantiene aún en ese país ha ordenado se cometan innumerables asesinatos y sus soldados son responsables de actos de tortura contra detenidos.

Otra nota, ésta del martes 27 de marzo, expone un “dato que llama la atención” (a la jueza): “casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron en que fueron por voluntad propia a la protesta del martes 13 por la visita de Bush a esta ciudad y que no conocen a los organizadores de la “protesta pacífica”.

El miércoles 28 de marzo, el Diario de Yucatán relata que “La jueza preguntó (a la madre de uno de los detenidos) si sabía que López Sierra iba a la marcha de protesta contra el presidente George W. Bush.”

A nuestro juicio, con esas expresiones usted no hace más que reiterar que considera un delito o bien indicio de responsabilidad la participación en la protesta.

Aprovechamos la ocasión para preguntarle si el país atraviesa por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así, le agradeceríamos nos informara puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación de las ideas como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se ha juzgado a las personas detenidas. Acaso haya alguna situación de excepción de la cual no estemos enteradas/os.

Nos declaramos altermundistas —no globalifóbicas/os—. Nos declaramos culpables de desear otro mundo y de conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos más elementales de la mayor parte de la población. Y, sí, también nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán.

Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán:

A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención la noche del martes 13, puesto que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas ilegalmente e incomunicadas, situaciones que usted no valoró al momento de dictar el auto de radicación, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incurre en discriminación y en responsabilidad por su calidad de servidora pública.

Considerando todo lo anterior, respetuosamente le solicitamos tenernos por presentadas con este escrito y ordenar de una buena vez nuestra detención.

Mérida, Yucatán, México.
Viernes 30 de marzo de 2007

Cristina Muñoz Menéndez
Fray Tomás González
Martha Capetillo Pasos
Pedro Echeverría
Raúl Lugo Rodríguez
José Anastasio Euán
Silvia Chalé
Róger Aguilar
Luis Peniche Novelo
Gabriela Torres
Jorge Fernández

Manifestantes acudirán a entregarse ante Jueza

Personas que asistieron a las manifestaciones de repudio ante la presencia de George Bush en Yucatán acudirán a entregarse voluntariamente ante la titular del juzgado séptimo de defensa social, toda vez que dicha funcionaria parece tomar como indicio de culpabilidad la participación en la protesta del pasado martes 13 de marzo.Para “ponerse a disposición” de la juez y pedirle que solicite a las autoridades competentes su detención inmediata, participantes en la protesta estarán en el juzgado mañana viernes 30 de marzo a las 12 horas, donde darán lectura pública a la declaración autoinculpatoria que se ha redactado para el caso.

TEMOR POR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS PROCESADAS A RAÍZ DE LA VISITA DE GEORGE BUSH

ACCIÓN DE APOYO URGENTE.

El día 13 de marzo del presente año, 48 jóvenes fueron detenidos en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, cuando finalizaba una manifestación pacífica en contra de la presencia de George Buh en nuestro país. La detención se dio minutos después de que un grupo reducido de personas destruyó un vidrio y arrancó macetas del Palacio Municipal de Mérida y se enfrentó a policías que resguardaban dicho recinto. Este hecho sirvió de pretexto para que los cuerpos policíacos arriba citados realizaran una razzia en la que detuvieron de manera indiscriminada a 48 personas, muchas de las cuales fueron víctimas de agresiones por parte de los elementos policíacos, tal como se puede observar en varios videos disponibles en esta página: http://www.bushsulfur.lunasexta.org (se ve mejor en Mozilla) situación que ha sido confirmada por este equipo de humanos al entrevistarse con varios de los detenidos, quienes relatan diversos casos de tortura física y psicológica, golpes, malos tratos y amenazas.

Después de su detención las personas fueron incomunicadas por aproximadamente 8 horas en las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública, en donde según diversos testimonios se sembraron diversas armas en las pertenencias de los detenidos. La incomunicación se prolongó cuando fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del estado, en donde por aproximadamente 20 horas no se les permitió tener contacto con familiares, abogado o persona de confianza. Sus declaraciones ministeriales se realizaron en sigilo para evitar que los detenidos pudieran contar con persona de su confianza. El día 15 de marzo, 28 personas fueron remitidas al Cereso de Mérida y puestos a disposición de los jueces primero, segundo, tercero y séptimo de defensa social del Primer Distrito Judicial con sede en esta ciudad. Los delitos de los que se les acusa son daño en propiedad ajena, ataques peligrosos, portación de arma prohibida, robo con violencia y robo en pandilla.

