Señor Gobernador, responda ¿no escuchó lo que le pregunté?

El grito de Tekax, por la libertad de don Ricardo

En Tekax, cerca de cincuenta personas unimos nuestra voz a la de don Ricardo Ucán* para decirle al Gobernador del estado de Yucatán “Respóndame ¿no escuchó lo que le pregunté?”
Ayer, 16 de septiembre, día de la celebración de la independencia, el “grito” fue por la libertad de don Ricardo y por los derechos de las personas mayas. A las puertas del Cereso de Tekax se desplegó una manta escrita en lengua maya que decía ¿Ma’ ta wu’uyic in t’aan?.

Desde el 16 de julio pasado don Ricardo Ucán acudió al Gobernador de Yucatán, mediante un escrito, para solicitar formalmente el indulto. El Equipo Indignación le hizo llegar al gobernador un escrito, en esa misma fecha, demandándole que asuma la responsabilidad que el gobierno del estado tiene en las violaciones cometidas en agravio de don Ricardo Ucá y que:
1. Implemente las medidas legales necesarias para reparar los daños que le ocasionó, otorgándole la libertad inmediata.
2. Sancione, en el ámbito de su competencia, a quienes vulneraron los derechos de don Ricardo, y
3. Garantice en todas las agencias del Ministerio Público del Estado el pleno respeto a los derechos de los indígenas mayas e inicie una amplia revisión de la actuación de los defensores y defensoras de oficio del Estado para garantizar a todas las personas el derecho a una defensa adecuada.

Decenas de personas se sumaron a la campaña por la libertad de don Ricardo y le hicieron llegar al titular del ejecutivo correos electrónicos o postales en similares términos.
El 16 de agosto le hicimos llegar al gobernador un escrito para recordarle las exigencias y demandarle una respuesta. Ayer, 16 de septiembre, reiteramos la exigencia de una respuesta.
Hasta la fecha, el gobernador del estado de Yucatán ni siquiera ha acusado recibo de los escritos que se le hicieron llegar.

Señor Gobernador: ¿Ma’ ta wu’uyic in t’aan?.

*Don Ricardo Ucán Ceca es indígena maya y está condenado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia. Durante el juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a contar con traductor y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió demostrar que disparó en defensa propia.

En fraterna correspondencia. Una palabra sobre la iglesia y la denuncia de las injusticias

Quienes trabajamos en el equipo de promoción y defensa de los derechos humanos Indignación A.C., nos integramos a esta lucha desde hace más de doce años, movidas por nuestras raíces cristianas y por el testimonio de agentes de pastoral, catequistas, obispos y cientos de bautizados y bautizadas que en América Latina y en el mundo respondieron así a una dolorosa realidad atravesada por la injusticia.
En días recientes se hizo pública una comunicación del Arzobispado de Yucatán, firmada por el Canciller Secretario, Pbro. Lic. Pedro José Echeverría López, cuyo asunto reza: “Se hace algunas observaciones sobre la actuación de la Jerarquía Eclesiástica ante las injusticias”.
Somos una organización civil, no dependiente de ningún partido o iglesia, pero compartimos, con otros muchos cristianos y cristianas, la preocupación por la justicia y nos hemos sentido interpeladas por esta comunicación pública del Arzobispado.
En fraterna correspondencia con tantas hermanas y hermanos nuestros, cuyos esfuerzos por anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias conocemos y valoramos, tanto más cuanto sabemos los riesgos que han corrido por defender derechos propios y ajenos en sus centros de trabajo, en el ejido, en sus municipios y en diversos ambientes públicos y privados, queremos compartir algunas reflexiones y ofrecer una palabra que aliente la esperanza:

