La actuación de la fuerza pública de Yucatán y los criterios firmados por México

Con motivo de la disolución de la manifestación de protesta contra el plan de transporte urbano del municipio de Mérida el pasado miércoles 13 de agosto, el Equipo INDIGNACIÓN, con el objeto de promover la vigencia plena y el respeto de los derechos humanos, presenta algunas consideraciones acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad pública del Estado.

1.El derecho a la libre manifestación debe ser garantizado en todo momento por el Estado. La intervención de la policía municipal y estatal, según la información que este Equipo ha recabado, se encontró justificada debido a que, en el marco de la manifestación de protesta, se secuestraron autobuses.
2.Sin embargo, al Equipo Indignación le preocupa la utilización de una sustancia química, el gas lacrimógeno, como medio de disolución de la manifestación. Con respecto a la utilización de esta sustancia, considerada arma no letal, el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, firmado por México, establece que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” (artículo 3). Por su parte, los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para encargados de hacer cumplir la ley, también de las Naciones Unidas, señala que dichos funcionarios “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.” (artículo 4).
3.De los conceptos anteriores se desprende que la utilización de la fuerza y, en general, de cualquier arma, podrá usarse únicamente cuando se hayan agotado otros recursos. El Equipo Indignación desconoce si las autoridades responsables han elaborado un informe en el que se indique qué recursos se utilizaron antes de recurrir al uso del arma tóxica no letal conocida como “gas lacrimógeno” que se usó para dispersar la manifestación del pasado miércoles 13 de agosto, y si se procedió conforme a los principios que rigen la utilización de la fuerza y las armas de fuego, a saber: principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad del medio empleado, principio de progresividad y excepcionalidad1.
4.A reserva de contar con más elementos que podrían proporcionar quienes estuvieron a cargo del operativo, este Equipo considera desproporcionada la utilización del gas lacrimógeno frente a una manifestación de personas desarmadas. La actuación del Ejecutivo no la evaluamos por el temblor o la firmeza de sus manos, sino con base en el respeto a los derechos humanos y garantías individuales
5.Los agentes estaban provistos, como señalan las recomendaciones internacionales, de escudos protectores y cascos. Es importante recordar que los principios básicos de la ONU, a los que hemos hecho referencia, recomiendan este equipo no sólo con el fin de proteger al policía, sino también con el objetivo de hacer innecesario el uso de la fuerza y de las armas de fuego.
6.En el caso que nos ocupa el Equipo Indignación considera que el Estado no puede invocar “planes conspirativos o desestabilizadores” para justificar los recursos utilizados. El artículo 8 de los Principios básicos establece que no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios.
7.El Equipo Indignación recomienda, respetuosamente, que se revise la reglamentación que regula la actuación de policías y el uso de la fuerza por parte de éstos para que los ordenamientos se apeguen a los principios básicos y código de conducta señalados. Recordamos que el artículo uno de los principios básicos establece que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos responsables examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.” La fuerza pública tiene un papel tan específico que su actuación no se puede determinar arbitrariamente ni justificarse con argumentos como los que se han hecho públicos invocando el “mal menor”, sino que tienen que estar debidamente regulados, con apego a los derechos humanos y a los pactos que México ha firmando.
8.El Equipo Indignación advirtió que algunos elementos de seguridad bloquearon lentes de reporteros y camarógrafos. Aún cuando el control de la situación pudo requerir que se restringiera el acceso a determinados espacios, nos resulta inadmisible la obstaculización del trabajo periodístico. El ejercicio democrático de la autoridad exige la plena libertad para la labor informativa.
9.Este equipo continuará atento al juicio que se sigue contra quienes fueron detenidos y consignados el pasado miércoles 13. Advertimos, sin embargo, que el delito de sedición ha sido derogado de otros códigos penales y sería importante revisar la conveniencia de derogarlo también del Código Penal del estado de Yucatán.
10.Reconocemos la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Esperamos que su participación despeje dudas acerca de posibles violaciones a las garantías individuales de los detenidos, como algunos de ellos han señalado.
Por último, recomendamos respetuosamente a las distintas autoridades no escatimar esfuerzos en la búsqueda de vías de diálogo y negociación para la solución pacífica de conflictos.

Equipo INDIGNACIÓN A.C.