El próximo miércoles, los Jueces séptimo primero, segundo y tercero del fuero común determinarán la situación jurídica de las 28 personas que continúan detenidas, ante esta situación, y ante el temor fundado de que el poder judicial del estado convalidará las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los detenidos y dictará autos de formal prisión en su perjuicio, solicitamos se solidaricen con las personas privadas de su libertad a través del envío de la siguiente acción urgente a las autoridades sugeridas.

Para mayor información puede consultarse el informe preliminar sobre los hechos ocurridos el día 13 de marzo que se encuentra disponible en la página de web de indignación: www.indignacion.org.

CARTA TIPO.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de la República.

C. Patricio Patrón Laviada.

Gobernador del estado de Yucatán

Lic. Armando Villarreal Guerra.

Procurador General de Justicia del estado.

Magistrado Ángel Prieto Méndez.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

Del estado de Yucatán

Respetables funcionarios:

El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a Mérida, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. Muchos de los detenidos fueron golpeados y sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías aprehensores. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de dichas corporaciones, en donde permanecieron en estado de incomunicación por un lapso de aproximadamente 8 horas, tiempo en el cual y según diversas testimonios, a muchos de ellos les fueron sembradas armas. Durante el operativo, y según declaraciones de personas que se encontraban en la Plaza, los policías detuvieron de manera indiscriminada a gente que vestía de determinada manera. Incluso fueron detenidas personas que, sin haber participado en la manifestación, se encontraban de paso por la Plaza Grande.

Cuando fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia del estado se les negó, durante casi 20 horas, el derecho a comunicarse con sus familiares, abogados y/o personas de confianza, no se les hizo efectivo el derecho a realizar llamadas telefónicas, durante su declaración no contaron con una defensa adecuada y, en no pocos casos, existieron presiones para que se declararan culpables, amén del hecho inconstitucional de retener a menores de edad ante una autoridad que, según el artículo 18 constitucional, no es competente para ello. La procuraduría en ningún momento informó a los familiares de los delitos que se imputaba a los detenidos y fue hasta casi las dos de la mañana del día 16 de marzo cuando se comunicó a los familiares de la situación jurídica, teniendo como resultado la consignación de 26 personas por delitos como daño en propiedad, ataques peligrosos, portación de instrumentos prohibidos, robo con violencia y robo en pandilla.

En sus declaraciones preparatorias, la Juez Séptima, ante quien se remitió a 21 de las 26 personas consignadas, interrogó de manera tendenciosa a los procesados con preguntas como ¿te consta que George Bush es un genocida? ¿Sabes que quiere decir genocidio?, hecho que hace temer que dicha juzgadora definirá la situación jurídica de los procesados con base en sus opiniones políticas.

Ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, de ser así la acción de los órganos encargados de procurar y administrar justicia no sólo carecería de legalidad y credibilidad, sino que harían incurrir al Estado mexicano en responsabilidad internacional.

Por lo anteriormente señalado, atentamente solicitamos:

Al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado:

.- Con fundamento en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, se desistan de la acción penal ejercitada en contra de los detenidos el día 13 de marzo de 2007 y consignados a los jueces Séptimo, Primero, Segundo y Tercero del Primer departamento judicial del estado y al Consejo Tutelar para menores.

.- Se inicien las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las y los detenidos el día 13 de marzo del presente año.

Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado:

.- Garantice que el Poder Judicial del estado haga efectivos los derechos de presunción de inocencia y debido proceso establecidos tanto en la Constitución como el los principales tratados de derechos humanos.

.- Que en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, el poder judicial del estado no convalide las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las personas detenidas, dejando en libertad a toda aquella persona que haya sufrido violaciones a los derechos humanos durante la detención, incomunicación y puesta a disposición del ministerio público.

.- Que en la determinación de la situación jurídica de los procesados, los jueces se atenga al material probatorio y evite tomar determinaciones basadas en opiniones políticas.