1. La denuncia de las injusticias forma parte esencial del testimonio que los cristianos y cristianas tenemos la obligación de ofrecerle al mundo. El evangelio es una oferta de vida que lleva necesariamente a la construcción de un mundo en el que el derecho de cada persona se vea salvaguardado y respetado. Nada debe impedirnos a los cristianos y cristianas cumplir con esta misión.
2. La prudencia, virtud que nos ayuda a discernir el bien para hacerlo, y el mal para evitarlo, nos capacita también para distinguir el momento adecuado para actuar sobre una realidad y transformarla a la medida de Cristo. Nunca debe convertirse esta virtud en pretexto para la inacción o el silencio culpable.
3. Siguiendo el mandato del evangelio (Mt 25,32ss), los cristianos y cristianas hemos de reconocer en los pobres un signo privilegiado de la presencia de Dios entre nosotros. La comunidad cristiana reconoce “en los pobres y en los que sufren, la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo (L.G. 8). La opción por los pobres, como ha sido reconocido en numerosos textos magisteriales de la iglesia católica, forma parte de la identidad esencial de la iglesia. Esta opción debe liberarnos de las ataduras que imponen los grandes grupos de control económico y político.
4. Los bautizados y bautizadas no podemos pretender imparcialidad cuando lo que está en juego es la dignidad de las personas. Ningún poder, político o económico, debe desviarnos de la búsqueda de la justicia y la equidad para todos y todas. Cuando encontramos niveles de corrupción en las instituciones públicas es un deber de conciencia denunciarlos y trabajar, desde todos los frentes, por construir juntos, para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, instituciones dignas de crédito y eficaces en la consecución de la justicia. No hacerlo es permitir que la corrupción siga generando mecanismos que producen muerte, especialmente para los más pobres.
5. Hay algunos casos judiciales que, por públicos y conocidos, se convierten en radiografías de la manera como el poder, sea político o económico, se confabula para obstruir la consecución de la justicia. El caso Medina Abraham es uno de ellos. Lo es también el caso de don Ricardo Ucán Ceca, que tiene el agravante mayor de mostrar el grado de indefensión al que puede estar sometida una persona perteneciente al pueblo maya en su relación con los órganos de procuración e impartición de justicia. Pero hay también muchas otras violaciones cotidianas a los derechos de las personas que, aunque no son recogidas en los medios de comunicación, son igualmente dolorosas, se trate de derechos individuales o de derechos colectivos. Ante todos estos casos, la posición de los que intentamos obedecer al evangelio ha de ser inflexible: no habrá construcción de una sociedad justa y democrática sin el absoluto respeto a todos los derechos de todas las personas.

Durante mucho tiempo, con aciertos y errores, hemos trabajado en el campo de los derechos humanos. Hemos fundamentado bíblicamente nuestro trabajo y hemos publicitado la voz del Magisterio católico que se ha pronunciado reiteradamente por la defensa de los derechos humanos. Hoy, como iglesia, tenemos el reto de hacer que el discurso que manejamos sobre este tema, se vea reflejado también al interior de nuestra propia comunidad. En la iglesia estamos llamados, no solamente a predicar la importancia de los derechos humanos para los demás, sino a vivirlos puertas adentro ejerciendo el derecho a la libertad de conciencia y de palabra.
Estas reflexiones tienen la intención de animar a otros hermanos y hermanas que de variadas maneras se han comprometido en la defensa del derecho de alguna otra persona y que pueden sentirse desalentados en estos momentos.
Confiamos en que, con la fuerza del Espíritu y de la comunidad cristiana, podremos convertir este momento en hora de gracia y en ocasión para vivir con mayor libertad el Evangelio.

Fraternalmente,
INDIGNACIÓN A.C.

