Quince años de (documentar la) Indignación

Convocad*s por la aurora… en medio de la noche.
Hace quince años Yucatán no contaba con una ley contra la tortura ni con una comisión pública de derechos humanos; las cárceles eran abismos de terror ajenos a cualquier inspección independiente, la impunidad estaba garantizada para cualquier autoridad implicada en violaciones a los derechos humanos, las elecciones eran organizadas por el gobierno, no había una ley que obligara al gobierno a entregar información pública.
Hace quince años la miseria era propiciada por un Estado que desconocía su responsabilidad para garantizar derechos elementales.
Hace quince años la represión era la respuesta a las exigencias sociales o ciudadanas y al ejercicio mismo de los derechos. Tetiz y Hunucmá, en el ámbito laboral; Valladolid, en el ámbito electoral y, un poco más tarde, la represión contra ejidatarios en junio de 1992, mostraron que la violencia del Estado se ensañaría contra quien se atreviese a reclamar sus derechos.
Hace quince años el Presidente de la República designaba o removía al gobernador del estado a su arbitrio.
Hace quince años la inequidad de género se profundizaba sin que el Estado lograra asumir su responsabilidad en el diseño de políticas para garantizar a las mujeres el acceso a todos nuestros derechos, no estaba tipificada la violencia de género y las leyes no contemplaban la violación dentro del matrimonio.
Hace quince años las oficinas gubernamentales nos conducían al área de recursos humanos cuando reclamábamos “derechos humanos”.
Hace quince años el estado no asumía prácticamente ninguna responsabilidad frente a las personas que adquirían VIH/Sida.
Hace quince años la indignación nos convocó. Nos propusimos documentarla y denunciar las violaciones a los derechos humanos y a los responsables. Nos propusimos dar a conocer los derechos, promover su reconocimiento y compartir con otras personas y organizaciones el desafío de ejercerlos.

Como flor que nace de la muerte
Quince años de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos nos ha permitido ser testigos privilegiadas de procesos y cambios generados desde la organización, la determinación y la esperanza que mantienen mujeres y hombres que han desafiado inercias y autoritarismos.
El resquebrajamiento del partido de Estado, la multiplicación de grupos de la sociedad civil, los cambios culturales producto de la revolución de género, la lucha del pueblo maya por el reconocimiento de sus derechos, la construcción lenta de ciudadanía frente al poder público, el trabajo de impulsar y consolidar instituciones ciudadanizadas, la creación de mecanismos para obligar a la rendición de cuentas, algunas leyes —como la ley contra la tortura y la de la Codhey— prácticamente arrancadas a los Congresos, son algunos de los logros de los que somos testigos.
Pero estos logros, para convertirse en posibilidad de goce pleno de los derechos humanos para todas y todos, requieren enmarcarse en otro Estado, en otro país, uno que se constituya y se asuma pluricultural y democrático.

Hace quince años no contábamos con una ley contra la discriminación y, en Yucatán, quince años después, continuamos con esta ausencia.
Hace quince años el pueblo maya no estaba reconocido en la constitución ni estaba reconocido su derecho a la autonomía y hoy, quince años después, continuamos en un país que se niega a respetar los Acuerdos de San Andrés y en una entidad que se niega a escuchar al pueblo maya.
Hace quince años la mayor parte de las personas que habitan México y Yucatán vivían en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, es decir, con la violación cotidiana y permanente de sus derechos más elementales. Hoy, quince años después, continúa esta violencia sistemática y continuamos en un país en el que los derechos humanos, su garantía y ejercicio, parece un privilegio reservado sólo a quienes pueden pagar; un país incapaz de reconocer y proteger los derechos económicos, sociales y culturales.
Hace quince años creíamos tener la peor ley de radio y televisión en América Latina y hoy, quince años después, el Congreso de la Unión ha decidido sujetar un derecho elemental, el derecho a la comunicación, al mejor postor.

