Tortura: el saldo rojo del 2002

27 de diciembre de 2002

Al menos cuatro denuncias en los últimos meses por presuntos casos de tortura, la impunidad de quienes violaron derechos humanos, ausencias legislativas y rezagos en los asuntos que atiende el Poder Judicial son indicios suficientes para declararse en estado de alerta: El año 2002 arroja un saldo desfavorable en materia de derechos humanos.
La persistencia de la tortura, la ausencia de acciones para combatirla y la impunidad de los ejecutores resulta tan grave que hemos decidido evaluar, desde esta ominosa práctica, el desempeño de los tres poderes del Estado al concluir este año.
Las recomendaciones hechas por la CNDH al gobierno del Estado y la impunidad de quienes violaron derechos humanos evalúan también el desempeño del Gobierno y son casos sobre los cuales continuaremos insistiendo, pero concluir el 2002 con aumento en las denuncias de tortura, sin ley y sin acciones contra ella es, desde cualquier perspectiva, inadmisible.
Con respecto a la procuración de justicia el actual gobierno no ha podido garantizar aún el respeto pleno a las garantías de los ciudadanos y ciudadanas del Estado y ni siquiera puede asegurar que, quienes los violen, serán procesados y sancionados, con lo que incumple una de sus funciones principales.
Las cuatro denuncias por tortura, hechas públicas a través de medios de comunicación, refieren el caso de un joven de Valladolid, presuntamente torturado en septiembre pasado; el caso de un vecino de Kanasín, en cuya muerte se presumía la participación de agentes de la policía municipal; el caso de dos menores presuntamente torturados por un comandante de la Policía Judicial asignada a Tekax y el caso de un joven que quedó inválido por los golpes que presuntamente le infligieron agentes de la Policía Municipal de Oxkutzcab.
Un gobierno que se presuma democrático sería intolerante frente a la tortura y los distintos abusos de los servidores públicos. Dicha intolerancia no estaría en el discurso, sino en las acciones que se ejercieran para desterrar esa ominosa práctica.
Un gobierno preocupado por los derechos humanos hubiera advertido que requiere de una ley para combatir y sancionar la tortura y hubiera hecho llegar al Congreso una iniciativa de ley para tipificarla como delito.
El aumento en las denuncias es comprensible: en el pasado esta práctica no se denunciaba por temor. La inacción, la lentitud en la investigación, la tolerancia ante este delito aún no tipificado, además de hacer incurrir en graves responsabilidades a los funcionarios públicos, desalientan el esfuerzo y el valor de los sobrevivientes de la tortura que se arriesgan a iniciar procesos judiciales.
A la persistencia de la tortura y la impunidad habría que añadir el fallecimiento en circunstancias aún no esclarecidas de un policía en las instalaciones de la S.P.V.
Un gobierno que no puede garantizar la seguridad de las personas detenidas en sus propias instalaciones y que no toma todas las medidas para esclarecer un hecho de esta naturaleza, para sancionar a quienes pudieran haber tenido alguna responsabilidad y para garantizar que no vuelva a ocurrir es un gobierno que incumple su principal función: proteger las garantías de los habitantes.
Un gobierno que tolera la impunidad de quienes violaron los derechos humanos es cómplice de los ilícitos y responsable de violar el derecho a la justicia.
En materia de tortura, los tres poderes actúan como uno solo: con indolencia.
El Poder Judicial de Yucatán no es capaz de dar cuentas claras de sus actos: magistrados nombrados en circunstancias cuestionadas, incapaces de rendir informes públicos y con un gran rezago en la atención de expedientes mantienen sin resolución, hasta donde sabemos, desde hace más de dos años, el caso del joven de Ticul que sufrió severas quemaduras a manos de policías de ese municipio. En primera instancia se sancionó sólo a uno de los responsables con una pena menor. No tenemos noticias de que hayan ya resuelto este expediente.
Yucatán carece de una instancia que pueda evaluar el desempeño de los jueces y sancionarlos, como podría ser un Consejo de la Judicatura. Esta carencia hace incumplir a México recomendaciones formuladas por organismos internacionales, como la ONU. El encargado de este organismos sobre la independencia de jueces y abogados conoció algunas circunstancias que cuestionan la independencia del poder judicial de Yucatán. En su informe, rendido en mayo del año pasado, recomienda que todos los estados cuenten con un Consejo de la Judicatura o una instancia que cumpla con la función de investigar y, en su caso, sancionar a los jueces.
En Yucatán todavía hay permiso para torturar: ninguna ley condena esa ominosa práctica. El excesivo tiempo que los diputados se han tomado para tipificar la tortura permite que hoy haya presuntos torturadores que se encuentran libres, gozando de la impunidad que la ausencia de ley y la tardanza de los legisladores les regala.
Hay información en el sentido de que los diputados trabajan ya un proyecto de ley contra la tortura. Sin embargo, hasta el día de hoy, un año y medio después de que entraron en funciones, no lo han hecho. Con esto evaluamos sus urgencias.
Al concluir un año más, el Equipo INDIGNACIÓN se ve obligado a señalar que los y las habitantes de Yucatán no cuentan todavía con una ley que los proteja de una de una de las formas más aberrantes del abuso de poder: la tortura.
El 2002 fue un año difícil para todos, pero lo fue más para aquellos o aquellas sobrevivientes de tortura que no pueden ver a sus agresores juzgados precisamente por ese delito, sancionados y obligados a repararles los daños que les han ocasionado. Algo tan elemental que avergüenza el hecho de reclamarlo hoy.
La persistencia de la tortura y de la impunidad en el 2002 recuerda que la construcción de un estado y de un país en el que se respeten plenamente los derechos humanos es aún tarea pendiente. INDIGNACIÓN A.C. Diciembre de 2002.

