Al Procurador General de Justicia sobre declaraciones del caso de la Escuela de Menores

Mérida, Yucatán; 25 de Junio de 2002

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia de Yucatán

Sr. Procurador:
Con profunda extrañeza leímos una nota publicada el pasado 22 de junio en un medio de comunicación local. Dicha nota recoge declaraciones suyas en las que, según lo publicado, usted afirma que no hay avances en la investigación del caso de la Escuela Social de Menores Infractores “debido a la cerrazón de los testigos”. A continuación cita usted el caso de una menor que consideró que “lo que le hicieron” fue para mejorarle el carácter y que, frente a eso, usted no puede hacer nada. Aún cuando usted no aclara qué fue “lo que le hicieron”, la declaración expresa una errónea concepción de la función de la procuraduría a su cargo.
Nos alarma su conclusión, al menos en lo que la nota de referencia expresa, puesto que la configuración de un delito y de una violación a los derechos humanos no está sujeta a la consideración subjetiva, incluso de la víctima. Nos parece claro que es su deber investigar si se configuran delitos, si éstos efectivamente se cometieron, quién los cometió, poner a los sospechosos a disposición de la autoridad competente para juzgarlos y representar los intereses de las víctimas. La declaración de que no hay avances en la investigación nos preocupa por la incapacidad que este hecho manifiesta. Nos parece peligroso eludir la responsabilidad en la investigación y cargarle la culpa a las víctimas de los delitos.
Seguramente conoce usted el interés del Equipo Indignación en promover el pleno respeto a los derechos humanos en el estado de Yucatán. Este Equipo tiene especial interés en darle seguimiento al caso de la Escuela Social de Menores Infractores y en vigilar el puntual y estricto cumplimiento de la recomendación 10/2002, emitida por la CNDH.
Preocupadas por la posibilidad de que queden en la impunidad quienes violaron los derechos humanos de las y los menores internos en la Escuela Social de Menores Infractores (lo que configuraría una nueva violación a los derechos humanos de los niños internos), nos dirigimos respetuosamente a usted con el fin de solicitarle información acerca del avance de las investigaciones a su cargo en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores del estado de Yucatán. De antemano le agradecemos su respuesta a esta solicitud.
Sin otro particular, le expresamos la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

c.c.p. C. Patricio Patrón Laviada, Gobernador del estado de Yucatán.
c.c.p. Lic. Pedro Rivas Gutiérrez, Secretario de Gobierno

TIPIFICAR LA TORTURA: 15 AÑOS DE DESACATO

Mérida, Yucatán; 20 de junio de 2002

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. celebra que los legisladores y las legisladoras hayan iniciado un proceso para tipificar la tortura como delito en el Código Penal del estado de Yucatán.
Sin embargo, no dejamos de expresar nuestra extrañeza por el hecho de que la tipificación de la tortura sea vista “como una posibilidad”, así como por encontrar, en declaraciones de legisladores, dudas acerca de cuándo se comete el delito de tortura.
Precisamente este 22 de junio México cumple 15 años de haber ratificado su adhesión a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificación que, ipso facto, convirtió en obligatoria la observancia de dicha Convención en todo el territorio nacional.
México cumple el 22 de junio, gracias a la terca indolencia de integrantes de diversas legislaturas de Yucatán, 15 años de desacato a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo 6 señala que “Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.”
Por su parte, La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas, que también está suscrita y ratificada por México y es por tanto obligatoria en todo el territorio nacional, señala, en su artículo 4, que “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.”
Tipificar la tortura como delito no es, pues, algo para analizarse “como posibilidad”. Es una obligación incumplida reiteradamente por las legislaturas que desde 1987 se han sucedido en el estado de Yucatán. La actual legislatura tiene la posibilidad de terminar con ese desacato, si no por convicción propia y por respeto a la dignidad de las personas, al menos por cumplir con un compromiso adquirido desde hace 15 años.
Esos mismos documentos establecen a qué actos se les llama tortura y quién puede cometer tortura, de modo que los legisladores y las legisladoras tienen también la obligación de apegarse a esa definición.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece, en su artículo 2, que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”
En el artículo 3 establece que “Serán responsables del delito de tortura: a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan; y b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

PÍA GÓMEZ GARCÍA, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE YUCATÁN

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. acudió hoy al Congreso del Estado para presentar a PÍA GÓMEZ GARCÍA como candidata a Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Pía Gómez García cuenta con una trayectoria de independencia. Ha manifestado reiterada y públicamente compromiso con la causa de los derechos humanos desde los movimientos de la sociedad civil a través de la organización y participación en eventos a favor de la paz, de los derechos de los pueblos indios y de las personas con VIH/Sida. Fue, junto con otras organizaciones y personas, organizadora de la Consulta Nacional por los Derechos de los Pueblos Indios en Yucatán.