La Indignación persistente
Hace quince años, también nos propusimos desaparecer, ser innecesarias… llegaría el momento, soñábamos, en el que contaríamos con instituciones ciudadanas confiables que nos garantizaran el pleno respeto a nuestros derechos humanos.
Ese momento no ha llegado todavía. Más aún, hoy más que antes, el Estado parece sucumbir ante la fuerza del dinero y de la impunidad, y claudica de su deber de garantizar plenamente los derechos a todas y todos.
Hoy, quince años después, el Estado mantiene en la cárcel a don Ricardo Ucán, después de haberle violado sus derechos a un juicio justo, a la cultura y de cometer contra él discriminación.
Hoy, quince años después, el Estado vestido de ejército irrumpe en casa de doña Nicolasa, en Xaya, bajo amenazas la traslada a Mérida, la mantiene una noche en la cárcel y se garantiza a sí mismo impunidad.
Hoy, quince años después, la responsable de infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a niñas y niños internos en la Escuela Social de Menores Infractores continúa impune.
Hoy, quince años después y a catorce años de la reforma al artículo 27 de la constitución federal, el pueblo maya es despojado sus tierras, con las cuales lucran los especuladores, y ese despojo es propiciado o facilitado por el propio gobierno.

Encuentros luminosos
En el camino de estos quince años, Indignación ha aprendido mucho. Hemos documentado nuestra desconfianza ante el discurso de los poderosos, nos hemos convertido en un equipo pluricultural, hemos sido inmerecidas depositarias de la confianza de muchos ciudadanos y ciudadanas.
En quince años de documentar violaciones a los derechos humanos, el mayor logro ha sido, sin duda, encontrar compañeras y compañeros dispuestos a romper el silencio que el autoritarismo y la impunidad quieren imponer y que se atreven a denunciar violaciones a los derechos humanos propias y de otros compañeros y compañeras, es decir, dispuestos y dispuestas a construir ese país que tanto urge.
Personas de otras organizaciones, animadoras y animadores de comunidades eclesiales, religiosos y religiosas, compañeros solidarios y solidarias, promotores y promotoras en distintos pueblos, personas con VIH/Sida, mujeres, homosexuales, compañeras y compañeros mayas, agricultores, obreras y obreros, productoras y productores, cooperativistas, educadores y educadoras, comunicadoras y comunicadores populares… a todas las personas con quienes hemos coincidido en breves o largos momentos en estos quince años, en cursos o en marchas, en talleres o en denuncias, en manifestaciones o en reuniones, a todas y todos ustedes les hacemos el más profundo reconocimiento.
Para el Equipo Indignación encontrarnos ha sido ya comenzar a hacer posible el otro mundo por el que trabajamos.
Hoy nuestra celebración es el homenaje que hacemos a quienes cada día luchan, defienden y construyen un mundo en el que los derechos de todas las personas se ejerzan plenamente.

Nuestro consejo: Otro Congreso

Equipo Indignación A.C.

Una reforma electoral largamente exigida por distintas organizaciones de la sociedad civil, reforma que en otras circunstancias se hubiese celebrado como triunfo de la ciudadanía, está a punto de convertirse en instrumento para desintegrar un consejo e integrar otro, en una intervención concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Al Equipo Indignación le parece insuficiente la discusión de si eso es legal pero ilegítimo o ilegal pero conveniente. Desde la perspectiva de los derechos humanos no acostumbramos levantar la consigna del respeto al estado de derecho como primer y único argumento, conscientes de que en el actual marco legal se sostiene este desastre de país que ha sido incapaz de garantizar los derechos elementales a la mayoría de la población, pero ciertamente los servidores públicos están obligados a cumplirlo y tienen responsabilidades precisas al romperlo.
Advertimos las contradicciones y riesgos que este momento exhibe: Los consejeros electorales son fruto de una cuestionada insaculación que fue responsabilidad del poder legislativo y de un marco legal inapropiado, también responsabilidad del poder legislativo.
Quienes integramos el Equipo Indignación estamos convencidas y convencidos de que necesitamos otro Congreso y, más aún, otra constitución; es decir, otro país.
Por otra parte, la actuación de los consejeros ha sido cuestionada a través de algunos medios de comunicación, pero no ha sido juzgada y, en su caso, sancionada a través de las instancias pertinentes. Es decir que, de hecho, el Congreso está destituyendo a los Consejeros sin tener facultades para ello.
Esto pone enfrente un enorme riesgo que el Equipo Indignación se ve obligado a señalar: ¿Estará cualquier consejo al arbitrio de otros poderes? ¿Qué certeza tendrá ahora la ciudadanía con respecto a cualquier consejo electoral, dado que puede desaparecerlo una acción concertada entre otros poderes formales e informales? Preguntas necesarias en este tiempo que parece querer regresar a enero de 2001.
El Congreso no ha abierto un proceso para dar a conocer la iniciativa de reforma electoral y enriquecerla con opiniones de distintas organizaciones ciudadanas, lo que contradice la intención de presumirla como iniciativa popular. La prisa que impone el verdadero objetivo de la reforma está evitando la consulta que la iniciativa de ley requeriría.
Este proceso también ha exhibido la gran influencia que la Coparmex tiene en el Ejecutivo del Estado. Este tiempo de confusas argumentaciones exhibe cuánto falta para lograr un país que garantice el respeto a todos los derechos de todas las personas.