La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la sociedad.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, nos despedimos de ustedes.

Atentamente.

FAVOR DE MANDAR SUS ACCIONES A:

Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Presidente de la República.

Fax: (+52) 55 52772376

Correo-e: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

C. Patricio Patrón Laviada.

Gobernador del estado de Yucatán

Fax: (+52) 9999 303124

Correo-e: atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx

patricio.patron@yucatan.gob.mx

Lic. Armando Villarreal Guerra

Procurador General de Justicia del estado

Fax: (+52) 999 9303267

Correo-e: armando.villareal@yucatan.gob.mx

Magistrado Ángel Prieto Méndez.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del estado de Yucatán

Fax: (+52) 999 9300650

Correo-e: presidencia@tsjyuc.gob.mx

FAVOR DE MANDAR COPIA A:

Amerigo Incalcaterra.

Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Correo-e: oacnudh@hchr.org.mx

Fax: (+52) 55 50 61 63 58

Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC.

Correo-e: derechoshumanos@indignacion.org

Fax: (+52) 999 9 137020

Ante las violaciones a derechos humanos, la procuraduría debe desistirse de las acusaciones contra detenidos del martes 13

Equipo Indignación

El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a nuestro país, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. De lo documentado por diversos medios independientes de comunicación, de los testimonios de testigos presenciales de los hechos, de lo señalado por varios de los detenidos y del trabajo de observación y asistencia que este equipo de Derechos Humanos ha realizado, se desprenden las siguientes violaciones a los derechos humanos:

1.- En la detención no existió flagrancia: El operativo policíaco que culminó con la detención de 48 personas en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, se efectuó poco después de que se registraran destrozos en el palacio municipal. En tal virtud en dicho operativo se detuvo de manera arbitraria e indiscriminada a varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Según diversos testimonios, los policías priorizaron la detención de hombres y mujeres que vestían de determinada manera, lo cual implicaría que también existió discriminación.

2.- Existió brutalidad policíaca. Como se puede observar en diversos videos tomados por medios independientes de comunicación el día de los hechos (http://www.bushsulfur.lunasexta.org/), y corroborados por testimonios recabados por este equipo de Derechos Humanos, la gran mayoría de las y los detenidos fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía municipal y la Secretaría de Protección y vialidad.

3.- Hubo incomunicación. Una vez detenidas, las personas no fueron puestas a disposición inmediata del Ministerio público y fueron incomunicadas por más de 8 horas en las instalaciones de la Policía Municipal y de la SPV. Esta situación se perpetuó una vez que fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia del estado, en donde, por un lapso de aproximadamente 20 horas, se les impidió comunicarse telefónicamente y no se permitió a sus familiares, abogados y/o personas de confianza entrevistarse con ellos. La situación de incomunicación sólo se rompió ante la presentación de diversos amparos.

4.- Carecieron de defensa adecuada. Durante el lapso que estuvieron a disposición del Ministerio Público, no pudieron ser asistidos por abogado particular o persona de confianza, dado que el Ministerio Público negaba todo acceso a los detenidos. Este hecho viola el derecho a contar con una defensa adecuada en toda acusación de índole penal. Esta situación se vio agravada por la ausencia de eficacia de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, quien tampoco estuvo presente al momento de que los detenidos rindieron su declaración ministerial.

5.- Los menores de edad no fueron puestos a disposición del órgano facultado para ello. A pesar de que el artículo 18 constitucional establece que desde el 12 de septiembre de 2006 en todas las entidades federativas debe de estar operando un sistema integral de justicia para adolescentes, en Yucatán no se ha instalado aún dicho órgano, con lo cual todos los menores de 18 años que estuvieron a disposición del Ministerio Público y del Consejo Tutelar para menores, estuvieron ilegalmente detenidos, pues no son autoridades competentes para ello, de acuerdo con dicho precepto constitucional.

Sin lugar a dudas, los hechos ocurridos el día 13 de marzo en los cuales se destruyó un vidrio y diverso inmobiliario del Palacio Municipal de la ciudad de Mérida deben ser investigados y, en su caso, sancionados. No obstante dicha investigación no puede estar sustentada en medidas que violen los derechos humanos fundamentales, como sucede en el presente caso.