Oscura transparencia

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. manifiesta su preocupación por el proceso mediante el cual se realizó el nombramiento de los consejeros del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
Los distintos ordenamientos que regulan el acceso a la información pública pretenden tutelar derechos ciudadanos y fortalecer las democracias al propiciar mecanismos de vigilancia ciudadana y de rendición de cuentas por parte de las autoridades.
El reciente nombramiento al que hacemos referencia se realizó sin las condiciones necesarias para garantizar la independencia que requieren dichos consejeros.
Este equipo lamenta que, entre las propuestas del Ejecutivo, se encontrase al menos una persona vinculada al Partido Acción Nacional y que fue diputado en la legislatura anterior, precisamente la legislatura que aprobó una ley de acceso a la información con las deficiencias que señalaremos más adelante.
El Ejecutivo local creó de nueva cuenta un consejo “ciudadano” a su medida. Lo hizo anteriormente con la instancia ciudadana que fiscalizaría los recursos otorgados al Estado con motivo del paso del huracán Isidoro en Yucatán.
Por otra parte, a este equipo le preocupa de manera particular la actuación de la fracción legislativa del PAN, que impidió que el pleno del Congreso ejerciera una de las facultades que le confiere la actual, aunque imperfecta ley: objetar la propuesta del Ejecutivo. Ni siquiera permitió que el pleno del Congreso discutiera las propuestas.
El artículo 29 de la ley que nos ocupa señala que: “El Instituto estará integrado por tres Consejeros, quienes serán nombrados por el Ejecutivo del Estado, con la aprobación del H. Congreso del Estado, quien podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso lo podrá hacer la Diputación Permanente, con la misma votación.”
En opinión del Equipo Indignación, hubo de parte de la fracción del PAN un manejo de los tiempos y las decisiones que resultó conveniente para las propuestas del Ejecutivo. Resulta especialmente paradójica esta obstaculización, puesto que precisamente se trataba de nombrar a los consejeros del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública también conocido como Instituto para la transparencia.
Sin embargo, identificamos como el origen del problema la ley que aprobó la anterior legislatura en mayo pasado, justo antes de concluir su período. Dicha ley otorga al Ejecutivo la facultad de nombrar al Consejo para la Transparencia y, con ello, impide la independencia de un órgano fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y garantizar derechos ciudadanos, como es el instituto de acceso a la información.
Al momento de aprobarse la ley de acceso a la información pública de Yucatán 14 entidades del país contaban ya con una ley en la materia, además de la Federal. Es inconcebible que la anterior legislatura omitiera el trabajo de revisar dichos ordenamientos. Si lo hubiese hecho, hubiese encontrado que algunos estados, como Monterrey y Querétaro, han fortalecido la independencia de dichos institutos al determinar que el nombramiento lo hará el Congreso a partir de propuestas de organismos de la sociedad civil.
Si revisó dichos ordenamientos, resulta inexplicable que haya optado por un modelo que limita la independencia de los Consejeros al otorgar al Ejecutivo la facultad de nombrarlos.
“La existencia de una autoridad reguladora independiente constituye otra de las piedras angulares para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Esta institución es deseable en las democracias consolidadas, pero es imprescindible en las democracias emergentes donde la credibilidad en las instituciones legales tradicionales se encuentra en proceso de construcción.
(…)
“Existen diversos ejemplos que abonan a favor de autoridades reguladoras independientes, tanto en declaraciones internacionales como en las legislaciones nacionales más modernas. Así, los Principios de Johannesburgo emitidos en 1995 disponen que:

PRINCIPIO 14: Derecho a la revisión independiente ante la denegación de información.
El Estado está obligado a adoptar las medidas apropiadas para poner en vigencia el derecho a obtener información. Estas medidas requerirán que las autoridades, al denegar el pedido de una información, tengan que especificar por escrito las razones para hacerlo y lo antes posible; y deberán prever el derecho a que una autoridad independiente revise los méritos y validez de la negación, además de alguna forma de revisión judicial respecto a la legalidad de la denegación. La autoridad que revise debe tener derecho a examinar la información denegada.

“En México, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé un órgano con autonomía relativa en la medida en que la designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública queda a cargo del presidente de la República, sujetos sólo a la no objeción del Senado de la República, la cual tiene efectos positivos, pero no vinculantes.
“De la misma forma, los requisitos que deben satisfacer los comisionados son mínimos, si se le compara con otros órganos reguladores independientes como el caso de la Ley de Sinaloa y otras leyes estatales…” [1]
La ley local omite indicar algún requisito para garantizar la independencia como el no haberse desempeñado como funcionario de la administración estatal o como diputado o haber tenido cargo directivo en algún partido político por algún período determinado.
De nuevo la negligencia o incapacidad de una legislatura dejó a Yucatán con versiones incompletas de leyes que regulan aspectos fundamentales para la democracia.
Yucatán fue de los últimos estados en legislar la tortura, la comisión de derechos humanos; en reformar la ley electoral y, en todos los casos, tuvimos ordenamientos que resultaron insuficientes o incompletos.
Hacemos un llamado a la actual legislatura para reformar de inmediato la ley de acceso a la información pública del Estado de Yucatán.

Atentamente

Equipo Indignación A.C.