La flor de nuestra palabra sigue viva

Reenviamos el siguiente comunicado que nos llegó de compañeros y compañeras mayas que reiteran su oposición a una ley estatal en materia indígena mientras no se respeten los Acuerdos de San Andrés.

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A menos de un año de haber ejercido el derecho a decir nuestra palabra en contra de una iniciativa de ley para el pueblo maya, hoy nuevamente el gobierno y los partidos políticos amenazan en su necia terquedad, por así convenirle a sus intereses, al presentar una iniciativa de ley para seguir controlando la vida del pueblo maya, precisamente ahora, cuando se cumplen cinco años de esa ofensa contra los pueblos originarios que fue la contrarreforma indígena federal que traicionó los Acuerdos de San Andrés.

Los diputados fueron sordos a nuestra palabra. Hemos vigilado los pasos que están dando y lo decimos abiertamente: sabemos cómo es su modo de hacer leyes, de negociar bajo la mesa por pura cuestión de intereses políticos y partidistas. No les creemos para nada que este interés de legislar una ley para los mayas sea pensando en reconocer los derechos plenos del pueblo. Porque, sí así fuera, los que se supone representan al pueblo que los sentó en la silla que ahora ocupan, ya hubieran llevado la palabra de los miles de mujeres y hombres mayas al Congreso de la Unión para que se retome y se reconozcan en la Constitución Federal las demandas exigidas en los acuerdos de San Andrés.

Las legisladoras y legisladores se equivocan si creen que estamos dormidos. Estamos atentos a todos los pasos que amenacen al pueblo maya, por eso vigilamos a los diputados.

Nos llama mucho la atención que el Indemaya y el grupo parlamentario del PAN en días recientes presentaron sus iniciativas de ley para nosotros, en un tiempo muy cercano a las próximas elecciones. Claro, sabemos que ellos sólo se mueven más rápido en estos tiempos para ganar votos y hacernos creer que nos están haciendo un favor. Este truco es muy viejo, ya nadie les cree y nosotros menos. Ellos ni siquiera entienden cuáles son nuestros derechos.

Los hombres y las mujeres mayas que firmamos este comunicado lo firmamos también el año pasado, cuando en un primer intento del Indemaya, la Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas y la comisión del Congreso del Estado para los asuntos de la etnia maya, hicieron una “consulta” con el objetivo de presentar una iniciativa de ley para el pueblo maya de Yucatán.

Ya hemos dicho que NO en nuestro nombre se haga una ley mientras no se respeten los Acuerdos de San Andrés. Las razones que tenemos las hemos dicho y las sostenemos. Creemos que esta nueva iniciativa de ley es una más de las violaciones a los derechos que se cometen en contra de los pueblos originarios de este país.

Estos hechos que se han estado dando en diferentes puntos de la República, y ahora nuevamente en Yucatán, solamente nos confirman la discriminación y el desprecio que sienten por nosotros los que están en el poder, al pretender seguir regulando la vida de los hombres y mujeres que por más de 500 años hemos resistido y luchado ante un sistema discriminatorio y autoritario que se ha propuesto el objetivo de acabar con nuestra identidad cultural.

A las primeras voces que manifestamos que No en nuestro nombre maya hagan una ley mientras no se reconozcan los acuerdos de San Andrés se suman día a día otras voces y nuestro corazón se llena de alegría por escuchar las pisadas que anuncian más encuentros.