 

Responsable: María Cristina Muñoz Menéndez

Ministerio Público omite apoyar defensa de integridad de una menor

Ante la denuncia presentada en contra de cuatro médicos del Centro Médico Nacional “Ignacio García Téllez”, que fueron acusados por la madre de una menor de “responsabilidad médica y lesiones” en agravio de su hija de tres años de edad y que fue publicada el pasado sábado 9 de agosto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. manifiesta que:

1.Una de las doctoras denunciadas acudió a este equipo de Derechos Humanos desde hace tres meses a solicitar asesoría debido a que una menor bajo su cuidado mostraba indicios de haber sufrido posible abuso sexual, que la madre de la menor (quien ahora los denuncia) no aceptaba siquiera dicha posibilidad y que, a pesar de que había dado aviso al Ministerio Público, no tenía conocimiento de que se hubieran realizado las diligencias necesarias en torno al caso ni se garantizaba la integridad física de la menor. Hasta donde se sabía, el Ministerio Público había omitido hacer del conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia esta situación.

2.Este Equipo de Derechos Humanos acompañó la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en la que se señaló la dilación y posibles omisiones del Ministerio Público. Inmediatamente después de recibir la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán solicitó medidas cautelares a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para proteger la integridad física de la menor.

3.Posteriormente a la presentación de la queja este equipo tuvo conocimiento de que la menor había sido hospitalizada de nuevo. Sin embargo, la madre de la menor decidió en esta nueva ocasión no llevarla ya al Seguro Social, sino al Hospital O’Horán. Esta información nos causó profunda extrañeza debido a que la Procuraduría de la Defensa del Menor debía estar ya implementando medidas para proteger a la menor.

4.Este Equipo de Derechos Humanos hace un reconocimiento a quienes ahora son denunciados por cumplir con su responsabilidad en la atención de la menor. Lamentamos, asimismo, que la responsable actuación de la doctora y los doctores del Seguro Social no haya encontrado correspondencia en las instituciones encargadas de investigar y proteger los derechos de la menor.

5.Consideramos que este caso exhibe problemas estructurales en las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia, que no garantizan una atención profesional y eficiente. Si bien el Ministerio Público parece descartar el abuso sexual, la investigación de la Codhey sobre la actuación de las instancias involucradas en este caso aún no ha concluido, por lo que el Equipo Indignación continuará atento a este caso.

Atentamente,
Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

Una Glosa ciudadana del II Informe de Gobierno

8 de agosto de 2003

Con el fin de cumplir con la obligación de impulsar la vigencia plena de los derechos humanos desde la sociedad civil y de vigilar la actuación de las autoridades, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. presenta a la ciudadanía, al Poder Ejecutivo y al Poder legislativo “Una glosa ciudadana del II Informe de Gobierno”

Este Equipo reconoce y valora el hecho de que la actual administración contribuya a garantizar el derecho de los ciudadanos a la información al poner a disposición del público el texto y los anexos del II Informe de Gobierno y aprecia el esfuerzo por cumplir con la responsabilidad de hacer transparente el manejo de los apoyos federales y privados que se canalizaron a Yucatán a raíz del paso del huracán Isidoro.

Sin embargo, lamentamos que el Ejecutivo no haya encontrado un espacio para siquiera acusar recibo de las preguntas formuladas por algunas organizaciones de la sociedad civil y, en particular, el silencio que el Gobernador ha guardado en torno a propuestas que este Equipo ha realizado en materia de derechos humanos, específicamente con respecto a las “Medidas urgentes para erradicar la tortura en Yucatán” presentadas por esta organización al Ejecutivo desde febrero pasado.

A continuación presentamos observaciones generales y específicas que hace el Equipo Indignación a partir de la lectura del II Informe de Gobierno.

Observaciones Generales

1.- No se plantea el proceso de cumplimiento y avance de los objetivos de gobierno, ni la medición de resultados de las acciones con relación a los proyectos; muchas de las acciones descritas no muestran aparentemente relación estratégica con los objetivos.

2.- El apartado de Derechos Humanos intenta una rendición de cuentas para acciones recomendadas por las instancias estatales y nacionales, pero de ninguna manera se expresan acciones emprendidas para la prevención de violaciones, mucho menos para el resarcimiento del daño por ellas.
De manera desordenada encontramos en el Informe las acciones emprendidas en el CERESO para cumplir con ciertas recomendaciones, así como en la Escuela para Menores Infractores.
Por no estar expresamente ubicadas las respuestas y sí presentarse de manera desordenada y confusa, hemos concluido que no se han aplicado las medidas correctivas para evitar que sigan violándose los derechos de los menores víctimas de delitos.