Todavía

Una lectura del informe 2004 de la Codhey

Equipo Indignación

Introducción

El pasado 19 de agosto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Lic. Sergio Salazar Vadillo, presentó ante el Congreso del Estado su tercer informe de actividades. Antes de la presentación del Informe, el Equipo Indignación formuló algunas preguntas en una comunicación abierta dirigida a ese organismo público.
Después de escuchar el mensaje que el ombudsman dirigió y después de revisar su más reciente informe, advertimos que todavía no estamos ante la institución que pueda garantizarnos la habilidad, la pericia y la independencia que se requiere para una eficaz defensa de los derechos humanos.
Si bien reconocemos un reiterado intento de la Codhey por vincularse con algunas organizaciones ciudadanas, encontramos en este órgano deficiencias que obstaculizan su desempeño, así como signos que permiten cuestionar su independencia y autonomía.
Consideramos que las deficiencias que aún muestra este organismo son atribuibles a la ley de la Codhey (y que se señalan más adelante), así como al hecho de que el actual ombudsman careciese de una trayectoria previa en la defensa de los derechos humanos que le otorgase la habilidad necesaria para el desempeño de esta función.
El aumento en el número de quejas recibidas y concluidas así como la mayor presencia pública del organismo no deben llamar a engaño: la comparación con la anterior Codhey resulta ficticia toda vez que la anterior, inexistente como organismo de defensa de los derechos humanos, incurrió en conductas inaceptables y violó reiteradamente su propia ley y reglamento.
No es este un análisis complaciente. Hemos renunciado a celebrar el cumplimiento de lo mínimo indispensable y hemos optado por continuar con la tarea de fortalecer al organismo público de protección de los derechos humanos a partir de la convicción de que es posible una institución pública autónoma e independiente que defienda con habilidad y eficacia los derechos de las y los habitantes de nuestro estado.
El Equipo Indignación es consciente de la grave limitación que implica el reducido presupuesto de la Codhey, uno de los más bajos del país. Sin embargo, nos parece inaceptable justificar la impericia y la ausencia de creatividad bajo el argumento de la escasez de dinero, más aun cuando el informe escatima información sobre el manejo de los recursos al presentarla a través de tablas generales que dificultan conocer el uso de éstos y evaluar así la forma como se administran.
Sobre la resolución de quejas
A juicio de este equipo, la Codhey muestra su mayor debilidad precisamente en el rubro nodal de su función:
la atención a las quejas por violación a los derechos humanos. Aun cuando el actual presidente comenzó su función con un enorme déficit por la cantidad de expedientes retrasados, la actual codhey, después de dos años, no sólo no ha podido remontar el rezago, sino que continúa acumulando retrasos.
El Equipo Indignación tiene conocimiento de quejas que han sido admitidas por la Codhey como presunta violación a los derechos humanos y cuyo proceso de investigación ha demorado más de año y medio, sin que hasta la fecha se hayan resuelto. Esta dilación favorece la impunidad y desalienta la denuncia ciudadana.
En su informe, la Codhey reconoce que el promedio de resolución de quejas es de un año y medio. A juicio de este equipo éste es un promedio inaceptable y tiene graves consecuencias en la credibilidad de la Codhey y en la confianza que pueda otorgarle la ciudadanía.
Al aumento de quejas reportado en el tercer informe, no ha correspondido una atención eficaz que cumpla con lo establecido en la ley, que señala que en el tratamiento de las quejas deberán privar los principios de inmediatez, concentración y rapidez.
La propia ley señala, además, que la Comisión deberá propiciar el trato continuo con el quejoso. Es derecho del quejoso estar debidamente informado de los pasos que la Codhey va dando con respecto al avance de su queja. Escatimarle información es negarle el acceso al disfrute de ese derecho. Ha habido ocasiones en que han pasado más de seis meses sin que el quejoso reciba ninguna notificación o información de parte de la Codhey.
Las recomendaciones de la Codhey
El presidente de la Codhey reitera en este informe que la Procuraduría de Justicia del Estado sigue siendo la autoridad más recomendada y de la que se reportan más quejas ciudadanas. Esto alarma por la violación que supone del derecho a la justicia que tiene cada ciudadano y ciudadana, y porque manifiesta que la situación de la procuración de justicia no ha sufrido cambios sustanciales bajo la actual administración. Consideramos que el Ejecutivo del estado ha de dar cuentas de esta situación. Nos parece inexplicable que el Congreso del