A quienes firmaron y a quienes no han firmado les queremos decir que ya somos muchos, pero muchos más que las primeras dos mil personas que nos pronunciamos en contra de la primera amenaza de legislar por nosotros. Tal vez por ese motivo los diputados están desesperados para hacer una ley que nos siga controlando nuestra existencia, haciéndonos creer que sólo ellos saben lo que nos conviene.

Las mujeres y hombres mayas de Yucatán sabemos que no estamos solos en esta lucha. El sonido del caracol ha recorrido ya muchos pueblos de Yucatán y hasta de otras partes y encuentra que cada vez es más grande nuestra palabra y es nuestra palabra maya la trinchera desde la que vamos a luchar contra este mal gobierno y contra todo lo que amenace al pueblo maya.

Nuestro corazón también se alegra y se entusiasma al escuchar que en todo el territorio nacional se están encontrando nuestras palabras y se están enlazando las rebeldías. Es una realidad que vemos cada vez más cerca: México y el mundo tienen que cambiar, este sistema que nos roba lo nuestro, nos arrebata hasta la vida y empobrece al pueblo para beneficio de los poderosos ya no se puede aguantar.

En septiembre del año 2005 un grupo de más de dos mil hombres y mujeres mayas juntamos nuestra palabra y pensamiento e hicimos un P´uj. Esta acción de resistencia por el respeto a nuestros derechos fue también acompañada por más de mil firmas de compañeros y compañeras que no son mayas y que en su solidaridad con nosotros dijeron su palabra para decir que tampoco en su nombre se legislara una ley para los mayas; con esta acción de exigencia y resistencia, le dijimos al congreso y al gobierno, que No estamos de acuerdo en que se haga una ley en Yucatán mientras no se respeten los acuerdos de San Andrés.

En el P´uj dijimos que las “consultas” que hizo el Indemaya junto con el Congreso del estado fueron tramposas porque no respetaron el Convenio 169 de la OIT y, además, preguntaron si queremos vivienda, buena alimentación, salud, etc. Nosotros les recordamos al gobierno que estas acciones son política pública, son derechos que deporsí están en la constitución, aunque ni siquiera eso respetan.

Ahora con esta nueva iniciativa de ley que presentan el Indemaya y los partidos en el congreso se confirma la discriminación del gobierno al no respetar nuestra palabra y nuestro modo de ser pueblo. El gobierno y los diferentes poderes que lo conforman no entienden nuestra cultura maya. En el P´uj les dijimos en su cara que no sentimos que ellos nos representen.

Cuando el P´uj llegó al Congreso salieron unos diputados que prometieron que iban a hacer caso de nuestra palabra, pero muchos años de historia nos hicieron dudar de ellos, lo que se confirma ahora ya que esos mismos diputados son los que en fechas recientes han presentado ya una iniciativa de ley para nosotros. En el P´uj dijimos que a nosotros los mayas se nos discrimina en el trabajo, en los juicios, en las ciudades y en las políticas. El gobierno nos trata de menos y beneficia a los que tienen dinero y poder.

Las mujeres que participamos en el P´uj, y que vivimos la doble discriminación por ser mujeres e indígenas, sabemos que estos diputados ni siquiera han hecho una ley contra la discriminación y que son malas sus leyes para la igualdad y para castigar la violencia, así que tampoco les creemos a los diputados.

En el P´uj nos dimos cuenta que el ” Wayano’ one ” del gobierno a través del Indemaya es mentiroso y calla muchas cosas: No dice que los mayas estamos aquí pero con los peores empleos, los más mal pagados; no dice que aquí estamos los mayas víctimas de un sistema de justicia que no entiende nuestra cultura y ni siquiera nuestra lengua; que lejos de garantizar nuestro derecho a defendernos solamente nos perjudica. No dice que los mayas estamos aquí sin hospitales dignos para curarnos, que no está garantizada la educación superior para los estudiantes mayas, que el gobierno nos despoja de nuestra tierra aprovechando la situación de pobreza que padecen los pueblos.