En tal virtud, y siendo que ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, este equipo de derechos humanos ha solicitado al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado, que se desistan de la acción penal ejercitada en contra de todas y todos los detenidos en el operativo del día 13 de marzo.

Esa facultad se encuentra establecida en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, que a la letra establece:

Artículo 345. Procederá el sobreseimiento:

III. Cuando el Ministerio Público desista de la acción penal ejercitadas. El escrito de desistimiento deberá ir suscrito por el Agente del Ministerio Público y el Procurador General de Justicia, o por el Subprocurador a quien se delega esta facultad, en términos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la ciudadanía. En tal virtud toda investigación por hechos probablemente delictivos carecerá de credibilidad si para su ejecución se violentan los derechos humanos básicos de la población.

Indignación también ha hecho llegar copia del escrito, junto con el informe preliminar elaborado por este equipo, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas; al Relator sobre la Independencia de Jueces y abogados de las Naciones Unidas y a la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos “Todos los derechos para todas y todos”, entre otros organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

informe preliminar Рdetenciones arbitrarias en M̩rida

Flagrancia en Martes 13

Informe Preliminar del Equipo Indignación sobre la actuación de elementos de seguridad en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en Mérida

Ante la detención arbitraria de 48 jóvenes en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida y ante diversas violaciones a los derechos humanos que incluyen golpes, malos tratos, retención ilegal e incomunicación, cometidas por instancias dependientes tanto del Gobierno del Estado como del municipio de Mérida el equipo Indignación emite un primer reporte de observación.

Daños registrados contra el edificio del Palacio Municipal, ocurridos en el marco de la manifestación contra Bush, motivaron un operativo policíaco. La documentación de este evento, así como la observación y seguimiento posterior, han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de abusos por parte de elementos de la policía de Yucatán y de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas.

El martes trece de marzo, en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida, 48 jóvenes fueron detenidos en la plaza principal de Mérida y en calles cercanas, entre ellos 9 menores de edad.

La gran mayoría de los participantes se manifestó de forma pacífica durante todo el tiempo de la protesta, con excepción de algunos asistentes. Cuando la marcha llegó al centro de la ciudad, algunas personas rompieron cristales, puertas y una maceta del Palacio Municipal.

Después de que se registraron estos actos, elementos de la policía estatal y municipal iniciaron un operativo, se desplegaron por el centro de la ciudad y detuvieron de forma arbitraria a decenas de jóvenes.

Golpes, malos tratos y abuso de autoridad

Un video de Indymedia-Yucatán registra la forma en que agentes golpean a personas ya detenidas en el interior del palacio municipal.

Uno de los escasos familiares que pudo entrar a ver a su hijo más de 20 horas después de estar detenido, indicó que éste se encontraba golpeado y que estaba siendo presionado para declarar. Por otra parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que entró a ver a los detenidos a los edificios de la SPV y de la policía municipal, reporta que sí vieron jóvenes golpeados aunque no han precisado cuántos ni en qué condiciones se encontraban.

Detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos

La actuación de los elementos policíacos debe estar regida por los principios de finalidad, necesidad, debida motivación, proporcionalidad, no discriminación y excepcionalidad del uso de la fuerza.

Detenciones basadas en el aspecto implican discriminación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y las autoridades tienen la obligación de investigar si la actuación de los cuerpos policíacos se ciñó a los principios que regulan su actuación o si, como indican los primeros testimonios, efectivamente se detuvo a personas únicamente por ser jóvenes, por su forma de vestir o por su participación previa en otros eventos.

Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las manifestaciones se lleven a cabo respetando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Actos de violencia o ilícitos que pueden darse en el contexto de una manifestación no exime a las autoridades de la obligación de actuar en absoluto apego a la legalidad y respetando de forma irrestricta los derechos humanos.

En el marco de la manifestación del martes 13 se registraron actos que causaron daños en el edificio conocido como Palacio Municipal. Este equipo también tiene conocimiento de la sustracción de la memoria de la cámara fotográfica de un reportero. Las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar los hechos, pero es evidente que esa obligación debe realizarse en apego irrestricto a la legalidad y al respeto a las garantías individuales. En los hechos del martes 13 el equipo Indignación ha observado violaciones a las garantías individuales y a lo derechos humanos.

