Indignación se abstendrá de presentar candidato o candidata a ombudsman

La actual legislatura no garantiza una selección adecuada

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

Impulsar y fortalecer el organismo público de protección de los derechos humanos del Estado es una de las tareas a las que el Equipo Indignación ha dedicado esfuerzos en los últimos años, al igual que otras organizaciones ciudadanas de Yucatán. Para eso hemos promovido la revisión del marco legal de esa institución, vigilado el desempeño de este organismo público y propuesto candidatos y candidatas para la presidencia y el consejo consultivo de la Codhey.
Sin embargo, considerando que la actual ley no garantiza el proceso necesario para la selección del ombudsman y que los actuales legisladores no han mostrado sensibilidad hacia los derechos humanos ni conocimiento suficiente para hacer frente a esta responsabilidad, el Equipo Indignación anuncia su decisión de ABSTENERSE de presentar candidato o candidata para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos del Estado de Yucatán (Codhey) y las razones que sostienen esa decisión.
1. Este Congreso ha omitido hacer cambios necesarios a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras muchas omisiones, y ha escatimado recursos a la Codhey.
2. A quienes integramos el Equipo Indignación también nos preocupa que la selección del ombudsman pueda verse sujeta a intereses de otra índole, como los que podrían desprenderse de negociaciones entre las bancadas con respecto a asuntos ajenos al de la designación del presidente de la Codhey. En procesos anteriores ha privado una mirada sobre los candidatos que subraya filias y fobias partidistas, en detrimento de las propuestas independientes y de los propios organismos ciudadanos.
3. Ante la responsabilidad de decidir la renovación o ratificación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Congreso, en vez de presentar los criterios con los que evaluaría al ombudsman, le solicitó presentar un informe de labores y administrativo.
La solicitud hecha por el Congreso del Estado es motivo de gran preocupación para este Equipo. Manifiesta la incapacidad de los legisladores o, francamente, la renuncia a realizar su trabajo. El ombudsman presenta cada año un informe, precisamente ante el Congreso del Estado. Es incomprensible que esta legislatura le haya solicitado un informe de labores para decidir sobre su ratificación cuando cuenta con sus informes anuales para evaluar su gestión.
Ante esa lamentable omisión consideramos que los actuales diputados no cuentan con los elementos ni con la capacidad para establecer criterios objetivos de evaluación del organismo público de los derechos humanos ni conocen los estándares a partir de los cuales organismos nacionales e internacionales evalúan al ombudsman, lo que nos lleva a cuestionar la capacidad de estos legisladores para designar al presidente de la Codhey.
4. Otra lamentable omisión del Congreso ha consistido en excluir a la sociedad civil de este proceso de evaluación. Las organizaciones civiles ciertamente tenemos una palabra con respecto al desempeño del Ombudsman y el Congreso omitió abrir un espacio para que las organizaciones ciudadanas pudiesen, de acuerdo a criterios establecidos previamente, presentar su evaluación.
5. La actual legislatura se presenta incapaz de valorar y defender propuestas ciudadanas e independientes. Indignación no olvida que el actual Ombudsman, quien no contaba con una trayectoria de defensa de los derechos humanos, fue designado mediante un proceso de insaculación que realizó la anterior legislatura. Desde ese entonces, este equipo ha señalado la necesidad de establecer entre los requisitos el contar con experiencia que garantice el conocimiento y la pericia del presidente del organismo encargado de la protección de los derechos humanos, así como su independencia, lo cual no se ha hecho.
Es por eso, y por las reiteradas muestras de incapacidad de la actual legislatura, que el Equipo Indignación anuncia su decisión de ABSTENERSE de presentar candidato o candidata para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos del Estado de Yucatán (Codhey).
Serán otras las vías que utilizaremos para continuar con el objetivo de fortalecer una institución pública de protección de los derechos humanos independiente y autónoma. Esta abstención es una de ellas.

La autonomía de los organismos ciudadanos, desafío permanente.

Equipo INDIGNACIÓN A.C.