Hoy repetimos que No en nuestro nombre se haga una ley que no garantiza el pleno reconocimiento a los derechos indígenas del pueblo maya,
Que no en nuestro nombre se haga una ley que sigue condicionando y otorgando derechos sujetos a las leyes occidentales impuestas desde hace mas de 500 años,
Que no en nuestro nombre se haga una ley para los mayas que venga de los intereses de un gobierno que no es indígena que no conoce y no entiende al pueblo.
Que no en nuestro nombre se haga una ley ajena a la demanda nacional de los pueblos indígenas, exigidos en los acuerdos de San Andrés y traicionados por el gobierno y los partidos políticos.

¡No en nuestro nombre!

Los diputados no pueden usar nuestro nombre para justificar su ley, pero ya no es para ellos nuestra palabra pues fueron sordos a nuestra voz.

La flor de nuestra palabra se encuentra con otras palabras verdaderas de las que brota más que alegría, vida plena, el ki’imak o’olal.

Cecilia Uh Jiménez, Margarita Carvajal, Roger May, José Anastasio Euán Romero, Randy Soberanis Dzul, Elma Pool Coot, Silvia Chalé Euán, Lidia Cruz Vázquez, Xavier Azueta Chalé, Zacarías Romero Chalé, Silvia Coot Kumán, Pedro Uc Be, Russel Pebá, Angel Ku Dzul, Álvaro Mena, Madhavy Tello García, Rollely Be Castillo, Elizabeth Durán Segura, Edilberto Argáez González.

Ombudsman: Una prisa sospechosa

Equipo Indignación A.C.

El mes pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) anunció su decisión de no buscar su ratificación en el puesto. A partir de entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado emitió la convocatoria para elegir al nuevo ombudsman local.
De acuerdo con la ley, el Congreso del Estado está a cargo de elegir al presidente de la CODHEY a partir de las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. La ley, sin embargo, no garantiza ningún otro tipo de participación de la sociedad civil en el procedimiento de selección y elección.
Hace cuatro años, debido a las reformas de ley y a la presión de algunos sectores de la sociedad, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso tomó la decisión política de abrir el proceso. Los candidatos, en sesiones abiertas a la ciudadanía, debieron presentar sus estrategias y propuestas de acción para la defensa de los derechos humanos. Los candidatos comparecieron personalmente, y algunos decidieron no comparecer y enviaron su proyecto por escrito, entre ellos el presidente actual.
Según un comunicado del Legislativo , hoy debió presentarse ante el pleno del Congreso la lista de 15 candidatos/as que cumplieron con los requisitos para contender en el proceso de selección y nombramiento y, tan sólo dos días después, el jueves próximo, será la discusión y votación por parte de los legisladores.
No deja de extrañarle a este equipo la rapidez con la que quiere concluirse el proceso. No tenemos noticia de que los diputados y diputadas vayan a invitar a comparecer a los candidatos y candidatas para que presenten sus propuestas ante la sociedad. Tampoco se ha hecho pública la lista de organizaciones civiles que propusieron a los candidatos. A esto se añade la reiterada incapacidad del Congreso manifestada en la elección de miembros de organismos ciudadanizados que hemos denunciado en un comunicado previo.
El actual proceso se está llevando a cabo con una rapidez inusual (hace cuatro años el ombudsman fue insaculado el 5 de julio) y en condiciones poco transparentes. Este equipo ha señalado la necesidad de establecer entre los requisitos el contar con experiencia que garantice el conocimiento y la pericia del presidente del organismo encargado de la protección de los derechos humanos, así como su independencia, lo cual no se ha hecho.
La definición de criterios fundamentales y el diseño de reglas básicas para la elección harían del proceso actual un espacio más transparente y democrático. Es muy importante que la sociedad considere a la CODHEY como una oficina independiente, justa y competente.
Un Ombudsman distinguido ha notado que: “Como sea que se establezcan los mecanismos para el nombramiento, se minarán las salvaguardas institucionales para la independencia si hay cualquier posibilidad de que las consideraciones partidistas desemboquen en la parcialidad, o en la percepción de la parcialidad, de la persona nombrada. Es igualmente importante evitar hacer un nombramiento que obvie o diluya las calidades profesionales necesarias” .
Por todo ello, y como parte del objetivo de fortalecer la institución pública de protección de los derechos humanos independiente y autónoma, el equipo Indignación se manifiesta acerca de los criterios necesarios para seleccionar al próximo Presidente o Presidenta de la CODHEY.