Estado no haya ejercido una de sus facultades, que es citar al funcionario en cuestión para que dé cuentas con respecto a las recomendaciones que se le envían.
Es alarmante el dato aportado por el informe al afirmar que el 50% de las recomendaciones dirigidas a autoridades municipales fuera de Mérida no han sido aceptadas y solamente una ha tenido total cumplimiento. Consideramos que la Codhey no está haciendo uso del recurso de hacer pública esta situación a través de los medios de comunicación, recurso incluso señalado en la ley que la crea.
Esto refuerza la necesidad de modificar la Ley de Servidores Públicos, de manera que el no acatamiento de las recomendaciones de la Codhey configure una trasgresión a la ley y pueda recibir la sanción correspondiente.
Con respecto a esta ley, un elemento muy grave, y que es subrayado en el informe, radica en el hecho de que la Contraloría del Estado manifieste que las faltas administrativas en las que incurren los servidores públicos no puedan ser sancionadas después de tres meses de cometidas, ya que por no tener “contenido económico” prescribe la facultad de ese órgano para sancionarlas.
Esto debe urgir a los legisladores a reformar la ley de servidores públicos con el fin de ponerle un cerco a la impunidad desde todos los ámbitos posibles.
Sobre los programas educativos
La Codhey refiere la existencia de tres programas específicos de promoción. Uno de ellos, “derechos humanos en tu municipio”, está centrado en dar pláticas a policías y funcionarios municipales. Otro, adoptado de la CNDH, es el programa de cine debate y se realizó en los distintos grados de algunas escuelas secundarias y preparatorias. El tercer programa, “niños y niñas promotores”, se realiza en coordinación con la
CNDH. Ha llevado adelante sus acciones en 14 primarias del interior del estado y 3 del municipio de Mérida.
El resto de las actividades informadas en este rubro consisten, fundamentalmente, en pláticas, conferencias, participaciones en seminarios, participaciones en foros, etc. Si bien estas actividades muestran una creciente acción de la Codhey en materia de promoción, advertimos que la mayoría de ellas fueron organizadas por otras instituciones, organizaciones o escuelas a las que la Codhey acudió como invitada. Es evidente que es
positiva su participación en estas actividades y que manifiesta su relación con distintas organizaciones educativas y de la sociedad civil, pero también exhibe la carencia de un proyecto propio de promoción y difusión. Entendemos la limitación presupuestaria a la que se enfrenta este organismo, pero la
falta de un proyecto educativo y de promoción propio, integral, profesional y con resultados medibles retrasa la necesaria construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos.
La Codhey señala un incremento del 50% en la presentación de quejas ciudadanas, que pasaron de 881 a 1330, pero nos informa también que 551 de estas quejas tuvieron que ser desechadas por no caer bajo su competencia. El informe de la Codhey aporta este dato sin reflexión alguna y sin tomarlo como base para delinear alguna acción de promoción que permita dar a conocer a la ciudadanía la labor propia de la Codhey. Tampoco lo usa para evaluar su trabajo de promoción.
Si bien el combate a la impunidad logra definitivos avances en la creación de esta cultura, las recomendaciones que emite la Codhey no son suficientemente difundidas. En el informe, la Codhey acepta esta deficiencia pero no informa de iniciativas para lograr espacios alternativos para difundir sus recomendaciones y trabajos y nos parece que le ha faltado habilidad para lograr mejores espacios en los medios de comunicación locales. Precisamente cuando los recursos con que se cuenta son pocos, es necesario discernir con criterios de eficacia cómo y dónde se utilizan. Nos parece que se da demasiado acento a la difusión en medios académicos y a personal de instituciones públicas. Lamentamos no encontrar privilegiado, en el trabajo de promoción del que se rinde cuenta, el sector mayoritario de la población maya hablante.
El diagnóstico
Lamentamos que el ombudsman hubiese renunciado a elaborar el diagnóstico general de la situación de los derechos humanos en Yucatán, que está obligado a hacer por ley. Al inicio de ese rubro remite a los dos diagnósticos anteriores y se queja de que los diputados y el gobierno no hubiesen atendido las causas estructurales de violación ya señaladas. A pesar de reportar que ya se creó un departamento interno de investigación, omite elaborar el diagnóstico. La síntesis que presenta de los dos informes anteriores, si bien hace referencia a preocupaciones claves de las organizaciones civiles como la situación de las mujeres y de los indígenas, carece de una visión integral y de una perspectiva desde los derechos económicos, sociales y