A 54 años de la Declaración Universal, Yucatán continúa sin garantizar derechos humanos

10 de diciembre de 2002

Al conmemorarse el 54º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo INDIGNACIÓN lamenta que Yucatán continúe padeciendo un grave rezago en este campo.
Yucatán, como parte de México, sufre la continuación de un modelo económico que profundiza la pobreza y la violación de los derechos más elementales.
A este desastre económico hay que añadir que, en Yucatán, continúan violándose los derechos individuales de los ciudadanos y ciudadanas, tanto por acciones y omisiones de las autoridades, como por la ausencia de leyes que garanticen la vigencia de estos derechos.
Incumplimiento de recomendaciones, impunidad de quienes violaron los derechos humanos, ausencia de ley contra la tortura y contra la discriminación, serios cuestionamientos al Poder Judicial, ausencia de un consejo de la judicatura, entre otras graves situaciones, ponen en evidencia el rezago que Yucatán padece en materia de Derechos Humanos, rezago imputable a los tres poderes del Estado.
La permanencia, en la actual administración, de personas que en el pasado fueron cuestionadas por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos o por su participación en actos de corrupción, la ausencia de una política de promoción y respeto de los derechos humanos, la incapacidad de ofrecer información a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con los derechos humanos cuestionan el compromiso del poder ejecutivo en la construcción de un estado democrático, que implica la creación y consolidación de instituciones que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos, que contemplen la existencia de mecanismos de revisión y sanción de la actuación de las autoridades y que sean un contrapeso al ejercicio del poder.

IMPUNIDAD E INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

El gobierno del estado de Yucatán recibió, durante este año y parte del anterior, tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la 24/2001, referente a violaciones a los derechos humanos de internos en el Centro de Readaptación Social del Estado; la 9/2002, relativa al fallecimiento de dos personas seropositivas como consecuencia del trato discriminatorio que sufrieron en el Hospital O’Horán, y la recomendación 10/2002, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra niños y niñas internos en la Escuela Social de Menores Infractores. Ninguna autoridad ha sido sancionada por su responsabilidad en dichas violaciones a los derechos humanos.
A la ausencia de sanciones se suma la permanencia en el cargo de quienes fueron responsables de las violaciones a derechos humanos. Quien fuera director del Centro de Readaptación Social de Estado cuando se cometieron las irregularidades que la CNDH señala en la recomedación 24/2001, el prof. Francisco Brito, continúa en el mismo cargo.
Continúan también impunes quienes participaron en el desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fueron responsables de obstaculizar el derecho de yucatecos y yucatecas a elegir autoridades.
La incapacidad, dilación e ineficacia de la Procuraduría estatal para investigar y fincar responsabilidades se extiende también a otros casos, lo que deja en situación de indefensión a las víctimas de delitos en Yucatán y entorpece el acceso a la justicia.