La conformación de organismos públicos ciudadanizados ha sido, desde hace muchos años, uno de los objetivos perseguidos por numerosas organizaciones civiles en todo el país. Un paso indispensable en el proceso de transición democrática que vivimos en nuestro país ha sido la laboriosa construcción de instituciones que, operadas y supervisadas por gente ajena al poder público y a los partidos políticos, ofrecieran a los ciudadanos y ciudadanas vigilancia puntual e imparcial de las acciones del gobierno y contribuyeran a la consolidación de la democracia.
Tres instituciones ciudadanas han surgido en el país como fruto de ese esfuerzo: las comisiones públicas de derechos humanos, los consejos electorales y, la más reciente, los institutos de acceso a la información pública.
Constatamos que, tanto en el ámbito federal, como en el estatal, las instituciones ciudadanizadas están todavía en proceso de construir, fortalecer y defender la autonomía e independencia que requieren para su desempeño. En la elaboración del marco legal que rige a estas instituciones y en su conformación han pesado más los intereses de los partidos políticos que las propuestas ciudadanas.
La CNDH no cuenta con una reconocida independencia y su ineficiencia y dispendio de recursos públicos ha sido ampliamente documentada .
El Instituto Federal Electoral, a pesar de que logró construir una cuota significativa de independencia e imparcialidad, ha resentido en su renovación negociaciones de los partidos ajenas a los intereses de la ciudadanía.
El Instituto Federal de Acceso a la Información es todavía muy joven para poder tener una idea clara de los aspectos positivos y negativos de su funcionamiento.
Los tropiezos encontrados en la conformación de este tipo de organismos a nivel federal, se repiten en los estados de la república. En el caso de Yucatán, el equipo de derechos humanos Indignación A.C. ha hecho públicas sus opiniones con respecto a la actuación de la Codhey y de las modificaciones que todavía se necesitan hacer a la ley del ramo para garantizar que a la presidencia de ese organismo llegue una persona con trayectoria probada y experiencia para defender los derechos de las y los yucatecos.
La conformación del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (INAIP) fue cuestionado por el Equipo Indignación al incluir entre sus integrantes a una personas vinculada con el partido Acción Nacional .
Pero quizá el organismo que ha sido más cuestionado públicamente en los últimos meses ha sido el Consejo Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY). Surgidos de un cuestionado proceso de insaculación que reveló la incapacidad de los diputados y diputadas de llegar a acuerdos para procurar a la ciudadanía un instrumento confiable para la organización de las elecciones, los Consejeros Electorales así electos han sido acusados, a través de medios de comunicación, de realizar gastos indebidos; algunos actores políticos subrayan, a través de la prensa, las diferencias existentes entre dichos servidores públicos y su incapacidad para llegar a acuerdos como causa de parálisis o inactividad de ese instituto.

Nuestra opinión
1. La ciudadanización de los organismos autónomos ha sido saboteada por los partidos políticos al interior del Congreso y fuera de él. Centrados solamente en sus intereses, los partidos políticos han mostrado falta de voluntad política en el proceso de democratización de las instituciones, lo que ha obstaculizado el fortalecimiento del marco legal que las rige y ha impedido que lleguen a dichos organismo personas con amplia trayectoria ciudadana. En algunas organizaciones de la sociedad civil persiste la preocupación de que la conformación de esas instituciones, más que consolidar la democracia a través de los organismos ciudadanos, ha sido utilizada para legitimar al Estado.
2. El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, asienta la necesidad de “fortalecer la imparcialidad de los consejeros electorales ciudadanos a todos los niveles a través de nuevas reglas de designación. Una posible solución es reforzar el “diseño público” del entramado institucional para evitar sesgos evidentes. Se deben establecer mecanismos legales para que no sean los partidos al interior del Congreso los que designen a las y los consejeros electorales. El proceso de selección debe favorecer la representación ciudadana, de género y de las regiones del país”

3. Los organismos ciudadanos tienen también la obligación de salvaguardar su autonomía. Creemos que, lo que señala Miguel Sarre sobre la CNDH, vale para el actual Instituto Electoral del Estado de Yucatán y su consejo ciudadano: “La autonomía de la CNDH no sólo debe ser respetada por los demás poderes públicos sino por el Ombudsman mismo. Si éste llega a comprobar que su autonomía se torna insuficiente o está en peligro por cualquier razón, tiene el deber de denunciarlo, rechazarlo y colocarse por encima de esos embates contra su independencia”.
4. Sobre la autonomía, Sarre también apunta: “Debe estar sujeta al escrutinio social y de los representantes populares, porque la autonomía no significa escapar a todo control”. Reiteramos lo que hemos dicho antes: los consejeros ciudadanos, como todos los servidores públicos, están sujetos al escrutinio social y a la rendición de cuentas, la cual están obligados a favorecer y facilitar.
5. Constatamos que ha habido muchas opiniones en contra de la actuación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado, pero aún no han salido a la luz los resultados de las investigaciones a las que los Consejeros han sido sujetos. Sólo dichos resultados nos permitirán saber si han cometido alguna irregularidad.
6. Las insistentes acusaciones por parte de distintos actores políticos, mientras no estén sustentadas en hechos comprobados, obligan al Consejo a tener especial cuidado en vigilar que no se vulnere su autonomía y a evitar intromisiones que podrían provenir de alguno de los otros poderes del Estado.
7. Ante las voces que reclaman al Congreso destituir a los Consejeros, el Equipo Indignación alerta acerca del riesgo que implica para la democracia el recurrir a mecanismos extralegales para designar o destituir a cualquiera de sus integrantes. Este tiempo nos ha hecho recordar el tiempo del desacato, cuando se intentó imponer un consejo electoral al margen de la ley e, incluso, violentándola. El Congreso del Estado, entre cuyas funciones está precisamente la de revisar la actuación de otros organismos y sus cuentas, está obligado a ejercer esta facultad con absoluto apego a la ley.
8. Indignación, como muchas otras organizaciones y personas, cuestionó el proceso de insaculación por medio del cual fueron designados los consejeros, pero es consciente de que sólo pueden ser removidos si incurren en ilícitos y mediante un proceso legal.
9. Aprovechamos el espacio de esta reflexión para hacer un reconocimiento a Pedro Uc Be, quien en diversas ocasiones ha dado a este equipo lecciones de independencia y autonomía. Su desempeño como consejero en este controvertido momento no hace sino acrecentar nuestra confianza en él y sumar nuevas razones a las que ya teníamos para considerarlo una persona idónea para este cargo.