3.- La información sobre las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH con relación a los servidores implicados en delitos, resulta insuficiente. Sin mayor derecho que el de ser informados de los procesos requeridos por la CNDH demandamos, cuando menos, información clara y expedita acerca del trabajo de procuración de la justicia en los casos señalados.

4.- A lo largo del documento, al igual que en el Plan Estatal de Desarrollo, los asuntos de la pobreza, educación y trabajo no son abordados desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, sino desde una perspectiva asistencial que no contempla los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales tales como el PIDESC, en vigor en México desde 1981.

5.- Las acciones emprendidas en la mayoría de las áreas descritas como prioritarias (Procuración de Justicia, combate a la pobreza, pueblo maya, educación) refieren una gran inversión en la capacitación de los servidores públicos. Nos preocupan dos cosas:
a) la asignación del presupuesto a capacitar a gente sin aptitudes probadas para ejecutar los proyectos encomendados
b) Que se considere objetos de acción pública a quienes deberían ser sujetos de ella.

6.- No encontramos, en todo el documento estadístico, datos comparativos con poblaciones totales, lo que nos podría dar elementos de análisis para medir el alcance de las acciones.

7.- Durante el mensaje del Ejecutivo se escucharon lamentaciones que permiten entrever conflictos inherentes al ejercicio de gobierno. Sin embargo en el documento de información no se hace referencia a esos rubros detectados ni a las acciones que se han implementado para revertir los efectos. No encontramos ningún trabajo de autocrítica a la propia gestión y a los errores que se han cometido.

9.- Con respecto al mismo mensaje referido, nos sigue pareciendo inadmisible que se adjudique como elemento para el reconocimiento el que no se apliquen la represión y el espionaje contra los críticos de la actual administración, lo que constituiría un delito y, por otra parte, se omita dar los datos de quienes incurrían en esos delitos en el pasado.

10.- Consideramos que los indicadores que se reportan en el informe no permiten medir el impacto del trabajo de la presente administración en las áreas informadas.

Observaciones específicas

Recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos y acciones contra la tortura
El Equipo Indignación reconoce y valora la aceptación de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo y a instancias dependientes de él, emitidas tanto por la Comisión Nacional como por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como la aportación de pruebas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Con respecto a la recomendación 10/2002 de la CNDH, referente a la Escuela de Menores Infractores del Estado de Yucatán, si bien este equipo había señalado dilación del gobierno del estado en la atención de estas recomendaciones durante los primeros meses posteriores a la emisión de la misma, actualmente se han cumplido seis de los siete puntos de la recomendación.

A este equipo, sin embargo, le preocupa de manera particular el punto de la recomendación que continúa sin cumplirse y que se refiere a la exigencia de que la Procuraduría General del Estado y el DIF cuenten con lugares para albergar a menores víctimas de delitos, de violencia familiar y desamparados, respectivamente.

La ausencia de estos lugares originó violaciones a derechos humanos de menores en el pasado. El Equipo Indignación formuló al Ejecutivo esta pregunta específica algunas semanas antes del Informe, sin embargo, hasta donde hemos podido revisar, el Gobierno no reporta qué atención le ha dado específicamente al punto cuatro de la recomendación referida.
A esta preocupación hay que añadir el riesgo de que en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores prevalezca la impunidad de funcionarios de alto rango que tuvieron responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de menores por omisiones en la integración de la averiguación previa. El peso de la investigación recayó en trabajadores y trabajadoras de la Escuela acusados de “encubrimiento”, sin embargo, al menos una de las ex trabajadoras a quien se le sigue juicio por encubrimiento acudió a esta oficina a denunciar los hechos y testificó ante la C.N.D.H.

Lamentamos que en el Informe no se aporten datos para evaluar el trabajo del Gobierno con respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Únicamente en el anexo “Respuestas a las preguntas del poder legislativo” se encuentra información al respecto e, incluso ahí, de manera limitada.

Estas omisiones confirman la urgencia de crear un espacio al interior de la Secretaría de Gobierno para diseñar y dar seguimiento a la política de derechos humanos de la actual administración. Este Equipo de Derechos Humanos ha presentado ya dos propuestas al Gobierno del Estado en este sentido, la última de ellas en febrero pasado por medio de un documento con “Medidas urgentes para erradicar la tortura en el Estado de Yucatán”. Hasta la fecha, el Equipo Indignación no ha obtenido respuesta del Ejecutivo.