A. Independencia
La independencia es condición de la credibilidad y la efectividad de la administración de las instituciones de protección y promoción de los derechos humanos. Así, una Comisión con miembros de la más alta calidad profesional y moral son garantía de justicia para las partes, tanto para quienes reclaman su acción por considerar que han sido víctimas del abuso del poder, como para quienes esperan una evaluación objetiva de los hechos, ajustada a las normas y procedimientos.
Con lo que cuentan los candidatos y candidatas para que pueda valorarse su independencia es, precisamente, con su trayectoria.

B. Idoneidad
La base de la autoridad de los órganos de protección de derechos humanos se construye también desde su imparcialidad y calidad profesional. La condición humana y profesional de sus miembros confiere a la institución el prestigio y credibilidad necesarios para realizar recomendaciones sobre temas tan delicados como los que trata la Comisión, así como para imponer un fallo que los demás respeten y cumplan.
El proceso de selección debe, pues, garantizar la elección de aquellas personas más calificadas, competentes y expertas, de alta calidad moral, ética y humana, con conocimientos en el campo de los derechos humanos, con experiencias, condiciones y situaciones diversas, que permitan una respuesta idónea, y con la calidad profesional y moral que requieren los desafíos que presentan las distintas áreas de trabajo de la Comisión.
Como criterios básicos para garantizar la idoneidad deben considerarse los siguientes:
• La más alta autoridad moral. Hace referencia al público reconocimiento de una actuación personal y profesional intachable y ejemplar reflejo de cualidades humanas tales como el compromiso con la efectiva vigencia de los derechos humanos, el decidido e inequívoco aprecio por la dignidad humana y el profundo respeto por la libertad e igualdad de las personas. Por supuesto que constituiría un obstáculo el haber participado en gobiernos autoritarios, haber participado de violaciones de derechos humanos, haber sostenido posiciones ideológicas incompatibles con la promoción de la dignidad humana o la protección internacional de los derechos humanos.
• Reconocida competencia en materia de derechos humanos. Con relación a la competencia, la experiencia no ha de limitarse a la formación académica en el ámbito de los derechos humanos, sino también a la pericia para la protección de estos derechos, al ejercicio profesional, la habilidad intelectual para traducir los hechos y argumentos en sólidos análisis jurídicos y políticos y la capacidad para abordar diversas áreas fundamentales para el desarrollo de las funciones del órgano, entre otras.
La experiencia que proviene de la trayectoria ciudadana a favor de los derechos humanos ha de valorarse de manera privilegiada, por encima del desempeño exclusivamente burocrático o académico en este campo.

Los organismos proponentes
La pasada ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la conformación de organismos ciudadanos locales nos llevan a señalar la necesidad de valorar también la trayectoria de los organismos promoventes.
En el caso de la CNDH, la lista de organizaciones promoventes incluía asociaciones cuyo trabajo poco o nada tiene que ver con derechos humanos.

Acerca del proceso de selección
Para fortalecer el sistema de protección de derechos humanos en el estado y aumentar la credibilidad e independencia de la CODHEY, retomamos las recomendaciones hechas por el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) con respecto a la selección de miembros del sistema interamericano de derechos humanos.
Se trata de promover un proceso participativo y transparente, es decir, aquel conjunto de mecanismos tendientes a garantizar la participación democrática de la sociedad civil, el desarrollo público de los procesos de selección, la igualdad de condiciones y trato de los candidatos y las candidatas y el riguroso escrutinio tendiente a identificar los/as candidatos/as más idóneos/as. Ha de ser un proceso justo, lo que hace especial referencia a la definición de reglas y criterios para el desarrollo del proceso de selección que garanticen la participación ciudadana y la evaluación ecuánime de los candidatos o candidatas.
Por otra parte, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas incluye entre sus recomendaciones el “Incorporar en los procedimientos constitucionales de designación de servidores públicos de alto nivel no electos de los poderes de la Unión, y de los órganos autónomos, mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad aportar oportunamente a los órganos decisorios elementos de juicio respecto de la idoneidad de las personas propuestas.” (Recomendación General 3).
La actual legislatura tiene una gran responsabilidad en la conformación del organismo público de protección de los derechos humanos. Su actuación en este proceso también define su compromiso con esta crucial materia.