Reiteramos la necesidad de fortalecer a las instituciones ciudadanas para garantizar con mejores leyes su autonomía y su conformación. El Congreso del estado de Yucatán tiene la obligación de construir el mejor marco legal posible para este objetivo, todavía inconcluso.

Atentamente,

 

Equipo INDIGNACIÓN A.C.

Presunta tortura en edificio de la SPV

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. ha tenido conocimiento de hechos QUE PODRÍAN CONSTITUIR EL DELITO DE TORTURA ocurridos en el interior del edificio que ocupa la Secretaría de Protección y Vialidad en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Una persona que se encontraba el lunes 30 de Enero de 2006 en el interior del edificio que ocupa la SPV entre Reforma y calle 66 escuchó, poco antes de las dos de la tarde, gritos provenientes de una de las áreas ocupadas por la Secretaría de Protección y Vialidad. La persona que escuchó esos gritos ha narrado al Equipo Indignación que eran precedidos por sonidos que identificó como descargas y golpes.
Unos minutos después de estar escuchando, dicha persona acertó a sacar una cámara fotográfica que tiene también funciones de grabación de audio, grabó y dejó a este equipo un archivo de audio de 2 minutos y 26 segundos de duración en el que, si bien hay mucho ruido, se distinguen frases como “…por favor, por favor…”, “…comandante…”, “…por favor, por favor…”, “…acepto los cargos…”, “…como treinta kilos…”, entre otras.
Ante la presunción de un hecho que podría constituir el delito de tortura ocurrido al interior del edificio de la S.P.V., al no contar con el testimonio de quien pudiera ser el sobreviviente de tortura y como medida de protección a quien escuchó estos hechos, el Equipo Indignación solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que sea la propia Codhey quien interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ya que la ley la faculta para eso.
Este equipo manifiesta su más honda preocupación ante estos hechos. Las distintas autoridades del Estado tienen responsabilidades precisas y tienen la obligación de realizar la investigación que lleve al absoluto esclarecimiento y, en su caso, a la sanción de los responsables.
El conocimiento de este ominoso hecho que se presume como tortura fue posible gracias a la persona que tuvo el valor de denunciarlo y ha ofrecido su testimonio. El Equipo Indignación se mantendrá atento a la forma como las distintas autoridades cumplan con su responsabilidad en la investigación. Particularmente vigilaremos que no haya represalias para el denunciante.
El intento de cualquier autoridad por encubrir el hecho u obstaculizar la indagación configuraría un delito y agravaría el hecho que se investiga.
Comprobar la persistencia de la tortura incriminaría gravemente al poder ejecutivo del Estado. La tortura es una grave violación al derecho a la integridad física y sicológica de quien la padece y tiene, además, consecuencias sociales y políticas severas: lesiona gravemente la vida democrática y vulnera la confianza en las instituciones. Soslayarlo, ocultarlo o favorecer la impunidad no haría sino acrecentar las dimensiones de estas consecuencias.
Yucatán fue uno de los últimos estados de la república mexicana en tipificar la tortura como delito. La ley en la materia, fruto de una larga exigencia ciudadana, es todavía reciente. El sistema de procuración e impartición de justicia de Yucatán tiene la obligación de atender las recomendaciones internacionales en esta materia, actuar con pericia y hacer uso de los recursos a su alcance para cumplir la exigencia primordial ante un hecho de esta naturaleza: esclarecerlo y, en su caso, sancionar a los responsables y lograr la reparación del daño.
La Comisión de derechos humanos de Yucatán, por su parte, ha hecho uso de la facultad que tiene de interponer la denuncia correspondiente. Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos están también obligados a ejercer plenamente sus facultades para erradicar la tortura, combatir y evitar la impunidad.

Atentamente,

 

INDIGNACIÓN A.C.