VIH/Sida
Con respecto al VIH/Sida, celebramos que la aportación del Gobierno Federal haya encontrado la contraparte necesaria en el Gobierno del Estado para la consecución de los medicamentos antirretrovirales necesarios para el tratamiento de las personas que viven con VIH/Sida y que no tienen ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, siendo el VIH/Sida una enfermedad todavía incurable, no hay manera más eficaz de frenar la pandemia que la prevención. Por eso nos preocupa que no haya en el informe ningún dato acerca de campañas preventivas dirigidas a grupos específicos.

Género
Valoramos las acciones a favor de la equidad de género reportadas desde algunas dependencias de gobierno, sin embargo, el Informe no nos permite evaluar el trabajo del Instituto para la Equidad y el Género en Yucatán ni el resultado que sus gestiones podrían haber tenido para que las distintas instancias de la administración pública estatal diseñen, realicen y evalúen su trabajo con perspectiva de género. Tampoco nos permite conocer el impacto de las acciones reportadas.
Procuración de justicia

La dilación de la procuraduría en el desahogo de expedientes provoca desánimo en las personas que acuden a ella y puede ser causa, incluso, de evasión de la justicia. Nos preocupa el gran rezago en las Averiguaciones Previas que señala el informe y el número de órdenes de aprehensión no cumplidas sin explicar las razones por las cuales no se ejecutaron.
Celebramos la inversión en ‘tecnología de punta’ que se reporta para combatir la delincuencia, aunque esto todavía no reporta resultados en el combate a la impunidad.

Defensoría legal.
No se ha logrado garantizar plenamente los derechos de las personas procesadas en materia penal procurándoles una defensa eficaz. Se sigue constatando la falta de defensores de oficio y que éstos sean eficientes en la defensa y bilingües.
No se reporta la existencia de mecanismos para detectar fallas o irregularidades en el trabajo de los defensores de oficio y, de ser el caso, sancionarlos.

La Readaptación Social.
Reconocemos los esfuerzos realizados por la actual administración, reportados en su II informe de gobierno, para lograr que las personas internas en los Centros de Rehabilitación Social de nuestro Estado vean sus derechos reconocidos y respetados. Consideramos, sin embargo, aun incompleto este esfuerzo porque no se mencionan las medidas adoptadas para revertir el problema, ya señalado por la CNDH, del autogobierno en el CERESO de Mérida. Tampoco encontramos información alguna acerca de la construcción de locutorios en los CERESOS del interior del Estado. No conocemos reforma alguna a los reglamentos internos de los CERESOS que incluya un pleno reconocimiento de los derechos de las personas internas y de sus visitantes.

Pueblo Maya
En relación con los derechos de los mayas yucatecos no encontramos en este II Informe el señalamiento de acciones eficaces para combatir a fondo los problemas que enfrenta la etnia. Reconocemos que, en cierta medida, la actual administración ha incorporado a su discurso demandas planteadas por organizaciones indígenas del país; sin embargo, es evidente que el válido objetivo de generar una nueva relación entre el pueblo maya, el gobierno del Estado y la sociedad civil no se alcanzará mediante las pocas acciones reportadas por el Indemaya (14 recitales en maya, algunos servicios de traducción, impresión de un libro bilingüe, etc.).

Consideramos que el Gobierno del Estado no está impulsando todavía políticas para garantizar la participación del pueblo maya en las decisiones que le afectan. Aunque en este informe se expresa que se promueve la participación de los mayas en la administración pública mediante la detección de organizaciones en municipios indígenas para que participen en la formulación de algunos proyectos, la ambigüedad de la redacción no permite saber si esto se está haciendo ya o va a realizarse todavía.
La meta que se trazó el gobierno del estado de establecer canales para una mayor comunicación con el pueblo maya para que éstos, a su vez, tuvieran una mejor atención en las diferentes dependencias, tanto del gobierno municipal como del estatal y federal, no se ha cumplido. La lengua es un elemento importante, pero no creemos que los problemas de los indígenas mayas se solucionen con sólo tener personas maya hablantes en el mostrador de atención al público. Probablemente esto haga que la comunicación sea más fácil para el interesado, pero la problemática seguirá siendo la misma si en el fondo se sigue pasando por encima de los derechos de las personas.