TRES PRESUNTOS CASOS DE TORTURA

En los últimos meses hemos sabido, a través de los medios de comunicación, de al menos tres presuntos casos de tortura atribuibles a elementos de la Policía Judicial del Estado: uno en Valladolid, otro en Kanasín y uno más en Tekax.
En el primer caso se sabe que los agentes presuntamente responsables de tortura fueron suspendidos y se sabe también que se presentó una denuncia contra ellos. Sin embargo, se desconoce si a dichos agentes o a los de los otros dos casos se les sigue un juicio o si han recibido alguna sanción.
A estos casos se suma la muerte de un policía en los separos de la S.P.V. en circunstancias aún no esclarecidas.
El hecho se agrava debido a que Yucatán todavía no cuenta todavía con una ley contra la tortura, a pesar de que reiteradamente este Equipo ha insistido ante el Congreso en la urgencia de legislar al respecto.

SIDA Y DERECHOS HUMANOS

Este año fue uno de los más álgidos en la batalla de las personas que viven con VIH/Sida por el respeto a sus derechos humanos, particularmente el derecho a la salud. A pesar de haber conseguido que el Gobierno Federal, en obediencia a tratados internacionales que nuestro país había firmado, destinara un presupuesto especial a ampliar la cobertura de medicación a más pacientes sin seguridad social, los derechos de las personas infectadas están lejos de verse reconocidos y respetados. Recientemente la desincorporación de 177 pacientes que recibían atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha venido a agravar el problema del desabasto de medicamentos y de la asistencia médica y hospitalaria en los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). No obstante que los SSY han solicitado y conseguido un presupuesto de emergencia para resolver esta situación, no se ha podido atender a los pacientes debido a la reticencia del IMSS para entregar los expedientes clínicos de los pacientes y la negativa de avisarles de manera formal y personal a los hoy ex derechohabientes, tanto de su baja del IMSS, como del lugar al que ahora deberán dirigirse para recibir la atención médica que necesitan.
A ello se suma la falta de cumplimiento total de la recomendación 9/2002 que sancionó al gobierno de Yucatán por la discriminación cometida contra enfermos de VIH en el Hospital O’Horán. Las acciones discriminatorias contra las personas seropositivas se ven acentuadas por la ausencia de una ley en contra de la discriminación que permita denunciar esta práctica y sancionar a quienes la ejerciten.

EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial opera en medio de serios cuestionamientos acerca de su independencia. Recientemente una jueza se negó reiteradamente y sin fundamento a permitir una inspección solicitada por la procuraduría a raíz de la denuncia presentada por el señor Armando Medina Millet, quien denunció falsificación de pruebas en su contra. Finalmente la jueza accedió a la solicitud de la procuraduría. El caso, sin embargo, pone de relieve la frágil independencia del Poder Judicial y el desprestigio de sus integrantes.
La ausencia de un Consejo de la Judicatura que permita revisar la actuación de los jueces y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción o de parcialidad es hoy una circunstancia que permite a quienes integran el Poder Judicial actuar sin un órgano de vigilancia que frene abusos e impida la impunidad.

AUSENCIAS LEGISLATIVAS

El Poder Legislativo del Estado se ha caracterizado por su inacción. Una sola ley se ha aprobado en todo el tiempo que lleva en funciones la actual legislatura, ley que fue obstaculizada por la bancada priísta del Congreso.
Las ausencias legislativas en materia de derechos humanos son muchas: ley contra la tortura, ley contra la discriminación, creación del Consejo de la Judicatura, reformas a la ley orgánica de municipios para garantizar del derecho de habitantes de comisarías a elegir a sus autoridades, revisión de la legislación estatal para proteger a las mujeres, ausencias a las que hay que añadir la omisión de la legislatura estatal durante el proceso de reformas a la Constitución Federal con motivo de la ley sobre derecho y cultura indígena.

