Hechos ocurridos en Oxcum se informan al Relator sobre pueblos indígenas de la ONU

Se informará también al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias

Equipo Indignación A.C.

El día de hoy, el Equipo de derechos humanos Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC., envió al “Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas” de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, información sobre los hechos ocurridos en la Comisaría de Oxcum el pasado seis de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad (S.P.V) detuvieron a los campesinos mayas Ildefonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, en un operativo violento en el que resultaron lesionadas, además de los detenidos, mujeres y niños, cuyo objetivo fue la desarticulación y represión de los campesinos inconformes con el proceso de venta y despojo de tierras ejidales que el gobierno del estado, encabezado por Patricio Patrón Laviada, ha impulsado en diversas comisarías cercanas a la ciudad de Mérida.

Actualmente don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García y Wilbert López Castro se encuentran presos en el CERESO de la ciudad de Mérida, sujetos a proceso penal ante la Juez segunda de Distrito por delitos relacionados con la Ley de Armas de fuego y explosivos, después de que el Juez Sexto de lo penal del estado de Yucatán determinó su libertad por falta de elementos para procesar, en virtud de la inexistencia de conductas delictivas relacionadas con armas de fuego.

Indignación informó al relator que la jueza omitió considerar que la portación de escopetas no es considerado reprobable por el pueblo maya, puesto que la escopeta es una herramienta de trabajo. La jueza está violando el derecho de los compañeros a ser juzgados de acuerdo a sus propios sistemas normativos, lo que contraviene los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT e ignora el artículo 10 del mismo convenio.

Dentro del contexto de la información enviada al Relator, es preciso recordar, que el 23 de diciembre de 2003, el Dr. Stavenhagen dio a conocer el informe E/CN.4/2004/80/Add.2 derivado de su visita a México, y en el cual, entre otras cosas, señalaba que …Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión.

Basándose en esos criterios y en la información que diversos organismos públicos y no gubernamentales de derechos humanos le hicieron llegar, recomendó, en dicho informe, que:

a) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios;
b) Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.
c) Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.

Por lo tanto, la información enviada, además de ponerle al tanto de la situación de represión y despojo que viven los campesinos como consecuencia de los diversos megaproyectos que ha puesto en marcha el actual gobierno del estado en beneficio de grupos privados empresariales, insiste en señalar el incumplimiento que el gobierno del estado de Yucatán, y en general el Estado mexicano, han hecho sobre las observaciones y recomendaciones que el representante de Naciones Unidas formuló con motivo de su visita a México sobre el tema de pueblos indios.

Cabe resaltar que esta información enviada al Relator Stavenhagen, pronto será ampliada al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de la ONU, informándole sobre la práctica de detenciones arbitrarias que los cuerpos policíacos del estado aplican en perjuicio de la sociedad, y particularmente en contra de quienes se oponen y son críticos a las políticas establecidas desde el gobierno del estado.

Codhey: Sobre la Ley de menores

Mérida, Yucatán, 13 de octubre de 2006

Lic. Jorge Victoria Maldonado.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.

Como es de su conocimiento, el día 1 de octubre del presente año fue publicada en el Diario Oficial del Estado, la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Yucatán, así como diversas modificaciones a las leyes estatales para adaptar la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de diciembre del 2005.

Dichas reformas han suscitado una serie de polémicas y preocupaciones en virtud de que, entre otras cosas, en sus artículos transitorios, se establecen una serie de plazos para su entrada en vigor que generan un vacío legal que puede poner en riesgo diversos derechos humanos de los niños y adolescentes sujetos a la tutela de los órganos del estado y que, además, pueden implicar una violación a lo establecido en la reforma constitucional antes señalada.

En este tenor, y atendiendo a las nuevas facultades conferidas a las Comisiones públicas de derechos humanos y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 14 de septiembre de 2006, mediante la cual se les otorga la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad, atentamente le solicitamos que valore la posibilidad de presentar esta acción legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se solicite la inconstitucionalidad de aquellos artículos que dilaten la entrada en vigor de la Ley y que, en consecuencia, pongan en riesgo los derechos humanos básicos de las y los niños y adolescentes.

Es preciso señalar, que el plazo que establece el artículo 105 constitucional en su fracción II para la presentación de las acciones de inconstitucionalidad, es de 30 días naturales, razón por la cual el análisis y en su caso la presentación del recurso, deberán ser antes del 1 de noviembre del presente año.

Finalmente, le recordamos que en todo momento, la petición debe basarse en el interés superior de la niñez y de la adolescencia, pues el objetivo debe ser, precisamente, el que los beneficios que otorga la reforma constitucional, entren en vigor de manera inmediata.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente.

 

María Cristina Muñoz Menéndez.

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Compañeras y compañeros:
Enviamos la siguiente “carta modelo” para protestar por la violación a los derechos humanos de campesinos de Oxcum y exigir al gobierno desistirse de las acciones penales inciadas y respetar los derechos humanos.
Al final incluimos los nombres, cargos y direcciones electrónicas a las que puede enviarse. Pueden copiarse las direcciones en “destinatarios” y dejar únicamente el texto siguiente en el cuerpo del corrreo:

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Deploro las violaciones a los derechos humanos cometidas contra campesinos mayas el pasado 6 de octubre, de las cuales el principal responsable es el Gobernador de Yucatán.
Con preocupación he tenido conocimiento de que policías de la Secretaría de Protección y Vialidad (S.P.V.) agredieron a hombres y mujeres mayas que mantenían una vigilancia sobre tierras del ejido de Oxcum que están en litigio y detuvieron con violencia a los campesinos mayas Ildefonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, a quienes mantuvieron retenidos ilegalmente en el edificio de la S.P.V. por casi ocho horas, ya que hasta la noche fueron trasladados a la agencia 3a del Ministerio Público, hecho que resulta inconstitucional al tenor de lo establecido por el artículo 16 constitucional.
Sabemos que esta práctica de detención ilegal es frecuente en el estado, como lo demuestra además de este caso, el reciente ocurrido en la Comisaria de Caucel el pasado 13 de julio y en la que, bajo el mismo procedimiento, se detuvo ilegalmente a varios campesinos mientras en la Procuraduría de Justicia les fabricaban el expediente penal.
Tenemos conocimiento que este tipo de acciones se enmarcan en una política sistemática del gobierno del estado para despojar de sus tierras y territorios a los pueblos mayas, con el objetivo de realizar proyectos que, lejos de beneficiarles, les afectan pues los privan de sus medios de producción.
De igual manera, rechazamos y condenamos el hostigamiento del que fue objeto Eva Macossay por parte de Policías Judiciales al realizar su labor de observación y defensa de los derechos humanos. Reiteramos el derecho que todas y todos los ciudadanos tenemos a proteger y defender los derechos humanos y la obligación del Estado de permitir este ejercicio democrático.
En virtud de lo anterior, solicitamos lo siguiente:
Primero. Que el Gobierno del Estado se desista inmediatamente de las acciones penales ejercitadas en contra de los CC. Ildefonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y Wilbert López Castroen, en virtud de que carecen de sustento jurídico por estar basadas en acciones ilegales que vulneran los derechos humanos fundamentales y lejos de ser medidas para garantizar la paz social, son claras muestras de arbitrariedad y represión.
Segundo. Se efectúen las investigaciones penales y administrativas pertinentes para determinar las responsabilidades de los servidores públicos que detuvieron y mantuvieron de manera ilegal a los 4 campesinos mayas, así como de aquellos servidores que hostigaron a Eva Macossay Rodríguez cuando ésta realizaba su actividad de observación de derechos humanos.
Tercero. Se garantice el trabajo de defensa y observación de los derechos humanos realizado por todas y todos los ciudadanos y se evite la utilización de la represión y de medidas violatorias de derechos humanos para resolver conflictos que tienen un origen social.
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Enviar a:
Patricio Patrón Laviada
Gobernador del estado de Yucatán
patricio.patron@yucatan.gob.mx

Pedro Rivas Gutiérrez
Secretario de Gobierno
pedro.rivas@yucatan.gob.mx

MVZ Javier Medina Torre
Secretario de Protección y Vialidad
javier.medina@yucatan.gob.mx

Jorge Victoria Maldonado
Comisión de Derechos Humanos de Yucatán
codhey@prodigy.net.mx

REPRESALIAS CONTRA INTEGRANTES DEL OASIS

Reenviamos comunicado del albergue Oasis San Juan de Dios, de Yucatán, cuyos integrantes fueron ilegalmente detenidos y cateados por la policía el pasado 5 de octubre.
El Equipo Indignación deplora la represalia cometida contra compañeros de dicho albergue, así como la discriminación en la que incurrieron elementos de la S.P.V.
“Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”, por lo que exigimos una investigación de los hechos y la sanción a los responsables de vulnerar garantías constitucionales y derechos humanos.