Flagrancia o redada

Al equipo Indignación le preocupa el abuso del concepto de flagrancia que pueda estarse usando para justificar el operativo realizado el pasado 13 de marzo: Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución contempla la flagrancia, también lo es que dicho precepto se refiere a alguien que haya sido plenamente identificado, situación que está cuestionada en el operativo realizado el pasado martes. Resulta inconstitucional que, sin previa identificación, se haya detenido a cuarenta y ocho personas bajo la figura de flagrancia, semejando más una razzia: en este caso en realidad se trató de una redada indiscriminada, en la cual los diversos cuerpos policíacos detuvieron a discreción a quienes todavía permanecían en el lugar de los hechos.

Resulta inaceptable que, ante un ilícito, los elementos policíacos incurran en abusos, malos tratos, conductas ilegales y violaciones a las garantías individuales. Deplorable resulta también el hecho de que se violen los derechos de cualquier persona detenida.

Continúan las detenciones

El equipo Indignación recibió reportes de que una persona fue detenida el miércoles por la mañana con relación a los hechos del martes por la noche, con lo que serían ya 49 las personas detenidas.

Retención ilegal

Una parte de los detenidos fue remitida al edificio de la policía municipal y otra al edificio de la S.P.V. y fueron retenidos ilegalmente en esos edificios más de ocho horas, contraviniendo el artículo 16 constitucional que obliga a poner de inmediato a los detenidos a disposición de una autoridad competente.

Con esa retención ilegal se violó también el derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7, fracción 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos:Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales…”

En la práctica, el tiempo de retención ilegal en los edificios de las policías estatal y municipal está encubriendo otra ilegalidad, puesto que la obligación del Ministerio Público de poner a disposición del juez a más tardar en 48 horas a los detenidos comienza a contar hasta que el MP los recibe, lo que ocurrió más de ocho horas después de que fueron detenidos.

Incomunicación

El equipo Indignación pudo constatar que las personas detenidas se encontraron en una situación de incomunicación, toda vez que, hasta la tarde del miércoles, llevaban cerca de 20 horas detenidas sin que se les permitiera tener comunicación con sus familiares, a quienes se les negó el acceso con el argumento de que se encontraban declarando. Es evidente que a los familiares también les preocupa en qué condiciones se están realizando las declaraciones. A partir de la tarde del miércoles sólo algunos pocos familiares han podido tener comunicación con los detenidos.

La situación de incomunicación también la indica el hecho de que, según las entrevistas realizadas a familiares que se mantenían en la Procuraduría, ellos no recibieron llamada alguna de los detenidos, lo que hace suponer que no se les permitió realizar la llamada a la que tienen derecho. Un abogado que asiste a varios de los detenidos a petición de sus familiares interpuso un amparo por incomunicación.

Incertidumbre jurídica

Hasta la tarde del miércoles el Ministerio Público ni siquiera había puesto en algún lugar visible todos los nombres de los detenidos y hasta la tarde del jueves 15, más de 40 horas después de que fueron detenidos, todavía no ha informado qué delitos les imputa, manteniendo en la incertidumbre jurídica a los familiares y a los detenidos.

Adicionalmente, este equipo considera que podría estarse violando, en detrimento de los detenidos, el principio de presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso judicial, máxime por la ya cuestionada flagrancia en la que ocurrió la detención.

La Codhey

Durante toda la mañana del miércoles 14 de marzo no se presentó al edificio de la procuraduría algún representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Uno de los visitadores llegó hasta cerca de las tres de la tarde, después de insistentes llamadas para reportarles que no se permitía a los familiares ver a los detenidos. Sin embargo, según reportó a este equipo el visitador, las autoridades de la procuraduría se negaban a atenderlo.

Al equipo Indignación le preocupa que la Codhey no utilice todas las facultades que tiene, que omita o retarde su presencia en momentos críticos y que no ponga en evidencia a las autoridades que obstaculizan su trabajo o no atienden sus requerimientos.