LLAMADO

El Equipo Indignación considera que el gobierno del Estado carece de una visión integral en materia de derechos humanos y de una política capaz de garantizar la plena vigencia de estos derechos.
Considerando todo lo expuesto en este documento, proponemos al Gobierno del Estado que, respondiendo a la naturaleza del mandato de la Secretaría de Gobierno, ésta cuente con una instancia del más alto nivel que sea la encargada de diseñar, implementar y dar seguimiento a la política interna de respeto y promoción de los derechos humanos Yucatán, basada en los estándares internacionales a los que México está obligado a responder. Esta instancia deberá estar también capacitada para ofrecer a la ciudadanía información precisa sobre los avances del gobierno en esta materia.
El Equipo Indignación exhorta al Congreso del Estado a tomar conciencia de su responsabilidad en el rezago legislativo que padece Yucatán en materia de derechos humanos, rezago que se traduce en una gran vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los casos de abusos de autoridad y le reitera el llamado a atender este rezago homologando la legislación local a los estándares internacionales que, como parte de México, Yucatán está obligado a cumplir.

Sobre el Reglamento Interno de la CODHEY

Mérida, Yucatán; 5 de noviembre de 2002

ABOG. SERGIO E. SALAZAR VADILLO M.D.C.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
ABOG. ARTURO RENDÓN BOLIO
Consejero de la Codhey
LIC. ELSY DE A. RIPOLL GÓMEZ
Consejera de la Codhey
LIC. GUILLERMO ALONSO ANGULO
Consejero de la Codhey
LIC. VÍCTOR SÁNCHEZ ALVAREZ
Consejero de la Codhey

Con la nueva ley de la Comisión de Derechos Humanos y con el proceso de selección de su titular sin duda se avanzó en la construcción de un organismo público de protección de los derechos humanos del estado de Yucatán, aunque ciertamente no todo lo que se requería.
Este avance se logró con enormes esfuerzos de la ciudadanía, de algunos y algunas legisladoras y a pesar de la oposición de otros legisladores.
Una de las primeras tareas para el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos fue la elaboración del nuevo reglamento interno de la propia Codhey, tarea que cumplió en el tiempo previsto para ello: el reglamento fue publicado el día 23 de agosto de 2002 en el Diario Oficial del Estado y contó con la aprobación de los Consejeros de la Comisión.
El Equipo Indignación se dirige respetuosamente a todos los y las integrantes del Consejo con el fin de expresar algunas consideraciones acerca del reglamento interior, con la confianza de que serán de su interés.

1.El artículo 15 del reglamento interno genera confusión acerca de lo que corresponde hacer a la Comisión cuando recibe quejas por presuntas violaciones atribuibles al Poder Judicial del Estado que tengan el carácter de trámite administrativo. La ley expresamente faculta a la Codhey para conocer acerca de actos y omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier servidor público, aunque aclara que, en los casos del Poder Judicial, sólo conocerá los que tengan el carácter de trámite administrativo. El propio reglamento interno ratifica esto en su artículo 8, sin embargo, en el artículo 15 señala que “Cuando la Comisión reciba una queja por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por una autoridad o servidor público… del Poder Judicial del estado, acusará recibo de la misma al quejoso, pero no admitirá la instancia, debiendo enviar de inmediato el escrito de queja … al Tribunal Superior de Justicia”. Es inaceptable que la propia Comisión se ponga límites para conocer un asunto, cuando el mandato que la ley le dio fue amplio. Sugerimos consultar el reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y observar en él que dicho órgano no se impone esta limitación.