culturales que permita plantear algo más que deficiencias de atención o ausencia de acciones aisladas.
Si bien el actual ombudsman se ha ganado la simpatía de algunas organizaciones civiles por acompañar sus manifestaciones, sería deseable que las acciones emprendidas por la Codhey lograran una eficaz protección de estos derechos a través de las recomendaciones, que es el recurso con el que esta institución cuenta para la defensa.
Sobre las limitaciones de la Codhey
En el informe quedaron de manifiesto dos limitaciones a las que este equipo se ha referido con anterioridad. La primera es que la actual ley, al ser aprobada por mayoría simple (el PRI se opuso a la modificación de este ordenamiento), no se elevó a rango constitucional ni se modificó la constitución local. La Codhey es la única comisión de derechos humanos del país cuya existencia no está establecida en su constitución local. La segunda limitación reconocida por el informe es la falta de presupuesto para que la Codhey realice sus labores a cabalidad. Si bien esto no debe ser utilizado como pretexto para justificar ineficacias, más aún cuando no hemos podido constatar que se contrate al personal más capacitado y sí, en cambio, que se contrate a personas con vínculos partidistas que cuestionan la independencia de su trabajo, en efecto, el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es de los menores en México. Nosotros consideramos que la necesaria autonomía presupuestaria tiene que establecerse impidiéndole al Ejecutivo del Estado modificar el presupuesto que la Codhey presente.
El informe da cuenta de la instalación, en el mes de marzo, de la primera delegación regional de la Codhey en Valladolid, pero no hace alusión al debate que generó el nombramiento del funcionario encargado de presidirla, Edgardo Baeza Castillo, cuya vinculación al PRI fue señalada públicamente por habitantes de esa ciudad. Algunas de las acciones de la Codhey, como la contratación de personas con vínculos partidistas o sin
trayectoria ciudadana que pueda garantizar su independencia, dañan la confianza que necesita cualquier institución pública de defensa y promoción de los derechos humanos.
En este mismo orden, señalamos como otro de los puntos que cuestiona la transparencia y la independencia de la Codhey el arrendamiento del edificio que ocupa las oficinas de la institución, ya que sin estar justificado, puesto que no está en una ubicación que facilite su localización y acceso, beneficia a la familia de una de sus empleadas, que por cierto formó parte de la administración estatal encabezada por Víctor Cervera Pacheco.
Y lo que decimos acerca de los funcionarios de la Codhey, lo refrendamos también en el caso de los consejeros ciudadanos.
Por eso hemos abogado públicamente por un cambio en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que
contemple este tipo de situaciones. Reiteramos que una de las mayores limitaciones es, a nuestro juicio, el no contar con un ombudsman que ofreciese experiencia previa en el campo de los derechos humanos y con trayectoria que garantizase su independencia y su vinculación con causas ciudadanas. El costo que esto tiene es tiempo invertido en su capacitación, tiempo que se requería con urgencia por el grave rezago de Yucatán
en el campo de los derechos humanos.
Propuestas para fortalecer a la Codhey
1. Establecer en la constitución local la existencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
2. Reformar la ley de la Codhey para garantizar su autonomía presupuestaria estableciendo que el ejecutivo deberá anexar el presupuesto que la Codhey envíe al proyecto de egresos y que únicamente el Congreso puede modificar este presupuesto.
3. Reformar la ley de la Codhey para incluir entre los requisitos para ser Presidente de la Codhey el contar con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos o haberse distinguido en la defensa y promoción de estos derechos. Hacer lo propio con los requisitos para los consejeros, para garantizar su independencia.
4. Modificar el reglamento interno de la Codhey para eliminar el rubro referente al registro de organizaciones que faculta a la Codhey para revisar los estatutos de estos organismos y exige a éstos presentar informes ante la Codhey. La posibilidad de firmar convenios con organizaciones de la sociedad civil y la potestad de estos organismos de presentar quejas están establecidas ya en la ley de la Comisión.
5. Reformar la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán para establecer entre las obligaciones
de éstos el proporcionar información que la Codhey les requiera, así como otorgar facilidades para que realice su trabajo y establecer sanciones administrativas a los funcionarios que incumplan recomendaciones en materia de derechos humanos.