Aunque valoramos el esfuerzo realizado por el Gobierno para que las leyes y los códigos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas sean traducidos a su propia lengua, creemos que todavía se siguen menospreciando las formas de impartir justicia propias de las comunidades mayas y se les imponen las leyes occidentales. No es, pues, solamente asunto de traducir leyes y códigos, sino de iniciar un proceso de diálogo entre dos formas de impartir justicia. Esto se refleja de manera clara en la defensoría de oficio. Aun cuando los defensores de oficio sepan hablar la lengua maya, objetivo que no se ha logrado, las leyes actuales siguen siendo ajenas a la cultura propia de las comunidades. El indígena no puede entender, en la mayoría de los casos, cuál es su posición frente a la ley por la cual va a ser juzgado, dado que estas leyes son totalmente ajenas a las maneras tradicionales como los indígenas resuelven sus conflictos. Recalcamos que no es suficiente la puesta en marcha del programa interinstitucional de cursos en lengua maya para servidores públicos. Aquí el problema es mucho mayor: la discriminación que sufren los indígenas ha de cortarse de raíz y eso no se logrará solamente con traductores. Nos parece más urgentes reconocer derechos del pueblo maya, como lo establecen los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

La impartición de justicia en las comunidades mayas a cargo de los jueces de paz tiene, sin duda, un papel muy importante porque es la que más se acerca a las tradiciones de cada comunidad. Estas formas de impartición de justicia son calificadas como ‘usos y costumbres’ y se les niega valor jurídico real. A la meta de lograr que, cuando menos el 80% de los jueces de paz sean maya hablantes, ha de añadirse el reconocimiento del pueblo maya a sus formas de impartir justicia.
Lo mismo afirmamos en el terreno de la educación indígena: no puede reducirse al aprendizaje de la lengua maya, es necesaria la interculturalidad, el respeto a la cultura de los estudiantes y que la Secretaría de Educación sea capaz de reglamentar las disciplinas de las escuelas sin menosprecio de la cultura, como ocurre con las mujeres que deben renunciar al hipil para vestir el uniforme establecido. Es necesaria una revisión de los contenidos de la enseñanza en la que intervenga gente indígena que quiera cooperar para ajustar contenidos y programas con respeto a la cultura.

Reconocemos los esfuerzos por incluir programación en lengua maya en los medios oficiales de comunicación. Es necesario también elaborar programas que difundan el derecho del pueblo maya a su propia identidad. Es necesario no confundir cultura con folklore. Desconocemos si la actual administración ha realizado alguna gestión para garantizar que los indígenas puedan administrar sus propios medios, como por derecho corresponde.

Al Ayuntamiento, sobre el Consejo de Seguridad

Mérida, Yucatán; 6 de agosto de 2003

C.P. Ana Rosa Payán Cervera
Presidenta Municipal de Mérida

El día de hoy recibimos una llamada para invitar al Equipo Indignación a una reunión para conformar el Consejo de Seguridad del Ayuntamiento. Según se desprende de la llamada que recibimos, dicho Consejo tendrá entre sus funciones vigilar la actuación de la Policía Municipal de Mérida.

Apreciamos los esfuerzos por hacer más transparente la actuación de instituciones de gobierno a través de la participación ciudadana. Sin embargo, el Equipo Indignación enfrenta varios obstáculos para poder participar en la reunión en la que se conformará el Consejo referido:

1.Este equipo desconoce la existencia de algún procedimiento para decidir quiénes conformarán dicho Consejo. Como le señalamos anteriormente, apreciamos la creación de estos consejos pero, a la vez, pugnamos porque su integración se haga también de una forma transparente y regulada, que evite que se conformen arbitrariamente.
2.El Equipo Indignación hizo varias observaciones al borrador del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, pero dichas observaciones no fueron tomadas en cuenta al momento de aprobar el reglamento. Consideramos que el actual reglamento, a pesar de que contiene elementos que apreciamos como la sanción de la discriminación, no garantiza que se respeten plenamente los derechos de ciudadanos y ciudadanas de este municipio.
3.Quienes integramos el Equipo Indignación “de por sí” vigilaremos, en la medida de nuestras posibilidades, la actuación de la Policía del Municipio de Mérida.

Apreciamos la invitación que se nos hizo el día de hoy para asistir a la reunión que tendrá lugar mañana pero, como puede usted advertir, nos es imposible por el momento participar en dicho Consejo.

Aprovechamos esta comunicación para enviarle saludos cordiales de parte de todo el Equipo Indignación y para expresarle la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente,

Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos