RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA PARA DON RICARDO

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El equipo Indignación A.C. ha interpuesto hoy por la mañana el recurso de Reconocimiento de Inocencia a favor de don Ricardo Ucán Seca, condenado, por homicidio calificado, a 22 años de prisión. El recurso ha sido interpuesto ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Abogado Ángel Prieto Méndez.

Como es de público conocimiento, don Ricardo Ucán fue juzgado por haber causado la muerte a don Bernardino Chan Ek. El homicidio, sin embargo, tiene un excluyente de responsabilidad: don Ricardo mató a don Bernardino en defensa propia, después que fue amenazado con un rifle por parte del hoy occiso.

Don Ricardo fue auxiliado por una defensora de oficio que no proveyó al inculpado de una auténtica defensa. No solamente no presentó agravios ni conclusiones como parte del proceso legal, sino que desestimó en la defensa pruebas irrefutables de que el hoy occiso había disparado su arma antes de ser ultimado, lo que demostraba que don Ricardo mató en defensa propia. La negligencia de la defensora de oficio provocó que don Ricardo, que en ningún momento del juicio recibió la ayuda de un traductor, tal como lo exige la ley en el caso de personas pertenecientes a etnias indígenas, fuera condenado por homicidio calificado.

Después de recurrir a sucesivas instancias, la sentencia contra don Ricardo fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, agotándose así todos los recursos jurídicos que pudieran resarcirle el daño que le ocasionó una defensa ineficiente.

La esposa de don Ricardo acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para exponer su caso. La CODHEY emitió el pasado 4 de noviembre de 2003 la recomendación 40/2003 en la que documenta la responsabilidad en que incurrió la defensora Blanca Segovia Ruiz al incumplir con su función pública y dejar en estado de indefensión a don Ricardo. Las autoridades a quienes se dirigió la recomendación fueron el Director de la Defensoría Legal del Estado, el Procurador General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.

El equipo Indignación, representando a don Ricardo Ucán, ha presentado ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia esta recomendación de la CODHEY como una prueba documental pública superveniente para solicitar el reconocimiento de inocencia de don Ricardo. Con este recurso no pretendemos negar que don Ricardo haya ultimado a su atacante, sino demostrar que es inocente del delito de homicidio calificado por el que recibió una sentencia de 22 años. La validez de este recurso está basada en el hecho de que De conformidad con el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, el reconocimiento de la inocencia sólo procede en los siguientes casos: cuando la sentencia se funde en pruebas que posteriormente se declaren falsas; cuando después de dictada la sentencia, aparecieran documentos públicos que invaliden los elementos en que se haya fundado…”

El caso de don Ricardo es sólo una punta visible del lamentable estado de la administración de justicia en nuestro Estado y de la desatención discriminatoria que tienen que sufrir los miembros de la etnia maya. Dejar libre a don Ricardo Ucán, después de reconocer que ha recibido una sentencia injusta y que la responsabilidad de dicha sentencia recae sobre la mala actuación de quienes debían, por oficio, haberlo defendido, sería una manera, aunque fuera tardía, de resarcir el daño que se le ha causado a él y a su familia.

La violación al derecho a un juicio justo cometida contra don Ricardo no es un asunto solamente de él: pone al descubierto que existen todavía fallas estructurales en la administración de justicia: ausencia de traductores para la etnia maya, defensores que no defienden, etc. No omitimos mencionar que la recomendación que la CODHEY emitió, y que nosotros hemos presentado como prueba en el recurso ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no ha sido aceptada por el Procurador de Justicia. La gravedad que conlleva que un funcionario público, reiteradamente, desestime las recomendaciones de la CODHEY habla muy mal de la voluntad política del gobierno en la promoción y defensa de los derechos humanos. Trataremos en detalle este hecho, particularmente grave, en próxima comunicación.

Mérida, Yucatán 27 de noviembre de 2003

Careos infantiles: el Caso de la Escuela Social de Menores Infractores

 12 de noviembre de 2003

Una de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron al interior de la Escuela Social para Menores Infractores mientras era directora la Dra. Rocío Martel, informó en días pasados al Equipo Indignación que dicha doctora se comunicó con ella para ofrecerle dinero y amenazarla en caso de que declarase contra ella.
Ante esta situación y ante la ausencia de algunos menores en los careos que están teniendo lugar en el juzgado que sigue este caso, el Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C. hace las siguientes consideraciones:

1.Al menos una menor ha hecho saber que la Doctora Rocío Martel le ofreció dinero para que se desista de sus acusaciones y la amenazó. No puede descartarse la posibilidad de que algunas de las ausencias de menores a los careos tengan en su origen el temor ocasionado por similares mensajes dirigidos a ellos, ellas o sus familias.
2.Los niños y niñas que acuden al juzgado acuden a carearse con una persona que presuntamente los agredió, humilló y violentó desde una posición de poder ejercida autoritariamente. Difícilmente un menor o una menor pueda hacer a un lado esta experiencia a la hora de declarar. Consideramos que la jueza no puede desestimar esta circunstancia; además, de ratificar alguno de los menores en su declaración las presuntas amenazas y ofrecimiento de dinero —lo que podría constituir un nuevo ilícito—, la jueza tendría que actuar en consecuencia.
3.De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo. La Constitución Mexicana indica que los menores no están obligados a carearse en los casos de secuestro y de violación. Algo de ambas cosas tienen los ilícitos presuntamente cometidos en contra de los menores que estuvieron internos en la Escuela Social cuando fue directora la Doctora Rocío Martel.
4.A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llevó nueve meses concluir la investigación en el caso de la Escuela de Menores Infractores. Requirió especialistas que pudieran recabar las pruebas y obtener el testimonio de los menores con pericia, tacto y delicadeza en el trato con las niñas y niños. La misma recomendación constituye una prueba documental pública que confiamos sea tomada como tal por la jueza.
5.Desde que el Ministerio Público inició la investigación, los menores han sido requeridos para rendir su declaración y ahora la jueza los cita para carearse con sus agresores. De acuerdo con la convención sobre derechos de la infancia, los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados en un proceso judicial, por lo que consideramos que bien podría la jueza ofrecer un ambiente más propicio para que los niños y las niñas rindieran su testimonio con mayor libertad, evitando los efectos traumáticos de un careo y garantizando la confidencialidad con respecto al nombre de los y las menores.
6.En este momento del proceso el Ministerio Público tendrá que actuar con pericia y poner todos los medios a su alcance para cumplir con su función de representar cabalmente a la parte agraviada, que lo fue, precisamente, por una servidora pública, es decir, por el Estado.
7.Los niños y las niñas tienen derecho a que la ley y la justicia los protejan, a que no queden impunes delitos cometidos contra ellos y a que se les resarza el daño que se les ocasionó. Esperamos que el proceso que actualmente se sigue en el juzgado pueda garantizarle a los niños y niñas que estuvieron internos en la Escuela Social de Menores Infractores el cumplimiento de estos derechos.

Atentamente,

EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.