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Después de las denuncias públicas hechas recientemente por las violaciones de derechos humanos en el CERESO; después de que uno de los integrantes del Albergue Oasis San Juan de Dios denunció públicamente con valentía la venta de drogas y la suspensión de tratamientos del VIH/SIDA en el CERESO y de otra demanda por el despojo de un terreno a la fundación por el director del penal Francisco Brito, en respuesta recibimos una represión policíaca.

HECHOS
El día jueves 5 de octubre a las 11:30 de la mañana unos policías de la camioneta 1825 y una moto 2043 con armas en la mano amenazantes nos detienen, catean a los integrantes de la camioneta propidad de la fundación, catean la camioneta e intentan abrir mi portafolio, todo esto con gritos de “dale, maricones”, incluso nos quieren detener inventando que la camioneta era sospechosa de drogas y que no estaba en regla, cuando ni siquiera nos pidieron mi licencia y documentos de la camioneta.
El viernes 6 hemos interpuesto una queja en la CODHEY y solicitado se dé parte al Ministerio Público.
Queremos manifestar que el gobierno podrá utilizar la fuerza para intentar acallar las denuncias ciudadanas, pero Nosotros tenemos la fuerza de la verdad y la razón que siempre al final se impondrán sobre las armas.

Atentamente,
Carlos Méndez Benavides
Oasis San Juan de Dios

Policía de Yucatán agrede a campesinos de Oxcum y detiene ilegalmente a cuatro

Judiciales hostigan a defensora de derechos humanos

 

 

 

Equipo Indignación A.C.

Policías de la Secretaría de Protección y Vialidad de Yucatán detuvieron con violencia a cuatro ejidatarios mayas el viernes 6 de octubre pasado y agredieron a cerca de veinte personas de Oxcum que se mantenían en vigilancia sobre terrenos de ese ejido en litigio para a evitar que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) introduzca maquinaria a trabajarlos.
El equipo Indignación tuvo conocimiento de la detención y del traslado de los detenidos hacia el edificio de la S.P.V., donde se retuvo ilegalmente a don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García, don Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, quienes hasta las ocho de la noche fueron trasladados al edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Durante el operativo resultaron lesionadas, además de los detenidos, don Juan Poot, doña Felipa Poot, doña Dulce María Chuil Mena y doña Rosario Dzul, entre otras personas.
En las afueras de la SPV entrevistamos a familiares de los detenidos y personas que participaron en los trabajos de vigilancia sobre las tierras y constatamos los golpes y lesiones que dejaron huellas visibles.
A la detención ilegal, la violación al derecho a la integridad física y el abuso de fuerza por parte de los policías, se sumó el hostigamiento e intimidación de policías judiciales hacia una observadora de derechos humanos del Movimiento de Cultura Popular, Eva Macossay, quien al llegar a la procuraduría tomó fotos de la camioneta en la que venían los detenidos.
Una vez en el estacionamiento de la procuraduría, el coche en el que se trasladaba Eva fue interceptado por un coche blanco con cristales polarizados y ella fue obligada por personas que se identificaron como judiciales a bajar de su vehículo y mostrar su identificación, lo que contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.”
El equipo Indignación deplora las violaciones a las garantías y derechos humanos descritas, exige una investigación inmediata y la sanción de los responsables, así como respeto irrestricto hacia el trabajo de observación y defensa de los derechos humanos.
Este equipo también hace notar que de manera reiterada el actual gobierno ha utilizado el edificio de la SPV como sitio de detención, lo que es ilegal.
Por otra parte, este equipo no puede dejar de observar y señalar que las compras de tierra promovidas por el gobierno del Estado y ejecutadas a través de intermediarios, además de constituir una política de despojo al territorio del pueblo maya, se han hecho a través de mecanismos antidemocráticos y corruptores que han generado una profunda división en comunidades y ejidos mayas.
Estas adquisiciones de tierras en pueblos mayas cuyos derechos no están reconocidos y que viven en condiciones de pobreza extrema pueden adquirir forma legal pero resultan ilegítimas. El equipo Indignación denuncia y deplora el hecho de que el gobierno del Estado no sólo no cuente con una política integral para proteger los territorios del pueblo maya y respetar su derecho a decidir sobre sus tierras, sino que él mismo participe en el despojo y lo propicie.