El hecho es todavía más grave ya que, tanto en la SPV como en la policía municipal, el argumento empleado para negar a los familiares ver a los detenidos fue que se encontraban adentro visitadores de la Codhey. A nuestro juicio la Codhey no puede tolerar que se use de pretexto su propio trabajo para negar un derecho elemental de los detenidos.

El equipo Indignación manifiesta particular preocupación debido a que la Codhey no cuenta con médicos capacitados para determinar la existencia de lesiones, tortura física o sicológica o cualquier otro tipo de lesión.

Integridad física

Una reportera resultó lesionada en las inmediaciones del hotel Fiesta Americana, lugar a donde llegó la manifestación de cerca de trescientas personas antes de regresar a Santa Ana, punto de partida, y de dirigirse a la plaza grande de Mérida.

Si bien la mayoría de los participantes se mantuvo manifestándose de forma pacífica, algunos asistentes tiraron piedras hacia el otro lado de una valla de tres metros de alto —acción que el equipo Indignación desaprueba y que pudo lesionar a algún agente— donde se encontraban elementos de seguridad con casco y escudos protectores.

Con gran preocupación este equipo expresa que del otro lado de la valla, donde únicamente podrían encontrarse elementos de seguridad ya que era una zona de acceso restringido, también se lanzaron piedras hacia el lugar en el que se encontraba la manifestación. Una de esas piedras hirió a una reportera que se encontraba entre los manifestantes.

Los elementos de seguridad que devolvieron las piedras ignoraron los principios que marcan su actuación, pusieron en riesgo la integridad física de los manifestantes —donde se encontraban únicamente civiles sin casco y sin escudo— e hirieron a una reportera.

Menores

Sobre los nueve menores detenidos, este equipo de derechos humanos hace notar el vacío legal en el que se encuentra en este momento el estado de Yucatán al no haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán.

Si bien es cierto que el día 1 de octubre de 2006 se publicó en el Diario Oficial del estado la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán, también lo es que dicho decreto, en su primer artículo transitorio, estableció un plazo de seis meses para su entrada en vigor, con lo cual, en la actualidad no existe un sistema integral de justicia para adolescentes, situación que viola lo establecido en el artículo 18 constitucional:

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de lo preceptuado en el artículo 142 de esta ley. (publicado el 12 de diciembre de 2005).

Por lo tanto todos los adolescentes detenidos se encuentran sujetos a un procedimiento ilegal e inconstitucional, puesto que el Ministerio Público del fuero común no es la autoridad competente para, en el caso de los menores, determinar la existencia de elementos que puedan constituir alguna de las conductas señaladas como delito por el Código Penal del estado, en virtud de que dicha facultad debiera recaer en un órgano especializado en justicia para menores que es inexistente en Yucatán.

Debido a la peculiar situación en la que se encuentra Yucatán en este momento ocasionada por una falta atribuible a los legisladores con relación a la ley de justicia para adolescentes, todas las y los menores detenidos deben ser puestos inmediatamente en libertad.

Conclusiones y exigencias

La ciudad de Mérida estuvo, desde los días previos a la llegada de George Bush, en un virtual estado de excepción y de restricción de garantías, entre otras la de libre tránsito y manifestación.

Los eventos ocurridos en la plaza principal de Mérida el pasado martes 13 de octubre han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas en Yucatán.

Ilícitos ocurridos en el marco de una manifestación no justifican la violación de los principios que deben regir la actuación de los cuerpos policíacos. Mucho menos justifican represalias contra participantes en la manifestación.

El equipo Indignación exige una investigación inmediata de la actuación de los elementos de seguridad del estado que participaron en el operativo del martes 13 así como la sanción a cualquier abuso en el que hubiesen incurrido.

Exigimos, asimismo, respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran actualmente detenidas.