2.Lo que sin duda nos sorprende es el capítulo XI del reglamento interno de la Codhey, que habla del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de Derechos Humanos. En este capítulo se pone en evidencia una confusión acerca de las funciones de la Codhey, pues se arroga el derecho de recibir informes de las acciones desarrolladas por el organismo que se inscriba en dicho registro. Es también ocioso, pues no se advierte cuál puede ser la utilidad de dicho registro. Las comisiones públicas de derechos humanos suelen llevar un directorio de organizaciones de la sociedad civil para hacer más eficiente el trabajo de promoción de una cultura de los derechos humanos pero, hasta donde tenemos noticia, ninguna comisión pública prevé en su reglamento interno ni en su ley plazos para que las organizaciones se registren, comuniquen cambios en sus estatutos o informen de sus actividades. Otra cosa son los convenios que, en ocasiones precisas y para actividades concretas, los organismos públicos celebran con organizaciones de la sociedad civil. La opinión del Equipo Indignación es que dicho capítulo debe suprimirse del reglamento interno, por inútil, porque confunde la función de la Codhey y por la arrogancia que implica. Esto último, por supuesto, no significa que la Comisión no pueda y deba estrechar relaciones con organizaciones de la sociedad civil. Lo que no puede hacer la Comisión es excederse en sus funciones e intentar supervisar el trabajo de estas organizaciones. Hemos revisado el reglamento interno de la CNDH y de la CDHDF. Ambos, cuando se refieren a organizaciones no gubernamentales, lo hacen únicamente para señalar que éstas podrán presentar quejas ante la comisión y que, para ello, no será necesario acreditar la constitución legal de las mismas, como también se establece en el reglamente interno de la Codhey.

3.Queda en evidencia otra confusión en las funciones de la Codhey cuando señala lo que las autoridades de otras instancias deberán hacer. El reglamento interno de la Codhey debe reglamentar la actuación de la Comisión y de su personal, no de otros servidores públicos. En vez de señalar que las autoridades, por ejemplo de los centros de reclusión, deberán dar facilidades a los funcionarios de la Codhey para el buen desempeño de las labores de investigación (art. 82), recomendamos que se reglamente la obligación de los funcionarios de la Codhey de denunciar ante la Contraloría del Estado o ante su superior jerárquico a los servidores públicos que obstaculicen la labor de la Codhey o que se nieguen a dar la información que se les solicita.

4.La propia Codhey podría considerar la conveniencia de revisar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y proponer modificaciones que posibiliten sanciones a las autoridades que obstaculicen la labor de la comisión o hayan sido encontrados responsables de violar derechos humanos o afectar a ciudadanos y ciudadanas.

5.Nos preocupa lo que señala el artículo 28 del reglamento interno, con respecto a que “los lineamientos generales de actuación de la Comisión que apruebe el Consejo y que no estén previstos en este reglamento, se establecerán mediante acuerdos generales, mismos que serán publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado”. Consideramos que los lineamientos generales de actuación de la Comisión deben estar en el propio reglamento. En todo caso se hacen modificaciones al reglamento y, por supuesto, esas modificaciones se publican en el Diario Oficial del Estado.

6.El Equipo Indignación considera que las atribuciones del Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento se prestan a confusión. De hecho, al señalar como primera obligación suya el “Coordinar el trabajo de los visitadores” pudiera entrar en contradicción con el visitador general, cuya función es “coordinar el trabajo de los demás visitadores”. El Oficial de Quejas, sin duda, deberá coordinarse con los visitadores pero no coordinar su trabajo. Incluso hemos advertido que, en otros reglamentos internos, el Oficial de Quejas y Orientación no forma parte de la Comisión, sino que es un órgano de apoyo de la presidencia de la Comisión.

7.Omite el reglamento de la Codhey describir todas las áreas, departamentos y direcciones con los que deberá contar la Codhey para desempeñar adecuadamente la función de promover, difundir y proteger los derechos humanos. Además, sujeta el número de visitadores al presupuesto aprobado. Esto convierte a la institución, desde su reglamento y la concepción que de la Codhey tienen quienes lo elaboraron y aprobaron, en una organización limitada. Hay un mínimo necesario para trabajar y esto no se señala. Las negociaciones para exigir a las autoridades proporcionar los recursos que se requieren, vendrán después.

8.Manifestamos nuestra extrañeza por el hecho de que no se haya consultado a organizaciones defensoras de derechos humanos ni se haya buscado algún medio para obtener sus comentarios. Lamentamos esta omisión, puesto que se dejó de contar con la experiencia de quienes, por su trabajo, requieren llevar asuntos ante la Codhey y saben cuáles son los problemas en la tramitación de los casos.

Atentamente,
Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

 

Soc. María Cristina Muñoz Menéndez