Cuenta con experiencia en la construcción de un organismo autónomo y ciudadanizado, como es el Instituto Federal Electoral.
Posee capacitación integral en derechos humanos, a través de cursos y talleres y cuenta con un diplomado en educación para la democracia. Tiene capacidad probada en la dirección y organización de instituciones educativas. No está vinculada a ningún partido político ni ha tenido cargo gubernamental.

Pía Gómez García estudió la Licenciatura en Antropología con especialidad en Historia en la Universidad Autónoma de Yucatán (de donde egresó con carta de pasante y certificado de estudios completos) y actualmente se desempeña como Administradora General de la Escuela Preparatoria Gonzalo Cámara Zavala y como catedrática de las materias de Historia de Yucatán y de Historia Moderna de México en la misma escuela

Asimismo, el Equipo INDIGNACIÓN A.C. presentó a dos candidatos a Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Uno es PEDRO UC, quien cuenta con una larga trayectoria como promotor y defensor de los derechos de los pueblos indios. Ha coordinado reflexiones y trabajos sobre derechos y cultura maya y participado en diversos eventos a favor de la paz. Valoramos su experiencia en la construcción de un organismo autónomo y ciudadanizado, pues es Consejero Distrital del Instituto Federal Electoral por el Distrito 05 con sede en Ticul, Yucatán.

Pedro Uc participó en la traducción de la Biblia al maya yucateco. Es Licenciado en Ciencias Sociales por la Normal Superior Federal de Campeche. Es Licenciado en Teología por el Seminario Presbiteriano San Pablo, en Mérida. Ha impartido conferencias sobre derechos y cultura maya en Guatemala, Ecuador, Perú y Hong Kong (en este último lugar invitado por el Consejo Mundial de Iglesias). Actualmente se desempeña como Profesor de Sociología en la Escuela Preparatoria José Dolores Rodríguez Tamayo, de Ticul, Yucatán.

El Equipo Indignación considera que Pedro Uc, con su trayectoria, conocimientos, y como integrante de la cultura maya, enriquecería enormemente al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos al aportar la visión de los derechos humanos desde la perspectiva indígena.

El Equipo INDIGNACIÓN A.C. presentó a GUILLERMO ALONSO ANGULO como candidato a Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Guillermo Alonso Angulo ha participado intensa y activamente, desde hace muchos años, en la promoción de los derechos de las niñas y los niños en Yucatán. Es fundador de la organización “Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C.”, organización con reconocido prestigio estatal y nacional que es integrante del Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI).

Su trayectoria ha estado vinculada siempre a la sociedad civil y desvinculada, por convicción, de cualquier trabajo partidista.
En 1994 Guillermo Alonso fue el organizador de las primeras acciones de la sociedad civil en Yucatán a favor de la paz en Chiapas, para lo cual se integró a los trabajos de la Convención Nacional Democrática.
Ha sido promotor de concientización sobre diversos temas sociales y de derechos humanos a través del teatro popular y ha coordinado programas orientados a la atención de niñas y niños en situación de calle. Fue fundador del programa de prevención del suicidio “Salvemos una vida”. Guillermo Alonso ha empujado también la reflexión sobre los derechos sociales, económicos y culturales.

Guillermo Alonso es Licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es profesor y miembro del Equipo Coordinador del Diplomado sobre Derechos y Necesidades de la Niñez, organizado por la Universidad Marista, IEPAAC y UNICEF y corresponsable del proyecto “Comunidad de Aprendizaje” que se lleva a cabo en la comunidad de San Antonio Siho, con apoyo de la Fundación Kelloggs.