Comunicado y carta anexa ante la visita de George Bush a México

Comunicado

Ante el próximo encuentro entre el Presidente de México y el de los Estados Unidos de Norteamérica que se realizará en Yucatán, el Equipo Indignación deplora la virtual suspensión de garantías individuales en el estado, exige al Presidente de México una disculpa pública por vulnerar libertadas, respeto irrestricto a los derechos humanos y solicita al presidente de la CNDH su presencia para documentar cualquier violación al derecho de libre expresión y manifiestación de ideas.
Asimismo el equipo Indignación hace notar que la administración del Presidente de Estados Unidos, George Bush, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario cometidas en perjuicio de diversos pueblos del mundo, siendo los casos más significativos los de Irak y Afganistán.
Asimismo se señalan las violaciones a los derechos humanos de migrantes mexicanos y de otras partes de latinoamérica, también responsabilidad de la administración del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se adjunta carta dirigida al presidente de la república y al presidente de la CNDH

Denuncia de violaciones previas a la visita de Bush

Mérida, Yucatán a 12 de marzo de 2007

Promoción y defensa de los Derechos Humanos A.C.
Calle 17 S/N entre 20 y 22 Chablekal, Yucatán
C.P. 97305 / Tel 52 (999) 913 70 21
derechoshumanos@indignacion.org

C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

C. José Luís Soberanes Fernández.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Ante la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, este equipo de derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Organismos civiles de derechos humanos “todos los derechos para todas y todos”, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO. El C. George W. Bush es una persona non grata para un sector importante de la sociedad mexicana. Su administración ha sido responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cometidas en perjuicio de diversos pueblos del mundo, siendo los casos más significativos los de Irak y Afganistán, en donde miles de personas han muerto por las acciones bélicas efectuadas.

Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la actual administración estadounidense han quedado impunes. Los Estados Unidos de Norteamérica se han negado a aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional, lo que demuestra su desprecio hacia los derechos humanos y hacia las instancias que existen para impulsar su vigencia y combatir la impunidad.

Por cuanto hace a la relación con México, la administración Bush es responsable de violaciones a los derechos humanos de migrantes latinoamericanos y ha demostrado su total desprecio por la situación que viven miles mexicanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos, negándose a firmar un pacto migratorio que beneficie a quienes con su trabajo y esfuerzo han contribuido a consolidar la economía estadounidense. Por el contrario, durante su administración, se han endurecido las medidas en contra de los mexicanos y centroamericanos que pretenden cruzar la frontera. Es en este tiempo que se han recrudecido las acciones de grupos paramilitares que se dedican a cazar migrantes, ha militarizado su frontera y se ha iniciado el proyecto de construcción de un muro entre ambos países que retrata vivamente la discriminación que su administración tiene por los pueblos latinoamericanos.

SEGUNDO. Manifestamos nuestro rechazo absoluto por el virtual estado de sitio que padece la ciudad de Mérida y las Comisarías de Xcanatún, Abalá y Temozón, en donde militares mexicanos y estadounidenses han trastocado la vida comunitaria. Existe en los hechos una situación de suspensión de garantías y se están violando los derechos de libre tránsito, manifestación, expresión, privacidad e incluso seguridad personal. A grupos de manifestantes se les ha bloqueado el paso a determinadas calles de la ciudad de Mérida desde la semana pasada y a un manifestante incluso lo golpearon y empujaron de forma violenta cuando logró pasar por una de las vallas el pasado 7 de marzo, a un costado del hotel Fiesta Americana. Aunado a lo anterior, existe una clara cesión de la soberanía nacional puesto que cuerpos de seguridad estadounidenses operan con total libertad en territorio mexicano.

Resulta preocupante que el gobierno mexicano se subordine a los intereses y a la forma de operar de los Estados Unidos de Norteamérica y que para ello ponga en situación de riesgo a los ciudadanos mexicanos y afecte derechos humanos.

Por lo anteriormente señalado exigimos:

A. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población mexicana.

B. El respeto de nuestra soberanía y territorio.

C. Exigimos una disculpa pública por parte del Presidente de México por todas las restricciones a las libertades fundamentales que ya ha generado la visita del presidente de los Estados Unidos a suelo mexicano y que detengan de inmediato la continuación de estas restricciones.

D. Al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le solicitamos su presencia inmediata en esta ciudad de Mérida, para documentar la restricción de las garantías individuales que está sufriendo el pueblo yucateco y para documentar cualquier violación al derecho de libre expresión y manifestación de las ideas hacia quienes, en uso de nuestros derechos, nos manifestaremos por la presencia de George W. Bush en nuestro país.

Atentamente

 

Por Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Jorge Fernández Mendiburu

Martha Capetillo Pasos

Ofelia Medina y artistas locales se suman a la solicitud de Indulto para don Ricardo Ucán

El día de ayer, el Equipo de derechos humanos Indignación presentó al Ejecutivo del Estado y al Poder Legislativo una propuesta de ley para establecer la figura del indulto en la legislación de Yucatán. Dicha propuesta tienen como sustento el caso de don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya procesado, sentenciado y en cuyo juicio se violaron derechos humanos fundamentales.La solicitud la han respaldado Ofelia Medina, Paco Marín, Silvia Káter, Roberto Franco, José Ramón Enríquez y Christian Rivero, quienes la noche anterior representaron un juicio en el que expusieron las violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán y la responsabilidad que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tuvieron en esas violaciones.

Con la representación de la plaza grande y la presentación de la iniciativa de ley, el equipo Indignación comienza una campaña de firmas para lograr que se cree la figura del indulto y éste se otorgue a don Ricardo Ucán Seca y otros indígenas que hayan visto violados sus derechos.

Desde anoche decenas de personas firmaron su adhesión a la iniciativa y se sumaron a la campaña al solicitar copias para recabar firmas. En la página del equipo Indignación se encuentra un vínculo para firmar y adherirse así a la solicitud realizada al Congreso y al Ejecutivo. La dirección electrónica es www.indignacion.org

Con la iniciativa se pretende dotar de herramientas al gobernador para que pueda analizar y conceder el indulto a aquellas personas que hayan sido sentenciadas sin que se les haya respetado el derecho básico a un juicio justo. La iniciativa tienen sustento en lo recomendado por el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien a finales de enero del presente año, dirigió una carta al los poderes del estado de Yucatán, en donde, entre otras cosas se señalaba:

En este contexto, y siendo que el caso del Sr. Ricardo Ucán no es único y exclusivo pero sí ejemplifica una situación de discriminación y vulnerabilidad que se vive en un estado donde más del 50 por ciento de la población es indígena, me permito conminar al Ejecutivo estatal y al Congreso de Yucatán, a establecer las medidas legislativas necesarias para combatir esta situación de discriminación y vulnerabilidad. Para lo anterior, y atendiendo a la recomendación arriba citada, sería pertinente que el Congreso trabajara en una ley de indulto que dotara al Ejecutivo de las herramientas necesarias para analizar aquellos casos en los que se han cometido violaciones a los derechos humanos en perjuicio de indígenas mayas y que han incidido en la sentencia final, de tal manera que se resarcieran dichos derechos violados…

…

…una ley de indulto que permita la liberación de aquellos indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus derechos humanos y un ley que prevenga y sancione la discriminación, son dos medidas posibles que la Relatoría a mi cargo considera indispensables para que los distintos poderes constitucionales de Yucatán actúen eficazmente para resarcir los daños que una larga historia de discriminación ha causado al pueblo maya.

Toda vez que en el estado de Yucatán no existen condiciones para que los indígenas mayas y, en general, todas las personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados puedan acceder a la jurisdicción del Estado en condiciones de equidad y justicia, se propone esta iniciativa, con el objetivo de que existan mecanismos para revisar y, en su caso, revertir la situación de discriminación que permite que personas inocentes sean juzgadas y sentenciadas sin los mínimos requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional en materia derechos humanos.

El caso de don Ricardo, además de ser paradigmático y representativo de la situación de discriminación que viven los indígenas mayas en Yucatán, ofrece una oportunidad al Congreso del estado, para establecer medidas legislativas que reviertan las violaciones a los derechos humanos cometidas ya sea por órganos judiciales o por inacción del ejecutivo.

A don Ricardo Ucán se le violaron sus derechos a una defensa adecuada, a debido proceso, a contar con intérprete y se cometió contra él discriminación. Don Ricardo privó de su vida a Marcelino Chan Ek en el año 2000. La defensora de oficio, dependiente del poder Ejecutivo, omitió ofrecer pruebas que demostraban que actuó en legítima defensa. Las distintas instancias del poder judicial convalidaron las violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán, ni siquiera reconocieron su condición étnica y omitieron respetar sus derechos.